{"id":102693,"date":"2026-07-02T16:29:03","date_gmt":"2026-07-02T16:29:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102693"},"modified":"2026-07-02T16:29:03","modified_gmt":"2026-07-02T16:29:03","slug":"stc239-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc239-2019\/","title":{"rendered":"STC239-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC239-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01058-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela acumuladas y promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la parte pasiva, el otro integrante del extremo activo y los dem\u00e1s intervinientes de las acciones constitucionales a las que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco de las acciones populares promovidas por Augusto Becerra y radicadas con los Nos. 2018-00011-00 a 2018-00018-00, y, 2018-00047-00 a 2018-00049-00, en las cuales act\u00faa como coadyuvante del actor. <\/p>\n

Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, i) \u00abresolver inmediatamente la reposici\u00f3n\u00bb presentada en cada una de las citadas actuaciones contra el prove\u00eddo que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, y que ii) \u00abinforme a la comunidad de la existencia de [estas] POR MEDIO DE LA PAGINA WEB Y POR MEDIO DE LA CARTELERA\u00bb; y, por \u00faltimo, iii) que se ordene al Procurador Delegado que act\u00faa en dichos procesos, que certifique y haga constar \u00abcual ha sido su funci\u00f3n dentro de esta[s]\u00bb, particularmente, \u00absi ha solicitado celeridad [en el tr\u00e1mite]\u00bb (fls. 1 y 3, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar, que en las actuaciones referidas l\u00edneas atr\u00e1s, \u00abNUNCA SE HA APLICADO\u00bb la Ley 472 de 1998, particularmente, los art\u00edculos 5 y 84, ya que la sede judicial mencionada l\u00edneas atr\u00e1s, a m\u00e1s que se abstiene de dar impulso oficioso a las referenciadas acciones populares, \u00abse ha negado a resolver [el aludido recurso de] reposici\u00f3n\u00bb, lo que, asegura, le lesiona los derechos iusfundamentales invocados (ejusdem). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a. La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, se limit\u00f3 a remitir copia digital de las acciones populares a las que alude el actor en el escrito de tutela, sin emitir pronunciamiento alguno frente a lo pretendido por \u00e9ste (fl. 10, cdno. 1). <\/p>\n

c. Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que hay ausencia de \u00ablos hechos vulneradores o amenazantes de los derechos invocados\u00bb, comoquiera que \u00abel a quo accionado resolvi\u00f3 las reposiciones frente a los autos que declararon la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito con sendos prove\u00eddos del 29-10-2018, notificados por estado del 30-10-2018 (Expedientes digitales del disco compacto visible a folio 11, este cuaderno), mientras que los amparos constitucionales fueron presentados el 06-11-2018 (Folios 2 y 4, ib\u00eddem)\u00bb, por lo que es claro que \u00abpara el d\u00eda en que el actor present\u00f3 las tutelas, ya se hab\u00edan decido sus pedimentos\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 tambi\u00e9n, en relaci\u00f3n al reproche endilgado contra los procuradores intervinientes en las acciones populares referenciadas, que este tampoco ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, dado que \u00abel interesado no les ha formulado pedimento alguno para que le brinden informe sobre sus actuaciones en dichos tr\u00e1mites\u00bb. <\/p>\n

Asimismo se\u00f1al\u00f3, en lo que toca con la petici\u00f3n encaminada a que el juzgado accionado publique el aviso a la comunidad a trav\u00e9s del portal Web de la Rama Judicial o en su cartelera, que la misma carece de objeto, \u00abtoda vez que las acciones populares se encuentra[n] terminadas por desistimiento t\u00e1cito, de tal suerte, que resultar\u00eda in\u00fatil impartir alguna decisi\u00f3n a ese respecto\u00bb. <\/p>\n

Por \u00faltimo, accedi\u00f3 a las copias solicitadas por el accionante, \u00abprevio pago del arancel judicial correspondiente para su digitaci\u00f3n (PSAA14-10280 del CSJ)\u00bb (fls. 62 a 64, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El promotor del resguardo impugn\u00f3 el anterior fallo, sin esgrimir las razones de su inconformidad (fl. 92, Cit.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n

