{"id":102715,"date":"2026-07-02T16:32:26","date_gmt":"2026-07-02T16:32:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102715"},"modified":"2026-07-02T16:32:26","modified_gmt":"2026-07-02T16:32:26","slug":"stc323-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc323-2019\/","title":{"rendered":"STC323-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC323-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00042-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve)
\nBogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Armando Parodi Medina contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, dentro de la causa penal que se le sigui\u00f3 junto a Avis Enoth Gil Barrios por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y tentativa de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros. <\/p>\n

Exige, entonces, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, resolver nuevamente \u00abel recurso de apelaci\u00f3n [que present\u00f3 contra la sentencia condenatoria de primer grado], atendiendo los planteamientos presentados por la defensa, relacionados con los elementos de los [mencionados] delitos, especialmente lo relacionado con la exigencia de decisiones ABIERTAMENTE CONTRARIAS A DERECHO (\u2026), realizando la valoraci\u00f3n o apreciaci\u00f3n integral y conjunta de todas las pruebas documentales y testimoniales aportadas al expediente\u00bb (fl. 4). <\/p>\n

2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que el juicio penal referido en l\u00edneas precedentes se dio a ra\u00edz del proferimiento de dos providencias en el marco del proceso ejecutivo laboral que 40 extrabajadores de Foncolpuertos promovieron en contra del Ministerio del Trabajo y Protecci\u00f3n Social, con radicado No. 00276\/04; la primera, de fecha 12 de noviembre de 2004, por medio de la cual se libr\u00f3 mandamiento de pago y se orden\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de dineros de la Naci\u00f3n, adoptada por el otro procesado, mientras que la segunda, del 4 de febrero de 2005, confirmatoria de la anterior, la cual suscribi\u00f3 en calidad de juez en provisionalidad. <\/p>\n

Asevera que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena mediante fallo del 7 de mayo de 2018, los hall\u00f3 responsables de las conductas punibles que les fueron imputadas, decisi\u00f3n que fue apelada sin suerte por su defensora de confianza, pues la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la confirm\u00f3 a trav\u00e9s de sentencia del 21 de noviembre siguiente, sin tener en cuenta, dice, al igual que la anterior Corporaci\u00f3n, los planteamientos de su defensa, as\u00ed como los elementos de prueba oportunamente recaudados en el proceso, raz\u00f3n por la que considera que las citadas autoridades judiciales incurrieron en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico (fls. 1 a 16). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 15 de enero se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 18). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a. La Asesora Jur\u00eddica del Ministerio del Trabajo solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado frente a esa Cartera, con fundamento en que \u00abno hay obligaci\u00f3n o responsabilidad de su parte, ni ha vulnerado ni puesto en peligro derecho fundamental alguno al accionante\u00bb (fls. 148 a 151). <\/p>\n

b. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 negar el amparo rogado, toda vez que en la determinaci\u00f3n criticada \u00abla Sala abord\u00f3 el estudio t\u00edpico de las conductas punibles atribuidas al procesado como las pruebas allegadas a la actuaci\u00f3n y finalmente tras hallar desvirtuada la presunci\u00f3n de inocencia del acusado, decidi\u00f3 confirmar la sentencia impugnada\u00bb (fl. 166). <\/p>\n

c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\t Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n

2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n constitucional rogada por el se\u00f1or Armando Parodi Medina, es improcedente, pues la determinaci\u00f3n emitida el 21 de noviembre de 2018 por la Sala Especializada en lo Penal de esta Corporaci\u00f3n, por medio de la cual se resolvi\u00f3 \u00abConfirmar la sentencia condenatoria\u00bb emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 7 de mayo de 2018, dentro de la causa penal que se le sigui\u00f3 al aqu\u00ed interesado y Avis Enoth Gil Barrios por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n y tentativa de peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros (fls. 61 a 104), tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

