{"id":102694,"date":"2026-07-02T16:29:16","date_gmt":"2026-07-02T16:29:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102694"},"modified":"2026-07-02T16:29:16","modified_gmt":"2026-07-02T16:29:16","slug":"stc240-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc240-2019\/","title":{"rendered":"STC240-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC240-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01127-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 29 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Alcald\u00eda de la prenombrada localidad y la de Cali, la Procuradur\u00eda Regional y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas de la prenombrada ciudad y de Risaralda, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la autoridad jurisdiccional accionada, al exigirle que informe a la comunidad sobre la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra el Banco Davivienda S.A. con radicado No. 2018-0013, so pena de decretar el desistimiento t\u00e1cito de la misma. <\/p>\n

De este modo, solicita entonces, que se ordene a dicho estrado, \u00abdecret[ar] de manera inmediata nulo el auto que termina la acci\u00f3n constitucional\u00bb; \u00abbrind[ar] copia f\u00edsica gratis de todo lo actuado en la tutela\u00bb; \u00abprob[ar] a trav\u00e9s de que medio id\u00f3neo se informar\u00e1 de la existencia de [la misma] a los terceros interesados\u00bb; y, por otra parte, que se requiera al Procurador Delgado para que \u00abdemuestre [si] cuando la tutelada decret\u00f3 [el] desistimiento t\u00e1ctico en [su] acci\u00f3n constitucional, present\u00f3 nulidad del auto ilegal\u00bb (fl. 1, cdno. 1) <\/p>\n

2.\tEn apoyo de tales pretensiones se limit\u00f3 a manifestar, que el Despacho accionado finaliz\u00f3 el referido tr\u00e1mite por desistimiento t\u00e1cito, tras requerirlo para que informara a la comunidad de la existencia del mismo, siendo que, dice, \u00e9l no fue el promotor inicial de la acci\u00f3n popular, y adem\u00e1s, tal figura procesal no aplica en las acciones populares, decisi\u00f3n que, de otro lado, el Procurador Delgado no atac\u00f3, situaciones \u00e9stas que en su criterio lesionan la prerrogativa superior invocada (ib\u00eddem). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a).\tLa titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia se limit\u00f3 a se\u00f1alar, que respecto del asunto constitucional cuestionado ya se tramit\u00f3 en anterior oportunidad otra acci\u00f3n de tutela (fl. 8, cdno. 1) <\/p>\n

b).\tEl Procurador Regional de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, porque interviene en asuntos como el aqu\u00ed reprochado cuando se \u00abconsidera conveniente\u00bb, y mediante la verificaci\u00f3n del respectivo pacto de cumplimiento que llegare a suscribirse (fl. 9, ib\u00eddem). <\/p>\n

d).\tEl Director del Departamento Administrativo de Gesti\u00f3n Jur\u00eddica P\u00fablica de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de ese ente territorial de este asunto, dado que no tuvo relaci\u00f3n con los hechos que motivaron la interposici\u00f3n del amparo (fls. 28 y 29, ib.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada respecto de la terminaci\u00f3n de la referida acci\u00f3n constitucional, tras advertir con soporte en un pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, que la funcionaria accionada \u00abincurri\u00f3 en defecto sustantivo, al aplicar la figura procesal del desistimiento t\u00e1cito contemplada en el art\u00edculo 317 del CGP, lo que no es procedente en acciones populares, dada la naturaleza constitucional y oficiosa de la misma, la cual est\u00e1 dirigida a proteger derechos e intereses colectivos\u00bb. <\/p>\n

Sin embargo, neg\u00f3 la protecci\u00f3n respecto a que no se le requiera al actor para que informe a los terceros interesados sobre la acci\u00f3n popular en comento, dado que \u00e9ste no recurri\u00f3 oportunamente el auto con que se adopt\u00f3 esa determinaci\u00f3n; y tambi\u00e9n desestim\u00f3 el resguardo en cuanto a lo reclamado frente al Procurador General de la Naci\u00f3n, toda vez que no se acredit\u00f3 si ya se solicit\u00f3 directamente ante dicha autoridad la informaci\u00f3n requerida. <\/p>\n

