{"id":102750,"date":"2026-07-02T16:37:22","date_gmt":"2026-07-02T16:37:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102750"},"modified":"2026-07-02T16:37:22","modified_gmt":"2026-07-02T16:37:22","slug":"stc389-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc389-2019\/","title":{"rendered":"STC389-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC389-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02461-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 21 de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jos\u00e9 Jorge Zamora Camacho contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral objeto de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al m\u00ednimo vital, a la dignidad humana y a los derechos de las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta, que considera vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n proferida el 21 de noviembre de 2018 por cuanto el juez rechaz\u00f3 la solicitud de medida cautelar formulada. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que i) se d\u00e9 aplicaci\u00f3n a los principios de favorabilidad, progresividad y reconocimiento de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y ii) se d\u00e9 prelaci\u00f3n al fallo definitivo dentro del proceso ordinario laboral resolviendo dentro de la acci\u00f3n de tutela el recurso de casaci\u00f3n interpuesto o se acceda a las pretensiones de manera transitoria. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1.1. El se\u00f1or Jos\u00e9 Marciano Zamora Angulo, padre del accionante, disfrutaba de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida mediante resoluci\u00f3n No 140 del 25 de enero de 1979. <\/p>\n

1.2. Al Fallecer el se\u00f1or Jos\u00e9 Marciano Zamora Angulo, la prestaci\u00f3n pensional que devengaba fue sustituida en un 50% a favor de su c\u00f3nyuge en un porcentaje y a sus tres hijos menores de edad, incluyendo al accionante, en otro. <\/p>\n

1.3. En el a\u00f1o 2000 cuando el tutelante ten\u00eda 21 a\u00f1os de edad, recibi\u00f3 un impacto de bala que lo dej\u00f3 parapl\u00e9jico. <\/p>\n

1.4. En vida la madre del accionante destin\u00f3 parte de los ingresos de la pensi\u00f3n de sobreviviente para cubrir los gastos m\u00e9dicos y la manutenci\u00f3n del tutelante, raz\u00f3n por la cual cuando esta falleci\u00f3 el accionante inici\u00f3 la reclamaci\u00f3n administrativa de la pensi\u00f3n de sobreviniente para que se le sustituyera la prestaci\u00f3n pensional. <\/p>\n

1.5. La reclamaci\u00f3n administrativa fue resuelta de manera negativa, en consecuencia el se\u00f1or Zamora Camacho promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela No 2013-00647-00 la cual fue negada en primera instancia por el Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n

1.6. En sentencia del 23 de octubre de 2013, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 decidi\u00f3 revocar el fallo de primera instancia y en su lugar concedi\u00f3 el amparo constitucional como mecanismo transitorio durante el t\u00e9rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo la acci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n

1.7. En consecuencia se profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n No 50665 del 31 de octubre de 2013 en la que se reconoci\u00f3 al accionante de manera transitoria un porcentaje de 50% de pensi\u00f3n de sobreviviente. <\/p>\n

2. El primero de agosto del mismo a\u00f1o el apoderado del accionante present\u00f3 nuevamente demanda ordinaria, fundamentada en los mismos hechos, la cual fue retirada el 20 de enero de 2015, por desacuerdo de los honorarios. <\/p>\n

3. Como consecuencia de la presentaci\u00f3n y retiro de la demanda ordinaria en dos oportunidades, mediante Resoluci\u00f3n No 014198 del 14 de abril de 2015 se orden\u00f3 cancelar el pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente que percib\u00eda el accionante. <\/p>\n

4. Por lo anterior el accionante interpuso una nueva demanda ordinaria la cual se tramit\u00f3 bajo el radicado 2015-00485-00. <\/p>\n

5. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito Bogot\u00e1 quien neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n

6. Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante apel\u00f3. <\/p>\n

7. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n

8. Contra esta decisi\u00f3n, la apoderada del accionante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

9. El 13 de septiembre de 2017, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia admiti\u00f3 la casaci\u00f3n. <\/p>\n

10. La apodera del accionante present\u00f3 solicitud de medida cautelar para que se le conceda una pensi\u00f3n de sobreviviente de manera provisional hasta tanto se emitir\u00eda la decisi\u00f3n definitiva. <\/p>\n

11. La Sala Laboral de esta corporaci\u00f3n el 21 de noviembre del presente a\u00f1o rechaz\u00f3 por improcedente la solicitud de medida cautelar. <\/p>\n

12. En criterio del peticionario del amparo la negativa de la medida cautelar vulner\u00f3 sus derechos fundamentales pues se encuentra en un estado de mendicidad, adicionalmente hay una falta de celeridad por parte de la Sal de Casaci\u00f3n Laboral frente al tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n

C. Tramite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 8 de noviembre de 2018, La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y orden\u00f3 vincular a la U.G.P.P y al Juzgado 25 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, igualmente orden\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Sala Laboral de la Corte que rindiera informe frente al tr\u00e1mite impartido al recuso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el accionante y se dispuso el traslado a los involucrados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. <\/p>\n

2. El Subdirector Jur\u00eddico Pensional de la UGPP se opuso a las pretensiones de la tutela y solicit\u00f3 que se declarara improcedente. <\/p>\n

Por su parte, el Magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Mauricio Burgos Ruiz pidi\u00f3 que se nieguen las pretensiones pues no se han vulnerado los derechos del accionante pues la solicitud elevada por el actor no estaba llamada a prosperar, debido que la Corporaci\u00f3n no est\u00e1 facultada para decretar medidas caut\u00e9lales durante el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

