{"id":102752,"date":"2026-07-02T16:37:42","date_gmt":"2026-07-02T16:37:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102752"},"modified":"2026-07-02T16:37:42","modified_gmt":"2026-07-02T16:37:42","slug":"stc391-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc391-2019\/","title":{"rendered":"STC391-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC391-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2018-00222-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 23 de noviembre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fernando Alberto Zapata Soto contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 2014-01853. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada al aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito pese a las irregularidades en que, en su criterio, incurri\u00f3 el juzgador de instancia durante el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, los fundamentos de hecho, conforme los present\u00f3 el tribunal a-quo, son los siguientes: <\/p>\n

\u00abQue mediante acta de conciliaci\u00f3n del 29 de enero de 2008 ante el juzgado accionado se fij\u00f3 cuota alimentaria a favor de su hija A.S.Z.M. por un valor equivalente al 30% de salario devengado y dem\u00e1s prestaciones de Ley, la cual de manera posterior se modific\u00f3 por acuerdo entre las mismas partes en proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, quedando la cuota en el 25% del salario y prestaciones legales y extralegales que devengue mensualmente el actor. <\/p>\n

Que la madre de la menor present\u00f3 demanda ejecutiva de alimentos, la cual correspondi\u00f3 al mismo Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad de Medell\u00edn bajo el radicado 05 001 3110 004 2014 1853, por lo que se profiri\u00f3 en su contra mandamiento de pago el 24 de septiembre de 2014 a favor de la menor A.S.Z.M. por la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($9.868.727,oo), fecha para la cual se encontraba laborando para Bancolombia S.A. devengando un salario de tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta pesos ($3.445.370,oo). Que adem\u00e1s se decret\u00f3 la medida de embargo del 30% del salario y dem\u00e1s prestaciones sociales legales y extralegales por \u00e9l devengadas. <\/p>\n

Que frente al mandamiento de pago se pronunci\u00f3 y propuso excepciones de pago total y pago parcial, habi\u00e9ndose probado solamente la \u00faltima, en sentencia del 23 de junio de 2015. En consecuencia, se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTE PESOS ($6.318.020,oo), se le conden\u00f3 en costas en un 50% y "se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n y el archivo del proceso". <\/p>\n

Que las partes aportaron liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el 14 de julio de 2015 y el 29 de julio del mismo a\u00f1o, el Juzgado accionado realiz\u00f3 liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito donde se tuvo como valor adeudado la suma de doscientos diecinueve mil setecientos noventa y un pesos con cinco centavos. ($219.791,05), saldo que procedi\u00f3 a pagar el actor para cancelar la totalidad de la deuda, porque ya hab\u00eda realizado abonos a la misma. <\/p>\n

Que el Juzgado Cuarto de Familia de Oralidad profiri\u00f3 auto el 5 de marzo de 2016 en el que advirti\u00f3 que las liquidaciones presentadas por ejecutante y ejecutado no se encontraban ajustadas a derecho, porque los intereses no fueron liquidados conforme al art\u00edculo 1617 del C. Civil, como tampoco fueron imputados los abonos respectivos, ni se tuvieron en cuenta las cuotas causadas, situaci\u00f3n que las partes desconoc\u00edan toda vez que en la sentencia del 23 de junio de 2015 no se hizo referencia a las cuotas causadas, dado que las mismas se fueron pagando mes a mes por el demandado como consta en los recibos aportados al Despacho. <\/p>\n

Que en auto del 4 de abril de 2016 el Juzgado procedi\u00f3 a modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito extralimit\u00e1ndose, porque incluy\u00f3 arbitrariamente las cuotas causadas desde el 1o de octubre de 2014 hasta la fecha en que seg\u00fan el juzgado se realice el pago, lo cual no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia del 23 de junio de 2015, lo que violenta su derecho fundamental al debido proceso por estarse cobrando sumas de dinero que no se ordenaron en la sentencia y porque son cantidades dineradas que se cancelaron mes a mes mientras tuvo curso el proceso. <\/p>\n

