{"id":102714,"date":"2026-07-02T16:32:16","date_gmt":"2026-07-02T16:32:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102714"},"modified":"2026-07-02T16:32:16","modified_gmt":"2026-07-02T16:32:16","slug":"stc322-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc322-2019\/","title":{"rendered":"STC322-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

STC322-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01117-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la sede judicial accionada frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2018 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil Circuito de esa ciudad y la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular con radicado 2015-01329, incoada por Leandro Giraldo (en la que aqu\u00e9l fue reconocido como coadyuvante) contra Bancolombia S.A.1; al darla por terminada por desistimiento t\u00e1cito mediante prove\u00eddo de 21 de junio de 2018, el cual mantuvo el 2 de agosto siguiente al desatar la reposici\u00f3n propuesta por el quejoso, desconociendo precedente de esta Corte frente al particular (STC14483-2018). <\/p>\n

Anot\u00f3 el tutelante que el Juzgado quebrant\u00f3 su garant\u00eda esencial \u00abal creer terminar [su] acci\u00f3n constitucional, con figura inexistente en [la] ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, y s\u00f3lo existente en el CGP, llamada desistimiento t\u00e1cito\u00bb; y que \u00ab[e]l Procurador G[ene]ral de la [N]aci\u00f3n, delegado en acciones populares, no act[\u00fa]a en derecho en la acci\u00f3n popular[,] desconociendo [la] Ley 734 de 2002, pues nunca present[\u00f3] nulidad del auto ilegal que [la] termin[\u00f3]\u00bb. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[s]e decrete… [la] nulidad del auto que termin[\u00f3] la acci\u00f3n popular\u00bb y \u00abse ordene al Procurador… delegado en a[cciones] populares, …pruebe y demuestre qu[\u00e9] acciones legales hizo a fin de evitar la vulneraci\u00f3n del debido proceso\u00bb (folio 1, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa demanda de amparo fue formulada el 14 de noviembre de 2018 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el d\u00eda 16 siguiente (folios 1 y 4, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tLa Alcald\u00eda de Pereira pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente ruego porque \u00abno tiene injerencia alguna respecto del asunto que solicita el accionante\u00bb, pues \u00abla presunta violaci\u00f3n de los derechos invocados le es s\u00f3lo atribuible al Juzgado…\u00bb (folios 8 y 9, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa Procuradur\u00eda Regional de Risaralda tambi\u00e9n exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque la demanda popular referenciada no fue promovida por esa entidad y no se le ha comunicado el auto que la admiti\u00f3 para intervenir en la misma, de considerarlo conveniente; sumado a que la situaci\u00f3n denunciada le resulta ajena porque su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada… en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb (folio 11, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia escaneada de la actuaci\u00f3n fustigada (folio 13, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tEl Procurador Judicial II-06 de la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales rog\u00f3 \u00abse conceda el amparo deprecado\u00bb frente al Juzgado, por la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito, dado que esta Corte, \u00aben reciente decisi\u00f3n[,] precis\u00f3 que esta forma anormal de terminaci\u00f3n de los procesos no… puede ser de recibo en las acciones populares[,] atendiendo al especial inter\u00e9s colectivo que subyace en esta[s]… y su prelaci\u00f3n legal, unido al deber del juez de impulsarlas oficiosamente\u00bb. <\/p>\n

Por otro lado, se\u00f1al\u00f3 que el ente que representa deb\u00eda ser excluido de toda responsabilidad porque \u00abno es la acci\u00f3n de tutela el escenario para suscitar pronunciamiento de la Procuradur\u00eda… sobre el cumplimiento de sus funciones y, en todo caso, es de resallar que la intervenci\u00f3n de los procuradores judiciales se da en cada proceso de acci\u00f3n popular por citaci\u00f3n del Juez y de acuerdo a las especiales circunstancias de hecho de cada demanda, sin dejar de lado que siempre se ha promovido la inaplicaci\u00f3n [d]el desistimiento t\u00e1cito en esta clase de actuaciones sin que hubiera obtenido atenci\u00f3n favorable por las autoridades jurisdiccionales\u00bb (folios 26 a 28, cuaderno 1). <\/p>\n

