{"id":102738,"date":"2026-07-02T16:35:33","date_gmt":"2026-07-02T16:35:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102738"},"modified":"2026-07-02T16:35:33","modified_gmt":"2026-07-02T16:35:33","slug":"stc360-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc360-2019\/","title":{"rendered":"STC360-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC360-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2018-00182-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2018 por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Oviedo Galicia contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de Garz\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculada Mery D\u00edaz Tovar. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abpropiedad privada\u00bb y a la \u00abbuena fe\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n

En consecuencia, solicita se \u00abproceda a dictar sentencia conforme a los supuestos de hecho y de derecho que debi\u00f3 haber tenido en cuenta seg\u00fan las pruebas allegadas en tiempo oportuno y regular para fundar toda decisi\u00f3n judicial\u00bb (folio 3, cuaderno 1). <\/p>\n

2.1. Luis Alberto Oviedo Galicia promovi\u00f3 juicio de nulidad absoluta de promesa de compraventa contra Mery D\u00edaz Tovar, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Garz\u00f3n, despacho que en sentencia de 6 de septiembre de 2018 deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n

2.2. El Juzgado Primero Civil del Circuito del mismo lugar en prove\u00eddo de 11 de septiembre de 2018 declar\u00f3 inadmisible el recurso formulado, por lo que el demandante interpuso reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y en auto de 22 de octubre se mantuvo la determinaci\u00f3n y se deneg\u00f3 la alzada por improcedente. <\/p>\n

2.3. Indic\u00f3 el accionante que el 16 de agosto de 2016 celebr\u00f3 un contrato de promesa de venta parcial con Mery D\u00edaz Tovar; que promovi\u00f3 un juicio de nulidad absoluta de dicho convenio, pues adolec\u00eda de los requisitos previstos en el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, que modific\u00f3 el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil; y en el referido contrato se consign\u00f3 otra matr\u00edcula inmobiliaria, es decir, se omiti\u00f3 la tradici\u00f3n real de su inmueble. <\/p>\n

2.4. Se\u00f1al\u00f3 que pese a lo narrado fueron denegadas las pretensiones de su demanda, fallo que fue recurrido y sustentado, pese a que no se concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para allegar los reparos; en la providencia de primer grado se acogi\u00f3 oficiosamente la ineficacia o inexistencia del contrato preparatorio, bajo el argumento de que con la escritura p\u00fablica con la que se efectu\u00f3 la compraventa del apartamento desaparec\u00eda el negocio jur\u00eddico de la promesa, sin tener en cuenta que la demanda fue admitida antes de que se suscribiera ese documento. <\/p>\n

2.5. Adujo que el estrado del circuito acusado declar\u00f3 inadmisible la alzada aduciendo que se trataba de una demanda de m\u00ednima cuant\u00eda, pese a que el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la cuant\u00eda se determina por el valor de todas las pretensiones, esto es, $30.000.000 del contrato de promesa m\u00e1s el juramento estimatorio; que el juzgador criticado se limit\u00f3 al negocio jur\u00eddico y dej\u00f3 de lado los frutos que se reclamaban; y dicho juramento no fue objetado, por lo que se deb\u00eda apreciar. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n inform\u00f3 que despu\u00e9s de tramitar el recurso de apelaci\u00f3n, devolvi\u00f3 el expediente al despacho de origen. <\/p>\n

2. El Juzgado Segundo Civil Municipal de ese lugar realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el 6 de septiembre de 2018 profiri\u00f3 sentencia denegando las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue apelada, pero concedida la alzada, el estrado del circuito consider\u00f3 que el recurso era improcedente; que no ha transgredido las prerrogativas esenciales del gestor, en tanto que ha brindado todas las garant\u00edas legales, tramit\u00f3 adecuadamente el proceso, decret\u00f3 las pruebas pertinentes y amparado en ello, adopt\u00f3 la respectiva decisi\u00f3n, concediendo el recurso interpuesto. <\/p>\n