Que el 19 de junio de 2017 solicit\u00f3 nuevamente la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n y aport\u00f3 una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, empero el 22 de junio siguiente, el juzgado accionado realiz\u00f3 una actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n, notificada por estados el 25 siguiente, en la que sigui\u00f3 imputando las cuotas causadas hasta esa fecha.
\nQue present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n "a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito" elaborada por el juzgado, donde discrimin\u00f3 los pagos por \u00e9l realizados, sin embargo en auto del 26 de julio de 2018 no se repuso la decisi\u00f3n, bajo el argumento que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito del 4 de abril de 2016 se encontraba en firme, por lo que la actualizaci\u00f3n que se hac\u00eda del cr\u00e9dito era con base en ella, actuar con el que considera se contin\u00faa violando su derecho fundamental del debido proceso, porque se sigue desconociendo lo ordenado en la sentencia del 23 de junio de 2015, al imputar m\u00e1s de lo debido por incluir en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cuotas que se siguieron causando cuando ello no fue materia de decisi\u00f3n. <\/p>\n

Considera que se configura en el caso defecto f\u00e1ctico y material (\u2026), porque a pesar de que ha tratado de persuadir de muchas formas al Juzgado para que enmiende su error y ponerle de presente cada uno de los recibos de pago, no valora ni tiene en cuenta dichas pruebas\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende que por esta v\u00eda \u00abse REVOQUE inmediatamente la providencia del 26 de julio de 2018 y todas aquellas con las que se contin\u00fae violando el derecho fundamental al debido proceso\u00bb; se ordene al acusado \u00abrealizar nuevamente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en donde se tenga en cuenta \u00fanica y exclusivamente lo decretado en sentencia del 23 de junio de 2015\u00bb, y \u00abDECLARAR la terminaci\u00f3n por pago del proceso (\u2026) toda vez que como se prueba con los recibos de pago, el suscrito se encuentra a paz y salvo\u00bb, levantando las \u00abexcesivas\u00bb las medidas cautelares (fls. 1 a 9, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. Beatriz Elena Murillo, en su calidad de madre de la menor cuyos alimentos son materia de ejecuci\u00f3n, se opuso a lo pretendido al manifestar que \u00abdebe probarse\u00bb en el proceso la existencia de los \u00abABONOS realizados para mitigar el monto de la obligaci\u00f3n de que trata el EJECUTIVO y a su vez cu\u00e1nto dinero FALTA POR PAGAR para lograr su cancelaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1alando que existen dos obligaciones \u00abdistintas\u00bb a cargo del demandado: \u00aba) La derivada del proceso ejecutivo por cuotas que deb\u00eda pagar cumplidamente y no lo hizo, y b) La CUOTA ALIMENTARIA que (\u2026) se causa diariamente\u00bb, por lo que lo perseguido con la tutela \u00abes tratar de enredar las cuentas de las DOS OBLIGACIONES para SACAR PROVECHO y NO CUMPLIR con lo adeudado\u00bb (fls. 89 y 90, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. El Procurador Diecisiete Judicial II de Familia de Medell\u00edn, dijo que \u00abel juez no hizo una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas, al realizar el reconocimiento parcial de las sumas adeudadas por parte del se\u00f1or FERNANDO ALBERTO ZAPATA SOTO\u00bb, por lo que \u00abse podr\u00eda estar incurriendo en una v\u00eda de hecho por defecto procedimental\u00bb, pues el accionado \u00abno tuvo la precauci\u00f3n de verificar la existencia de los pagos relacionados\u00bb, y ante ello \u00abse hace indispensable que se verifiquen de manera real los pagos realizados y entrar as\u00ed a establecer el verdadero pago\u00bb (fls. 91 y 92, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. El Juez Cuarto de Familia de Medell\u00edn se opuso al amparo, aduciendo que el 15 de septiembre de 2015, no se tuvo en cuenta la liquidaci\u00f3n presentada por el ejecutado por contener yerros, lo cual \u00abse hizo ver mediante auto del 5 de marzo de 2016\u00bb, y ante ello, el 4 de abril de ese a\u00f1o se aprob\u00f3 la operaci\u00f3n que arroj\u00f3 \u00abtotal capital m\u00e1s intereses de mora adeudados $18.455.233.80\u00bb; dijo que, contrario a lo afirmado por el demandante, \u00abse liquid\u00f3 conforme a lo expuesto en la sentencia y a los abonos, sin existir extralimitaci\u00f3n en la condena pues hay que liquidar las cuotas que en lo sucesivo se causen hasta la cancelaci\u00f3n total de la deuda\u00bb. Insisti\u00f3 en que al ejecutado \u00abnunca\u00bb se han vulnerado las prerrogativas invocadas por el ejecutado, y que no ha declarado la terminaci\u00f3n del pleito porque para ello debe acreditarse el pago \u00abde las cuotas al d\u00eda de la liquidaci\u00f3n (\u2026), desprendi\u00e9ndose del an\u00e1lisis del proceso que a la fecha no ha finalizado de cancelar su obligaci\u00f3n\u00bb (fls. 93 y 94, \u00eddem). <\/p>\n

SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Concedi\u00f3 el resguardo en protecci\u00f3n de los derechos de la alimentaria tras considerar que el accionado, \u00abal momento de proferir el fallo del 23 de junio de 2015, no tuvo en cuenta la totalidad de los aspectos a que refiere el auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo, toda vez que aunque se orden\u00f3 en dicha providencia seguir adelante la ejecuci\u00f3n por la suma de seis millones trescientos dieciocho mil veinte pesos (6.318.020,oo), practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito , conden\u00f3 en costas a la parte demandada (\u2026), incurri[\u00f3] en una flagrante incongruencia, al haber ordenado \u201cla terminaci\u00f3n del proceso y el archivo definitivo\u201d\u00bb, y \u00abnada dijo sobre las cuotas que \u201cen lo sucesivo se causen\u201d cuya liquidaci\u00f3n peticion\u00f3 la parte ejecutante en el numeral tercero del ac\u00e1pite de pretensiones\u00bb, como lo preve\u00eda el art\u00edculo 498 del estatuto procesal vigente para cuando ese acto tuvo lugar. <\/p>\n

Entonces, advirtiendo que el juez de tutela no pod\u00eda dejar de enmendar los yerros anotados, y que tanto la sentencia como la actuaci\u00f3n subsiguiente \u00abresultan arbitrarias y antojadizas\u00bb, dej\u00f3 sin valor ni efecto esas actuaciones y le orden\u00f3 al accionado renovarlas para que se corrigiera los desafueros observados, y, en esas condiciones, consider\u00f3 \u00abinnecesario adentrase en el an\u00e1lisis de los reparos aducidos por el accionante relativos a la ilegalidad del auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito emitido el 22 de junio de 2018, as\u00ed como la ausencia de valoraci\u00f3n de la prueba documental que acredita los abonos realizados a la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb (fls. 96 a 105, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el accionante para refutar que el tribunal, \u00abdespu\u00e9s de 3 a\u00f1os declarara sin efectos la sentencia del 23 de junio de 2015 y por ende las actuaciones subsiguientes, cuando ninguna de las partes ni los intervinientes se oponen o se encuentran en desacuerdo con la providencia dictada en su momento por al Juez\u00bb, y \u00abm\u00e1s a\u00fan cuando del material probatorio\u2026, se despende claramente que no han sido vulnerados los derechos de la menor involucrada, por cuanto las cuotas alimentarias se han cancelado sagradamente por este demandado, mes a mes, por lo que, a pesar de que en efecto se dict\u00f3 sentencia sin ordenar el pago de las cuotas que se causen, no afectar\u00eda para nada la situaci\u00f3n de la menor, pues como se puede observar en las pruebas aportadas no se dej\u00f3 de pagar la cuota de alimentos, incluso en los meses que no he tenido empleo\u00bb. Acot\u00f3 que si bien el juez excepcional no se encuentra limitado a las pretensiones, \u00abello no significa que pueda ignorar lo pedido (\u2026), que no es otra cosa que el reconocimiento de lo pagado y el consecuente levantamiento de las medidas cautelares\u00bb (fls. 114 a 116, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, al aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito practicada por el accionado dentro del ejecutivo de alimentos n\u00ba 2014-01853, o si por el contrario esa determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez excepcional.
\n2. \tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que esta acci\u00f3n no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala encuentra que la concesi\u00f3n del auxilio deber\u00e1 revocarse, toda vez que la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y su ratificaci\u00f3n en sede de reposici\u00f3n, no comporta desafuero susceptible de corregir a trav\u00e9s de esta senda, en tanto esa decisi\u00f3n obedece a un criterio razonable; no obstante, se exhortar\u00e1 al enjuiciado para que presentada la actualizaci\u00f3n de dicha operaci\u00f3n contable, otorgue el respectivo valor probatorio a todos los documentos allegados por el demandado para soportar los abonos y enseguida adopte la decisi\u00f3n a que haya lugar. <\/p>\n

4.1.\tFallos extra y ultra\u00a0petita\u00a0en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

