{"id":102731,"date":"2026-07-02T16:34:33","date_gmt":"2026-07-02T16:34:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102731"},"modified":"2026-07-02T16:34:33","modified_gmt":"2026-07-02T16:34:33","slug":"stc345-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc345-2019\/","title":{"rendered":"STC345-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC345-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2018-02415-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de noviembre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Andr\u00e9s Urresty Isaza contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los Juzgados Octavo Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y Veintiuno Penal del Circuito, ambos de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, defensa t\u00e9cnica y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene \u00abla revisi\u00f3n de[l]\u2026 auto interlocutorio\u2026 del d\u00eda\u2026 24 de mayo de 2018\u00bb; y se decrete su nulidad (folio 2, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Se adelanta un juicio penal en contra de Carlos Andr\u00e9s Urresty Isaza, Carlos Arturo Urresty Benavides y Carlos Arturo Cuellar Isaza, por los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito de servidor p\u00fablico y abuso de funciones p\u00fablicas. <\/p>\n

2.2. Indic\u00f3 el accionante que su abogado le sustituy\u00f3 el poder a otro profesional, el que no pudo ejercer su defensa en la audiencia preliminar porque no apareci\u00f3 el mandato conferido inicialmente y que hab\u00eda sido radicado ante la Fiscal\u00eda 48, priv\u00e1ndolo as\u00ed de su defensa t\u00e9cnica; posteriormente dicha audiencia fue suspendida y la Fiscal\u00eda informa que los procesados se encuentran fuera del pa\u00eds, sin embargo, \u00e9l no se present\u00f3 por razones de seguridad, en tanto que sufri\u00f3 amenazas, atentados y est\u00e1 calificado con riesgo extraordinario por la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1al\u00f3 que la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 su declaratoria de persona ausente, por lo que se dispuso su emplazamiento y el de su padre, y el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas solicit\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo la asignaci\u00f3n de un defensor de oficio, el que no hizo nada para contactarlo a \u00e9l o a su abogado sustituto, no conoc\u00eda los hechos generadores de la conducta delictiva y acept\u00f3 la medida de aseguramiento. <\/p>\n

2.4. Adujo que el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad dio inicio a la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en la que su apoderado de confianza present\u00f3 una nulidad por violaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales; la Fiscal\u00eda hizo manifestaciones que no eran ciertas en torno a su defensa, induciendo en error al juez, el que no accede a dicha petici\u00f3n. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali indic\u00f3 que se remit\u00eda a los fundamentos del prove\u00eddo de 3 de mayo de 2018, por medio del cual confirm\u00f3 el de 13 de febrero anterior que neg\u00f3 la solicitud de nulidad planteada durante la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n; y no ha vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n

2. El Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que el 17 de marzo de 2017 se llev\u00f3 a cabo la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y el 13 de julio siguiente se les impuso la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva; que en la audiencia se brindaron todas las garant\u00edas legales y constitucionales a los imputados; que los procesados interpusieron apelaci\u00f3n, la que fue resuelta por el superior confirmando la decisi\u00f3n; y no advert\u00eda transgresi\u00f3n de las prerrogativas esenciales del promotor. <\/p>\n

3- La Procuradur\u00eda 66 Judicial II Penal refiri\u00f3 que se ejerci\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n por la defensa del peticionario; que la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento fue cuestionada por el abogado de confianza; que si bien el accionante agot\u00f3 todos los recursos, no cumple con el principio de trascendencia, en tanto que se encuentra representado con defensor de confianza, estando vigente el asunto; que la orden de captura no constituye un perjuicio; que le corresponde al promotor desvirtuar los fundamentos que se apreciaron para imponer la medida de aseguramiento, contando con un medio eficaz e id\u00f3neo para solicitar su revocatoria, por lo que no cumple con el requisito de la subsidiariedad; que no existe ning\u00fan defecto org\u00e1nico, sustantivo, procedimental, factico, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n o desconocimiento del precedente constitucional. <\/p>\n

4. Waldir C\u00e1ceres Cuero adujo que su actuaci\u00f3n profesional en el tr\u00e1mite criticado se limit\u00f3 a realizar un estudio y an\u00e1lisis jur\u00eddico de los elementos materiales probatorios que le suministraron. <\/p>\n

5. Carlos Arturo Urresty Benavides inform\u00f3 que eran ciertas las manifestaciones de su hijo respecto de los apoderados; que junto con su hijo no se presentaron a la audiencia preliminar por razones de seguridad; que la declaratoria de personas ausente fue irregular, pues no se usaron los medios que se ten\u00edan al alcance para ubicarlos. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que tanto el accionante como su apoderado siempre estuvieron al tanto del tr\u00e1mite criticado, al punto que en presencia de su defensor, el 21 de octubre de 2016, se le advirti\u00f3 que si no comparec\u00eda a las actuaciones y acreditaba la personer\u00eda jur\u00eddica de su abogado, se declarar\u00eda persona ausente y se le designar\u00eda un defensor p\u00fablico; que la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n adelantada en dicha data, fue suspendida para que cumpliera con esa carga, pero \u00e9l y su apoderado guardaron silencio a la espera de que se allegara el mandato otorgado ante el ente acusador; que el investigado traslad\u00f3 esa carga procesal a la Fiscal\u00eda, en vez de otorgar el poder ante el referido juez de control de garant\u00edas; que el hecho de que se encontrara fuera del pa\u00eds no es \u00f3bice para desatender el llamado de la justicia y si su deseo era renunciar a la comparecencia, hubiera conferido el mandato en el Consulado de Colombia en el exterior; que siempre se emit\u00eda citaci\u00f3n a su abogado de confianza y al ver que se iba a proferir decisi\u00f3n referente a la medida de aseguramiento suscribi\u00f3 el mandato anhelado; que su abogado interpuso apelaci\u00f3n frente a la medida restrictiva de la libertad, por lo que el \u00fanico acto en el que estuvo representado por defensor p\u00fablico fue la comunicaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, ante la clara falta de comparecencia y designaci\u00f3n de profesional que lo asistiera en dicha audiencia preliminar; que ninguna irregularidad advert\u00eda en ese diligenciamiento en presencia del abogado de la defensa p\u00fablica; y que la actuaci\u00f3n penal se encuentra en curso, en fase inicial de juicio, en donde se encuentra asistido por defensor contractual y puede desplegar su estrategia de defensa conforme a las garant\u00edas que le asisten. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se tuvieron en cuenta sus reclamos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.
\nPor lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la improcedencia del amparo impetrado, comoquiera que el proceso penal se encuentra en curso, por lo que el gestor puede exponer sus inconformidades en dicho tr\u00e1mite, sin que le sea dable acudir a este mecanismo excepcional y subsidiario. <\/p>\n

Ciertamente, en la actuaci\u00f3n cuestionada el peticionario tiene la posibilidad de controvertir cualquier hecho o circunstancia que considere transgrede sus prerrogativas esenciales, raz\u00f3n por la que no es dable que el juez constitucional se anticipe a las decisiones que all\u00ed sean adoptadas, pues tal asunto se encuentra en curso y a\u00fan no ha sido proferida la sentencia de primera instancia, la que de ser desfavorable a sus intereses puede ser apelada. <\/p>\n

\u2026En el asunto materia de an\u00e1lisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza excepcional. <\/p>\n

En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n

Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u2018todos\u2019 los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n

Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u2018La acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u2019 (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 01889-01; reiterada en la STC, 4 sep. 2013, rad. 01391-01). <\/p>\n

3. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC345-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2018-02415-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de noviembre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102731","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102731","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102731"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102731\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}