A su turno, la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que el tr\u00e1mite del recurso se esa surtiendo, el 2 de marzo de 2018 el recurso ingres\u00f3 al despacho para sentencia, la cual ser\u00e1 proferida en el mismo orden que hayan ingresado los expedientes para tales efectos, sin que se pueda alterar, salvo los casos de sentencia anticipada y prelaci\u00f3n legal adem\u00e1s de los previstos en la ley. <\/p>\n

3. Mediante sentencia de 21 de noviembre de 2018, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, tras estimar que Sala en su rol de Juez Constitucional no puede invadir la \u00f3rbita de decisi\u00f3n de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que de acuerdo con la Constituci\u00f3n y la ley, es la autoridad competente para pronunciarse de fondo y de manera definitiva frente a las pretensiones econ\u00f3micas cuya satisfacci\u00f3n demanda el accionante , m\u00e1xime si se tiene en cuenta que seg\u00fan la jurisprudencia nacional, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n es un mecanismo de defensa judicial id\u00f3neo para la protecci\u00f3n del debido proceso. Adem\u00e1s, como quiera que el proceso ordinario laboral que aqu\u00ed se cuestiona se halla vigente y en curso. <\/p>\n

4. Inconforme el accionante impugn\u00f3 el fallo proferido. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

2. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados y en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

3. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo deprecado resulta improcedente, ya que no atiende el principio de subsidiariedad pues el tutelante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para cuestionar la sentencia emitida. <\/p>\n

Atendiendo el car\u00e1cter residual y absolutamente excepcional del amparo, no puede desconocer la Corte que el proceso laboral examinado todav\u00eda no ha finalizado, puesto que al momento de la interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional se hallaba pendiente de resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo que conlleva ineludiblemente a que el quejoso a\u00fan cuenta con medios de defensa judicial id\u00f3neos a su alcance para la defensa de sus derechos, de lo que se deduce, entonces, la improcedencia de la solicitud de amparo. <\/p>\n

4. Por consiguiente, las determinaciones del Tribunal accionado no pueden considerarse definitivas, circunstancias que tornan en prematura la acci\u00f3n de tutela y, a todas luces, emerge inconveniente la intervenci\u00f3n del juez constitucional, dado que no es permitido que a trav\u00e9s suyo se suplan los mecanismos procesales de defensa. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, resulta inviable entrar a analizar por medio de la acci\u00f3n constitucional la soluci\u00f3n de una controversia que est\u00e1 pendiente de ser decidida por los jueces naturales mediante los mecanismos de contradicci\u00f3n que la legislaci\u00f3n adjetiva prev\u00e9. <\/p>\n

Sobre este tema la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n

(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente\u2026 para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley. (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC, 11 jul. 2013, rad. 00183-01) <\/p>\n

5. En ese orden, no puede admitirse que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en la instancia, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo. <\/p>\n

6. Aunado a lo anterior la jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

7. En el asunto sub examine, el gestor de la queja se duele de la negativa de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n de conceder la medida cautelar solicitada. No obstante, la Sala advierte que la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso de rechazar la solicitud de medida cautelar no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n la autoridad accionada empez\u00f3 por precisar: <\/p>\n

(\u2026)[l]a citada medida debe solicitarse, tramitarse y decidirse ante el juez de la primera instancia, ya que el legislador no le dio a esta Corporaci\u00f3n la facultad de decretar dichas medidas dentro del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

Afirmaci\u00f3n que se logra fortalecer con el art\u00edculo 15 del Estatuto Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por el cual, se determinan espec\u00edficamente los asuntos de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, no incorporando para su conocimiento las solicitudes de medidas cautelares, por lo que resulta improcedente la petici\u00f3n elevada. <\/p>\n

Adem\u00e1s, es necesario precisar que el canon 65 ibidem, determina que el auto que decida sobre una medida cautelar es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n en efecto devolutivo, y como quiera que las providencias dictadas por esta Sala no son susceptibles de dicho recurso, esta solicitud s\u00f3lo es procedente en instancia. <\/p>\n

Hecha esta precisi\u00f3n, la Sala advierte que no est\u00e1 facultada para decretar medidas cautelares durante el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. En consecuencia manifest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

(\u2026) [A]s\u00ed las cosas, al ser el juez de primera instancia quien debe tramitar la solicitud de medida cautelar, por Secretar\u00eda, se ordenar\u00e1 remitir las copias oportunas al nombrado fallador para que resuelva lo que en derecho sea pertinente, seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Conforme lo anterior, deber\u00e1 rechazarse por improcedente la solicitud referida y en consecuencia, ordenar proseguir con el tr\u00e1mite del recurso extraordinario. <\/p>\n

8. Precisado esto, surge palpable que la pretensi\u00f3n del promotor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n

Por ello, el accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera la desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

9. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad judicial accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la demandante. <\/p>\n

\u00ab\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Sentencia de 29 de abril de 2011, Exp. T. No. 11001-22-10-000-2011-00094-01). <\/p>\n

Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n

Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019\u00bb (Sentencia de 20 de septiembre de 2011, exp. 11001 02 03 000 2011 01853 -00). <\/p>\n

De ah\u00ed, que al revisar el tr\u00e1mite del asunto sometido al conocimiento de la autoridad accionada, no se advierte una dilaci\u00f3n que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por el promotor del amparo, pues el estado de la actuaci\u00f3n no surge de un acto arbitrario, infundado o caprichoso de la Sala de Casaci\u00f3n accionada que justifique la intervenci\u00f3n del juez constitucional en la \u00f3rbita de acci\u00f3n de la misma para inmiscuirse en las funciones que ejerce con la autonom\u00eda e independencia reconocidas por la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

11. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC389-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02461-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 21 de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102750\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}