3. En efecto, la aludida Corporaci\u00f3n en punto de analizar los reparos aducidos tanto por el accionante como por el otro procesado con el recurso vertical formulado frente a la condena que les fue impuesta, no solo tuvo en cuenta la normatividad sustantiva y la jurisprudencia aplicable al caso, sino tambi\u00e9n las pruebas militantes en el expediente, de las cuales pudo concluir, en suma, que Gil Barrios y Parodi Medina si eran responsables de las conductas punibles que le fueron endilgadas, raz\u00f3n por la que deb\u00eda mantenerse lo resuelto por el Tribunal. <\/p>\n

Para llegar a dicha resoluci\u00f3n, la Colegiatura acusada precis\u00f3, en cuanto a la naturaleza y exigibilidad del Acta de Conciliaci\u00f3n 265 del 14 de agosto de 1999, primer t\u00f3pico reprochado por los apelantes, lo siguiente: <\/p>\n

\u00abAunque los recurrentes sostienen que el acta de conciliaci\u00f3n suscrita entre la apoderada del Fondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia y el representante de cuarenta extrabajadores de la extinta empresa, se constitu\u00eda en un t\u00edtulo claro, expreso y exigible, la Sala considera que no ostentaba tal naturaleza. La obligaci\u00f3n no se hallaba plenamente establecida en el acuerdo y se encontraba sometida al cumplimiento de una condici\u00f3n que no se hab\u00eda materializado al momento de proferir las decisiones que se tildan como prevaricadoras. <\/p>\n

Los t\u00e9rminos de la conciliaci\u00f3n se contemplaron as\u00ed: <\/p>\n

\u201cEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, EN LIQUIDACI\u00d3N, reconocer\u00e1 y pagar\u00e1 una suma total de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 50\/100 ($1.495.686.247.00) MCTE, seg\u00fan la relaci\u00f3n antes descrita que obedece a las liquidaciones proyectadas en la Coordinaci\u00f3n de Prestaciones Econ\u00f3micas de la Entidad y que hacen parte integral de la presente Acta \u2026\u201d <\/p>\n

El peticionario de la presente Conciliaci\u00f3n, manifiesta que declara que, EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, EN LIQUIDACI\u00d3N, queda a PAZ Y SALVO por todo concepto, A PARTIR DE LA FECHA y se compromete a renunciar clara y expresamente, a cualquier reclamaci\u00f3n y DESISTIR de toda acci\u00f3n judicial o Extrajudicial, incluidas Acciones de Tutela, que est\u00e9n en curso, respecto de lo que en esta se est[\u00e1] Conciliando, y declara asumir las Acciones Penales y Disciplinarias, que puedan generarse por la inobservancia de lo estipulado anteriormente.
\nEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, EN LIQUIDACI\u00d3N, se compromete a cancelar el total de las sumas de dinero seg\u00fan lo descrito anteriormente, a m[\u00e1]s tardar el 31 de Agosto de 1.998. No obstante lo anterior el Fondo pagar\u00e1 las sumas de dinero acordadas previa disponibilidad presupuestal y autorizaci\u00f3n de los recursos para estos efectos a trav\u00e9s del programa anual mensualizado de caja PAC y que asignen el CONFIS y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO (sic) PUBLICO (sic) (\u2026) <\/p>\n

En vista de que lo acordado por las partes resultaba un mandato para los procesados AVIS ENOTH GIL BARRIOS y ARMANDO PARODI MEDINA, se esperaba que el resultado de sus decisiones fuera af\u00edn a lo estipulado. No obstante, los autos proferidos por los funcionarios judiciales se apartan ostensiblemente de la perspectiva que se derivaba de la simple lectura del acta de conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Inferencia que respald\u00f3, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

Dichas liquidaciones, como sustento de las obligaciones laborales existentes entre la extinta Puertos de Colombia y sus trabajadores, no fueron allegadas por la parte demandante junto con la demanda y sus anexos. Tampoco, fueron posteriormente remitidas por el apoderado de los ejecutantes cuando, en su diligente prop\u00f3sito de lograr un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, a\u00f1adi\u00f3 otros documentos que hac\u00edan \u201cparte del t\u00edtulo complejo que conforman la obligaci\u00f3n pretendida por esta v\u00eda\u201d, dentro de los cuales no se hallaban las operaciones indicadas. <\/p>\n

