{"id":102745,"date":"2026-07-02T16:36:39","date_gmt":"2026-07-02T16:36:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102745"},"modified":"2026-07-02T16:36:39","modified_gmt":"2026-07-02T16:36:39","slug":"stc383-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc383-2019\/","title":{"rendered":"STC383-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC383-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-04082-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Basilio Chaustre contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad, siendo vinculados al tr\u00e1mite las partes e intervinientes en el juicio pertenencia radicado n\u00ba 2013-00171. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl solicitante, obrando en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades jurisdiccionales accionadas. <\/p>\n

2.\tRelata que promovi\u00f3 demanda de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio contra los \u00abherederos de Dominga Chaustre\u00bb, respecto del inmueble ubicado en la \u00abmanzana 14, lote 20, Atalaya primera etapa\u00bb de C\u00facuta, sobre el cual afirma haber ejercido posesi\u00f3n desde el a\u00f1o 2003 tras el fallecimiento de la mencionada, quien fue su progenitora y figura como titular. Alega que es \u00abreconocido como poseedor por propios y extra\u00f1os\u00bb y que en el proceso los testigos \u00abdieron fe\u00bb de ello. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que tanto en primera como segunda instancia se desestim\u00f3 su pretensi\u00f3n, y apunta en concreto a la decisi\u00f3n del tribunal, que en providencia de 20 de junio de 2018 al resolver la \u00abalzada\u00bb indic\u00f3 que no demostr\u00f3 la calidad de poseedor as\u00ed como tampoco la suma de posesiones, pues \u00abno se pudo detectar el tiempo que empec\u00e9 la independencia en mis actos posesorios (\u2026) y que no demostr\u00e9 la interversi\u00f3n de hijo a poseedor\u00bb, desconociendo las pruebas y testimonios que dieron cuenta de lo contrario. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pide que se revoquen las sentencias que le fueron desfavorables y se declare que \u00abhe adquirido el bien por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio, en raz\u00f3n a haber demostrado plenamente los requisitos que la ley establece para ello\u00bb (fls. 1 a 4). <\/p>\n

El Tribunal Superior de C\u00facuta, Sala Civil Familia, a trav\u00e9s del magistrado ponente de la decisi\u00f3n reprochada, sostuvo que en \u00e9sta \u00abse analiz\u00f3 el material probatorio obrante en el plenario, la confesi\u00f3n efectuada por el mismo demandante en la forma como ingres\u00f3 al inmueble, que hasta el a\u00f1o 1994 la titular del dominio (madre del demandante) tambi\u00e9n viv\u00eda en el predio objeto de usucapi\u00f3n, los testimonios recepcionados al interior del proceso y dem\u00e1s documentales que permitieron considerar que contrario a lo afirmado por el actor, \u00e9ste intervirti\u00f3 su calidad de mero tenedor en poseedor, \u00fanicamente despu\u00e9s del fallecimiento de la se\u00f1ora Dominga Chaustre el 6 de diciembre de 2003 y entre dicha calenda y el momento de interponerse la acci\u00f3n no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino requerido para adjudicarse el inmueble por prescripci\u00f3n\u00bb (fl. 29). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada al denegar las pretensiones al actor dentro del juicio de pertenencia radicado 2013-00171, al considerar que no demostr\u00f3 la condici\u00f3n de poseedor del inmueble objeto de litigio. <\/p>\n

2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

As\u00ed mismo, se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n

3.\tDecisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

Si bien el reclamo se dirige contra los fallos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 20 de junio de 2018 por el Tribunal Superior de C\u00facuta, Sala Civil Familia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n

4.\tLa providencia cuestionada. <\/p>\n

Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron a la Sala Civil Familia de la corporaci\u00f3n accionada para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9lla no es resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n