Habida cuenta lo definido por el a-quo, preliminarmente se hace necesario que la Sala aborde el tema en menci\u00f3n, y para ello memora que sobre dicha figura jur\u00eddica, el precedente constitucional, de manera uniforme y reiterada, ha dicho que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) dada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no s\u00f3lo resulta procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean\u00a0extra o ultra\u00a0petita.\u00a0Argumentar lo contrario significar\u00eda que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violaci\u00f3n, o amenaza de violaci\u00f3n de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podr\u00eda ordenar su protecci\u00f3n, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal. Ello equivaldr\u00eda a que la administraci\u00f3n de justicia tendr\u00eda que desconocer el mandato contenido en el art\u00edculo 2\u00ba superior y el esp\u00edritu mismo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues -se reitera- la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de derecho\u00bb (CC T-310\/95). <\/p>\n

Dicha postura fue objeto de unificaci\u00f3n por esa Corporaci\u00f3n, precisando que \u00ab[E]n consideraci\u00f3n a la naturaleza fundamental de los derechos amparados por la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el r\u00e9gimen de la tutela est\u00e1 dotado de una mayor laxitud que el resto de las acciones jur\u00eddicas. En efecto, mientras que el pronunciamiento judicial\u00a0ultra\u00a0y\u00a0extra\u00a0petita\u00a0est\u00e1 vedado en materia civil, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil,\u00a0al juez de tutela le est\u00e1 permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cu\u00e1les son los derechos fundamentales vulnerados y\/o amenazados, disponiendo lo necesario para su efectiva protecci\u00f3n\u00bb (SU-484\/08). <\/p>\n

En pronunciamiento posterior reiter\u00f3: \u00ab[E]n cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser\u00a0extra y ultra petita\u00a0en materia de tutela,\u00a0esta Corte de manera pac\u00edfica ha se\u00f1alado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste (\u2026) y adem\u00e1s quien determina los derechos fundamentales violados\u00bb, y que \u00abconforme a la condici\u00f3n\u00a0sui generis\u00a0de esta acci\u00f3n, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales\u00bb\u00a0(CC SU-195\/12). <\/p>\n

Por su parte, esta Sala, tambi\u00e9n en forma reiterada y constante, ha sostenido que para resolver el ruego constitucional, es deber del juez proteger las garant\u00edas fundamentales que encuentre conculcadas, realizando un estudio panor\u00e1mico del caso, dirigido a adoptar las decisiones que se requieran para conjurar la vulneraci\u00f3n o amenaza que encuentre probada, que \u00aben sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (CSJ STC 15 mar. 2011, exp. 00003-01, reiterada entre otras en STC-1214, 7 feb. 2014, exp. 02652-01; STC-17652-2017, 27 oct. 2017, rad. 02079-01 y STC18719-2017, 10 nov. 2017). <\/p>\n

Bajo el anterior entendimiento, en el presente asunto la situaci\u00f3n no daba margen para que el tribunal a-quo hubiera hecho uso de esa facultad-deber, pues las falencias observadas en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo de alimentos, no tornaba indispensable proferir orden a favor de la menor alimentaria, y menos para invalidar la actuaci\u00f3n surtida a partir de una sentencia dictada desde el 23 de junio de 2015, por la elemental raz\u00f3n de que tal decisi\u00f3n en nada beneficiaba a la alimentaria, es m\u00e1s, perjudica sus intereses y de paso los de sus padres como contendientes en el juicio. <\/p>\n

Lo anterior, porque, en primer lugar, el hecho de que en dicho fallo se hubiera ordenado seguir la ejecuci\u00f3n por una suma determinada ($6\u00b4318.020), omitiendo pronunciarse acerca de \u00ablas cuotas que en lo sucesivo se causen\u00bb, conforme al mandamiento de pago librado el 24 de septiembre de 2014 (fl. 33, cd. Copias), y a lo prevenido en el art\u00edculo 498 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para cuando dicho prove\u00eddo se dict\u00f3, hoy retomado en similares t\u00e9rminos en el canon 431 del C\u00f3digo General del Proceso, no produjo consecuencias adversas para la alimentaria, pues el juzgado dio por sentado que las mesadas se segu\u00edan causando, deb\u00edan liquidarse y pagarse, al punto que ese entendimiento llev\u00f3 al actor a formular este reproche constitucional. <\/p>\n