Luego, resultaba imposible que el juez profiriera un mandamiento de pago acorde a una obligaci\u00f3n contenida en un acta que no permit\u00eda analizar si las sumas desbordaban las facultades conciliatorias convenidas por las partes, o si en efecto, los all\u00ed participes hab\u00edan tenido un v\u00ednculo laboral con la empresa en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

De manera que si el an\u00e1lisis efectuado por GIL BARRIOS lo fue en el marco del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, \u2013 como lo justific\u00f3 -, con mayor raz\u00f3n tuvo que instar al demandante para que allegara las liquidaciones fundamento de la obligaci\u00f3n referida y acercara la prueba que acreditara la relaci\u00f3n de trabajo entre los extrabajadores y la empresa demandada. Esa omisi\u00f3n, produjo la decisi\u00f3n de librar mandamiento ejecutivo, aun ante la inexistencia de una obligaci\u00f3n clara a cargo del pasivo social de la empresa Puertos de Colombia\u00bb. <\/p>\n

Razonamiento que complement\u00f3 diciendo: <\/p>\n

\u00abDe otro lado, en el hipot\u00e9tico evento que se hubiese observado que el t\u00edtulo era claro y expreso, no exist\u00eda forma alguna de catalogarlo como exigible, pues el contenido del acta al que el juez se remiti\u00f3, no permit\u00eda duda alguna respecto de que la cancelaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n estaba sujeta al cumplimiento de dos condiciones: la preexistencia del certificado de disponibilidad (cuyo cumplimiento fue satisfecho) y la imposibilidad de iniciar acci\u00f3n judicial respecto del objeto de conciliaci\u00f3n, \u00faltimo aspecto que AVIS ENOTH GIL BARRIOS no verific\u00f3. <\/p>\n

Pese a que exist\u00eda certificado de disponibilidad presupuestal por medio del cual se confirm\u00f3 que el Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidaci\u00f3n contaba con $236.137.225.764 como apropiaci\u00f3n definitiva para el \u00a8\u201dpago de sentencias judiciales del Fondo\u201d, la orden de embargar y retener la totalidad de los dineros que tuviera la \u201cNaci\u00f3n Colombiana \u2013 Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Fondo de Pasivo Social\u201d en los Bancos Ganadero y Centro Internacional de Bogot\u00e1 fue irregular. <\/p>\n

Aun cuando la orden debi\u00f3 limitarse a la cuenta que el Fondo ten\u00eda para el pago de las acreencias laborales reconocidas en sentencias judiciales, fue indiscriminada y global comprometiendo irresponsablemente el erario p\u00fablico y disponibilidades presupuestales asignadas a otros conceptos. <\/p>\n

Tan es as\u00ed que precisamente, fue ese el asunto recurrido por la parte demandada y coadyuvado por el delegado del Ministerio P\u00fablico asignado a ese despacho judicial. No obstante, en este aparte de la decisi\u00f3n la Sala no har\u00e1 pronunciamiento adicional dado que ello ser\u00e1 materia de an\u00e1lisis en la responsabilidad del procesado ARMANDO PARODI MEDINA. <\/p>\n

Ahora, como si lo anterior no resultara suficiente, exist\u00eda otra condici\u00f3n que imped\u00eda exigir el pago de la obligaci\u00f3n hasta tanto no se cumpliera con ella. No obstante ser plasmada de manera expresa, el juez desconoci\u00f3 que los demandantes estaban comprometidos a \u00ab\u2026renunciar clara y expresamente, a cualquier reclamaci\u00f3n y DESISTIR de toda acci\u00f3n judicial o Extrajudicial, incluidas Acciones de Tutela, que est\u00e9n en curso, respecto de lo que en esta se est\u00e1 conciliando\u2026\u00bb, punto que no fue comprobado por GIL BARRIOS.
\nBajo todo lo anterior, y a pesar de las inconsistencias que presentaba el acta de conciliaci\u00f3n, el juez hizo efectivo su prop\u00f3sito de librar mandamiento de pago en abierta contraposici\u00f3n de la ley\u00bb. <\/p>\n

A lo que agreg\u00f3, en relaci\u00f3n a la supuesta imprecisi\u00f3n jurisprudencial alegada por el defensor de Gil Barrios, lo siguiente: <\/p>\n