5.\tLa Alcald\u00eda de Medell\u00edn reclam\u00f3 \u00abla declaraci\u00f3n de improcedencia del amparo en lo que [a ese] municipio… corresponde\u00bb, \u00abal no existir acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de la administraci\u00f3n municipal de la que pudiera derivarse la supuesta afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor\u00bb (folios 30 a 32, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a quo constitucional, en decisi\u00f3n mayoritaria, concedi\u00f3 el resguardo, con alcance parcial, dejando \u00absin efecto los autos proferidos en la acci\u00f3n popular objeto de la tutela el 21 de junio y 2 de agosto de este a\u00f1o [se refiere al 2018]; en consecuencia, se ordena a la Juez Tercera Civil del Circuito de Pereira continuar con el tr\u00e1mite de ese proceso\u00bb; y declar\u00f3 \u00abimprocedente el amparo frente al Procurador Judicial para Asuntos Civiles, las Alcald\u00edas de Pereira y Medell\u00edn, el Ministerio P\u00fablico y las Defensor\u00edas del Pueblo Regional Risaralda y Antioquia\u00bb. <\/p>\n

Para arribar a tales conclusiones consider\u00f3, en lo medular, que: <\/p>\n

…ante la claridad del precedente jurisprudencial…, en este caso, se incurri\u00f3 en defecto procedimental, concretamente porque: a) en la decisi\u00f3n en que encuentra el actor lesionados sus derechos, [se] aplic\u00f3 una figura procesal que ri\u00f1e con la finalidad de las acciones populares, que no es otra que proteger intereses colectivos[;] y b) declar\u00f3 desistimiento t\u00e1cito por el incumplimiento de la parte actora de la carga procesal de publicar el aviso a la comunidad y de notificar a la entidad accionada, a pesar de que por el principio del impulso oficioso[,] estas pueden ser asumidas por el juzgado de conocimiento, para lo cual puede hacer uso de las herramientas que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico… <\/p>\n

10. La pretensi\u00f3n dirigida a que se ordene al Procurador Judicial para Asuntos Civiles acreditar de qu\u00e9 manera ha actuado en el citado tr\u00e1mite, es improcedente y as\u00ed se declarar\u00e1, ya que la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 prevista para proteger derechos fundamentales concretos y no para elevar ese tipo de solicitudes. <\/p>\n

11. El amparo tambi\u00e9n resulta improcedente frente a las dem\u00e1s entidades vinculadas, ya que la vulneraci\u00f3n de derechos en este caso, solo es atribuible al juzgado accionado (folios 39 a 44, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la sede judicial accionada se\u00f1alando no compartir lo expuesto por el Tribunal, dado que deben distinguirse los efectos derivados del desistimiento reglado en el art\u00edculo 314 del C\u00f3digo General del Proceso, evidentemente inaplicable en las acciones populares, del contemplado en el canon 317 ib\u00eddem; pues mientras el primero implica la configuraci\u00f3n del \u00abagotamiento de jurisdicci\u00f3n\u00bb, ello no ocurre con el segundo, el cual s\u00ed es procedente en ese tipo de asuntos, \u00abbajo la indiscutible convicci\u00f3n de que al actor popular le corresponde asumir ciertas cargas procesales para llevar a buen fin su petici\u00f3n\u00bb, como lo ha dicho esta Corte (CSJ STC, 8 oct. 2015, rad. 2015-00422-01) y halla amparo en lo consignado por la Constitucional (C-095\/01), de no olvidar que \u00abel art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1998, permite la aplicaci\u00f3n de las normas consagradas en el C.G.P., en los aspectos no regulados en la citada ley y uno de estos aspectos es la figura del desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que \u00abel impulso oficioso a cargo del Despacho, s\u00ed se encuentra probado\u00bb, pues despleg\u00f3 \u00ablas acciones necesarias tendientes a procurar de oficio la publicaci\u00f3n… del aviso a la comunidad de que tata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, enviando… comunicaci\u00f3n a la emisora de la Polic\u00eda Nacional, quien no accedi\u00f3 a dicha publicaci\u00f3n…\u00bb, sumado a que \u00abel Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos… ha manifestado… que no publican avisos dentro de las Acciones Populares adelantadas por… ARIAS IDARRAGA, bajo el argumento de que este ciudadano les adeuda una considerable suma de dinero por este concepto, en tr\u00e1mites anteriores en los cuales sus pretensiones salieron avantes (sic), cancelados los dineros por incentivos y costas por parte de las personas accionadas y el a actor popular a su vez no le consigno al Fondo lo que por ley le correspond\u00eda\u00bb; por lo que, \u00absumado al hecho de que el actor Popular no est\u00e1 beneficiado con la figura de Amparo de Pobreza…, ya que no se dan las circunstancias establecidas para este fin en el C.G.P., …se sostiene… que el prol\u00edfico actor popular si debe asumir ciertas cargas m\u00ednimas para impulsar el proceso y llevarlo a buen t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n

