{"id":102699,"date":"2026-07-02T16:30:02","date_gmt":"2026-07-02T16:30:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102699"},"modified":"2026-07-02T16:30:02","modified_gmt":"2026-07-02T16:30:02","slug":"stc288-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc288-2019\/","title":{"rendered":"STC288-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC288-2019
\nRadicaci\u00f3n n. 11001-22-03-000-2018-02682-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veinte de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que H\u00e9ctor Julio Vargas Manzanares promovi\u00f3 contra el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y los Juzgados Promiscuo Municipal de Villanueva – Casanare y Promiscuo del Circuito de Monterrey. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana, m\u00ednimo vital, vivienda digna y propiedad privada, los cuales estima vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, quienes en la diligencia de entrega efectuada dentro del proceso ejecutivo mixto que Miguel Mej\u00eda Mu\u00f1oz promovi\u00f3 contra Oiden Charry Arias, lo despojaron del predio que ocupa desde hace m\u00e1s de 27 a\u00f1os, sin tener en cuenta que dicho terreno no era objeto de la mencionada actuaci\u00f3n. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la actuaci\u00f3n adelantada por los despachos comisionados, y en su lugar se le restituya el terreno que habitaba anteriormente. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. En el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 proceso ejecutivo mixto que Miguel \u00c1ngel Mej\u00eda Mu\u00f1oz, cesionario del cr\u00e9dito, promovi\u00f3 contra Oiden Charry Arias. <\/p>\n

La obligaci\u00f3n all\u00ed ejecutada estaba garantizada con hipoteca constituida sobre el predio identificado con el folio de matr\u00edcula 470-008958, ubicado en el paraje Santa Helena de Upia de Villanueva \u2013 Casanare. <\/p>\n

2. En dicho tr\u00e1mite, una vez se libr\u00f3 el mandamiento de pago y se acredit\u00f3 el embargo del bien que garantizaba la obligaci\u00f3n, el 1 de marzo de 1991 se llev\u00f3 a cabo diligencia de secuestro que fue atendida por Mar\u00eda del C\u00e1rmen Lara Manzanares, quien manifest\u00f3 estar en el predio como cuidadora, pues trabajaba para Eduardo Rodr\u00edguez. <\/p>\n

Dentro de tal actuaci\u00f3n, no se formul\u00f3 ning\u00fan tipo de oposici\u00f3n. <\/p>\n

3. Agotado el procedimiento pertinente, se orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del referido bien, diligencia que se efectu\u00f3 el 11 de mayo de 2011 y en la que result\u00f3 triunfante Jos\u00e9 Otoniel Correa Franco, por ser quien mejor postura realiz\u00f3. <\/p>\n

4. Por cumplirse las exigencias legales, el 2 de junio de 2011 se emiti\u00f3 auto aprobatorio del remate, por lo que se orden\u00f3 oficiar al secuestre para que procediera a realizar la entrega del predio. <\/p>\n

5. Teniendo en cuenta que el secuestre no cumpli\u00f3 con lo anterior, se comision\u00f3 al Juez Promiscuo Municipal de Villanueva Casanare a efectos de que realizara la entrega del bien. <\/p>\n

6. Aceptada la comisi\u00f3n, el 8 de agosto de 2017 el juzgador se traslad\u00f3 al lugar donde se encontraba el bien objeto de subasta, no obstante, ante la imposibilidad en su identificaci\u00f3n, estableci\u00f3 la improcedencia de cumplir con el objeto del encargo, por lo que orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del despacho comisorio al juzgado remitente. <\/p>\n

7. En vista de lo anterior, el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante providencia de 28 de septiembre de 2017 orden\u00f3 oficiar al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para que informara las coordenadas de predio subastado. <\/p>\n

8. Con base en la respuesta que suministr\u00f3 la entidad mencionada, en auto de 13 de septiembre de 2018 se orden\u00f3 comisionar nuevamente al Juzgado Promiscuo de Villanueva a efectos de que cumpliera con la entrega del bien. <\/p>\n

9. En cumplimiento de lo anterior, el juzgado comisionado fij\u00f3 el 22 de octubre de 2018 para llevar a cabo la entrega, la que advirti\u00f3 se har\u00eda en compa\u00f1\u00eda de funcionarios del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n

10. En la fecha y hora programada, la autoridad judicial se hizo presente en el bien. La diligencia fue atendida por el aqu\u00ed accionante, quien se opuso a la entrega, afirmando haber pose\u00eddo por m\u00e1s de 27 a\u00f1os tales terrenos, sin que durante ese periodo hubiese sido interrumpido de manera alguna. <\/p>\n

Dicha manifestaci\u00f3n fue rechazada, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, en la diligencia de entrega de un bien rematado, no son admisibles las oposiciones. <\/p>\n

11. El accionante acude al amparo constitucional por estimar que tal determinaci\u00f3n vulnera sus derechos. Manifiesta que el predio que fue entregado, no es el mismo que se remat\u00f3 en el proceso ejecutivo cuestionado. Advierte que el plano empleado para identificar el predio fue mal interpretado, pues si bien all\u00ed se advierte la existencia de unos colindantes, \u00e9stos no coinciden con los del predio que fue objeto de entrega. En ese sentido, estima que la actuaci\u00f3n adelantada por el juez comisionado est\u00e1 viciada de nulidad, por lo que as\u00ed debe ser declarado. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 7 de noviembre de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los interesados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n

