{"id":102718,"date":"2026-07-02T16:33:01","date_gmt":"2026-07-02T16:33:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102718"},"modified":"2026-07-02T16:33:01","modified_gmt":"2026-07-02T16:33:01","slug":"stc329-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc329-2019\/","title":{"rendered":"STC329-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC329-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00346-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de diciembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Luz Elena Veloza P\u00e1ez contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de El Espinal, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al no emitir una respuesta a la solicitud que elev\u00f3 en el mes de octubre de 2018, en el marco del proceso de sucesi\u00f3n del causante Leonardo Veloza. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, para que se ordene que \u00abdentro de un plazo prudencial perentorio (\u2026) sea absuelta [su] solicitud\u00bb (fl. 1, cdno. 1). <\/p>\n

2. Para respaldar la queja aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores el 12 de octubre de 2018 solicit\u00f3 \u00abinformaci\u00f3n del estado del proceso y de ciertas actuaciones desplegadas\u00bb, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de El Espinal no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto \u00abdentro del t\u00e9rmino para ello\u00bb, circunstancia que, asegura, lesiona la prerrogativa superior invocada (fls. 1 a 3, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

a).\tEl Juez Segundo Promiscuo de Familia de la memorada urbe indic\u00f3, en lo fundamental, que \u00ablo manifestado por la accionante en su memorial radicado el 12 de octubre de 2018, es eminentemente de naturaleza procesal, jurisdiccional y no contiene un objeto claro y preciso que conlleve (\u2026) a pensar que se trata de peticiones a las que se le pudiere dar contestaci\u00f3n, ya que carece de preguntas concretas o solicitudes claras y precisas, aunado a que, con antelaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de dicho memorial, declar\u00f3 el despacho la p\u00e9rdida de competencia y orden\u00f3 remitir el proceso al juzgado paritario para que continuara con el tr\u00e1mite procesal\u00bb (fls. 17 y 18, Cit.). <\/p>\n

b).\tLos se\u00f1ores Alexander y Ana Derly Veloza, coincidieron en reafirmar las omisiones enrostradas a la autoridad convocada (fls. 19 y 20, \u00eddem). <\/p>\n

c).\tEl Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Espinal, se limit\u00f3 a remitir el expediente contentivo del asunto sucesorio criticado (fl. 21, Cit.). <\/p>\n

d).\tFinalmente, la se\u00f1ora Mar\u00eda Isnoelma Tovar de Garc\u00eda se\u00f1al\u00f3, que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues en el marco del proceso liquidatorio en cuesti\u00f3n, se respetaron todas y cada una de las prerrogativas procesales a las partes (fls. 23 a 26, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo incoado, tras considerar que la solicitud elevada por la actora \u00abinvolucra actuaciones procesales dentro de un tr\u00e1mite en el que a\u00fan no se ha dictado sentencia, cualquier actuaci\u00f3n deber\u00e1 ser notificada por estado, tal como lo prev\u00e9 nuestro ordenamiento procesal vigente, pues solo las solicitudes ajenas a la litis deben ser atendidas bajo las reglas del derecho de petici\u00f3n\u00bb (fls. 30 a 34, \u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando que no solo no se tuvieron en cuenta las manifestaciones de sus hermanos, sino que la autoridad convocada se ha negado a emitir una respuesta \u00abfrente a los fundamentos legales, jurisprudenciales, leyes, decretos o sentencias que sustenten sus actuaciones, que han generado un detrimento patrimonial a la sucesi\u00f3n\u00bb (fl. 171, \u00edd.). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n

2. Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que: <\/p>\n

\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras STC8465-2018). <\/p>\n

En igual sentido, se ha precisado que <\/p>\n

\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n

Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n

3.\tEn el presente asunto observa la Corte, que la accionante radic\u00f3 el 12 de octubre del a\u00f1o pasado, \u00abPETICI\u00d3N ARTICULO 23 CN (INFORMACI\u00d3N)\u00bb ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de El Espinal, con el fin de que ordenara la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelaras, el pago de ciertos r\u00e9ditos, y le explicara \u00abel estado del proceso y de ciertas actuaciones desplegadas\u00bb en el marco del juicio de sucesi\u00f3n del causante Leonardo Veloza (fls. 4 a 6, Cit.). <\/p>\n

5.\tAdicionalmente cabe precisar, que tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la parte interesada, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, si en cuenta se tiene que \u00absin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (enunciada en CSJ STC069-2018). <\/p>\n

6.\tCorolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de instancia.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC329-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00346-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de diciembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102718","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102718"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102718\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}