{"id":102734,"date":"2026-07-02T16:34:56","date_gmt":"2026-07-02T16:34:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102734"},"modified":"2026-07-02T16:34:56","modified_gmt":"2026-07-02T16:34:56","slug":"stc348-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc348-2019\/","title":{"rendered":"STC348-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC348-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02212-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante frente al fallo proferido el 23 de octubre de 2018 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Luis Avenda\u00f1o \u00c1lvarez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Octavo de Descongesti\u00f3n Laboral de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos a la \u00abvida en condiciones dignas, …seguridad social, …igualdad, principio de favorabilidad, …m\u00ednimo vital, aplicaci\u00f3n del precedente judicial y… debido proceso\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al negarle el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional que exigi\u00f3 en el juicio laboral que le promovi\u00f3 al departamento de Antioquia. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto tales decisiones y que, \u00aben su lugar[,] se dicte una nueva conforme a las sentencias de unificaci\u00f3n de la H. Corte Constitucional[,] haciendo las declaraciones necesarias para garantizar el derecho a que el Departamento de Antioquia reconozca la pensi\u00f3n convencional a partir [de] la fecha en la cual… cumpli\u00f3 los 50 a\u00f1os de edad, de conformidad con la cl\u00e1usula 12 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo firmada el 09 de diciembre de 1970 y los art\u00edculos 7 y 8 de la convenci\u00f3n colectiva del 20 de noviembre de 1978\u00bb (folio 15, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n

2.1.\tRelat\u00f3 el gestor que como estuvo vinculado laboralmente al Departamento de Antioquia entre el 15 de julio de 1980 y el 25 de enero de 2005, y el 8 de junio de 2007 cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad; solicit\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional, pero le fue denegada mediante Resoluci\u00f3n Nro. 19789 de 18 de septiembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n

2.2.\tPor lo anterior, formul\u00f3 juicio laboral contra dicho ente territorial, con el fin de obtener el mentado reconocimiento pensional, a lo que no accedi\u00f3 el Juzgado accionado mediante sentencia de 15 de septiembre de 2009, la cual confirm\u00f3 el Tribunal encausado el 19 de septiembre de 2011, ante lo cual el censor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual despach\u00f3 adversamente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de esta Corte el 25 de abril de 2018. <\/p>\n