Finalmente, dispuso que se enviara al correo electr\u00f3nico del accionante \u00abla copia de todo lo actuado en este amparo constitucional, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 4 del Acuerdo 1772 de 2003, Acuerdo PSAA14-10280, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y art\u00edculo 114 numeral 4\u00ba del CGP, previo el pago de las expensas necesarias\u00bb (fls. 40 al 45, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La promovi\u00f3 el gestor del amparo, esgrimiendo \u00fanicamente que \u00abapel[a] el numeral 9 de la sentencia, en la cual cree poder exigirme pago alguno econ\u00f3mico a fin que se cumpla lo que manda la ley dentro de una acci\u00f3n constitucional y creer que puede cobrar por escanear documentos pedidos en la tutela. Apelo y solicito se revoque ese numeral resuelto en mi tutela desafortunada\u00bb (fl. 51, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n

2.\tCircunscrita la Corte a lo puntualmente pretendido con la impugnaci\u00f3n presentada por el ciudadano Javier El\u00edas, se observa que el reproche descansa en que el juez de tutela, de primera instancia ha debido \u00abbrind[ar] copia f\u00edsica gratis de todo lo actuado en la tutela\u00bb, y no ordenar el env\u00edo a su correo electr\u00f3nico de \u00abcopia de todo lo actuado en este amparo constitucional (\u2026) previo el pago de las expensas necesarias\u00bb, pues en su sentir, en el marco de este especial tr\u00e1mite no hay lugar a tal cobro por el escaneo y env\u00edo de documentos. <\/p>\n

3.\tSin embargo, no cabe duda que lo pretendido por el inconforme respecto a esta puntual tem\u00e1tica est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n

3.2.\t Con similar mensaje de datos del d\u00eda 28 del mismo mes, la prenombrada autoridad envi\u00f3 al aqu\u00ed interesado y a los dem\u00e1s intervinientes copia del auto del d\u00eda 27 inmediatamente anterior, con que vincul\u00f3 al presente tr\u00e1mite a \u00abla alcald\u00eda, la personer\u00eda y la procuradur\u00eda provincial de Cali, y al se\u00f1or Uner Augusto Becerra Largo\u00bb (fls. 7 y 8, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.3.\t El d\u00eda 30 del mismo fue remitido v\u00eda correo electr\u00f3nico al promotor del resguardo y a los intervinientes, copia del fallo de tutela de primer grado proferido el d\u00eda anterior (fls. 13 al 19, ib\u00edd.). <\/p>\n

3.4.\t En el numeral 9\u00b0 de las consideraciones de la precitada determinaci\u00f3n, el juez constitucional de primera instancia anot\u00f3: \u00ab\u00abenv\u00edese al correo electr\u00f3nico del accionante la copia de todo lo actuado en este amparo constitucional, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 4 del Acuerdo 1772 de 2003, Acuerdo PSAA14-10280, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y art\u00edculo 114 numeral 4\u00ba del CGP, previo el pago de las expensas necesarias\u00bb, orden que qued\u00f3 expl\u00edcita en el ordinal 5\u00ba de la parte resolutiva del prove\u00eddo. <\/p>\n

4. Bajo este panorama, no cabe duda acerca de la improcedencia de la entrega gratuita de copias rogada en el escrito con que se pidi\u00f3 el resguardo, porque en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, modificado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 1285 de 2009, qued\u00f3 establecido que \u00abla administraci\u00f3n de justicia ser\u00e1 gratuita y se funcionamiento estar\u00e1 a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la Ley\u00bb (se subraya), y no obstante en el inciso segundo de esa misma norma se se\u00f1ala que \u00abno podr\u00e1 cobrarse arancel en (\u2026) juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y dem\u00e1s acciones constitucionales\u00bb, tal exenci\u00f3n debe entenderse limitada para el evento de viabilizar el acceso al mecanismo, pues como ha considerado esta Corporaci\u00f3n, \u00abno es absolut[a], como quiera que lo que garantiza es el acceso a la administraci\u00f3n de justicia a efectos que los ciudadanos puedan a trav\u00e9s de dichos mecanismos implorar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales sin la exigencia de requisitos adicionales, como ser\u00eda el pago de ciertas expensas o las copias de documentos que f\u00e1cilmente pueden ser requeridos por el juez a los accionados\u00bb1. <\/p>\n