2. El Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos del reclamante, pues la entrega en la consecuencia de la adjudicaci\u00f3n que se realiz\u00f3 en el juicio ejecutivo. Advierte que con el fin de esclarecer los linderos del predio subastado, ofici\u00f3 al Instituto Agust\u00edn Codazzi, y con base en el informe que aquel rindi\u00f3, solicit\u00f3 al juez del lugar donde se encuentra el predio, que procediera con su entrega. <\/p>\n

3. En fallo de 20 de noviembre de 2018 la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el amparo invocado por el actor, tras estimar que su proceder era temerario, toda vez que ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey – Casanare se adelant\u00f3 una acci\u00f3n de tutela de similares caracter\u00edsticas a la que aqu\u00ed se estudia. <\/p>\n

4. Inconforme con lo anterior, el accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n. Advirti\u00f3 que las acciones de tutela no tienen la misma finalidad, pues mientras que en la anterior cuestionaba la negativa en la concesi\u00f3n del recuso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 su oposici\u00f3n, en esta discute el hecho de que se hubiese entregado un predio distinto al embargado y secuestrado en el proceso ejecutivo. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n

Sobre el particular, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que <\/p>\n

\u00ab(\u2026) El abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002)\u2026\u201d. (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 00171-00; reiterada STC 8 may. 2012, Rad. 00017-01.) <\/p>\n

2. En el asunto sub judice, el Tribunal que fungi\u00f3 como juez constitucional de primer grado deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por el actor, al estimar que su proceder era temerario, pues, con anterioridad a este tr\u00e1mite, promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela en la que tambi\u00e9n cuestion\u00f3 las actuaciones surtidas en la diligencia de entrega que hoy se reprocha. <\/p>\n

Sin embargo, verificada la solicitud de protecci\u00f3n que antecede, no es posible advertir el proceder que repudi\u00f3 el a quo, en tanto las pretensiones que all\u00ed se elevaron estaban encaminadas a lograr la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto que rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que all\u00ed se present\u00f3, mientras que en la actual, la queja del tutelante busca poner en evidencia un exceso en la comisi\u00f3n, cual es, la entrega de un predio diferente al que era objeto del proceso. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, inevitable se torna estudiar la queja presentada por el actor, advirti\u00e9ndose desde ya, que pese al desacierto en que incurri\u00f3 el juzgador de primer grado, el sentido de la decisi\u00f3n que aquel emiti\u00f3 ha de ser confirmado. <\/p>\n

3. Debe recordarse que cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

4. Verificada la actuaci\u00f3n objeto de reproche, de inmediato se observa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n formulada por el reclamante, toda vez que el amparo deprecado no satisface el presupuesto al que se ha hecho referencia en l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n

Aduce el tutelante que la vulneraci\u00f3n de sus derechos se concret\u00f3 con la extralimitaci\u00f3n de las funciones del comisionado, quien procedi\u00f3 a entregar el predio de su propiedad sin tener en cuenta que el mismo no era objeto de la diligencia, en tanto aquel nunca hab\u00eda sido objeto de medida cautelar alguna. Advierte que es otro el predio embargado con anterioridad, por lo que es aquel, y no el suyo, el que deb\u00eda entregarse. <\/p>\n

Con el fin de resolver tal alegato, necesario es remitirse al art\u00edculo 40 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abtoda actuaci\u00f3n del comisionado que exceda los l\u00edmites de sus facultades es nula. La nulidad podr\u00e1 alegarse a m\u00e1s tardar dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n que ordene agregar el despacho comisorio. La petici\u00f3n de nulidad se resolver\u00e1 de plano por el comitente\u2026\u00bb. <\/p>\n

Lo anterior demuestra que en el caso, necesario es que el accionante espere a que el juzgado municipal aqu\u00ed accionado remita al juez comitente el despacho comisorio debidamente diligenciado, luego de lo cual, una vez les sea notificado el auto que ordene su incorporaci\u00f3n al expediente, podr\u00e1n formular la nulidad anteriormente descrita. <\/p>\n

Visto de ese modo el asunto, se advierte que el promotor acudi\u00f3 prematuramente al amparo de tutela, y so pretexto de una posible decisi\u00f3n en su contra, pretende que por esta v\u00eda se acceda a lo que all\u00ed pide, finalidad totalmente ajena a esta clase de mecanismo, pues claro es que el principal llamado a pronunciarse al respecto es el juez que tiene a su cargo la causa que se cuestiona. <\/p>\n

As\u00ed, no es el sentenciador constitucional el llamado a pronunciarse sobre la procedencia o no de la alinderaci\u00f3n que se realiz\u00f3 en la diligencia cuestionada, y si efectivamente, tal y como lo manifiesta el hoy reclamante, en ella se incluyeron predios que no hacen parte del contrato de arrendamiento, pues tal solicitud debe ser resuelta por el juez natural, quien deber\u00e1 prestar especial cuidado al reclamo de los accionantes y establecer si se present\u00f3 o no una extralimitaci\u00f3n en las competencia del juez comisionado. <\/p>\n

En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez comitente, siendo pertinente recordar que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

6. Las anteriores razones se estiman, entonces, suficientes para confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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