N\u00f3tese que la discusi\u00f3n que actualmente mantiene el all\u00ed ejecutado con el juzgado, radica en que \u00e9ste no ha decretado la terminaci\u00f3n del proceso, precisamente porque considera que la ejecuci\u00f3n no se limita a la cifra se\u00f1alada en la sentencia, sino a todas aquellas cuotas que mensualmente se vienen causando de acuerdo al t\u00edtulo ejecutivo que data del 29 de enero de 2008 (fls. 5 y 6, ib\u00eddem), enfatizando que atender\u00e1 su pedimento una vez acredite el pago total de la obligaci\u00f3n, contabilizada a la fecha de la liquidaci\u00f3n actualizada del cr\u00e9dito. <\/p>\n

En segundo lugar, porque la incongruente decisi\u00f3n contenida en el numeral quinto del fallo (fl. 128, ib\u00edd.), verificada en la respectiva audiencia (CD, fl. 10, cd. 1), consistente en ordenar \u00abla terminaci\u00f3n del proceso y el archivo definitivo\u00bb, tampoco generaron el efecto jur\u00eddico que de su literalidad podr\u00eda darse y ante lo cual s\u00ed tendr\u00eda asidero la salvaguarda de los intereses superiores de la menor, pues lo que se dio enseguida por el despacho acusado, demuestra que dicha terminaci\u00f3n del pleito result\u00f3 inocua. <\/p>\n

Esto, porque conforme qued\u00f3 dicho en precedencia, el juzgado no ha atendido las peticiones elevadas por el demandado para dar por concluido el proceso, lo que significa que la criticable terminaci\u00f3n dispuesta por la funcionaria encartada, s\u00f3lo qued\u00f3 como una irregular manera de se\u00f1alar que daba por finalizado el tr\u00e1mite formal del litigio, pues sabido es que los asuntos compulsivos no acaban con la providencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n sino con la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n cobrada, y a esa etapa culminante se llega luego de establecer con certeza que todos los abonos realizados por el obligado, fueron tenidos en cuenta para ese espec\u00edfico resultado. <\/p>\n

Significa lo anterior que la resoluci\u00f3n brindada al presente asunto por el fallador de primer grado, no puede ser prohijada por la Corte, ya que en momento alguno las deficiencias observadas dentro de la ejecuci\u00f3n a partir de la providencia del 23 de junio de 2015, han generado afectaci\u00f3n a los derechos e intereses superiores y prevalentes de la alimentaria, por lo que no se amerita la intervenci\u00f3n constitucional aplicando un fallo ultra o extra petita. <\/p>\n

4.2. De la razonabilidad. <\/p>\n

Dilucidado que, pese a las irregularidades puestas de manifiesto por el juzgador de primera instancia, la providencia dictada por el accionado el 23 de junio de 2015 no conlleva vulneraci\u00f3n frente a la menor alimentaria por quien se act\u00faa, la Corte no encuentra que las actuaciones seguidamente proyectadas, en particular aquellas referidas a establecer el cr\u00e9dito a cargo del accionante, configuren defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que habilite al juez de tutela imponer medida alguna de correcci\u00f3n. <\/p>\n

4.2.1. Concretamente se tiene que la cuota alimentaria tasada a favor de una ni\u00f1a, quien actualmente cuenta con 12 a\u00f1os de edad (fl. 4, cd. Copias), corresponde a una obligaci\u00f3n de tracto sucesivo o peri\u00f3dica a cargo del padre, ac\u00e1 tutelante, y por ello, \u00abla orden de pago comprender\u00e1, adem\u00e1s de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen, y dispondr\u00e1 que \u00e9stas se paguen dentro de los cinco d\u00edas siguientes al respectivo vencimiento\u00bb (inciso 2\u00ba del art\u00edculo 498 del anterior estatuto adjetivo, hoy contenida en el mismo orden del precepto 431 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n

Bajo esa premisa, la providencia que dispon\u00eda seguir adelante la ejecuci\u00f3n, tras verificar lo atinente a la prosperidad o no de los medios exceptivos, en particular el posible pago alegado por el demandado conforme a los soportes probatorios previamente ponderados, deb\u00eda se\u00f1alar si le asist\u00eda raz\u00f3n a la demandante en cuanto a la existencia de la deuda por el monto fijado preliminarmente o si, como en este caso ocurri\u00f3, se demostraba un pago parcial. <\/p>\n