En efecto, el tribunal para abordar los reparos formulados, delimit\u00f3 el problema jur\u00eddico a dilucidar as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) si el demandante pudo haber intervertido el t\u00edtulo de mero tenedor a poseedor entre el a\u00f1o 1994 y el 6 de diciembre de 2003; y si intervirti\u00f3 su t\u00edtulo de heredero de la se\u00f1ora Dominga Chaustre de Ferreira en poseedor, desconociendo la calidad de sus coherederos (\u2026) para establecer si el tiempo transcurrido es suficiente para acceder a la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb. <\/p>\n

Luego de ello, resalt\u00f3 la imprecisi\u00f3n conceptual en la que incurri\u00f3 el apoderado del demandante al: \u00ab(\u2026) de manera indiscriminada acu\u00f1ar los t\u00e9rminos \u201cmero tenedor\u201d y \u201cposeedor\u201d como sin\u00f3nimos (\u2026) es menester precisar que los actos de mera tenencia son los que se ejercen sobre una cosa, no como due\u00f1o, sino en lugar o a nombre de \u00e9ste, de manera que generalmente se aplica a todo el que tienen una cosa reconociendo dominio ajeno; en tanto que la posesi\u00f3n, doctrinalmente, es conocida como la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, explic\u00f3 los presupuestos normativos para determinar la procedibilidad de la prescripci\u00f3n alegada en el caso, as\u00ed indic\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en efecto, bien sabido es que la prescripci\u00f3n en t\u00e9rmino del art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil es el modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse pose\u00eddo las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo (sic) y concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales, de all\u00ed que la misma ostente unos presupuestos axiol\u00f3gicos indicados por la doctrina y jurisprudencia para su viabilidad que son: a. posesi\u00f3n material en el demandante, b. que la misma se cumpla en forma quieta pacifica, continua e ininterrumpida. C que la cosa o el derecho sobre el cual se ejerce la posesi\u00f3n sea susceptible de adquirirse por este fen\u00f3meno y d. que la posesi\u00f3n se prolongue por el t\u00e9rmino de ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Y frente al transcurso del tiempo como requisito, expuso: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) comoquiera que el objeto de la presente apelaci\u00f3n se circunscribe a establecer si el tiempo durante el cual el se\u00f1or Jos\u00e9 Basilio Chaustre, ha pose\u00eddo con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o en forma exclusiva el predio identificado (\u2026) es suficiente para determinar su adquisici\u00f3n por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio tener en cuenta que hasta el 6 de diciembre de 2003 actuaba como mero tenedor, pues convivi\u00f3 con la propietaria del predio objeto de controversia, es necesario dilucidar, si a la fecha se configur\u00f3 o no una interversi\u00f3n del t\u00edtulo entendida esta como el frontal desconocimiento del derecho del due\u00f1o por parte del tenedor, realizando actos de explotaci\u00f3n sin reconocer dominio ajeno. <\/p>\n

Lo anterior en la medida que, jur\u00eddicamente, bien es sabido que el simple lapso del tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil, de manera que el mero tenedor nunca podr\u00e1 lograr adquirir por prescripci\u00f3n un bien salvo que se rebele e ignore al propietario e inicie desde ese instante su posesi\u00f3n a nombre propio actuando como se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026) de manera que corresponde al tenedor probar, adem\u00e1s de los presupuestos temporales, la mutaci\u00f3n del t\u00edtulo, su ocurrencia y el momento en el cual se produjo, so pena de dar aplicaci\u00f3n a la regla contenida en el art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil de presumir la mala fe, que impedir\u00eda la procedencia de la prescripci\u00f3n, ya que es necesario vislumbrar la existencia de la mutaci\u00f3n de la tenencia a posesi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

