{"id":102690,"date":"2026-07-02T16:28:34","date_gmt":"2026-07-02T16:28:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102690"},"modified":"2026-07-02T16:28:34","modified_gmt":"2026-07-02T16:28:34","slug":"stc236-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc236-2019\/","title":{"rendered":"STC236-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC236-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01088-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2018, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en las salvaguardas acumuladas interpuestas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, con ocasi\u00f3n de las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2015-00048-00 y 2015-00344-00, promovidas por el aqu\u00ed petente frente al Banco Colpatria S.A. y al Banco Davivienda S.A., respectivamente.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante procura el amparo del debido proceso, presuntamente quebrantado por la autoridad jurisdiccional acusada. <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su queja, asevera que la falladora denunciada termin\u00f3 los dos juicios refutados por desistimiento t\u00e1cito, decisiones irregulares, conforme a lo establecido por esta Corte en casos asimilables. <\/p>\n

Anota que la Procuradur\u00eda accionada no ha \u201c(\u2026) actuado en derecho (\u2026)\u201d, pues omiti\u00f3 pedir la nulidad de los autos mediante los cuales se concluyeron los citados litigios (fls. 1 y 2, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPide, por tanto, (i) dejar sin efecto las providencias cuestionadas; (ii) imponerle a la Procuradur\u00eda convocada probar \u201c(\u2026) qu\u00e9 acciones legales hizo a fin de evitar la vulneraci\u00f3n al debido proceso (\u2026)\u201d; (iii) remitirle copia de todo la gesti\u00f3n surtida; e (i) informar de este decurso \u201c(\u2026) a los terceros interesados (\u2026) [por un] medio id\u00f3neo (\u2026) y de no hacerlo (\u2026), [decretar la] nulidad de todo lo actuado, por indebida notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d (fls. 1 y 2, cdno. 1). <\/p>\n

1.\tEl juzgado denunciado aport\u00f3 la reproducci\u00f3n de los pleitos criticados en CD. <\/p>\n

2.\tLa Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n -Regional Risaralda- arguy\u00f3 que los reparos del quejoso son ajenos a sus facultades, pues su injerencia en los pleitos \u201c(\u2026) est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026)\u201d en el correspondiente pacto de cumplimiento (fl. 13, \u00eddem). <\/p>\n

3.\tLa Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, adujo falta de legitimaci\u00f3n por pasiva y destac\u00f3 que la entidad s\u00f3lo interviene en los litigios donde es notificada, quedando en libertad de decidir si concurre o no. De hacerlo, participar\u00eda \u201c(\u2026) como parte p\u00fablica, no como abogado del actor popular y dentro de su \u00e1mbito constitucional y legal (\u2026)\u201d. Adicionalmente, resalt\u00f3 la inviabilidad de aplicar el desistimiento t\u00e1cito en casos como los reprochados, por tratarse de acciones regladas con una norma especial, destinadas a la protecci\u00f3n de la sociedad en su conjunto, no de sujetos en particular, criterio acogido recientemente por esta Corte en sentencia STC14483-2018 (fl. 17 al 20). <\/p>\n

4.\tLos dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda reclamada en torno a la acci\u00f3n popular con radicado 2015-00048-00 porque los hechos aducidos por el censor \u201c(\u2026) no han tenido ocurrencia (\u2026)\u201d, pues ese asunto finaliz\u00f3 con sentencia de 14 de marzo de 2017, corregida el d\u00eda 14 de ese mes y a\u00f1o, decisi\u00f3n estimatoria de las pretensiones de Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el proceso 2015-00344-00, s\u00ed accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n por hallar lesionados los derechos del censor, dado que el pleito se termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito el 6 de julio de 2018 y aunque aqu\u00e9l recurri\u00f3 ese pronunciamiento, el mismo se mantuvo el 13 de agosto de 2018. <\/p>\n

Sobre lo anterior, adujo que, de acuerdo con el criterio reciente de esta Corte, la figura aplicada por la juez denunciada no ten\u00eda lugar, \u201c(\u2026) dada la naturaleza constitucional y oficiosa de la misma, la cual est\u00e1 dirigida a proteger derechos e intereses colectivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por lo advertido, le orden\u00f3 a la accionada dejar sin efecto la conclusi\u00f3n del juicio y continuarlo (fls. 34 al 39, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La titular del despacho querellado impugn\u00f3 porque, seg\u00fan sostuvo, la instituci\u00f3n inaplicable en litigios como los criticados es el desistimiento de la demanda consagrado en el canon 314 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1s no el t\u00e1cito, pues este \u00faltimo surge como consecuencia para quien no cumple con las cargas asignadas en procura de impulsar el tr\u00e1mite.
\nIndic\u00f3 que ha sido diligente en aras de lograr la celeridad del decurso, remitiendo m\u00faltiples oficios a distintas entidades; as\u00ed, le pidi\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional publicar en su emisora el aviso contemplado en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998; empero, ese ente se abstuvo de hacerlo por no estar ello dentro de sus competencias. Agreg\u00f3 que el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, en varios casos, se ha negado a sufragar las publicaciones ordenadas al aqu\u00ed actor porque \u00e9ste le adeuda <\/p>\n