2.3.\tPor v\u00eda de tutela, critic\u00f3 el promotor de la salvaguarda que las sedes judiciales acusadas vulneraron las garant\u00edas invocadas porque con sus sentencias, en contra del precedente jurisprudencial, en desacato a la sentencia SU-241\/15 de la Corte Constitucional e incurriendo en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, caus\u00e1ndole un perjuicio irremediable, desconocieron que s\u00ed ten\u00eda derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional rogada, al margen de que cumpliera los 50 a\u00f1os de edad despu\u00e9s de finalizado su v\u00ednculo laboral con el Departamento de Antioquia, acorde con lo establecido en la cl\u00e1usula 12 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 9 de diciembre de 1970, la que fue indebidamente valorada, destacando que los pronunciamientos judiciales en casos como el suyo han dejado por sentado que \u00abla edad es un requisito de exigibilidad del derecho [que no de su configuraci\u00f3n,] que por tanto puede ser cumplido despu\u00e9s de haberse desvinculado el trabajador\u00bb (folios 1 a 16, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de amparo fue formulada el 5 de octubre de 2018 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el d\u00eda 8 siguiente (folios 1 y 61, cuaderno 1). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tLa Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de esta Corte pidi\u00f3 no acceder al resguardo por cuanto no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental al accionante, destac\u00f3 remitirse a \u00ablos motivos de la decisi\u00f3n [fustigada], as\u00ed como [a] los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que la soportan\u00bb, edificados en \u00abla l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, de ah\u00ed que no se present\u00f3 desconocimiento alguno a precedentes judiciales…, m\u00e1xime que conforme al art\u00edculo 2\u00ba de la Ley Estatutaria 1781 de 2016, los magistrados de descongesti\u00f3n no t[ienen] competencia para variar la jurisprudencia actualmente imperante de la Sala\u00bb <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que \u00ablos razonamientos o interpretaciones divergentes…, no dan lugar a quebrantar las decisiones judiciales, pues la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia adicional a la cual pueden acudir los administrados a efectos de definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico es el v\u00e1lido, como lo pretende el tutelante, ni para revivir controversias ya concluidas\u00bb (folios 73 y 74, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Departamento de Antioquia llanamente manifest\u00f3 ratificarse en los argumentos expuestos en la contestaci\u00f3n y en las excepciones propuestas frente a la demanda ordinaria laboral g\u00e9nesis del proceso fustigado (folios 84 y 85, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el resguardo al considerar razonable la determinaci\u00f3n por medio de la cual el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral dispuso no casar la sentencia del ad-quem, pues \u00abresponde a las consideraciones del caso concreto, puesto que se neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n, bajo los t\u00e9rminos pretendidos por el demandante en el proceso laboral, porque cuando cumpli\u00f3 la edad necesaria para acceder a la referida prestaci\u00f3n, no ostentaba la calidad de trabajador del Departamento de Antioquia, contrario al querer de FRANCISCO LUIS AVENDA\u00d1O \u00c1LVAREZ que pretende convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, trayendo a esta sede una controversia legal, que escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela, la cual fue analizada por la autoridad demandada\u00bb (folios 90 a 101, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El promotor del amparo opugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado insistiendo en sus planteamientos y enfatizando que el \u00abJuez de Tutela debe tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, mismos que se expusieron en el escrito de tutela y no se tuvieron en cuenta a la hora de fallar, esto es, sentencia SU 241 de 2015\u00bb (folio 108, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tEn este orden de ideas, se advierte que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, por lo que la decisi\u00f3n de primer grado debe confirmarse, toda vez que en la criticada sentencia del 25 de abril de 2018, que no cas\u00f3 la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 19 de septiembre de 2011, que a su vez confirm\u00f3 la emitida el 15 de septiembre de 2009 por el Juzgado Octavo de Descongesti\u00f3n Laboral de esa ciudad, denegatoria del reconocimiento pensional reclamado por el censor, para no acceder a sus pretensiones contra el Departamento de Antioquia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de esta Colegiatura explic\u00f3 de manera clara y fundada que el motivo para proceder en tal forma, desechando el cargo propuesto por el casacionista, fue que \u00e9ste cumpli\u00f3 los 50 a\u00f1os de edad exigidos por la convenci\u00f3n colectiva cuando ya no estaba vigente su v\u00ednculo laboral, por lo que no era beneficiario de la pensi\u00f3n convencional pedida. <\/p>\n

En un caso an\u00e1logo al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente asunto, donde el accionante era otro ex-trabajador del mentado ente territorial, para denegar la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, dej\u00f3 dicho esta Sala, in extenso, que: <\/p>\n

1. Examinado el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se zanj\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto en el litigio bajo estudio, no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

En efecto, la Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral infiri\u00f3 razonadamente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n ning\u00fan dislate pudo incurrir el ad quem, pues la intelecci\u00f3n que le dio a la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita el 9 de diciembre de 1970, en armon\u00eda con la s\u00e9ptima de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo adiada el 30 de noviembre de 1978, se aviene \u00edntegramente a lo que all\u00ed se pact\u00f3, tal como pasa a explicarse:\u201d <\/p>\n

\u201cDicha cl\u00e1usula establece: (\u2026) El Gobierno Departamental continuar\u00e1 reconociendo la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) a\u00f1os de trabajo y cincuenta (50) a\u00f1os de edad\u201d. <\/p>\n

