{"id":102711,"date":"2026-07-02T16:31:46","date_gmt":"2026-07-02T16:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102711"},"modified":"2026-07-02T16:31:46","modified_gmt":"2026-07-02T16:31:46","slug":"stc318-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc318-2019\/","title":{"rendered":"STC318-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC318-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00087-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Catalina Beuth Bedoya en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hijo Sebasti\u00e1n G\u00f3mez Beuth, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y los Juzgados Veintiocho Penal del Circuito y Sexto Penal Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes de la causa penal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo en la calidad antes citada, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de \u00e9ste a \u00abtener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y [al] amor\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del proceso penal que curs\u00f3 en contra el padre de su peque\u00f1o hijo, V\u00edctor Hugo G\u00f3mez Betancur, donde \u00e9ste result\u00f3 condenado por el delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00abrevis[ar] y declarar nulos los fallos [emitidos dentro del referido juicio] ya que desconocieron los principios de la duda y la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb (fl. 10). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo aduce, en lo esencial, que el citado sentenciado es su c\u00f3nyuge, y adem\u00e1s el padre de su peque\u00f1o hijo; que el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medell\u00edn le impuso a \u00e9ste el 8 de junio de 2017 una condena a 150 meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso, tras hallarlo culpable de la conducta punitiva antes citada, determinaci\u00f3n que el 15 de diciembre de ese mismo a\u00f1o confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Medell\u00edn; que aunque la precitada decisi\u00f3n fue atacada mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el mecanismo fue inadmitido el 26 de septiembre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, desconociendo \u00ablos principios de duda razonable y la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb del condenado.
\nAsevera que en tales actuaciones judiciales prim\u00f3 \u00abla aplicaci\u00f3n jur\u00eddica estricta de normas\u00bb, d\u00e1ndose valor a \u00abtestimonios contradictorios e interesados y a pruebas que no son concluyentes para condenar a un padre de familia que ha sido difamado\u00bb, y dej\u00e1ndose de lado el dictamen de medicina legal sobre la v\u00edctima que \u00abniega que se hubiera consumado el hecho\u00bb; adem\u00e1s, dice, el delito recay\u00f3 sobre la hija que el sentenciado tuvo en una relaci\u00f3n anterior, quien \u00abtiene serias dificultades de comportamiento en sociedad\u00bb, y acus\u00f3 a su progenitor del hecho il\u00edcito motivada por \u00abla venganza y la destrucci\u00f3n de la relaci\u00f3n que sostiene con [ella]\u00bb. <\/p>\n

Asegura que no obstante el acceso carnal que denunci\u00f3 la v\u00edctima, \u00e9ste qued\u00f3 desvirtuado con el resultado de la aludida prueba t\u00e9cnica, por lo que reitera, la citada condena fue impuesta tras darse cr\u00e9dito a afirmaciones sobre hechos \u00abque nunca existieron\u00bb, y que fueron un \u00ablibreto perfectamente dise\u00f1ado por la madre y la t\u00eda\u00bb de aqu\u00e9lla, motivado por \u00abno comprarle un celular\u00bb, situaci\u00f3n que en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela para lograr salvaguardar sus garant\u00edas superiores y las de su menor hijo (fls. 9 al 12). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 18 de enero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 14). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

A la fecha de registro del fallo no se hab\u00eda recibido respuesta por parte de los intervinientes. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, cuando un funcionario judicial adopta una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal aplicable, pudiendo tildarse la misma de antojadiza o arbitraria, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal proceder se genere, siempre que el afectado presente la tutela dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para conjurar el agravio. <\/p>\n

2.\tAdem\u00e1s, en relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb.
\nSobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: <\/p>\n

\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (subraya la Sala, C. C. ST-878 de 2007 reiterado en STC9812-2018). <\/p>\n

As\u00ed mismo, cuando a trav\u00e9s de esta herramienta de salvaguarda de derechos fundamentales se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se tiene establecido que, <\/p>\n

\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (ver entre otros, en CSJ STC926-2018 y STC10191-2018). <\/p>\n