\u201c(\u2026) una considerable suma de dinero por ese concepto, [dado que] en tr\u00e1mites anteriores (\u2026) sus pretensiones salieron avante, cancelados los dineros por incentivos y costas por parte de las personas accionadas y el actor popular a su vez no le consign\u00f3 al Fondo lo que por ley le correspond\u00eda (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que le es imposible adelantar oficiosamente las cargas del gestor, por lo cual, de ratificarse la sentencia impugnada, podr\u00eda incurrir en desacato (fls. 40 al 43, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo lo arguy\u00f3 el tribunal, la protecci\u00f3n incoada en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2015-00048-01 no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto las afirmaciones del censor no corresponden con lo ocurrido en ese asunto. <\/p>\n

En efecto, el querellante expres\u00f3 que dicho tr\u00e1mite hab\u00eda concluido por la aplicaci\u00f3n de la figura inserta en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, ello no ocurri\u00f3, pues all\u00ed, el 14 de marzo de 2017, se emiti\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones del tutelante. <\/p>\n

Queda en evidencia la conducta del promotor, al hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, porque al invocar sucesos infundados e inexistentes como motivo de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los jueces encargados de resolver el caso en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico; tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente introdujo1 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

2.\tLa protecci\u00f3n rogada tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad respecto del radicado N\u00b0 2015-00344-00, pues ese juicio concluy\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito el 6 de julio de 2018, al no cumplir el solicitante con las cargas relativas a notificar al banco demandado y fijar el aviso consagrado en el canon 21 de la Ley 472 de 1998, pese a requer\u00edrsele con ese objeto, decisi\u00f3n confirmada en sede de reposici\u00f3n, el 13 de agosto siguiente. <\/p>\n

Las determinaciones comentadas adquirieron firmeza y car\u00e1cter de cosa juzgada, generando en los sujetos procesales involucrados certeza sobre la finalizaci\u00f3n del litigio cuestionado, situaci\u00f3n que no puede ser variada por esta v\u00eda residual, por cuanto ello ir\u00eda en desmedro de las prerrogativas de aquellos. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]rocura garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias2\u201d, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (\u2026)\u00bb (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, sin perjuicio de reafirmar que las normas procesales son de orden p\u00fablico y de interpretaci\u00f3n estricta, existen casos excepcionales en las que la determinaci\u00f3n de una autoridad judicial genera una expectativa leg\u00edtima en el particular respecto del mantenimiento de una situaci\u00f3n determinada o sobre la manera como una solicitud debe ser planteada ante los jueces, circunstancia \u00e9sta en la que la administraci\u00f3n de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa raz\u00f3n, se ha se\u00f1alado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d (sentencia de 18 de diciembre de 2012, exp. 00119-01) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

3.\tConviene precisar, si bien esta Sala vari\u00f3 recientemente su postura en torno al desistimiento t\u00e1cito decretado en acciones populares, se\u00f1alando su improcedencia4, dicho pronunciamiento no se extiende al caso estudiado. <\/p>\n

Lo acotado por cuanto, (i) la juez atacada concluy\u00f3 el pleito con la figura enunciada cuando el otrora criterio de esta Corte no hab\u00eda sido modificado; y (ii) porque los efectos interpartes de las decisiones de tutela s\u00f3lo tienen aplicaci\u00f3n en casos id\u00e9nticos y respecto de circunstancias f\u00e1cticas posteriores a su proferimiento. <\/p>\n

De conformidad con el art\u00edculo 4 de la Ley 169 de 1896 la Corte puede variar su doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores, o apartarse de ella cuando las circunstancias lo exijan o lo estime necesario para adecuar sus criterios al Estado Constitucional y Social de Derecho o para proteger las garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n

De tal modo que el juez se puede separar de una doctrina exponiendo clara y razonadamente los fundamentos jur\u00eddicos que justifican su decisi\u00f3n. En el caso, esta Corte se apart\u00f3 de su doctrina hasta entonces vigente, exponiendo los motivos ilustrativos y demostrativos para ello. <\/p>\n