Bajo esta \u00f3ptica, como no se constata que el precitado prop\u00f3sito fue el que motiv\u00f3 la aludida solicitud del promotor del resguardo, resulta procedente cobrar a \u00e9ste los valores que se\u00f1ala el Acuerdo No. PSAA14-10280 del Consejo Superior de la Judicatura, a efectos de entregarle las copias que pretendi\u00f3 en su escrito de tutela, m\u00e1xime cuando \u00abno adujo y menos acredit\u00f3 la ausencia de recursos econ\u00f3micos para sufragarlas\u00bb (ver recientemente en CSJ STC10544-2018 y STC12154-2018), y que el Tribunal constitucional de instancia procedi\u00f3 a remitirle copia digital de todo lo actuado dentro de la acci\u00f3n. <\/p>\n

De este modo, se impone la negativa al resguardo solicitado en torno a la concreta situaci\u00f3n estudiada en precedencia, m\u00e1xime cuando de cada uno de los prove\u00eddos emitidos en el curso de la tutela la autoridad criticada envi\u00f3 copia digital a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico del actor, y adem\u00e1s, porque de requerir \u00e9ste documentaci\u00f3n adicional en tal formato, es viable exigirle previamente los valores a que haya lugar, conforme posibilita la preceptiva citada con antelaci\u00f3n, en la que para nuevos servicios y tarifas, se incluy\u00f3 en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba, la posibilidad de cobro por \u00abla digitalizaci\u00f3n de documentos: Doscientos pesos ($200) por p\u00e1gina, donde se cuente con las herramientas para ofrecer el servicio\u00bb. <\/p>\n

5. Sin embargo, y sin perjuicio de lo expuesto, habr\u00e1 de revocarse parcialmente la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia dictada por la Sala Civil Familia de Pereira, en lo que tiene que ver con la orden de dejar sin valor ni efecto la providencia que orden\u00f3 dar por terminada la acci\u00f3n popular objeto de debate constitucional, pues aunque en la actualidad esta Corte es del criterio de que tal determinaci\u00f3n es la procedente, dado que ello constituye un quebranto de las garant\u00edas superiores al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia del tutelante, dado que \u00ab[l]a naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 el tutelante, impide aplicar el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso y sus consecuencias sancionatorias\u00bb (CSJ STC14483-2018, reiterada hace poco en STC15938-2018), tal postura no hab\u00eda sido adoptada por unanimidad por esta Sala para el momento en que se profiri\u00f3 la demarcada decisi\u00f3n, circunstancia que imposibilita, por obvias razones, descalificarla en este momento. <\/p>\n

6. Por otra parte, cabe acotar, en lo que toca con el impulso oficioso reclamado por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, y concretamente, con lo que tiene que ver con la publicaci\u00f3n del aviso de que trata el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, que tal y como se le ha expuesto de manera reitera en pret\u00e9ritas oportunidades: <\/p>\n

\u00ab(\u2026), si bien conforme a dicha norma la impulsi\u00f3n oficiosa de ese tipo de juicios es una obligaci\u00f3n del juez, que le permitir\u00e1 llegar a una sentencia de fondo, con ello el legislador no quiso arrebatarle al actor popular las cargas procesales que debe asumir durante el tr\u00e1mite del proceso, ya sean pecuniarias o no, sino el deber de propender, de acuerdo con sus competencias y poderes otorgados por la ley, a que el tr\u00e1mite llegue a feliz t\u00e9rmino, es decir, a una decisi\u00f3n que resuelva la controversia, con independencia que salgan avantes o no las pretensiones incoadas, teniendo en cuenta la clase de derechos que en dicha actuaci\u00f3n se ventilan, y por ello la norma reza, que desde la presentaci\u00f3n de la respectiva demanda, el juez del conocimiento tiene la obligaci\u00f3n de \u201cimpulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u201d, para lo cual \u201cdeber\u00e1 adoptar las medidas conducentes para adecuar la petici\u00f3n a la acci\u00f3n que corresponda\u201d, lo cual de ninguna manera lo inhibe de requerir a las partes para que cumplan su cargas, menos aun cuando solo a ellas les incumbe, pues de lo contrario, romper\u00eda el principio de igualdad procesal que debe existir entre ellas. <\/p>\n

