{"id":102737,"date":"2026-07-02T16:35:26","date_gmt":"2026-07-02T16:35:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102737"},"modified":"2026-07-02T16:35:26","modified_gmt":"2026-07-02T16:35:26","slug":"stc358-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc358-2019\/","title":{"rendered":"STC358-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC358-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2018-02443-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 20 de noviembre de 2018, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Erik Larry G\u00e1mez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial del Distrito Capital, actuaci\u00f3n a la que fue vinculado V\u00edctor Rub\u00e9n Rodr\u00edguez Prieto. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso que dijo vulnerado por las autoridades accionadas.
\nSolicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto el fallo de tutela de 19 de septiembre de 2018 proferido por la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, y en consecuencia, \u00abse revoque de manera directa la resoluci\u00f3n n\u00ba 20182130123785 del 12 de octubre de 2018, expedida por la CNSC\u00bb (folios 1 y 2, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n

2.1. V\u00edctor Rub\u00e9n Rodr\u00edguez Prieto promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela en contra de la Universidad Nacional de Colombia y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de que se calificara debidamente las pruebas de competencias b\u00e1sicas, funcionales y comportamentales que present\u00f3 dentro de la convocatoria n\u00ba 431 de 2016 para la provisi\u00f3n del cargo de conductor en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial del Distrito Capital, pues \u00abla pregunta n\u00ba 2 de la prueba de competencias b\u00e1sica generales, no guardaba relaci\u00f3n con los ejes tem\u00e1ticos propuestos por la Comisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, quien con fallo de 8 de agosto de 20181 neg\u00f3 al amparo suplicado, al considerar que incumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad; determinaci\u00f3n impugnada por el actor.
\n2.3. El 19 de septiembre de 20182, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el fallo impugnado, accediendo a la salvaguarda implorada, al considerar, en s\u00edntesis, que seg\u00fan la respuesta otorgada por \u00abla jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial\u2026 [que] indic\u00f3 que le asiste raz\u00f3n al accionante, por cuanto la pregunta n\u00ba 2 del cuestionario de la prueba de competencias b\u00e1sicas no tiene relaci\u00f3n con el contenido de los ejes tem\u00e1ticos de la misma\u00bb, se evidenciaba la vulneraci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n

En consecuencia, le orden\u00f3 a las accionadas que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia \u00abemitan el acto administrativo a trav\u00e9s del cual publiquen el resultado de la prueba de competencias b\u00e1sicas generales de la OPEC 24800 de la convocatoria n\u00ba 431 de 2016, para ocupar el cargo de conductor de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial, en el cual considerar\u00e1n como correcta cualquier respuesta suministrada a la pregunta n\u00ba 2 de dicha prueba, esto es, aquella relacionada con la corporaci\u00f3n que emite las ordenanzas, tanto para el ciudadano V\u00edctor Rub\u00e9n Rodr\u00edguez Prieto, como para Erick Larry G\u00e1mez\u00bb. <\/p>\n

4. Relat\u00f3 \t\tel quejoso, en lo medular, que las \t\tautoridades accionadas quebrantaron sus prerrogativas de primer \t\tgrado, toda vez que \u00abno \t\tfu[e] notificado de la curso de la tutela\u00bb pese \t\ta tener un inter\u00e9s directo, pues tambi\u00e9n particip\u00f3 \t\ten dicha convocatoria, \t\tpresentando \t\tlas mismas pruebas que Rodr\u00edguez Prieto; que la decisi\u00f3n \t\tadoptada por el Tribunal desconoci\u00f3 que \u00ablas \t\tpruebas cuentan con un respaldo totalmente v\u00e1lido que no \t\tpueden cambiar por el criterio de la Comisi\u00f3n, teniendo en \t\tcuenta que las mismas pasa[n] por un estudio minucioso que no puede \t\tser desconocido por el Despacho\u00bb. <\/p>\n

4. Agreg\u00f3 \t\tque en \t\tcumplimiento del fallo cuestionado, la Comisi\u00f3n Nacional del \t\tServicio Civil expidi\u00f3 la resoluci\u00f3n n\u00ba \t\t20182130123785 de 12 de octubre de 2018, mediante la cual conform\u00f3 \t\tla lista de elegibles para proveer una vacante del empleo, donde \t\tV\u00edctor Rub\u00e9n obtuvo el primer lugar. <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitaci\u00f3n y Mantenimiento Vial inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que lo cuestionado son las decisiones proferidas por las sedes judiciales accionadas al interior de la acci\u00f3n de tutela 2018-00092 (folios 23 a 25, cuaderno 1). <\/p>\n

2. El Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el gestor, por cuanto aqu\u00e9l fue enterado de dicho tr\u00e1mite constitucional sin que efectuara ning\u00fan pronunciamiento; remiti\u00f3 copias de las decisiones (folios 47 y 48, cuaderno 1). <\/p>\n