\u201cFrente a la interpretaci\u00f3n de esta misma cl\u00e1usula convencional, esta Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente en sentencia CSJ SL17982-2017, reiterada en sentencia CSJ SL726-2018, as\u00ed: Entonces al revisar objetivamente la cl\u00e1usula convencional, se observa que de su contenido es dable extraer, como lo entendi\u00f3 el juez plural, que la intensi\u00f3n de las partes fue pactar que los 20 a\u00f1os de servicios para el reconocimiento de la pensi\u00f3n extralegal, deber\u00edan ser prestados al Departamento de Antioquia y que los 50 a\u00f1os de edad se cumplan en vigencia de la relaci\u00f3n laboral, lo que resulta l\u00f3gico, dado que lo usual, como arriba qued\u00f3 precisado, es que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se ocupe s\u00f3lo de los servicios prestados por los trabajadores al empleador que suscribe el convenio de trabajo y al cual se obliga, o como lo concluy\u00f3 el sentenciador de alzada, no es posible que recaigan los efectos de las convenciones colectivas suscritas por el Departamento de Antioquia y su sindicato de trabajadores, sobre per\u00edodos o tiempos laborados en otras entidades o empresas, en este caso para el Municipio de Medell\u00edn; cosa diferente ser\u00eda si las partes en los acuerdos extralegales prev\u00e9n tales sumatorias, lo cual lejos estuvo de ocurrir en el caso de autos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En consecuencia, como el actor no acredit\u00f3 haber cumplido los 20 a\u00f1os de servicio al aqu\u00ed demandado, pues con el citado ente territorial, s\u00f3lo labor\u00f3 18 a\u00f1os y 254 d\u00edas; adem\u00e1s como aparece demostrado en el expediente, el demandante cuando se retir\u00f3 del citado ente territorial, 5 de diciembre de 2005, no hab\u00eda consolidado los 50 a\u00f1os de edad a que se refiere la cl\u00e1usula duod\u00e9cima de la convenci\u00f3n colectiva suscrita el 9 de diciembre de 1970, pues s\u00f3lo los vino a cumplir el 21 de julio de 2007, se concluye que no se equivoc\u00f3 el Tribunal al inferir que el se\u00f1or Sa\u00fal Gonzaga Ram\u00edrez Alzate no tiene derecho a la pensi\u00f3n extralegal a cargo de la demandada Departamento de Antioquia\u201d. <\/p>\n

\u201c[E]s pertinente recordar que el principio de favorabilidad no opera frente a la valoraci\u00f3n probatoria que hagan los jueces, sino de cara a la interpretaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas. De entenderse que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo es fuente formal del derecho, dicho postulado o el de in dubio pro operario operar\u00eda bajo el supuesto de existir dos o m\u00e1s interpretaciones s\u00f3lidas contrapuestas. Significa esto que no es cualquier choque interpretativo el que da lugar a aplicar la favorabilidad, sino aquel originado a partir de dos o m\u00e1s interpretaciones firmes y bien fundamentadas o estructuradas, tal como lo ha dicho la Sala, entre otras en sentencia SL18110-2016 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2. Aunque el convocante no comparta los anteriores argumentos, ello no convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza para permitirle el paso a esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue adoptado teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable al caso concreto. <\/p>\n

3. En el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 20161, precisa que aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para el efecto. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aqu\u00e9llas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente; situaci\u00f3n que no se otea en este caso. <\/p>\n

La cuesti\u00f3n controvertida deja clara la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica que cumple el recurso de casaci\u00f3n, otorgando seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima a la ciudadan\u00eda, en la labor de los jueces, al concentrar la funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, de la hermen\u00e9utica jur\u00eddica y de la coherencia del sistema normativo, as\u00ed como la fijaci\u00f3n de los derroteros doctrinales en cabeza del juez permanente de la casaci\u00f3n y no en la de unos de naturaleza transitoria como acontece con los de descongesti\u00f3n. <\/p>\n

4. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d2 (CSJ STC16103-2018, 7 dic., rad. 2018-02213-01). <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, se concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la manera como los jueces naturales valoraron las pruebas recaudadas e interpretaron las normas que regulan el caso concreto de cara a la prestaci\u00f3n convencional reclamada, encontrando inviable su reconocimiento a quienes cumplieron el requisito de la edad de 50 a\u00f1os cuando el v\u00ednculo laboral ya hab\u00eda cesado, con apoyo en precedentes jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, lo que implicaba la improsperidad de las pretensiones del gestor. <\/p>\n

En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n

Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n

3.\tLo dicho impone respaldar la sentencia de primer grado, destacando que el precedente de la Corte Constitucional invocado (SU-241\/15) no es aplicable al presente asunto, por cuanto la situaci\u00f3n all\u00ed tratada recay\u00f3 sobre una convenci\u00f3n colectiva de otra entidad y con una redacci\u00f3n de su clausulado claramente dis\u00edmil al de aquella contenida en la que se fund\u00f3 el juicio laboral reprochado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tPor \tla cual se modifican los art\u00edculos\u00a015\u00a0y\u00a016\u00a0de \tla Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de \tJusticia, creando con car\u00e1cter transitorio las salas de \tdescongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la \tCorte Suprema de Justicia.
\n2 \tCSJ \tSTC, 18 mar. 2010, rad. 00367-00; reiterada el 3 jun. 2011, rad. \t00974-01; y el 18 en. 2012.
\n14<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC348-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02212-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante frente al fallo proferido el 23 de octubre de 2018 por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102734","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102734","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102734"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102734\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102734"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102734"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102734"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}