2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que el fallo constitucional de instancia habr\u00e1 de confirmarse, pues como bien lo anot\u00f3 el a quo constitucional, la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, antes de que fueran promovidas las presentes acciones de tutela acumuladas1, resolvi\u00f3 a trav\u00e9s de providencias del 29 de octubre pasado2, el recurso horizontal que el tutelante formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n de dar por terminado cada una de las acciones populares instauradas por Augusto Becerra y radicadas con los Nos. 2018-00011-00 a 2018-00018-00, y, 2018-00047-00 a 2018-00049-00, por desistimiento t\u00e1cito, actuaciones en las que aqu\u00e9l funge como coadyuvante3, hecho que descarta la mora judicial denunciada. <\/p>\n

3.\t Ahora, aunque en la actualidad esta Corte es del criterio de que tal determinaci\u00f3n no es procedente, ya que ello constituye un quebranto de las garant\u00edas superiores al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia del tutelante, dado que \u00ab[l]a naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 el tutelante, impide aplicar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y sus consecuencias sancionatorias\u00bb (CSJ STC14483-2018, reiterada hace poco en STC15938-2018), tal postura no hab\u00eda sido adoptada por unanimidad para el momento en que se profirieron las demarcadas decisiones, circunstancia que imposibilita, por obvias razones, descalificarlas en este momento. <\/p>\n

4. Por otra parte, cabe acotar, en lo que toca con la solicitud del tutelante dirigida a que el Despacho acusado publique el aviso de que trata el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, a trav\u00e9s del portal Web de la Rama Judicial o en su cartelera, en cumplimiento del art\u00edculo 5\u00ba de la misma obra, lo que al respecto se dijo en pret\u00e9rita oportunidad, y que se transcribe in extenso: <\/p>\n

\u00ab(\u2026), si bien conforme a dicha norma la impulsi\u00f3n oficiosa de ese tipo de juicios es una obligaci\u00f3n del juez, que le permitir\u00e1 llegar a una sentencia de fondo, con ello el legislador no quiso arrebatarle al actor popular las cargas procesales que debe asumir durante el tr\u00e1mite del proceso, ya sean pecuniarias o no, sino el deber de propender, de acuerdo con sus competencias y poderes otorgados por la ley, a que el tr\u00e1mite llegue a feliz t\u00e9rmino, es decir, a una decisi\u00f3n que resuelva la controversia, con independencia que salgan avantes o no las pretensiones incoadas, teniendo en cuenta la clase de derechos que en dicha actuaci\u00f3n se ventilan, y por ello la norma reza, que desde la presentaci\u00f3n de la respectiva demanda, el juez del conocimiento tiene la obligaci\u00f3n de \u201cimpulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u201d, para lo cual \u201cdeber\u00e1 adoptar las medidas conducentes para adecuar la petici\u00f3n a la acci\u00f3n que corresponda\u201d, lo cual de ninguna manera lo inhibe de requerir a las partes para que cumplan su cargas, menos aun cuando solo a ellas les incumbe, pues de lo contrario, romper\u00eda el principio de igualdad procesal que debe existir entre ellas. <\/p>\n

4.\tEn ese sentido, se equivoca el tutelante al pretender que el juez popular supla sus deberes o cargas hacia el interior de las demandadas populares que promueve, pues, se reitera, la impulsi\u00f3n oficiosa de la que se viene hablando est\u00e1 enmarcada dentro de los poderes y competencias que aqu\u00e9l tiene, de manera que a ellas debe atenerse, so pena de incurrir, ah\u00ed s\u00ed, en arbitrariedad\u00bb (CSJ STC8211-2018). <\/p>\n