2. V\u00edctor \tRub\u00e9n Rodr\u00edguez Prieto se \tpronunci\u00f3 sobre los hechos de la salvaguarda; sostuvo que el \taccionante fue enterado de la acci\u00f3n de tutela por \u00e9l \tinterpuesta, al punto que el Tribunal le extendi\u00f3, a su \tfavor, los efectos de la orden impartida; que no se vulner\u00f3 \tlas prerrogativas del gestor, por cuanto al modificar el puntaje \tconforme lo dispuesto en el fallo de tutela, le permiti\u00f3 \tcontinuar con el concurso, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 \tcon Erick G\u00e1mez, toda vez que su resultado fue inferior al \tsuyo (folios 75 a 77, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La \tSala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inst\u00f3 \tla improcedencia del resguardo, al considerar que la acci\u00f3n \tsupralegal no proced\u00eda contra otra del mismo linaje; \tmanifest\u00f3 que contrario a lo afirmado por el accionante, \taqu\u00e9l si fue vinculado a la solicitud de amparo reprochada, \tas\u00ed como los dem\u00e1s participantes inscritos para el \tcargo de conductor grado 1 (OPEC 24800); que la decisi\u00f3n \tcuestionada tambi\u00e9n ampar\u00f3 las garant\u00edas del \tactor, en atenci\u00f3n al derecho a la defensa (folios 137 y 138, \tcuaderno 1). <\/p>\n

2. La \tUniversidad Nacional de Colombia refiri\u00f3 \tque la salvaguarda incumpl\u00eda con el requisito de \tsubsidiariedad, pues el gestor pod\u00eda acudir a la acci\u00f3n \tde nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar \tlos actos administrativos por esta v\u00eda censurados; que la \tconvocatoria no desconoci\u00f3 los derechos fundamentales de los \tparticipantes; que no se evidencia un perjuicio irremediable (folios \t154 a 158, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La \tComisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil anot\u00f3 \tque la convocatoria n\u00ba 431 de 2016 se adelant\u00f3 conforme \tel proceso de selecci\u00f3n correspondiente; que Erick Larry \tG\u00e1mez present\u00f3 las reclamaciones respectivas, las que \tfueron resueltas oportunamente; que con relaci\u00f3n a las \tpruebas de competencias b\u00e1sicas generales, el accionante \tobtuvo un calificaci\u00f3n definitiva de 55.74, quedando \teliminado del concurso habida cuenta que el puntaje m\u00ednimo \tera de 65; que en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal \tconvocado, la Universidad Nacional procedi\u00f3 a realizar la \trecalificaci\u00f3n del actor y de V\u00edctor Rub\u00e9n \tRodr\u00edguez Prieto, por lo que este \u00faltimo alcanz\u00f3 \tun puntaje final de 65.45 (folios 161 a 167, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no procede acci\u00f3n supralegal contra sentencias de tutela, resaltando que la facultad de revisar esos fallos recaen en la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de su eventual revisi\u00f3n; destac\u00f3 que la vulneraci\u00f3n alegada era inexistente, pues el actor hab\u00eda sido debidamente vinculado al tr\u00e1mite fustigado, al punto que la orden impartida por el Tribunal la extendi\u00f3 a su favor. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que si el desacuerdo del gestor era la resoluci\u00f3n n\u00ba CNSC-20182130133785 del 12 de octubre de 2018 proferida en cumplimiento de la orden de tutela cuestionada, al considerar que no lo calific\u00f3 debidamente, pod\u00eda acudir al incidente de desacato, o atacarlo a trav\u00e9s de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa (folios 221 a 236, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la parte actora manifestando que el a quo constitucional \u00abinterpret\u00f3 de manera equivocada [su] petici\u00f3n\u2026 pues lo que alega no es no haber sido vinculado al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela\u2026 sino la afectaci\u00f3n que se [le] caus\u00f3 con la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada\u00bb; resalt\u00f3 que la salvaguarda cuestionada incumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues V\u00edctor Rub\u00e9n Rodr\u00edguez contaba con la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho para atacar el acto administrativo censurado, raz\u00f3n por la que no era viable acceder al amparo implorado por aqu\u00e9l, m\u00e1xime cuando se estaba modificando las reglas del concurso (folios 239 y 240, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tCircunscrita la Sala al estudio de la impugnaci\u00f3n presentada, no cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 19 de septiembre de 2018, que revoc\u00f3 el proferido el 8 de agosto anterior por el despacho 22 Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, accediendo a la solicitud de amparo deprecada por V\u00edctor Rub\u00e9n Rodr\u00edguez Prieto, para, en su lugar, por esta v\u00eda, denegar el mismo. <\/p>\n

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n

Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n

Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n

Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n

3.\tBajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n

De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n el pasado 13 de noviembre, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional (T-7055604). <\/p>\n

4.\tAhora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n

Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja del peticionario no se contrae a dichas situaciones, m\u00e1xime cuando contrario a lo afirmado por el actor, este fue debidamente vinculado a dicho tr\u00e1mite constitucional, seg\u00fan lo visto a folio 4, cuaderno Corte. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, el presente reclamo se torna improcedente, lo que denota confirmar la sentencia censurada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tLuego \tde subsanar la nulidad declarada por el Tribunal el 23 de julio de \t2018.
\n2 \tPrevia \tcitaci\u00f3n de Erick Larry G\u00e1mez, y de todos y cada uno \tde los interesados y participantes inscritos en el concurso de \tm\u00e9ritos para el cargo de conductor grado 1 (OPEC 24800).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC358-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2018-02443-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 20 de noviembre de 2018, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102737","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102737","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102737"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102737\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102737"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102737"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102737"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}