Bajo el entendido que, <\/p>\n

\u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (ib.). <\/p>\n

3.\tEn el presente asunto se observa, que la se\u00f1ora Catalina Beuth Bedoya cuestiona los fallos condenatorios emitidos contra V\u00edctor Hugo G\u00f3mez Betancur, su pareja y progenitor de su menor hijo, por el delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, emitidos el 8 de junio de 2017 por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medell\u00edn, y el 15 de diciembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, respectivamente, as\u00ed como el prove\u00eddo dictado el 16 de septiembre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que inadmiti\u00f3 la demanda del recurso extraordinario presentado contra el \u00faltimo prove\u00eddo mencionado, por la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del infante a \u00abtener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y [al] amor\u00bb. <\/p>\n

4.\tAs\u00ed las cosas, para esta Sala la solicitante del amparo no est\u00e1 facultada para cuestionar la aludidas decisiones judiciales, en nombre propio ni en representaci\u00f3n de su menor hijo, no solo porque ella no acredit\u00f3 ser la c\u00f3nyuge del procesado, sino que ni ella ni el menor fueron parte dentro de la causa penal cuestionada; adem\u00e1s, t\u00e9ngase en cuenta que no act\u00faa a trav\u00e9s de alguna de las v\u00edas procesales aceptadas para tener legitimaci\u00f3n por activa para ello, como son la representaci\u00f3n legal, el apoderamiento judicial, o la agencia oficiosa, \u00faltima calidad que merece precisi\u00f3n adicional, ya que seg\u00fan se tiene establecido requiere, <\/p>\n

\u00ab(i) la manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal;\u00a0[y]\u00a0(ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa\u201d.\u00a0Solo cuando estos dos requisitos se presentan simult\u00e1neamente, puede concluirse que el agente est\u00e1 legitimado por activa para solicitar la garant\u00eda de derechos fundamentales de los cuales no es titular\u00bb (subraya la Sala, C. C. ST-1075 de 2012). <\/p>\n

5. De otro lado, no es posible afirmar que con lo resuelto judicialmente por los estrados convocados se le est\u00e1n quebrantando las garant\u00edas superiores al hijo del sentenciado a \u00abtener una familia y no ser separado de ella, al cuidado y [al] amor\u00bb, pues dicho argumento no exculpa a \u00e9ste de la responsabilidad que se le comprob\u00f3 como resultado de un proceso judicial tramitado legalmente, tem\u00e1tica sobre la que esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, <\/p>\n

\u00ablos privilegios de los ni\u00f1os no son absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acci\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para conceder la protecci\u00f3n\u2026 En ese sentido\u2026 \u2018mal perspectiva surge cuando, so capa de exaltar el irrefutable apriorismo consistente en que los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes a los dem\u00e1s (art\u00edculo 44 Superior), se presentan situaciones en las cuales se soslayan las m\u00ednimas reglas del debido proceso que, sin duda, se erige en el mayor y mejor baluarte para propender por la defensa de ese inter\u00e9s, en tanto que s\u00f3lo adopt\u00e1ndose las decisiones por parte del juez competente, previo el debate judicial con arreglo a las sendas de la legalidad y circunscrito al tema de conocimiento, es que aqu\u00e9l aserto cobra la fuerza que ing\u00e9nitamente encierra, dado que trat\u00e1ndose de situaciones judiciales en que se debaten asuntos atinentes a menores, los jueces deben velar celosamente porque sus actuaciones no vulneren sus caros intereses, lo que se consigue, desde un principio, mediante la observancia de los b\u00e1sicos pilares sobre los que se edifica la administraci\u00f3n de justicia, uno de ellos, el respeto del derecho fundamental al debido proceso\u2019 (Fallo de 31 de enero de 2011, exp. 00313-01)\u2026\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC10728-2018 y STC13918-2018). <\/p>\n

6. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC318-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00087-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve). Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Catalina Beuth Bedoya en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hijo Sebasti\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102711","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102711"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102711\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}