5. Por \u00faltimo, respecto al pedimento encaminado a que se ordene a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, certificar y hacer constar cu\u00e1les han sido sus actuaciones en las acciones populares de la referencia, en particular, si ha solicitado la celeridad en el tr\u00e1mite de las mismas, basta se\u00f1alar que de las pruebas arrimadas a las diligencias no se avizora que el accionante haya elevado petici\u00f3n alguna al respecto ante esa autoridad; luego entonces, las cuestiones aqu\u00ed planteadas no pueden ser atendidas en este escenario, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual, y menos aun cuando no solo no es este el mecanismo dise\u00f1ado para establecer si un funcionario p\u00fablico incurri\u00f3 en alguna falta disciplinaria, como lo sugiere, sino que si el inconforme estima necesario promover cualquier tipo de reclamaci\u00f3n, es a \u00e9l a quien corresponde hacerlo directamente ante la autoridad competente, con los fundamentos f\u00e1cticos y legales del caso, bajo su responsabilidad. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3:
\n1. Es evidente que el juzgador accionado incurri\u00f3 en una
\nprotuberante irregularidad que afecta el derecho fundamental al debido proceso al declarar desistidas t\u00e1citamente las acciones populares objeto de reproche, porque la naturaleza constitucional y oficiosa de aquellos tr\u00e1mites, impide aplicar tal fen\u00f3meno jur\u00eddico y sus consecuencias sancionatorias.
\nEn efecto, a trav\u00e9s del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso el legislador previ\u00f3 una forma anormal de culminar una controversia cuando estableci\u00f3 que, vencido el t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas sin que el interesado cumpla la carga o realice el acto ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia.
\nDe esa determinaci\u00f3n, surgen las siguientes consecuencias: (i) se termina el proceso, (ii) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto, (iii) se tornan ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otro efecto que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta y (iv) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en
\nejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido.
\nEsa figura fue instituida como una sanci\u00f3n a la desidia y negligencia de la parte actora; consecuencia que surge en dos circunstancias procesales diferentes, esto es, ante el incumplimiento de una carga procesal o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del director del proceso, y por la inactividad prolongada en el tiempo del mismo.
\nAhora bien, tal correctivo no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que debe revisarse de manera concreta el asunto y la naturaleza del mimo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que genera su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, una abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia.
\nEn tal sentido esta Sala, ha sido insistente en se\u00f1alar que:
\n\u00ab…la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.
\nLo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de az,11 tos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al debido
\nproceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia…\u00bb. (CSJ STC 16508\u00ad 2014, 4 dic. 2014, rad. 00816-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01).
\nConcretamente, frente a la inaplicaci\u00f3n de la citada norma por la naturaleza del proceso, se ha indicado que:
\n\u00abEn ese sentido, es que esta Sala ha se\u00f1alado que en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que adem\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n.\u00bb (STC8850-
\n2016, 30 jun. 2016 rad. 00186-01 reiterada en STC11430-2017, 3 ago. 2017 rad. 00183-01).
\n2. En las acciones populares, se debate la protecci\u00f3n de derechos colectivos que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad o de toda la sociedad, que exigen por ende una labor anticipada de protecci\u00f3n y una gesti\u00f3n pronta de la justicia dirigida a impedir su vulneraci\u00f3n.
\nDichas garant\u00edas no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, el patrimonio y la moralidad p\u00fablica, no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que significa que son irrenunciables, inenajenables e imprescriptibles.
\nEn tal sentido, al declarar parcialmente inexequible el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, que establec\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad a las acciones populares, indic\u00f3 la Corte Constitucional que: <\/p>\n