Ahora, se\u00f1alada la cifra por la que deb\u00eda continuarse con el proceso, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito demostrar\u00eda ese rubro y por supuesto las cuotas alimentarias que mensualmente se causaron hasta el momento en que tal operaci\u00f3n contable se realice; el tr\u00e1mite a seguir, para el momento en que tal actuaci\u00f3n se produjo, correspond\u00eda al previsto en el art\u00edculo 521 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy canon 446 del estatuto general, y con ello la posibilidad de que fuera presentada por cualquiera de las partes, y de que la otra pudiera controvertir esa cuenta allegando una \u00abalternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidaci\u00f3n objetada\u00bb. <\/p>\n

En el ejecutivo en cuesti\u00f3n, ambas partes presentaron liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, not\u00e1ndose que mientras para el demandado el saldo a cargo era de $1\u00b4175.892,51, en tanto s\u00f3lo tuvo en cuenta la cifra indicada en el fallo y descont\u00f3 los abonos, aduciendo que a partir de junio de 2015 tasaba la cuota en el equivalente al \u00ab30% del salario m\u00ednimo legal\u00bb dado que \u00abfui desvinculado del Bancolombia\u00bb (fls.140 y 141, ib\u00eddem), para la parte ejecutante la deuda ascend\u00eda a $8\u00b4759.139, pues se basada en el porcentaje del salario que ven\u00eda devengando el obligado, sumaba intereses de mora conforme al estatuto mercantil y liquidaba las mesadas causadas hasta a julio de 2015 (fl. 142, ib\u00edd.). <\/p>\n

Luego de desestimar la terminaci\u00f3n del proceso deprecada por el ejecutado, con auto del 5 de marzo de 2016, el juzgado advirti\u00f3 que ninguna de las liquidaciones se ajustaba a derecho, pues la actora incluy\u00f3 intereses distintos a los legales y no imput\u00f3 los abonos acreditados en el plenario, y respecto de la realizada por el demandado dijo que \u00abno se tuvieron en cuenta las cuotas causadas y se imput\u00f3 un abono que no se encuentra en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales\u00bb, por lo que \u00abde conformidad con el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 32 de la ley 1395 de 2010\u00bb, procedi\u00f3 a modificarla para determinar que al 4 abril de 2016, el saldo a cargo arroj\u00f3 \u00ab$18\u00b4455.233,80\u00bb (fl. 161). <\/p>\n

Enseguida, tras apreciar que el Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio a que llegaron las partes en el sentido que la cuota de alimentos se reduc\u00eda \u00abal 25% del salario y de las prestaciones legales y extralegales que devengue mensualmente, previas las deducciones de ley, para lo cual el demandante autoriza oficiar al Banco Agrario, donde trabaja actualmente, o a la entidad en la cual labore, para que \u00e9sta consigne\u00bb (fls. 221 y 222, \u00eddem), el 22 de junio de 2018, la autoridad convocada aprob\u00f3 la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual, con corte al 30 de junio de 2018, se\u00f1al\u00f3 deuda por \u00ab$23\u00b4676.544,91\u00bb advirtiendo que \u00aba partir del mes de marzo de 2017, la cuota alimentaria se liquid\u00f3 con el salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb, ya que no se acredit\u00f3 que el demandado estuviera vinculado laboralmente (fls. 231 y 232, ib.). <\/p>\n

A lo anterior, el juzgado respondi\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n a que no se tuvo en cuenta la liquidaci\u00f3n presentada por el petente, se le hace saber que revisada dicha liquidaci\u00f3n, presentaba inconsistencias, por lo que el Despacho mediante auto del 23 de abril de 2018, orden\u00f3 que por parte de la Secretar\u00eda del Juzgado se elaborara la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (vista a folio 232) y en la misma si se tuvieron en cuenta las consignaciones aportadas por el mismo. Por otra parte, la liquidaci\u00f3n vista a folio 232, parti\u00f3 del saldo de capital de $18.455.233,80, por cuanto la liquidaci\u00f3n realizada por la Secretaria del Juzgado vista a folio 159, del 4 de abril de 2016, se encuentra en firme\u00bb; acot\u00f3 que \u00aben dicha liquidaci\u00f3n se tuvieron en cuenta tanto las consignaciones realizadas en la cuenta del Juzgado como los recibos aportados por la parte demandada, aclarando que se le tendr\u00e1n en cuenta los recibos aportados con posterioridad a la liquidaci\u00f3n vista a folio 232, con el memorial de reposici\u00f3n vistos a folios 234 y 235, para una pr\u00f3xima reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, y por ello, \u00abno procede la reposici\u00f3n impetrada y se deja en firme el auto del 22 de junio de 2018\u00bb (fls. 242 a 247, cit.). <\/p>\n