De esta forma, al descender al caso precis\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) si bien es cierto que el demandante solicita la pertenencia del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria (\u2026) ya que entr\u00f3 en posesi\u00f3n, seg\u00fan expone en su demanda, desde 1994, que ha instalado servicios p\u00fablicos, los ha pagado al igual que el impuesta predial desde 1999, no lo es menos que dichos actos en manera alguna denotan la posesi\u00f3n material del predio, pues t\u00e9ngase en cuenta que si bien la posesi\u00f3n y la tenencia tienen un punto en com\u00fan que corresponde al factor externo de ocupaci\u00f3n de la cosa, dichas figuras jur\u00eddicas resultan bien diferentes, incluso son excluyentes entre s\u00ed (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Frente al particular advirti\u00f3: \u00ab(\u2026) si bien el accionante alega una posesi\u00f3n de m\u00e1s de 20 a\u00f1os (\u2026) refiere que vive en el predio desde hace m\u00e1s de 56 a\u00f1os, porque lleg\u00f3 siendo un ni\u00f1o, es claro que la calidad en la que entr\u00f3 a habitar el inmueble fue como hijo de la causante, de manera que no puede decir que \u00e9ste ostent\u00f3 desde el principio la calidad de poseedor del bien, circunstancia por la cual es necesario, tal como lo requiere la jurisprudencia, que el demandante demuestre la intervenci\u00f3n del t\u00edtulo, que en el presente asunto no se cumple, por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

En primer lugar, porque el se\u00f1or Jos\u00e9 Basilio Chaustre, contaba con 43 a\u00f1os de edad, naci\u00f3 el 5 de marzo de 1951, no es menos cierto que en dicha calenda la se\u00f1ora Dominga Chaustre tambi\u00e9n viv\u00eda en el predio pero no pagaba arriendo y no reconoc\u00eda posesi\u00f3n al demandante, pues de dicha circunstancia da cuenta la declaraci\u00f3n por la se\u00f1ora Cecilia Ardila Delgada, que (\u2026) manifest\u00f3 que conoci\u00f3 a la se\u00f1ora Dominga Chaustre cuando viv\u00eda en el inmueble, de manera que mal puede inferirse que por el hecho de cancelar los servicios e impuestos, el demandante ostent\u00f3 la posesi\u00f3n del predio en franca y ostensible rebeld\u00eda de los derechos de domino de su legitima titular; asimismo, que dicha se\u00f1ora hubiese tenido actos de mera tolerancia respecto a la posesi\u00f3n deprecada por el accionante cuando no existe prueba por un lado del consentimiento expresado o por lo menos exteriorizado por uno u otro sujeto tendiente a demostrar la mutaci\u00f3n de la tenencia, y por el otro el momento exacto a partir del cual dicho evento aconteci\u00f3, circunstancias que destruye la existencia de la posesi\u00f3n alegada ya que bien es sabido que la ambig\u00fcedad es un vicio de la posesi\u00f3n que la hace jur\u00eddicamente est\u00e9ril o in\u00fatil\u00bb. <\/p>\n

Y continu\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en segundo lugar, y aun cuando pudiere pensarse que la posesi\u00f3n deprecada acaeci\u00f3 despu\u00e9s del fallecimiento de la se\u00f1ora Dominga Chaustre, esto es, 6 de diciembre de 2003, como lo reconocieron los se\u00f1ores Henry Ferreira Chaustre y Fernando Chaustre, a partir de dicha calenda el demandante los recibi\u00f3 con violencia y no de manera pac\u00edfica, al punto que se inici\u00f3 el juicio de sucesi\u00f3n de la mencionada causante y no obstante haber sido citado a dicho proceso este no compareci\u00f3. <\/p>\n

As\u00ed, considera la sala que la pretensi\u00f3n tampoco tendr\u00eda acogida alguna habida cuenta que tal como lo expusiera la a quo, entre dicha fecha y el momento en el cual se interpuso la presente acci\u00f3n (18 de junio de 2013), tan solo hab\u00edan transcurrido 9 a\u00f1os 6 meses y 12 d\u00edas, t\u00e9rmino inferior al requerido por la legislaci\u00f3n para considerar que hab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio el inmueble objeto de este proceso\u00bb. <\/p>\n