Sin embargo, un cambio no puede generar sobresaltos, ambivalencias, crisis, desestabilizando un sistema jur\u00eddico o la situaci\u00f3n social de un pa\u00eds o de una comunidad, aniquilando lo ya juzgado y sentenciado. No. Por la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima se impone la prudencia y el respeto al pasado y a lo ya juzgado, cuando no est\u00e1 en juego la libertad del ser humano. Por esta raz\u00f3n la doctrina ahora adoptada no procura menoscabar los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo ni sembrar el desconcierto. <\/p>\n

Por esa raz\u00f3n se dejar\u00e1n intactas las situaciones consolidadas al estar ya sentenciadas con cosa juzgada, que de removerse quedar\u00edan incursas en causal de nulidad, consistente en \u201c(\u2026) reviv[ir] un proceso legalmente concluido (\u2026)5\u201d; de modo que la nueva doctrina se aplicar\u00e1 desde su adopci\u00f3n el 1\u00ba de diciembre de 2018 en sentido gen\u00e9rico. <\/p>\n

4.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tEl reparo frente a la Procuradur\u00eda Delegada no se abre paso, dado que no existe evidencia de la cual se extraiga que el querellante concurri\u00f3 ante ese organismo a solicitar su intervenci\u00f3n en los pleitos cuestionados y que aqu\u00e9l haya desestimado tal pedimento. <\/p>\n

6.\tLo concerniente a utilizar un \u201cmedio id\u00f3neo\u201d para comunicar de esta s\u00faplica a los terceros interesados o, en su defecto, decretar la invalidez del tr\u00e1mite, es improcedente por dos razones, la primera, por cuanto esa informaci\u00f3n obra en este plenario, el cual es susceptible de examinarse directamente por el petente; y, la segunda, toda vez que de aceptarse la configuraci\u00f3n de alg\u00fan vicio relacionado con ese enteramiento, Arias Id\u00e1rraga no estar\u00eda legitimado para alegarlo, pues no ser\u00eda el afectado con el mismo. <\/p>\n

7.\tDe acuerdo a lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para NEGAR la salvaguarda demandada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Rem\u00edtase al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s fotocopias reclamadas. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los H. magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3:
\n1. De manera insistente he sostenido en diversos salvamentos y aclaraciones de voto que la naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n popular impide aplicar la figura consagrada en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y sus consecuencias sancionatorias.
\nTal posici\u00f3n fue acogida por la Sala en la providencia STC14483-2018 con ponencia del suscrito, la cual me permito citar en sus apartes m\u00e1s relevantes, por sintetizar la postura que siempre he tenido al respecto:
\n"(…) el legislador cre\u00f3 una forma anormal de culminar una controversia o actuaci\u00f3n dentro de \u00e9sta, cuando vencido el t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia.
\nAdem\u00e1s, surgen unos efectos al decretarse el desistimiento, entre ellos que: (i) se termina el proceso, (ii) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto, (iii) se tornan ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta y (iv) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido.
\nFigura que fue instituida como una sanci\u00f3n a la desidia y
\nnegligencia de la parte actora; consecuencia que surge en dos
\ncircunstancias procesales diferentes, esto es, ante el
\n6
\n2 6001-22-13-000-2018-01088-01
\nincumplimiento de una carga procesal o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del director del proceso, y por leit inactividad prolongada en el tiempo del mismo.
\nAhora bien, tal correctivo no puede aplicarse de maner autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que deb revisarse de manera concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a laS consecuencias que genera su decreto, hacerlo de maner\u00e1 irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, un abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia.
\nEn tal sentido esta Sala, ha sido insistente en se\u00f1alar que:
\n\u00ab…la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado; no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo 131 7 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.
\nLo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia…\u00bb. (CSJ STC16508-2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2 604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-001 72-01). <\/p>\n

En ese sentido, es que esta Sala ha se\u00f1alado que en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que adem\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n. (Subraya la Sala, STC8850-2016, 30 jun. 2016 rad. 00186\u00ad01 reiterada en S7 C11430-2017, 3 ago. 2017 rad. 00183-01).
\n2.1. Ahora bien, en las acciones populares, se debate la protecci\u00f3n de derechos colectivos que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad o de toda la sociedad, que exigen por ende una labor anticipada de protecci\u00f3n y una gesti\u00f3n pronta de la justicia dirigida a impedir su vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