Bajo tales razonamientos, aunado a que \u00abla p\u00e1gina WEB de la Rama Judicial, no cumple con la funci\u00f3n o finalidad de ser un medio masivo de comunicaci\u00f3n y se predica por parte de la legislaci\u00f3n positiva que nadie est\u00e1 obligado a lo imposible, \u00bfc\u00f3mo entonces puede este Despacho Judicial publicar oficiosamente el aviso avisando a la comunidad?, \u00bfSer\u00e1 que de persistir la orden en los t\u00e9rminos descritos en la providencia impugnada, c\u00f3mo har\u00eda el Despacho para no entrar en desacato?\u00bb; de donde esos interrogantes \u00abrequieren de una respuesta clara, concreta y de fondo por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, puesto que… existen disparidad de criterios… sobre el mismo tema, el cual ocasiona un caos en el tr\u00e1mite de las acciones populares\u00bb (folios 53 y 54, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tPuestas as\u00ed las cosas, como la queja del promotor de la salvaguarda se dirigi\u00f3 contra el auto de 2 de agosto de 2018, mediante el cual el Juzgado acusado mantuvo el que adopt\u00f3 el 21 de junio anterior, atinente a terminar, por desistimiento t\u00e1cito, la acci\u00f3n popular referida en los antecedentes, advierte la Sala que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, por lo que el fallo de primer grado ha de revocarse, pero no precisamente por los motivos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n que se desata, sino porque en aquellas decisiones la sede judicial criticada se ajust\u00f3 a la postura imperante en esta Corte, frente al particular, para ese momento (expuesta, entre muchos otros, en fallos STC20192-2017 y STC8356-2018), la cual tan s\u00f3lo vari\u00f3 con la emisi\u00f3n de la sentencia de tutela STC14483-2018 (7 nov., rad. 2018-00755-01), cuya nueva doctrina, acorde con lo dispuesto recientemente por esta Corporaci\u00f3n, s\u00f3lo \u00abse aplicar\u00e1 desde su adopci\u00f3n el 1\u00ba de diciembre de 2018 en sentido gen\u00e9rico\u00bb (STC236-2019, 21 en., rad 2018-01088-01). <\/p>\n

2.1.\tEn efecto, en el mentado auto de 2 de agosto de 2018, en lo que aqu\u00ed interesa, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, para mantener su decisi\u00f3n de terminar anormalmente la acci\u00f3n popular en cuesti\u00f3n, bajo la aplicaci\u00f3n de la figura referida a espacio, claramente se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

…el desistimiento t\u00e1cito contemplado en el art\u00edculo 317 es una sanci\u00f3n al demandante o parte actora por su desidia en adelantar las gestiones propias al impulso de la Acci\u00f3n, en este caso la notificaci\u00f3n a la parte accionada y la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad de la existencia de la Acci\u00f3n… <\/p>\n