3. Mery D\u00edaz Tovar refiri\u00f3 que dentro del proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de suscribir documentos se profiri\u00f3 sentencia el 25 de enero de 2017, la que fue confirmada el 7 de julio siguiente, firm\u00e1ndose la escritura p\u00fablica; que el proceso de resoluci\u00f3n de contrato que promovi\u00f3 el ahora accionante tambi\u00e9n termin\u00f3 de forma adversa a sus pretensiones; que no se demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales; y que no ten\u00eda reparo frente a las decisiones emitidas por los estrados acusados. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se vulneraron los derechos del accionante al declarar probada una defensa que no fue invocada, pues de conformidad con el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso cuando se hallen probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n se debe reconocer oficiosamente; que compart\u00eda el sustento jur\u00eddico, f\u00e1ctico y probatorio de la providencia censurada, pues la promesa contractual perdi\u00f3 eficacia, no por la nulidad que alega el accionante, sino por la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica en cumplimiento de dicha promesa; que aceptar la tesis del peticionario ser\u00eda desconocer los efectos de la providencia emitida en el juicio ejecutivo, pues si consideraba que el t\u00edtulo era nulo, debi\u00f3 proponerlo en ese tr\u00e1mite, lo contrario ser\u00eda revivir una instancia concluida; que siendo el asunto de \u00fanica instancia, era improcedente la alzada, por lo que su inadmisi\u00f3n resulta ajustada a derecho; y el hecho que no comparta las decisiones emitidas no traduce en que sean arbitrarias. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuesto en el escrito inicial y aduciendo que la sentencia que neg\u00f3 la nulidad invocada, se fund\u00f3 en pruebas que no fueron allegadas con la contestaci\u00f3n de la demanda sino presentadas posteriormente, conculc\u00e1ndose su derecho de defensa; y si lo que pretend\u00eda la parte demandada era probar la cosa juzgada, la misma era extempor\u00e1nea y no era de recibo. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que el 6 de septiembre de 2018 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Garz\u00f3n, dict\u00f3 sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que tras ser recurrida en apelaci\u00f3n, fue inadmitida en prove\u00eddo de 11 de septiembre de 2018 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de ese lugar, que a su vez impugnada, se mantuvo en auto de 22 de octubre siguiente, tras considerarse que: <\/p>\n

Delanteramente se advierte por esta operadora judicial, que los planteamientos invocados por el recursista no podr\u00e1n ser acogidos por el despacho, como pasa a verse. <\/p>\n

Se\u00f1ala el art\u00edculo 26 del Estatuto General del Proceso, que la cuant\u00eda se determinar\u00e1 por: "1. Por el valor de todas las pretensiones de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci\u00f3n." <\/p>\n

A su vez el canon 25 de la misma obra, hace una distinci\u00f3n relativa a que cuando la competencia se determine por el valor de la cuant\u00eda, los procesos: "son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv)" <\/p>\n

Al revisar el l\u00edbelo impulsor, la parte actora en el ac\u00e1pite de cuant\u00eda, claramente la determina en la suma de treinta millones de pesos, rese\u00f1ando igualmente el juramento estimatorio en cuant\u00eda de $28.800.000, as\u00ed bajo estos par\u00e1metros, y atendiendo las directrices trazadas por el propio actor, no puede colegirse que este asunto se trate de menor cuant\u00eda, pues en efecto, aquella para el presente a\u00f1o, est\u00e1 comprendida entre 31.249.680 y 117.186.300, por ende no resulta acertado acoger las suplicas del recursista. <\/p>\n

Sobre esta tem\u00e1tica, el tratadista Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, en su obra C\u00f3digo General del Proceso Parte General, precis\u00f3: <\/p>\n

"En ocasiones se acude adicionalmente al criterio de la cuant\u00eda para efectos de predicar competencia, y es as\u00ed como el CGP adopta como gu\u00eda \u00fanica el criterio de cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n, que usualmente es la autoestimaci\u00f3n econ\u00f3mica que hace el demandante de lo que es el valor de su derecho; es entonces la manifestaci\u00f3n contenida en la demanda acerca de lo que considera como el monto de la pretensi\u00f3n la gu\u00eda para fijar la cuant\u00eda del proceso, salvo que norma especial determine un criterio diferente para fijar dicha cuant\u00eda." <\/p>\n

"La cuant\u00eda del proceso tiene como finalidad esencial, ubicar los procesos dentro de alguno de los tres grandes rangos de cuant\u00edas se\u00f1alados por el art\u00edculo 25 del CGP, pues \u00e9stos seg\u00fan sean de m\u00ednima, menor o mayor cuant\u00eda encuentran una competencia diversa; m\u00ednima y menor ante los jueces municipales, mayor ante los de circuito, en tanto que el tr\u00e1mite varia sin son de m\u00ednima cuant\u00eda, dado que \u00e9stos se ventilan en instancia \u00fanica."\u2026 <\/p>\n

Ahora, en relaci\u00f3n con la apelaci\u00f3n interpuesta como subsidiaria, es menester precisar que la misma es improcedente, ya que la alzada es el sendero hacia la segunda instancia, por ello se descarta su procedencia respecto de las providencias que se pronuncien en el curso de tal instancia\u2026 <\/p>\n

3. Bajo el anterior contexto, se advierte que el amparo est\u00e1 llamado a prosperar, puesto que se transgredieron las garant\u00edas de primer orden del promotor, por cuanto el juzgador del circuito convocado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho. <\/p>\n