4.\tEn ese sentido, se equivoca el tutelante al pretender que el juez popular supla sus deberes o cargas hacia el interior de las demandadas populares que promueve, pues, se reitera, la impulsi\u00f3n oficiosa de la que se viene hablando est\u00e1 enmarcada dentro de los poderes y competencias que aqu\u00e9l tiene, de manera que a ellas debe atenerse, so pena de incurrir, ah\u00ed s\u00ed, en arbitrariedad\u00bb (CSJ STC8211-2018). <\/p>\n

7.\tSin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone revocar parcialmente el fallo controvertido. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA los numerales 1\u00ba y 2\u00ba de la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, para en su lugar, entonces, negar el amparo reclamado por el se\u00f1or Javier El\u00edas \u00c1rias Id\u00e1rraga en lo que tiene que ver con el desistimiento t\u00e1cito decretado en la acci\u00f3n popular con radicado No. 2018-00013-00. En lo dem\u00e1s, se CONFIRMA lo resuelto. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por Secretar\u00eda rem\u00edtase al correo electr\u00f3nico del accionante, copia de la presente providencia, y em\u00edtanse a costa del mismo las copias que solicite. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en relaci\u00f3n con el desistimiento t\u00e1cito decretado en la acci\u00f3n popular No. 2018-00013-00, dada la evidente incursi\u00f3n del juzgador en una protuberante irregularidad que afecta el derecho fundamental al debido proceso, porque la naturaleza constitucional y oficiosa de aquel tr\u00e1mite, impide aplicar tal fen\u00f3meno jur\u00eddico y sus consecuencias sancionatorias.
\n1.\tEn efecto, a trav\u00e9s del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del
\nProceso el legislador previ\u00f3 una forma anormal de culminar una controversia cuando estableci\u00f3 que, vencido el t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas Sin que el interesado cumpla la carga o realice el acto ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia.
\nDe esa determinaci\u00f3n, surgen las siguientes consecuencias: (i) se termina el proceso, (ii) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que as\u00ed lo haya dispuesto, (iii) se tornan ineficaces todos los efectos que sobre la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otro efecto que haya producido la presentaci\u00f3n y notificaci\u00f3n de la demanda que dio origen al proceso o a la actuaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se decreta y (iv) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el derecho pretendido. <\/p>\n

2 <\/p>\n

Esa figura fue instituida como una sanci\u00f3n a la desidia y negligencia de la parte actora; consecuencia que surge en dos circunstancias procesales diferentes, esto es, ante el incumplimiento de una carga procesal o desatenci\u00f3n al requerimiento proveniente del director del proceso, y por la inactividad prolongada en el tiempo del mismo.
\nAhora bien, tal correctivo no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios civiles y de familia, sino que debe revisarse de manera concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que genera su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, una abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia.
\nEn tal sentido esta Sala, ha sido insistente en se\u00f1alar que:
\n\u00ab…la exigencia de cumplir determinada carga procesal y aplicar la sanci\u00f3n ante la inobservancia regulada en el precepto citado, no puede ser irreflexiva de las circunstancias especiales previstas en el referido art\u00edculo [317 del C\u00f3digo General del Proceso], sino que debe obedecer a una evaluaci\u00f3n particularizada de cada situaci\u00f3n, es decir, del caso en concreto, para establecer si hay lugar a la imposici\u00f3n de la premisa legal.
\nLo anterior, porque la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al juez obrar con cautela, moderaCi\u00f3n y sensatez a la hora de aplicar la ley, m\u00e1s cuando, como en el caso de autos, la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en este caso el derecho al d\u00e9bido
\nproceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia…\u00bb. (CSJ STC 16508\u00ad 2014, 4 dic. 2014, rad. 0081.6-01, CSJ STC2604-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-00172-01). <\/p>\n