El desistimiento t\u00e1cito en las Acciones Populares se lleva a cabo bajo la indiscutible convicci\u00f3n de que al actor popular le corresponde asumir ciertas cargas procesales para llevar a buen fin su petici\u00f3n y as\u00ed lo ha contemplado la honorable Corte Suprema de Justicia en sede de tutela <\/p>\n

\u201c…Por otro lado, debido a que conforme al principio de legalidad, no hay ninguna norma que le imponga a la oficina judicial la obligaci\u00f3n de llevar a cabo semejante procedimiento que, dentro de un ponderado an\u00e1lisis de las cargas que competen a los sujetos procesales, sin duda constituye una m\u00ednima actividad por cuenta de quien acude a la administraci\u00f3n de justicia a formular un pedimento. <\/p>\n

…La gratuidad de la justicia a la que se pliega el actor implica que el Estado no cobre por este servicio p\u00fablico esencial, salvo excepciones legales, como el arancel en ciertos casos, pero para llegar a ella se debe asumir unas responsabilidades b\u00e1sicas. Entonces, aquel malentiende este principio, as\u00ed como el de (oficiosidad), tendiente a que el juez vele por la celeridad en la definici\u00f3n del asunto y evite su par\u00e1lisis injustificada, pues, ninguno de ellos habilita el comportamiento desobligante de los litigantes.\u201d2 <\/p>\n

En este mismo sentido la Corte Constitucional en sentencia C-095 de enero 31 de 2001, Mg. Dr. JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO, dijo que \u201c….si bien toda persona tiene derecho a acceder sin costo alguno ante la administraci\u00f3n de justicia, no sucede lo mismo con los gastos necesarios para obtener la declaraci\u00f3n de un derecho…\u201d <\/p>\n

Por las anteriores razones considera este Estrado judicial que… el actor debe de asumir ciertas cargas procesales, por lo que es viable y legalmente aplicable las sanciones consagradas en el art\u00edculo 317 del C.G.P, para las partes que abandonan un proceso y dejan sus peticiones congestionando los anaqueles de los despachos judiciales… <\/p>\n

Es indiscutible que el art\u00edculo 44 de la Ley 472 de 1998, permite la aplicaci\u00f3n de las normas consagradas en el C.G.P., en los aspectos no regulados en la citada ley y uno de estos aspectos es la figura del desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n

Todos los actos desplegados por este Despacho entre otros, la elaboraci\u00f3n del aviso de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, la elaboraci\u00f3n de los oficios dirigidos a las autoridades del orden Territorial encargadas por velar de que los espacios p\u00fablicos y privados con acceso al p\u00fablico en general cumplan con las regulaciones que protegen los derechos colectivos, los dirigidos a la Defensor\u00eda del Pueblo y al Ministerio P\u00fablico[,] la protecci\u00f3n y los diferentes autos y providencias, dictadas requiri\u00e9ndolo para [que] despliegue las actividades legales que le corresponde, son prueba de la actuaci\u00f3n diligente que adelanta el Juzgado para llevar a buen fin la acci\u00f3n; contrar\u00edo a lo realizado por el actor popular quien pretende que todo lo haga el Despacho y no colaborar con la administraci\u00f3n de justicia para evacuar las cargas propias de la parte actora. <\/p>\n

2.2.\tEn ese contexto es evidente, se itera, la improcedencia del amparo en el caso concreto, comoquiera que para cuando fue dictado el fustigado prove\u00eddo de 2 de agosto de 2018, de cara a la posici\u00f3n entonces dominante en esta Sala, no resultaban arbitrarios o caprichosos los fundamentos all\u00ed expuestos para terminar, por desistimiento t\u00e1cito, la acci\u00f3n popular auscultada.
\nAs\u00ed las cosas, los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, atendiendo lo hasta ese momento determinado por esta Corte frente al aspecto en cuesti\u00f3n, lo que, en consecuencia, inhib\u00eda al fallador constitucional para inmiscuirse en tal discusi\u00f3n, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque esta Sala posteriormente vari\u00f3 su posici\u00f3n frente al particular, ello se torna insuficiente para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n que, se reitera, en su momento, se ajust\u00f3 a los precedentes imperantes en esta Sala. <\/p>\n