3 <\/p>\n

Dichas garant\u00edas no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que hace que de suyo sean irrenunciables, inajenables e imprescriptibles.
\nEn tal sentido, al declarar parcialmente inexequible la el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, que establec\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad a las acciones populares, indic\u00f3 la Corte Constitucional que:
\nSin embargo, cuando se trata de derechos fundamentales, es decir, imprescriptibles, no puede someterse su ejercicio o protecci\u00f3n a que por el transcurso del tiempo y la negligencia de uno de los titulares de un derecho colectivo perteneciente a todos y cada uno de los miembros de la comunidad afectada, se extinga la posibilidad de instaurar la acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n ha consagrado en favor de una colectividad.
\nPor tal motivo, es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general seg\u00fan la cual la acci\u00f3n popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo, sin l\u00edmite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepci\u00f3n que en la misma disposici\u00f3n se prev\u00e9 cuando la acci\u00f3n se dirige a " volver las cosas a su estado anterior" , en cuanto establece un plazo de cinco (5) a\u00f1os para instaurarla, contados a partir de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que produjo la alteraci\u00f3n, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de los miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.
\nEs evidente que no se trata de la protecci\u00f3n de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que la acci\u00f3n popular versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad. A diferencia de las acciones individuales, cuyo ejercicio radica en cabeza de un sujeto que bien puede decidir instaurarlas o no, la posibilidad de acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violaci\u00f3n de un derecho colectivo, existe para una pluralidad de personas que por pertenecer a la comunidad afectada, tienen el mismo derecho a ejercer dicha acci\u00f3n judicial. Mientras subsista la vulneraci\u00f3n a un derecho o inter\u00e9s colectivo y exista la posibilidad de volver las cosas al estado anterior para hacer cesar esa violaci\u00f3n, cualquiera de los miembros del grupo social debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, para obtener esa protecci\u00f3n.
\n6
\n4 6001-22-13-000-2018-01088-01
\nDe igual manera, la conducta de quienes han actuado en perjuicio de intereses y derechos colectivos no puede quedarse sin sanci\u00f3n.
\nCarece entonces de fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, el que pesar de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situaci\u00f3n que afecta derechos esenciales de una comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un. t\u00e9rmino de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violaci\u00f3n del derecho, mientras ello fuere f\u00edsicamente posible.
\nAs\u00ed que, entonces, debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede tener cabida la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, que pueda terminarse el proceso de forma anormal por la presunta negligencia de quien la inici\u00f3, cuando lo que se intenta proteger es el inter\u00e9s de toda una comunidad, en perjuicio de sus integrantes.
\nM\u00e1xime, \tcuando se advierte que de conformidad con el art\u00edculo 5
\nde \tla ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento \timpulsar \toficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso \tde la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz \ty preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas
\n\u2022
\nprocesales \tnecesarias para removerlos, pues se trata de un asunto \tprevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de \tla orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para \tadelantarlo. .
\nY es que siendo la acci\u00f3n popular un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00b0, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00b0, ejusdem), su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00b0, inc. 3\u00b0, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal. <\/p>\n