\u00abAunque el defensor pretende hacer ver que su decisi\u00f3n fue producto de la imprecisi\u00f3n jurisprudencial de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y la que en efecto es comprobada por el Dr. Carlos Garc\u00eda Salas, Magistrado de esa Colegiatura, esa ambig\u00fcedad fue estrictamente limitada a la competencia de la jurisdicci\u00f3n laboral en aplicaci\u00f3n del Decreto 1211 de 1999 y no a la exigencia de la obligaci\u00f3n contenida en las actas de conciliaci\u00f3n que se presentaban como t\u00edtulo ejecutivo, tema frente al cual no exist\u00edan discrepancias o por lo menos no obra prueba de que ello fuera as\u00ed. <\/p>\n

De cualquier manera es v\u00e1lido aclarar que la fuerza vinculante de un precedente judicial s\u00f3lo es posible predicarla a condici\u00f3n de que, en primer lugar, \u00abde manera reiterada y pac\u00edfica aborden a profundidad un tema de derecho y lo desarrollen, entendi\u00e9ndose que esa reiteraci\u00f3n implica ya una decantada posici\u00f3n que reclama de los operadores judiciales asumirla o continuarla\u00bb y, en segundo lugar, se atienda a \u00abla trascendencia y consecuencias de esas decisiones, ora porque efectivamente asume el estudio detallado de una cuesti\u00f3n problem\u00e1tica, ya en atenci\u00f3n a que se busca que esa soluci\u00f3n hallada sirva de gu\u00eda o norte para que casos similares se resuelvan de igual manera\u00bb (CSJ AP, 1 ago. 2011, Rad. 29877) <\/p>\n

Este no es el caso. El pronunciamiento del Tribunal Superior de Cartagena que el recurrente invoca como precedente con fuerza normativa, proviene de un \u00f3rgano que no est\u00e1n investidos de autoridad que le otorgue dicho car\u00e1cter. Contrario ocurre con la decisi\u00f3n emitida el 12 de junio de 2003 por la Secci\u00f3n Segunda del Consejo de Estado, determinaci\u00f3n que fue proferida con antelaci\u00f3n al mandamiento de pago emitido, y que, tal y como lo se\u00f1alaron las partes al interior del proceso laboral, exig\u00eda aplazar la ejecuci\u00f3n de las obligaciones contenidas en las sentencias y actas provenientes de los trabajadores de la empresa Puertos de Colombia. <\/p>\n

De esta forma queda en evidencia que el auto mediante el cual se libr\u00f3 el mandamiento de pago, en contra, entre otros, de la Naci\u00f3n y el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, se aparta ostensiblemente del contenido del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo Procesal Laboral, lo cual desvirt\u00faa la tesis del recurrente con miras a catalogarla como un acto de buena fe o en el peor de los casos, un error de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n

Apelar al desconocimiento de los precedentes judiciales tampoco logra enervar la ilegalidad de la decisi\u00f3n proferida, pues pese a que se aduce que la falta de herramientas tecnol\u00f3gicas impidi\u00f3 al juez emitir un fallo dis\u00edmil, refulge evidente que pod\u00eda cumplir con su deber con la simple lectura de las cl\u00e1usulas contenidas en el acta de conciliaci\u00f3n que le fue allegada, tarea que una persona medianamente versada en el derecho podr\u00eda haber efectuado con mayor legalidad. <\/p>\n

Por lo tanto, el contexto en el que sucedieron los hechos y el marco en el que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n s\u00f3lo permite aseverar que el hecho de haber acudido al Ministerio P\u00fablico con el supuesto prop\u00f3sito de dotar el proceso de mayores garant\u00edas, obedeci\u00f3 a su voluntad de blindar la decisi\u00f3n con aparentes actos de legitimidad.
\nDe lo contrario, no se explica c\u00f3mo pese a conocer la complejidad del asunto y el millonario desfalco al que estaba siendo sometido el Estado con t\u00edtulos ejecutivos ileg\u00edtimos \u2013 como lo afirm\u00f3 en su indagatoria \u2013 emite una decisi\u00f3n abiertamente contraria a la ley\u00bb. <\/p>\n

