{"id":102698,"date":"2026-07-02T16:29:47","date_gmt":"2026-07-02T16:29:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102698"},"modified":"2026-07-02T16:29:47","modified_gmt":"2026-07-02T16:29:47","slug":"stc245-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc245-2019\/","title":{"rendered":"STC245-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC245-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03977-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por Herney Burbano Estrella contra la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto \u2013 Nari\u00f1o; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ejecutivo conocido bajo el radicado No. 2017-00049. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad que considera vulnerados con ocasi\u00f3n a las sentencias emitidas al interior del proceso ejecutivo instaurado contra Lu\u00eds Alberto Aza Tupaz por cuanto dieron por probada la excepci\u00f3n de fondo de \u00abno exigibilidad de los t\u00edtulos por el evento de la condici\u00f3n resolutoria\u00bb tras considerarse que el documento de promesa de compraventa que dio origen a la creaci\u00f3n de las letras de cambio que se ejecutan, fue incumplido por ambas partes, sin embargo, le atribuyeron las consecuencias jur\u00eddicas adversas del fallo rompiendo a su juicio \u00abtodo principio de equidad y justicia distributiva\u00bb. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia que se declare sin efectos las sentencias emitidas el 3 de mayo y 24 de octubre de 2018 para que esta Corporaci\u00f3n \u00abhaga ostensible su doctrina moderadora de las normas sustantivas y procesales que se han quebrantado, conducta procesal que se traduce en t\u00edpicas v\u00edas de hecho\u00bb. [Folio 5,c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El accionante formul\u00f3 proceso ejecutivo singular contra Lu\u00eds Alberto Aza Tupaz para que se libre mandamiento de pago a su favor por la suma de $300.000.000 contenidos en dos letras de cambio junto con sus correspondientes intereses. <\/p>\n

2. Como soporte de sus pretensiones se\u00f1al\u00f3 que Lu\u00eds Alberto Aza Tupaz gir\u00f3 a la orden de Hernando Rivera dos letras de cambio por las citadas sumas de dinero, de fechas 6 de marzo de 2014 y pagaderas el 6 de agosto y 6 de octubre de ese a\u00f1o. <\/p>\n

2.1. Que los t\u00edtulos valores le fueron posteriormente endosados por tanto es el tenedor leg\u00edtimo y est\u00e1 facultado para impetrar la acci\u00f3n por encontrarse el plazo vencido sin que la parte demandada haya cancelado el capital y los intereses. <\/p>\n

3. La demanda le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto – Nari\u00f1o, autoridad que el 23 de marzo de 2017 libr\u00f3 mandamiento de pago y dispuso el traslado al extremo pasivo. <\/p>\n

4. Una vez notificada la parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones tras indicar que las letras de cambio tuvieron origen en un contrato de promesa de compraventa suscrito el 6 de marzo de 2014 entre Hernando Alirio Cifuentes y el extremo pasivo, el cual no fue cumplido por ninguno de los obligados; que la transferencia de los t\u00edtulos valores al ahora accionante se efectu\u00f3 en enero de 2017, momento en que ya se hab\u00edan vencido los plazos contractuales por tanto no es un tenedor de buena fe exenta de culpa. <\/p>\n

En consecuencia, formul\u00f3 excepciones que denomin\u00f3 \u00abFalta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acci\u00f3n; excepci\u00f3n derivada del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa y no exigibilidad de los t\u00edtulos por el evento de la condici\u00f3n resolutoria\u00bb. <\/p>\n

5. El 3 de mayo de 2018 se adelant\u00f3 la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, en la que se declar\u00f3 fracasada la conciliaci\u00f3n, se escucharon los interrogatorios y se fij\u00f3 el litigio. <\/p>\n

En la misma diligencia se emiti\u00f3 sentencia en la que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abno exigibilidad de los t\u00edtulos por el evento de la condici\u00f3n resolutoria\u00bb y por tanto se dispuso no llevar adelante la ejecuci\u00f3n. As\u00ed mismo, orden\u00f3 levantar las medidas cautelares y conden\u00f3 en costas al tutelante. <\/p>\n

6. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

7. El 24 de octubre de ese a\u00f1o, el Tribunal Superior de esa ciudad, confirm\u00f3 el fallo al referir que como el endosante del ejecutante ahora accionante no fue contratante cumplido o allanado plenamente a cumplir, mal puede reclamarse el pago del cr\u00e9dito por \u00e9l y por tanto \u00abno es que se sacrifique per se el derecho del ejecutante, sino que es claro que aquel debi\u00f3 analizar, antes de adquirir las letras de cambio a trav\u00e9s del endoso, si la causa estaba adecuadamente dada para cobrar dichos t\u00edtulos valores. Ahora, como ello no sucedi\u00f3 as\u00ed, y teniendo en cuenta que se trata de una circunstancia oponible contra el inter\u00e9s del ejecutante dada la tard\u00eda adquisici\u00f3n de las letras, es por ello que se concluye que aquel debe soportar las consecuencias de dicho incumplimiento contractual, frustr\u00e1ndose entonces el derecho reclamado a trav\u00e9s de este proceso ejecutivo.\u00bb <\/p>\n

8. En criterio del promotor del amparo con las decisiones adoptadas por los accionados se vulneraron sus derechos, por cuanto si en el acto contractual ninguna de las partes lo puede cumplir, \u00abcon mayor raz\u00f3n se cae de su peso la prosperidad de la excepci\u00f3n de fondo que se decret\u00f3 probada dentro del presente proceso ejecutivo, con la consecuente sanci\u00f3n procesal impuesta en contra del suscrito accionante al ser condenado en costas judiciales.\u00bb [Folios 1-6, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 14 de diciembre de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 17, c.1] <\/p>\n

2. El Tribunal Superior de Pasto \u2013 Nari\u00f1o se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto manifest\u00f3 que en la decisi\u00f3n de segunda instancia proferida el 24 de octubre de 2018 con aclaraci\u00f3n de voto se encuentran las reflexiones que conllevaron a su confirmaci\u00f3n, lo que no es fruto de un actuar caprichoso como lo pretende hacer ver el accionante y que por tanto no genera la necesidad de un control constitucional excepcional a trav\u00e9s del mecanismo tutelar instado. [Folios 40-41,c.1] <\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad solicit\u00f3 no acoger las pretensiones del quejoso toda vez que \u00ablos argumentos enfilados ahora por el accionante, asoman descontextualizados, delanteramente porque en el proceso los t\u00edtulos base de recaudo son dos letras de cambio y no el contrato de promesa de compraventa invocado en el libelo que motiva el tr\u00e1mite constitucional. En adici\u00f3n, la discusi\u00f3n se gest\u00f3 no entre las partes suscriptoras de la mencionada relaci\u00f3n contractual, sino entre una de ellas y un tercero, pero invoc\u00e1ndose la relaci\u00f3n subyacente como fuente de creaci\u00f3n de las cambiales\u00bb. [Folio 50, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de la decisiones proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto y la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, la Corte solamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 la \u00faltima autoridad, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el Tribunal accionado para confirmar el fallo de primera instancia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abno exigibilidad de los t\u00edtulos por el evento de la condici\u00f3n resolutoria\u00bb presentada por la parte demandada al interior del proceso ejecutivo censurado, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n el Ad Quem se\u00f1al\u00f3 que se encuentra demostrado que para la suscripci\u00f3n de las letras de cambio, previamente se concret\u00f3 un contrato de promesa de compraventa de fecha 6 de marzo de 2014, en el que Hernando Alirio Rivera Cifuentes se comprometi\u00f3 a enajenar a favor de Lu\u00eds Alberto Aza Tupaz, dos inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nos. 240-179283 y 240-171820 al igual que el establecimiento de comercio denominado Fertiorg\u00e1nicos Galeras, a cambio de lo cual el segundo se oblig\u00f3 a cancelar al primero, $400.000.000, declar\u00e1ndose un pago parcial de $100.000.000, quedando pendiente $300.000.000, de los que se cancelar\u00edan $200.000.000 el 6 de agosto de 2014 y $100.000.000 el 6 de octubre de ese a\u00f1o, respaldado en dos letras de cambio que corresponden a la que se cobran ejecutivamente. <\/p>\n

