{"id":102746,"date":"2026-07-02T16:36:49","date_gmt":"2026-07-02T16:36:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102746"},"modified":"2026-07-02T16:36:49","modified_gmt":"2026-07-02T16:36:49","slug":"stc384-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc384-2019\/","title":{"rendered":"STC384-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC384-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2019-00010-00
\n(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Libardo Castillo Le\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados Sexto y Cuarenta y Siete Civiles del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2013-00565. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Obrando en nombre propio, el accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, buena fe y a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, supuestamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro del recaudo que promovi\u00f3 H\u00e9ctor Alfonso Rodr\u00edguez Herrera en su contra. <\/p>\n

En cumplimiento de lo anterior, el a-quo libr\u00f3 orden de apremio y su abogado \u00abprocedi\u00f3 a contestar la demanda, pero desafortunadamente no atac\u00f3 el mandamiento de pago por v\u00eda de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Se\u00f1ala que durante la audiencia de alegaciones y fallo adelantada por el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (autoridad que continu\u00f3 conociendo del asunto), su mandatario pidi\u00f3 que se ejerciera control de legalidad sobre el t\u00edtulo y aleg\u00f3 que el asunto deber\u00eda tramitarse \u00abpor la v\u00eda verbal u ordinaria, ya que se trata de establecer m\u00e1s bien una agencia comercial\u00bb, pero el despacho orden\u00f3 seguir con el recaudo. <\/p>\n

Expone que el 21 de junio de 2018 el tribunal confirm\u00f3 el fallo argumentando que fue \u00abesa misma corporaci\u00f3n quien hab\u00eda otorgado m\u00e9rito ejecutivo a los documentos base de la ejecuci\u00f3n y que ese no era el momento jur\u00eddico para alegar tales situaciones\u00bb. Agrega que la obligaci\u00f3n estaba cancelada y el demandante carec\u00eda de la facultad para demandar.
\n3. Pide, en consecuencia, que se anule todo lo actuado en el juicio civil \u00abpor haber otorgado m\u00e9rito ejecutivo a los documentos base de recaudo\u00bb (ff. 175 y 175). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Sexta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que remiti\u00f3 el expediente a su hom\u00f3logo Cuarenta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad el 2 de septiembre de 2015 (f. 205). <\/p>\n

2. El titular de este \u00faltimo despacho dijo que el amparo no cumple con el requisito de inmediatez, dado que las sentencias cuestionadas fueron dictadas el 11 de diciembre de 2017 y 21 de junio de 2018 (f. 207). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades censuradas vulneraron las prerrogativas denunciadas por darle car\u00e1cter de t\u00edtulo ejecutivo a los documentos allegados como soporte de la acci\u00f3n y librar mandamiento de pago en contra del convocante. <\/p>\n

2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n

Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n

3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n

Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental\u2026Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n

De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n

Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse en relaci\u00f3n con la providencia del tribunal del 15 de noviembre de 2013 que revoc\u00f3 la de primer grado que neg\u00f3 la orden de pago, cuya notificaci\u00f3n se produjo al apoderado del accionante el 25 de abril de 2014 (f. 157), mientras que el presente auxilio se radic\u00f3 el 19 de diciembre de 2019 (f. 186, v), esto es, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n

Entonces, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada; adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques contra providencias judiciales. <\/p>\n

4. El presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n

El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n

En el caso que se revisa se configura la primera modalidad dado que el apoderado del gestor no aleg\u00f3 la supuesta falta de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 497 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil aplicable para la \u00e9poca que prev\u00e9: \u00ablos requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo solo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago. Con posterioridad no se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo, sin perjuicio del control oficioso de legalidad\u00bb. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n

Con dicha omisi\u00f3n, el inconforme desaprovech\u00f3 la posibilidad de alegar ante el mismo juez de conocimiento todos los reproches que hace sobre la idoneidad de los documentos allegados como soporte del recaudo, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n

Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial reafirma la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercer la tutela. <\/p>\n

5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

El auxilio ser\u00e1 desestimado porque el afectado se demor\u00f3 en ejercer este mecanismo y no demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza; adem\u00e1s, los reparos sobre los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo debieron plantearse a trav\u00e9s de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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