3 <\/p>\n

Concretamente, frente a la inaplicaci\u00f3n de la citada norma por la naturaleza del proceso, se ha indicado que:
\n\u00abEn ese sentido, es que esta Sala ha se\u00f1alado que en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como, verbi gracia, el de alimentos de menores no puede tener cabida la mencionada norma, pues en \u00e9l no s\u00f3lo se debate un derecho que de conformidad con el art\u00edculo 424 del C\u00f3digo Civil es intransferible, inajenable e ineluctable, sino que adem\u00e1s garantiza los recursos necesarios para la subsistencia y el desarrollo hacia la adultez del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, quien es sujeto de especial protecci\u00f3n.\u00bb (STC8850-
\n2016, 30 jun. 2016 rad. 00186-01 reiterada en STC11430-2017, 3 ago. 2017 rad. 00183-01).
\n2. En las acciones populares, se debate la protecci\u00f3n de derechos colectivos que pertenecen a todos y cada uno de los integrantes de una comunidad o de toda la sociedad, que exigen por ende una labor anticipada de protecci\u00f3n y una gesti\u00f3n pronta de la justicia dirigida a impedir su vulneraci\u00f3n.
\nDichas garant\u00edas no hacen referencia a intereses subjetivos o particulares, sino a cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, \u00e9l patrimonio y la moralidad p\u00fablica, no de una persona, sino de toda una colectividad, lo que significa que son irrenunciables, inenajenables e imprescriptibles.
\nEn tal sentido, al declarar parcialmente inexequible el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, que establec\u00eda un t\u00e9rmino de caducidad a las acciones populares, indic\u00f3 la Corte Constitucional que: <\/p>\n

4 <\/p>\n

\u00abSin embargo, cuando se trata de derechos fundamentales, es decir, imprescriptibles, no puede someterse su ejercicio o protecci\u00f3n a que po el transcurso del tiempo y la negligencia de uno de los titulares de un derecho colectivo perteneciente a todos y cada uno de los miembros de la comunidad afectada, se extinga la posibilidad de instaurar la acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n ha consagrado en favor de una colectividad.
\nPor tal motivo, es que de manera acertada y acorde con el ordenamiento constitucional, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, consagra la regla general seg\u00fan la cual la acci\u00f3n popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo, sin l\u00edmite de tiempo alguno. No obstante, encuentra la Corte, que la excepci\u00f3n que en la misma disposici\u00f3n se prev\u00e9 cuando la acci\u00f3n se dirige a " volver las cosas a su estado anterior" , en cuanto establece un plazo de cinco (5) a\u00f1os para instaurarla, contados a partir de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que produjo la alteraci\u00f3n, desconoce el debido proceso y el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de miembros de la comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos. <\/p>\n

los E s evidente que no se trata de la protecci\u00f3n de meros derechos subjetivos o intereses particulares, sino que la acci\u00f3n popular versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneraci\u00f3n pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la salud, el ambiente sano, el equilibrio ecol\u00f3gico, la seguridad, patrimonio y moralidad p\u00fablica no de una persona, sino de toda una colectividad. A diferencia de fas acciones individuales, cuyo ejercicio radica en cabeza de un sujeto que bien puede decidir instaurarlas o no, la posibilidad de acceder a la justicia para hacer cesar la amenaza o violaci\u00f3n de un derecho colectivo, existe para una pluralidad de personas que por pertenecer a la comunidad afectada, tienen el mismo derecho a ejercer dicha acci\u00f3n judicial. Mientras subsista la vulneraci\u00f3n a un derecho o inter\u00e9s colectivo y exista la posibilidad de volver las cosas al estado anterior para hacer cesar lsa violaci\u00f3n, cualquiera de los miembros del grupo social debe tener la oportunidad de acudir a la justicia, para obtener esa protecci\u00f3n. De igual <\/p>\n