4.2.3. Como acaba de verse, la decisi\u00f3n objeto de censura no desencadena flagrante vulneraci\u00f3n a las prerrogativas invocadas, pues la actividad judicial criticada no se aleja de la realidad f\u00e1ctica que muestra el expediente y menos de la normativa aplicable, por lo que habr\u00e1 de determinarse que lo decidido no abre paso a la protecci\u00f3n invocada en tanto lejos est\u00e1 de obedecer a arbitrariedad de la funcionaria querellada. <\/p>\n

Sobre el particular, se reitera que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente del resguardo, y se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador: \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00), reiterada entre otras en STC8553-2018, 5 jul. 2018, rad. 00124-01). <\/p>\n

En esas circunstancias ha se\u00f1alado la Corte que no es posible acceder a la protecci\u00f3n tutelar ya que \u00e9sta no fue prevista: \u00abpara desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada entre otras en STC14840-2018, 15 nov. 2018, rad. 02493-01). <\/p>\n

N\u00f3tese que, en \u00faltimas, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al del accionado, y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta incompatible con la tutela en tanto \u00e9sta no se estableci\u00f3 para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro del pleito ordinario. <\/p>\n

4.2.4. Bajo el contexto antes explicado, si bien no es factible conceder el auxilio deprecado por el accionante, menos a\u00fan avalar la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n como lo se\u00f1al\u00f3 el sentenciador a-quo, la Corte considera necesario exhortar al titular del juzgado accionado, para que independientemente de la ejecutoria que hayan obtenido la liquidaci\u00f3n y sus actualizaciones, proceda a revisar minuciosamente el expediente y si de esa actividad encuentra que en el mismo existen documentos que soporten v\u00e1lidamente abonos a la deuda ejecutada, previo traslado a la contraparte para que ejerza su derecho de contradicci\u00f3n, apreciarlos conforme a las reglas de valoraci\u00f3n probatoria, de manera que quede claro si constituyen o no un elemento de convicci\u00f3n que previamente no hab\u00eda sido estimado como tal. <\/p>\n

Acerca de esa particular situaci\u00f3n, esta Sala dijo que \u00aben un caso de similares contornos jur\u00eddicos al que ahora se analiza, esta Corporaci\u00f3n respald\u00f3 la exhortaci\u00f3n que realizara el Tribunal a la funcionaria accionada \u201cen el sentido de que en el evento de que se haya pasado por alto alg\u00fan abono previamente reconocido, analice la factibilidad de aplicarlo al cr\u00e9dito muy a pesar de la firmeza de la liquidaci\u00f3n\u201d (STC11497-2016, 18 ago. 2016, rad. 01376-01)\u00bb (CSJ STC1438-2017, 8 feb. 2017, rad. 2016-02719-01, reiterada en STC1840-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-00793-01). <\/p>\n

5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Por cuanto la motivaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de primer grado no comprende evento habilitante de un fallo ultra o extra petita, se revocar\u00e1 su concesi\u00f3n; en su lugar, toda vez que la actuaci\u00f3n atinente a la aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, no comporta arbitrariedad que amerite correcci\u00f3n mediante esta v\u00eda, se denegar\u00e1 la pretensi\u00f3n implorada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se NIEGA la tutela impetrada por Fernando Alberto Zapata Soto, y por tanto se deja sin efecto la actuaci\u00f3n que se hubiera desplegado en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

EXHORTAR al Juez Cuarto de Familia de Medell\u00edn, para que al momento de actualizar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito dentro del ejecutivo de alimentos n\u00ba 2014-01853, sin perjuicio de la ejecutoria de los autos aprobatorios de dicha operaci\u00f3n contable, revise minuciosamente el expediente para constatar si existen o no documentos que soporten v\u00e1lidamente abonos a la deuda objeto del cobro a su cargo, y en caso positivo, previo traslado a la contraparte para que ejerza su derecho de contradicci\u00f3n, proceda a otorgarles el valor probatorio conforme a las reglas previstas en el ordenamiento legal. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 05001-22-10-000-2018-00222-01).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC391-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2018-00222-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102752","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102752"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102752\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}