Por tal motivo, es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general seg\u00fan la cual la acci\u00f3n popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo, sin l\u00edmite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepci\u00f3n que en la misma disposici\u00f3n se prev\u00e9 cuando la acci\u00f3n se dirige a " volver las cosas a su estado anterior" , en cuanto establece un plazo de cinco [5) a\u00f1os para instaurarla, contados a partir de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que produjo la alteraci\u00f3n, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de los miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.
\nEs evidente que no se trata de la protecci\u00f3n de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que la acci\u00f3n popular versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad. A diferencia de las acciones individuales, cuyo ejercicio radica en cabeza de un sujeto que bien puede decidir instaurarlas o no, la posibilidad de acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violaci\u00f3n de un derecho colectivo, existe para una pluralidad de personas que por pertenecer a la comunidad afectada, tienen el mismo derecho a ejercer dicha acci\u00f3n judicial. Mientras subsista la vulneraci\u00f3n a un derecho o inter\u00e9s colectivo y exista la
\nposibilidad de volver las cosas al estado anterior para hacer cesar esa violaci\u00f3n, cualquiera de los miembros del grupo social debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, para obtener esa protecci\u00f3n. De igual manera, la conducta de quienes han actuado en perjuicio de intereses y derechos colectivos no puede quedarse sin sanci\u00f3n.
\nCarece entonces de fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, el que a pesar de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situaci\u00f3n que afecta derechos esenciales de una comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un t\u00e9rmino de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violaci\u00f3n del derecho, mientras ello fuere f\u00edsicamente posible.\u00bb
\nAs\u00ed que, entonces, debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede tener cabida la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, que pueda terminarse el proceso de forma anormal, en perjuicio de los integrantes de toda una comunidad, por la presunta negligencia de quien la inici\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que de conformidad con el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo.
\nY es que, la acci\u00f3n popular es un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos
\n5
\nfundamentales de las colectividades (Art. 2\u00b0, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00b0, ejusdem) y, por lo tanto, su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos intervinientes (Art. 5\u00b0, inc. 3\u00b0, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal.
\nNo en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab… impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb.
\n3. Bajo ese panorama, tampoco es posible aplicar las sanciones dispuestas en los literales f y g del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, consistentes en que: (i) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que termin\u00f3 anticipadamente el juicio y (ii) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido.
\nEn primer lugar, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, indica
\nque \u00abLa Acci\u00f3n Popular podr\u00e1 promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo\u00bb, de manera que no puede supeditarse a que transcurra un determinado periodo de tiempo, porque ello va en contrav\u00eda de la naturaleza del asunto y, en especial, de la importancia que el Constituyente otorg\u00f3 a este tipo de prerrogativas, por lo que en cualquier momento se pueden reclamar.
\nNo tendr\u00eda ning\u00fan sentido, que los integrantes de una comunidad tuvieran que soportar los efectos nocivos de una vulneraci\u00f3n o amenaza a sus derechos colectivos, mientras se cumple el lapso de la sanci\u00f3n derivada de la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito adoptada en una acci\u00f3n popular promovida por uno de ellos. Esto equivaldr\u00eda a darle alcances de individualidad a la acci\u00f3n en comento y, a\u00fan m\u00e1s grave, desconocer el inter\u00e9s general que en estas priman.
\nMenos puede concebirse que los derechos que se intentan salvaguardar mediante este tipo de acciones, puedan declararse extintos, en raz\u00f3n a que se haya decretado la culminaci\u00f3n por segunda vez, porque, se itera, \u00e9stos son imprescriptibles e inalienables y no pueden ser objeto de dicha sanci\u00f3n.
\nAl respecto la Sala, ha reconocido la inaplicabilidad de tales sanciones:
\n\u00ab(…) el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses de que trata el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.
\nDe modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular. (CSJ STC3633, 15
\nMar. 2017. Rad. 2017-00029-01).
\n4. Finalmente, terminar anticipadamente una acci\u00f3n popular que pretende la defensa de las citadas garant\u00edas que son de inter\u00e9s
\n7
\ngeneral para la comunidad, desconoce principios rectores de la administraci\u00f3n de justicia, como la celeridad, la econom\u00eda procesal y la eficacia, se insiste, en acciones constitucionales, donde no es posible, so pretexto de la falta de integraci\u00f3n del contradictorio por parte del demandante, declarar desistida t\u00e1citamente su pretensi\u00f3n de amparo colectivo.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignado mi disenso con lo decidido por la Sala. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCon \tradicados 2018-01058-00 y 2018-01061-00.
\n2 \tVer \tfolio 11 (CD).
\n3 \tDe \tacuerdo con la Ley 472 de 1998, la coadyuvancia se asimila a la \tcalidad de demandante.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC239-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01058-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102693","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102693","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102693"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102693\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102693"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102693"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102693"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}