5 <\/p>\n

manera, la conducta de quienes han actuado en perjuicio de intereses y derechos colectivos no puede quedarse sin sanci\u00f3n.
\nCarece entonces de fundamento razonable y por lo mismo violatorio de derechos y principios constitucionales, el que a pesar de que exista la probabilidad de subsanar y hacer cesar una situaci\u00f3n que afecta derechos esenciales de una comunidad presente o futura, se cierre la oportunidad para cualquiera de los sujetos afectados de actuar en su defensa, al establecer un t\u00e9rmino de caducidad cuando se demanda el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la violaci\u00f3n del derecho, mientras ello fuere f\u00edsicamente posible.\u00bb
\nAs\u00ed que, entonces, debido a la naturaleza de los derechos que se debaten en este tipo de acciones, no puede tener cabida la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, que pueda terminarse el proceso de forma anormal, en perjuicio de los integrantes de toda una comunidad, por la presunta negligencia de quien la inici\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que de conformidad con el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se ,imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo.
\nY es que, la acci\u00f3n popular es un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00b0, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00b0, ejusdem) y, por lo tanto, su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar <\/p>\n

6 <\/p>\n

supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos intervinierites (Art. 5\u00b0, inc. 3\u00b0, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de ad ptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su c rso normal.
\nNo en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab… impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb.
\n3. Bajo ese panorama, tampoco es posible aplicar las sanciones dispuestas en los literales f y g del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, consistentes en que: (i) la demanda s\u00f3lo se puede volver a presentar pasados seis meses contados desde la ejecutoria de la providencia que termin\u00f3 anticipadamente el juicio y (ii) que decretado el desistimiento t\u00e1cito por segunda vez entre las mismas partesly en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguir\u00e1 el dercho pretendido.
\nEn primer lugar, el art\u00edculo 11 de la Ley 472 de 1998, indica
\nque \u00abLa Acci\u00f3n Popular podr\u00e1 promoverse durante el tiempo que subsiSta la amenaza o peligro al derecho e inter\u00e9s colectivo\u00bb, de manera que no puede supeditarse a que transcurra un determinado periodo de tie po, porque ello va en contrav\u00eda de la naturaleza del asunto y, en especial, de la importancia que el Constituyente otorg\u00f3 a este tipo de prerrogativas, por lo que en cualquier momento se pueden reclamar.
\nNo \t\t\ttendr\u00eda ning\u00fan sentido, que los integrantes de
\nuna <\/p>\n

comunidad tuvieran que soportar los efectos nocivos de una
\nvulneraci\u00f3n o amenaza a sus derechos colectivos, mientras se cumple <\/p>\n

7 <\/p>\n

Menos puede concebirse que los derechos que se intentan salvaguardar mediante este tipo de acciones, puedan declararse jxtintos, en raz\u00f3n a que se haya decretado la culminaci\u00f3n por segunda vez, porque, se itera, \u00e9stos son imprescriptibles e inalienables y no pueden ser objeto de dicha sanci\u00f3n.
\nAl respecto la Sala, ha reconocido la inaplicabilidad de tales sanciones:
\n\u00ab( ..) el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses de que trata el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.
\nDe modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede
\nacudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de
\nprotecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular. (CSJ STC3633, 15
\nMar. 2017. Rad. 2017-00029-01).
\n4. Finalmente, terminar anticipadamente una acci\u00f3n popular que pretende la defensa de las citadas garant\u00edas que son de inter\u00e9s
\neneral para la comunidad, desconoce principios rectores de la administraci\u00f3n de justicia, como la celeridad, la econom\u00eda procesal y la eficacia, se insiste, en acciones constitucionales, donde no es
\nposible, so pretexto de la falta de integraci\u00f3n del contradictorio por parte del demandante, declarar desistida t\u00e1citamente su pretensi\u00f3n de amparo colectivo.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignado mi disenso con lo decidido por la Sala. <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ, Auto del 12 de julio de \t2018, exp. 2018-00189-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC240-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01127-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve). Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 29 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}