Respecto al alegato sobre la configuraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n del inmueble como vivienda de inter\u00e9s social, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) de igual forma esa pretensi\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 llamada al fracaso, habida cuenta que para acceder a la adjudicaci\u00f3n de esta clase de inmueble, es menester, tal como lo refiere la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 29 de septiembre de 2010, exp. 1999-00949-01, que \u201cadem\u00e1s del aval\u00fao inferior al tope m\u00e1ximo exigido por el legislador, en este caso 135 smlmv, es menester que la destinaci\u00f3n o uso que se le d\u00e9 al mismo sea exclusivamente de vivienda de inter\u00e9s social\u201d, circunstancia que en el caso de marras no acontece\u00bb. <\/p>\n

Para determinar lo anterior, se apoy\u00f3 en el informe rendido por el auxiliar de la justicia que realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial al predio en litigio, de lo cual extrajo: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) que el inmueble tiene un valor superior a los 135 smlmv, pues est\u00e1 avaluado en la suma de $117\u2019552.674, sino que adem\u00e1s est\u00e1 siendo utilizado de igual manera como taller de electricidad automotriz, circunstancia que impide analizar el asunto a la luz de los preceptos establecidos en la ley 9\u00ba de 1989, ya que existe una explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble, raz\u00f3n por dem\u00e1s para negar las pretensiones de la demanda, pues como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia, \u201cla explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de otras dependencias escapa al esp\u00edritu de la ley 9\u00ba de 1989, dado que esto conlleva el \u00e1nimo de lucro, lo que desnaturaliza el fin dado por la ley a las viviendas de inter\u00e9s social consistente en dar soluci\u00f3n de vivienda a los hogares de menores ingresos que por sus condiciones socio econ\u00f3micas no pueden acceder a cr\u00e9ditos en el sector financiero\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, concluy\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) teniendo en cuenta que el se\u00f1or Chaustre no acredit\u00f3 el tiempo requerido por la ley para declarar la pertenencia sobre el bien que dice ejercer la posesi\u00f3n, y adem\u00e1s lo explota econ\u00f3micamente, raz\u00f3n proceso la cual no puede acudir a los lineamientos de la ley 9\u00ba de 1989 para el reconocimiento de sus pretensiones, esta sala al igual que la a quo, negar\u00e1 las pretensiones incoadas (\u2026)\u00bb (Disco compacto \u2013 audiencia lectura de fallo de segunda instancia \u2013 minuto 12:49 a 36:33). <\/p>\n

Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se presenta es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal efectu\u00f3 la valoraci\u00f3n del contexto jur\u00eddico planteado, del cual no logr\u00f3 establecerse el cumplimiento de los presupuestos jur\u00eddico-normativos que dan lugar a la usucapion pretendida, pues no demostr\u00f3 el demandante, por un lado, su condici\u00f3n de poseedor desde el momento en que alega comenz\u00f3 a ejercer como tal, y por el otro, el requisito temporal legalmente previsto para esos efectos. <\/p>\n

Adem\u00e1s, los argumentos a partir de los cuales el accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial no tienen la potencialidad de propiciar la intervenci\u00f3n del juez constitucional, ya que se circunscriben \u00fanicamente a cuestionar la decisi\u00f3n que le fue adversa, sin se\u00f1alar de manera concreta los errores que considera cometi\u00f3 la colegiatura acusada en ella; luego, como lo ha indicado esta Corte en precedencia, el simple disentimiento frente a la providencia atacada no resulta suficiente para habilitar el resguardo, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1[n] demostrado[s] [los] defecto[s] apuntado[s] en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Al respecto, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n

Finalmente, huelga recordar que con suficiencia ha precisado la Sala que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Se negar\u00e1 el auxilio porque la decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC383-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-04082-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Basilio Chaustre contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102745","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102745","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102745"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102745\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102745"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}