Conclusi\u00f3n a la que igualmente arrib\u00f3 en el caso del tutelante, tras considerar que: <\/p>\n

\u00abEl asunto lleg\u00f3 a su conocimiento como consecuencia del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto proferido por AVIS ENOTH GIL BARRIOS, al cual dio soluci\u00f3n en auto del 4 de febrero de 2005. Ello puesto que desde el 16 de noviembre de 2004 fue nombrado en reemplazo de GIL BARRIOS y entre otros procesos, deb\u00eda darle tr\u00e1mite al recurso presentado por el apoderado del Ministerio de la Protecci\u00f3n Social y el Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social de Puertos de Colombia. <\/p>\n

A pesar de que el recurrente aduce que el juez contaba con elementos que le permit\u00edan proferir la decisi\u00f3n de no reponer la emitida por su predecesor, disiente la Sala por las razones que se expondr\u00e1n a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

El acta de conciliaci\u00f3n 265 del 14 de agosto de 1999, como se vio en el estudio que antecedi\u00f3, no era un t\u00edtulo claro, expreso y exigible, de manera que no estaba facultado para confirmar el car\u00e1cter v\u00e1lido de la determinaci\u00f3n proferida por GIL BARRIOS. <\/p>\n

Previo a la soluci\u00f3n del caso, tanto el impugnante como la delegada del Ministerio P\u00fablico, mediante escritos que allegaron en la oportunidad correspondiente, dieron a conocer al funcionario las serias inconsistencias que presentaba la determinaci\u00f3n recurrida y adem\u00e1s de ello, manifestaron la falta de competencia de la jurisdicci\u00f3n laboral para resolver las obligaciones a cargo del Fondo Pasivo Laboral de la Empresa Puertos de Colombia. <\/p>\n

El primero de ellos fue enf\u00e1tico en afirmar que deb\u00eda tenerse en cuenta que los procesos de reclamaci\u00f3n de prestaciones sociales se encontraban sometidos a un orden secuencial de pagos, cuya legitimidad, estaba previamente supeditada al correspondiente estudio de legalidad por parte del Grupo Interno de Trabajo para la Gesti\u00f3n del Pasivo Social. <\/p>\n

La segunda, en funci\u00f3n de vigilancia de cumplimiento de las leyes y defensa de los intereses de la sociedad, le hizo saber que las acreencias laborales en las que estuviera involucrado el Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia se encontraban sometidas a la observancia de las directrices expuestas en el Decreto 1211 de 1999, normativa que a su vez hab\u00eda sido analizada en sentencia proferida el 12 de junio de 2003, de la cual alleg\u00f3 diversos apartes junto con los pronunciamientos que para ese entonces profiri\u00f3 el Procurador General de la Naci\u00f3n frente al tema. <\/p>\n

En este \u00faltimo escrito se dej\u00f3 plenamente establecida la inviabilidad de acudir al proceso ejecutivo con miras de hacer efectivo el pago contenido en actas de conciliaci\u00f3n o sentencias respecto de las cuales no se hab\u00eda verificado su respectiva autenticidad, aclarando que ello no implicaba despojar a esos documentos de su condici\u00f3n de t\u00edtulo ejecutivo, sino aplazarlo \u201chasta cuando, a trav\u00e9s de la autoridad administrativa o judicial competente, se defina la impugnaci\u00f3n contra aquellas cuya legitimidad ofrec\u00eda dudas razonables\u201d, medida que, agrega el texto, encontraba justificaci\u00f3n con la prevalencia del inter\u00e9s del conglomerado social. <\/p>\n

No obstante ese panorama el doctor ARMANDO PARODI MEDINA neg\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto y persisti\u00f3 en librar el mandamiento de pago contra la Naci\u00f3n, Ministerio de Protecci\u00f3n Social, Grupo Interno de Trabajo para la gesti\u00f3n del Fondo Pasivo Social de Puertos de Colombia, sin tomar en consideraci\u00f3n los argumentos expuestos por el impugnante y por el representante del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n