Ciertamente, el ad-quem inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada bajo el argumento de que el proceso era de m\u00ednima cuant\u00eda y por ende de \u00fanica instancia, sin tener en cuenta lo previsto en el estatuto procesal civil sobre dicho punto, ni apreciar lo consignado en el plenario. <\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que la cuant\u00eda se determina \u00abpor el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Luego, si en las pretensiones de la demanda se deprec\u00f3 la declaratoria de la nulidad del contrato de promesa de compraventa, as\u00ed como el pago de los frutos producidos desde el 16 de agosto de 2002 hasta la fecha de entrega del inmueble, no pod\u00eda el juzgador del circuito desconocer las mismas, equiparando el ac\u00e1pite de la cuant\u00eda -la que se estim\u00f3 en $30.000.000-, con el del juramento estimatorio \u2013en el que se tasaron los frutos civiles en la suma de $28.800.000-, y concluir as\u00ed que se trataba de un juicio de \u00fanica instancia. <\/p>\n

En un asunto, que guarda cierta simetr\u00eda con el actual, en el que se declar\u00f3 bien denegado un recurso en raz\u00f3n a la cuant\u00eda, esta Sala concedi\u00f3 el resguardo precisando que: <\/p>\n

Del examen de los medios de convicci\u00f3n acopiados al tr\u00e1mite tuitivo se desprende que el actor formul\u00f3 demanda verbal que busc\u00f3 declarar, de forma principal, la nulidad absoluta de la servidumbre\u2026; [y] ordenar a los demandados la entrega de la franja de terreno afectada y condenarlos al pago de frutos civiles y naturales\u2026 <\/p>\n

En tal virtud, resultaba imperativo para el despacho de circuito al momento de analizar la queja impetrada por el accionante -contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada propuesta frente al rechazo de la demanda- verificar realmente la naturaleza de la demanda, as\u00ed como los pedimentos en ella contenidos, pues por raz\u00f3n de lo reglado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso, la cuant\u00eda del libelo se establece \u00abpor el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda\u00bb; lo que deja ver que dicha autoridad pas\u00f3 inadvertido el hecho de que se tratara de un proceso de nulidad absoluta de la servidumbre, que no uno de extinci\u00f3n del gravamen, en el que adem\u00e1s de pedir la anulaci\u00f3n del acto, tambi\u00e9n se rog\u00f3 de forma acumulada el reconocimiento de perjuicios materiales -con independencia de la indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones y el doble reconocimiento de perjuicios, pues esos son aspectos que compete analizar al juez de la alzada cuando resuelva sobre la legalidad del rechazo de la demanda-, por lo que era necesario sumar tales pedimentos para determinar si se trataba de un asunto de m\u00ednima o menor cuant\u00eda, aspecto que dar\u00eda paso al recurso vertical formulado por el demandante frente al auto que rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n

Igualmente, como en el acto jur\u00eddico, cuya nulidad se solicit\u00f3, no aparec\u00eda consignado el precio del gravamen, al hacer una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica e integral del precepto 26 del estatuto procesal vigente, debi\u00f3 tenerse en cuenta el valor catastral del predio afectado, como en efecto se dispone para los procesos de servidumbre, ello aunado a los frutos y perjuicios suplicados. <\/p>\n

En ese orden de ideas, surge evidente que err\u00f3 el despacho de circuito al declarar bien denegada la alzada, bajo el inexistente argumento, seg\u00fan el cual se trataba de una demanda de extinci\u00f3n de la servidumbre en la que el valor del predio sirviente no superaba la m\u00ednima cuant\u00eda, puesto que dio una lectura del libelo que no se acompasaba con la realidad del mismo, como qued\u00f3 dicho en p\u00e1rrafos anteriores. En esa medida, se declarar\u00e1 que el estrado de circuito incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho\u2026 (CSJ STC037-2018, 18 en. 2018, rad. 2017-00717-01). <\/p>\n

4. De manera que se concluye que el juzgador del circuito querellado no sustent\u00f3 de forma suficiente y precisa el prove\u00eddo de 22 de octubre de 2018, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado frente al de 11 de septiembre anterior y, en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que: <\/p>\n

\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u2026 (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, se impone la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar, acceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso del promotor, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede del circuito acusada que, tras dejar sin efecto la decisi\u00f3n censurada de 22 de octubre de 2018, proceda a dictar una nueva que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada, en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Luis Alberto Oviedo Galicia. En consecuencia, dispone: <\/p>\n

Segundo: Ordenar al Juzgado Segundo Civil Municipal del mismo lugar, enviar de inmediato el expediente objeto de la queja tutelar al referido estrado del circuito, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n

Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC360-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2018-00182-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2018 por la Sala Civil \u2013 Familia – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102738","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102738","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102738"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102738\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102738"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102738"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102738"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}