2.3.\tEn un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, recientemente dej\u00f3 dicho esta Corte que \u00abes pertinente se\u00f1alar que para el 8 de agosto de 2016, fecha en que se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, dicha figura era aplicable para las acciones populares seg\u00fan el criterio mayoritario de esta Sala, de ah\u00ed que no pueda predicarse una v\u00eda de hecho por parte de la autoridad judicial cuestionada\u00bb (CSJ STC215-2019, 17 en., rad. 2018-01094-01). <\/p>\n

2.4.\tCabe a\u00f1adir y precisar que si bien la posici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n vari\u00f3, en el sentido de ahora considerar inaplicable tal tipo de terminaci\u00f3n anormal del proceso a esa clase de acciones constitucionales, ello s\u00f3lo ocurri\u00f3 hasta la emisi\u00f3n del fallo de tutela STC14483-2018 (7 nov., rad. 2018-00755-01), de donde, en pro de la seguridad jur\u00eddica que rige las actuaciones judiciales, es claro que \u00abse dejar\u00e1n intactas las situaciones consolidadas al estar ya sentenciadas con cosa juzgada, que de removerse quedar\u00edan incursas en causal de nulidad, consistente en \u201c(\u2026) reviv[ir] un proceso legalmente concluido (\u2026)3\u201d; de modo que la nueva doctrina se aplicar\u00e1 desde su adopci\u00f3n el 1\u00ba de diciembre de 2018 en sentido gen\u00e9rico\u00bb (STC236-2019, 21 en., rad 2018-01088-01). <\/p>\n

En otras palabras, para el buen suceso de un amparo de tutela como el del ep\u00edgrafe, en el que se cuestiona la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite popular por desistimiento t\u00e1cito, deber\u00e1n satisfacerse todos los presupuestos generales y espec\u00edficos de procedencia de la salvaguarda, hall\u00e1ndose inmerso entre ellos el que la decisi\u00f3n del juzgador natural sea posterior al 1\u00ba de diciembre de 2018, fecha a partir de la cual, \u00aben sentido gen\u00e9rico\u00bb, se aplicar\u00e1 la nueva doctrina fijada en el precedente mediante el cual esta Sala vari\u00f3 su criterio frente a la figura en comento, pues, se repite, las decisiones anteriores a ello encontraban respaldo en lo hasta entonces resuelto por esta Corte. <\/p>\n

Con apoyo en lo anterior, surge necesario se\u00f1alar que la Sala recoge la postura inserta en relaci\u00f3n con el tema, entre otros, en fallo STC15440-2018 (26 nov., rad. 2018-00758-01), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le sean contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado. <\/p>\n

3.\tLas anteriores razones imponen revocar el fallo de primer grado para, en su lugar, negar el amparo solicitado, lo que implica que las decisiones adoptadas por el juez criticado, con ocasi\u00f3n de la sentencia del a-quo constitucional, as\u00ed como las que de ellas dependan, quedan sin efecto alguno, acorde con lo reglado en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992.4 <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, niega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por secretar\u00eda, env\u00edese al correo electr\u00f3nico del accionante, copia escaneada de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tSede de vulneraci\u00f3n: sucursal de la carrera 43 A Nro. 1-50, \tCentro Comercial, Local 307, de la ciudad de Medell\u00edn.
\n2 \tCSJ STC, 8 oct. 2015, rad. 2015-00422-01.
\n3 \tTal como lo consagraba el \tnumeral 3\u00b0 del art. 140 del CPC, hoy 2\u00b0 de la regla 133 del \tCGP.
\n4 \tArt\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992. De \tlos efectos de \tlas decisiones de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional y de \tlas decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela. \tCuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte \tConstitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de \ttutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin \tefecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la \tautoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC322-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-01117-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por la sede judicial accionada frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2018 por la Sala Civil-Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102714","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102714"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102714\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}