No en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab…impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb.
\n2.2. Todo lo anterior hace que tampoco sea posible aplicar las sanciones dispuestas en el los literales f y g del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, consistentes en que: (i) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados
\ndesde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto y (ii) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido.
\nEn primer lugar, porque el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, indica que \u00abLa Acci\u00f3n Popular podr\u00e1 promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo\u00bb, de manera que no puede supeditarse a transcurra un determinado periodo de tiempo, porque ello va en contrav\u00eda de la naturaleza de la acci\u00f3n popular y en especial de la importancia que el Constituyente otorg\u00f3 a este tipo de prerrogativas, por lo que en cualquier momento se pueden reclamar.
\nNo tendr\u00eda ning\u00fan sentido, que existiendo la amenaza o vulneraci\u00f3n a derecho perteneciente a toda la comunidad, se obligue a todos sus integrantes a esperar seis meses para interponer la acci\u00f3n a fin de conseguir su protecci\u00f3n, porque ya se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito de una demandada inicial presentada por uno de ellos; pues esto ser\u00eda darle unos alcances de individualidad que dichas prerrogativas no tienen y a\u00fan m\u00e1s grave, desconocer el inter\u00e9s general que en estas priman.
\nMenos puede concebirse que los derechos que se intentan salvaguardar mediante este tipo de acciones, puedan declararse extintos, en raz\u00f3n a que se haya decretado la culminaci\u00f3n por segunda vez, porque, se itera, \u00e9stos son imprescriptibles e inalienables y no pueden ser objeto de dicha sanci\u00f3n.
\nAl respecto la Sala, ha reconocido la inaplicabilidad de tales sanciones:
\n\u00ab(…) el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses de que trata el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.
\nDe modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular. (CSJ STC3633, 15 Mar. 2017. Rad. 2017-00029\u00ad01).
\n2.3. Finalmente, terminar anticipadamente una acci\u00f3n popular que pretende la defensa de las citadas garant\u00edas que son de inter\u00e9s general para la comunidad, desconoce principios rectores de la administraci\u00f3n de justicia, como la celeridad, la econom\u00eda procesal y la eficacia, se insiste, en acciones constitucionales,
\ndonde no es posible, so pretexto de la falta de integraci\u00f3n d contradictorio por parte del demandante, declarar desistid t\u00e1citamente su pretensi\u00f3n de amparo colectivo\u00bb (7 nov. 2018, rad. 2018-00755-01).
\nLas premisas anteriores fundamentan que en est\u00e1 asunto tambi\u00e9n considere que debi\u00f3 concederse el amparo por cuanto con independencia de la fecha en la cual 1 autoridad accionada decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en la acci\u00f3n popular con radicado 2015-00344-00, es evidente que el juzgado accionado desconoci\u00f3 las garant\u00edas superiores del tutelante al finiquitarla anticipadamente mediante la aplicaci\u00f3n de la figura comentada.
\nNo puede la Corte otorgar un trato diferente a las solicitudes de tutela que censuren providencias proferidas con anterioridad al cambio de criterio jurisprudencia) consignado en la sentencia STC14483-2018, para conclu\u00ed que \u00e9stas no son violatorias de los derechos fundamentales del actor popular, pero s\u00ed lo son aquellas que se hayan) dictado despu\u00e9s de fijarse la nueva doctrina de esta Sala.
\nLa raz\u00f3n de ello estriba en que la vulneraci\u00f3n en la1 que incurre un funcionario judicial al decretar el desistimiento t\u00e1cito en esta clase de procesos, no tiene origen en el desconocimiento del precedente judicial, sino en la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que se materializa con la extinci\u00f3n de un mecanismo de estirpe constitucional, no obstante que es obligaci\u00f3n del juez que lo tenga bajo su conocimiento, superar todos los obst\u00e1culos sobrevinientes en el tr\u00e1mite e impulsar la actuaci\u00f3n
\noficiosamente hasta producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito sobre las pretensiones encaminadas a la protecci\u00f3n de garant\u00edas colectivas.
\n2. Por otra parte, se afirm\u00f3 que fue realizado un "control de convencionalidad", a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.
\nLa figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos.
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que se consignaron al respecto, corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo.
\nEn el presente caso si, en gracia de discusi\u00f3n, se admitiera la aplicabilidad del aludido control, lo que se evidencia es que \u00e9ste no se realiz\u00f3, pues de haberse llevad a cabo, se habr\u00eda encontrado desconocida la garant\u00eda que consagra el art\u00edculo 8\u00b0 (numeral 1\u00b0) del instrumento internacional al que se aludi\u00f3, dado que no se salvaguardia la prerrogativa del tutelante a ser o\u00eddo por un \u00abjuez O tribunal competente\u00bb para la \u00abdeterminaci\u00f3n de sus derechos\u00bb de orden civil.
\nAdem\u00e1s, con la decisi\u00f3n adoptada en esta sede no se le garantiz\u00f3 la disponibilidad de un \u00abrecurso efectivo\u00bb para protegerlo de actos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, aun si el menoscabo se produjere en ejercicio de una funci\u00f3 p\u00fablica como la jurisdiccional, como tampoco se resguard" su prerrogativa de que la \u00abautoridad competente prevista por el sistema legal del Estado\u00bb decida \u00absobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso\u00bb (art. 25 numerales 1 y 2 de la Convenci\u00f3n), pues a pesar de la protuberante violaci\u00f3n de garant\u00edas supralegales, la Sala deneg\u00f3 I protecci\u00f3n.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignados los motivos de mi disenso. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMAGISTRADO <\/p>\n

1 \tLa Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 \testablece: \u201c(\u2026) Toda \tpersona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los \tjueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento \tpreferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a \tsu nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos \tconstitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos \tresulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n \tde cualquier autoridad p\u00fablica \t(\u2026)\u201d.
\n2Corte \tConstitucional. Sentencia C-836 de 2001.
\n3 \tCSJ. Civil. Sentencia de \t21 de febrero de 2014, exp. 76001220300020130056101.
\n4 \tSentencia \tSTC14483.
\n5 \tTal \tcomo lo consagraba \tel \tnumeral 3\u00b0 del art. 140 del CPC, hoy 2\u00b0 de la regla 133 del \tCGP.
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n

8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC236-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01088-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2018, por la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102690","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102690","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102690"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102690\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102690"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102690"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102690"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}