Resaltando que: <\/p>\n

\u00abFue tal su insistencia de apartarse de la norma, que en el mismo prove\u00eddo cuestionado se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00eda presumir el \u201cfraude en la creaci\u00f3n\u201d del t\u00edtulo ejecutivo porque no exist\u00edan pruebas que as\u00ed lo afirmaran, pero a su vez reconoci\u00f3 que d\u00edas previos a su decisi\u00f3n, se hab\u00eda interpuesto una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por \u201clos supuestos fraudes del acta\u201d que le correspond\u00eda estudiar, lo cual, denota que su legitimidad si se encontraba en entredicho. <\/p>\n

Luego, no es atendible el argumento expuesto por la defensa cuando se\u00f1ala que para ese momento no se conoc\u00eda la decisi\u00f3n proferida por el Consejo de Estado, pues a\u00fan ante su desconocimiento \u2013 de cualquier manera inoperante para ser excusado de su responsabilidad -, obraba en el plenario expresa referencia a apartes jurisprudenciales donde esa Corporaci\u00f3n Judicial explicaba que la jurisdicci\u00f3n laboral deb\u00eda abstenerse de ejecutar obligaciones contenidas en t\u00edtulos ejecutivos que no hab\u00edan cumplido su turno para la revisi\u00f3n de su legitimidad. <\/p>\n

Mucho menos lo es que su inexperiencia fuera un factor determinante para proferir la decisi\u00f3n, pues de su lectura se advierte que persigui\u00f3 legitimar la decisi\u00f3n con apartes jurisprudenciales que no eran aplicables al caso, incluso dando prevalencia a su opini\u00f3n personal en contraste con la sentencia que se refer\u00eda al caso por parte del Consejo de Estado, y la cual le fue citada de manera reiterada\u00bb (fls. 11 a 18).
\nLuego se\u00f1al\u00f3, frente a la supuesta falta de valoraci\u00f3n de ciertos elementos probatorios aducida por \u00e9ste, que: <\/p>\n

\u00abDe otro lado, aunque el censor cuestiona que el a quo no dio valor a varias de las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, incluyendo las testimoniales practicadas en la audiencia p\u00fablica, lo cierto es que apreciadas en su totalidad tampoco modifican el sentido de la decisi\u00f3n finalmente adoptada. <\/p>\n

Lo anterior puesto que Luz Marina Yunez Jim\u00e9nez y Josefina Puerta L\u00f3pez simplemente dieron cuenta de las cualidades profesionales de PARODI MEDINA y de las presiones recibidas por los demandados con el fin de lograr la revocatoria de la decisi\u00f3n, mientras que Cristian Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Cab\u00e1rcas \u2013 citador del despacho del juez acusado – nada dijo en relaci\u00f3n con el proceso laboral adelantado en el juzgado. De manera que en conjunto no suman al esclarecimiento de los hechos investigados. <\/p>\n

Incluso pas\u00f3 por alto que el Grupo de Pagadur\u00eda del Ministerio de Protecci\u00f3n Social le indic\u00f3 que las cuentas bancarias de esa entidad financiera inclu\u00edan recursos provenientes del tesoro nacional con destino – entre otros conceptos – al pago de proveedores, lo cual significaba que no ten\u00eda como prop\u00f3sito abarcar exclusivas prestaciones laborales adeudadas. Por lo tanto, surge indudable que contaba con elementos para revocar la decisi\u00f3n inicialmente impartida por GIL BARRIOS con el fin de evitar que la decisi\u00f3n afectara las arcas de la naci\u00f3n, a\u00fan m\u00e1s cuando no le era desconocido que su eventual proceder conllevar\u00eda a la defraudaci\u00f3n patrimonial que finalmente se produjo\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente indic\u00f3, en cuanto al requisito de procedibilidad que dicen los recurrentes no era necesario observar, que: <\/p>\n

\u00abComo argumentos de disenso frente a la aplicaci\u00f3n del decreto 1211 de 1999, los apelantes se\u00f1alan que dicha normativa no tiene fuerza de ley y que no opera como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicci\u00f3n laboral, cuya competencia no pod\u00eda verse desplazada por los efectos de su vigencia. De igual forma esgrimen que su acatamiento era de la \u00f3rbita exclusiva de la rama ejecutiva del poder p\u00fablico m\u00e1s no de los jueces de la rep\u00fablica. <\/p>\n