De igual modo, advirti\u00f3 que al tenor de la citada promesa de compraventa, primero deb\u00eda protocolizarse la escritura p\u00fablica el 31 de marzo, para luego realizar los d\u00edas 6 de agosto y octubre de 2014 la cancelaci\u00f3n del saldo pendiente, surgiendo as\u00ed la configuraci\u00f3n de obligaciones simult\u00e1neas, porque a la suscripci\u00f3n de la escritura debieron concurrir por igual ambos extremos del negocio jur\u00eddico y como no hubo evidencia de que alguno haya comparecido y tampoco existe constancia de haberse dado la escritura, situaci\u00f3n que permit\u00eda concluir que ambos incumplieron desde ese momento. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, consider\u00f3 el Tribunal que \u00abse encuentra errada la actuaci\u00f3n del promitente vendedor-endosante de las letras, porque el ejercicio del derecho en ellas incorporado, efectuado ya no por \u00e9l, sino por su cesionario, significa el cobro del precio restante pactado en la promesa de compraventa, es decir, el requerimiento al promitente comprador, para que cubra el valor pendiente del pacto, apuntando materialmente y por conducto de las letras de cambio, al cumplimiento de la obligaci\u00f3n contractual del demandado; cuando realmente no se puede perseguir tal efecto, porque \u00fanicamente ello le est\u00e1 permitido al contratante cumplido o el que se allan\u00f3 a cumplir, as\u00ed su contraparte haya desatendido previamente sus obligaciones (\u2026) As\u00ed se dir\u00e1, que como el endosante del ejecutante no fue contratante cumplido o allanado plenamente a cumplir, mal puede reclamarse el pago del cr\u00e9dito por \u00e9l. <\/p>\n

Entonces no es que se sacrifique per se el derecho del ejecutante, sino que es claro que aquel debi\u00f3 analizar, antes de adquirir las letras de cambio a trav\u00e9s del endoso como en efecto lo hizo, si la causa estaba adecuadamente dada para cobrar dichos t\u00edtulos valores. Ahora, como ello no sucedi\u00f3 as\u00ed, y teniendo en cuenta que se trata de una circunstancia oponible contra el inter\u00e9s del ejecutante dada la tard\u00eda adquisici\u00f3n de las letras, es que la Sala concluye que aquel debe soportar las consecuencias de dicho incumplimiento contractual, frustr\u00e1ndose entonces el derecho reclamado a trav\u00e9s de este proceso ejecutivo.\u00bb <\/p>\n

De otra parte, indic\u00f3 que \u00abla nulidad que se ventila contra la promesa base de las letras de cambio ejecutadas, por la falta de precisi\u00f3n de la notar\u00eda, a\u00f1o y hora del d\u00eda donde se debi\u00f3 suscribir la escritura, considera la Sala Mayoritaria que es una discusi\u00f3n que debe zanjarse en la senda de un proceso declarativo, tal y como sucede actualmente, pues se conoce que el se\u00f1or Hernando Alirio Rivera ya instaur\u00f3 demanda de nulidad frente a la promesa de compraventa suscrita por \u00e9l y el se\u00f1or Lu\u00eds Alberto Aza Tupaz, el d\u00eda 6 de marzo de 2014. No obstante lo dicho, la Sala quiere precisar que aunque se declare la nulidad del mencionado contrato, la imposibilidad de cobro de las letras de cambio mantendr\u00eda sus efectos, ya no por incumplimiento, sino por la invalidez de las secuelas del negocio jur\u00eddico del que germinaron y por el que se justifica su existencia. Ciertamente, siendo el vicio alegado, uno de aquellos que potencialmente quiebra el contrato y llama a retrotraer las cosas a su estadio inicial, sus efectos necesariamente estar\u00edan llamados a desaparecer, cobijando, incluso, las letras que se emitieron no por mera liberalidad, sino para asegurar parte de su precio, el que al tener vocaci\u00f3n de desaparecer, abarcar\u00eda con id\u00e9ntica suerte su garant\u00eda, es decir, las letras cuya ejecutoria se pretende.\u00bb <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. Bastan los precedentes razonamientos para negar la tutela deprecada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC245-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03977-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por Herney Burbano Estrella contra la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior y el Juzgado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102698","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102698"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102698\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}