Frente a ello, la Sala debe ser precisa en se\u00f1alar que el decreto 1211 de 1999 fue creado en el marco de la potestad reglamentaria que le asiste al Presidente de la Rep\u00fablica y en ejercicio del Gobierno Nacional para hacer efectivos los mandatos contenido en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 1689 de 1997, cuya finalidad no era otra dis\u00edmil a la de garantizar la adecuada representaci\u00f3n del Estado en los procesos judiciales y reclamaciones de car\u00e1cter laboral a cargo del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia. <\/p>\n

Igualmente que su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n estaba enmarcado en proporcionar instrumentos dirigidos al cumplimiento de ese objetivo, precisamente en cuanto que la ausencia de herramientas que permitieron verificar la legalidad de los t\u00edtulos que exservidores de Puertos de Colombia utilizaron para el pago de sumas que nunca se les adeud\u00f3, convalid\u00f3 el desfalco descomunal al erario p\u00fablico. <\/p>\n

Bajo tales fundamentos si el Decreto regul\u00f3 la autorizaci\u00f3n y la ordenaci\u00f3n del pago de prestaciones y obligaciones laborales a cargo de Puertos de Colombia \u2013 pago que se pretend\u00eda con la presentaci\u00f3n de la demanda ejecutiva en el mes de julio de 2004 \u2013 imperiosamente los jueces debieron ce\u00f1irse a \u00e9l por ser la normatividad vigente en la materia desde el a\u00f1o 1999. <\/p>\n

Se trata de acatar la reglamentaci\u00f3n expedida para el pago de esas obligaciones contra\u00eddas, con el fin de frenar los cobros ilegales que se estaban realizando a costa del patrimonio estatal, lo cual se facilit\u00f3 con la creaci\u00f3n de organizaciones criminales de las cuales hac\u00edan parte funcionarios de FONCOLPUERTOS, cuya actividad il\u00edcita se concret\u00f3 en el reconocimiento de prestaciones sociales a personas que no ten\u00edan el derecho (CSJ SP 721 del 4 feb, 2015, rad. 42508)\u00bb. <\/p>\n

Por lo que concluy\u00f3, que: <\/p>\n

\u00abAs\u00ed las cosas, la observancia de ese decreto, contrario a lo advertido por los impugnantes, no era facultativo ni significaba el desplazamiento de la competencia de la jurisdicci\u00f3n laboral para ejecutar una acreencia previamente reconocida. Como se estableci\u00f3 previamente y lo viene indicando la Corte, es una disposici\u00f3n de imperativa sujeci\u00f3n que sencillamente aplaza la ejecuci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo hasta tanto se defina su legitimidad, al punto que su revisi\u00f3n se someti\u00f3 a estrictos turnos que no pod\u00edan ser sustra\u00eddos del orden cronol\u00f3gico se\u00f1alado, ello como medida de prevenci\u00f3n en aras de salvaguardar la prevalencia del inter\u00e9s general y el respeto a los derechos adquiridos con justo t\u00edtulo. <\/p>\n

De tal suerte que las censuras planteadas en los recursos no pueden ser atendibles en esta instancia, no s\u00f3lo por lo ya afirmado, sino adem\u00e1s porque la decisi\u00f3n proferida el 12 de junio de 2003 por el Consejo de Estado ya tantas veces se\u00f1alada y desconocida por los procesados, resaltaba que el decreto resultaba de obligatoria aplicaci\u00f3n a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

En ese orden de ideas, como quiera que los argumentos expuestos por los recurrentes en orden a desvirtuar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la estructuraci\u00f3n del delito de prevaricato por acci\u00f3n, no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad y por el contrario, se hallaron correctos los supuestos del a quo, se confirmar\u00e1 en este punto la sentencia\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, y de cara a la resoluci\u00f3n de la \u00faltima tacha enrostrada por el gestor del resguardo, se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u00abBajo argumentos un\u00e1nimes tanto el procesado ARMANDO PARODI MEDINA como su defensora sostienen que el delito de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros no se estructur\u00f3, pues, aducen que, de un lado, la decisi\u00f3n fue revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena y ello impidi\u00f3 la apropiaci\u00f3n del erario p\u00fablico; y del otro, en raz\u00f3n a que las entidades financieras que contaban con la orden de dar cumplimiento a la medida cautelar decretada, finalmente se abstuvieron de dar cumplimiento a ella. <\/p>\n

Sobre el particular, en reiteradas oportunidades, la Sala ha se\u00f1alado que la fase consumativa del peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros ocurre a partir del momento en que se profiere la sentencia que reconoce y ordena ilegalmente el pago de prestaciones, independientemente de una apropiaci\u00f3n material posterior, en la medida en que esa decisi\u00f3n, por s\u00ed misma, cuenta con vocaci\u00f3n id\u00f3nea para sustraer elementos de la \u00f3rbita de custodia del Estado. Es bajo ese iter criminis, que el juez efectivamente ha ejercido una disposici\u00f3n jur\u00eddica sobre bienes que funcionalmente depend\u00edan de su decisi\u00f3n. <\/p>\n

Sin perjuicio de lo anterior ha precisado igualmente que la posibilidad de generar efectos jur\u00eddicos en una decisi\u00f3n se halla suspendida por expresa remisi\u00f3n legal, hasta tanto se desarrolle el examen correspondiente por parte de la segunda instancia \u2013 en el evento de ser cuestionada por v\u00eda de los recursos – o hasta que quienes se encuentren legitimados para acudir a la alzada no lo hagan. <\/p>\n

As\u00ed, desde la oportunidad que el mandato judicial adquiere firmeza es posible concluir que le asiste verdadera potestad jur\u00eddica de destinar el caudal p\u00fablico en la forma en que all\u00ed se determin\u00f3. Sin embargo, de acreditarse que el juez actu\u00f3 con dolo y a pesar de ello, por motivos ajenos a su control y voluntad, el pronunciamiento ilegal que suscribi\u00f3 es revocado por el ad quem, no es dable aseverar que el peculado por apropiaci\u00f3n alguna vez lleg\u00f3 a consumarse, pues el fallo que le serv\u00eda de conducto nunca adquiri\u00f3 eficacia ni potestad coercitiva, contexto que ubica la infracci\u00f3n en un mero grado de tentativa. (CSJ SP438, 28 feb. 2018). <\/p>\n

Bajo ese contexto, no le asiste raz\u00f3n al procesado cuando afirma que el delito de peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros no se estructur\u00f3. <\/p>\n

La decisi\u00f3n del ad quem en revocar el auto proferido el 12 de noviembre de 2004, como el acierto de las entidades financieras en no dar tr\u00e1mite a la orden de embargo por \u00e9l impartida son meros factores para validar el momento de la consumaci\u00f3n del delito, pero de ninguna manera ata\u00f1en a aspectos que desvirt\u00faan la estructuraci\u00f3n del tipo penal\u00bb (fls. 61 a 104). <\/p>\n

4.\tEn tal virtud, entonces, se descarta la eventualidad de predicar que en esa labor el Magistrado sustanciador de la Sala de Casaci\u00f3n censurada hubiera incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, como qued\u00f3 visto, para resolver los reproches endilgados a la sentencia condenatoria adoptada por el Tribunal a quo, no s\u00f3lo tuvo en cuenta los elementos de convicci\u00f3n recaudados, sino tambi\u00e9n la normatividad y la jurisprudencia vigente aplicable al caso, lo que descarta lo sugerido por el tutelante, sumado a que despach\u00f3 cada uno de los mismos bajo una argumentaci\u00f3n suficiente y razonada, cuesti\u00f3n que impide sostener, que en la providencia criticada se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo denunciadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la referida decisi\u00f3n, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (citada recientemente entre otras en STC13460-2018 y STC14978-2018). <\/p>\n

5. As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (mencionada \u00faltimamente en STC16344-2018). <\/p>\n

6.\tPor todo lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.
\nComun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC323-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00042-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Armando Parodi Medina contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102715","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102715","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102715"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102715\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102715"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102715"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102715"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}