{"id":102756,"date":"2026-07-02T16:38:31","date_gmt":"2026-07-02T16:38:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102756"},"modified":"2026-07-02T16:38:31","modified_gmt":"2026-07-02T16:38:31","slug":"stc399-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc399-2019\/","title":{"rendered":"STC399-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC399-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-03518-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida Diana Marcela Delgadillo Murcia en representaci\u00f3n de sus menores hijos XXXX contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso donde se origina la queja. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a una familia y no ser separados de ella, educaci\u00f3n e igualdad a favor de los menores XXXX que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada toda vez que al condenar su madre, la se\u00f1ora Diana Marcela Delgadillo Murcia, por el delito de captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero, estafa y concierto para delinquir, entre otros y al negarle la sustituci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en centro carcelario por la de su domicilio, los menores se ven obligados a separarse de su madre, quien vela por ellos, siendo esta madre cabeza de familia. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se tutelen sus derechos y en consecuencia se suspendan los efectos de las sentencias proferidas el 25 de octubre de 2016 y del 21 de julio de 2017 por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. En \tel a\u00f1o 2015, la Fiscal\u00eda formul\u00f3 imputaci\u00f3n \tde cargos contra Diana \tMarcela Delgadillo Murcia \u2013aqu\u00ed \taccionante- \tpor los delitos de captaci\u00f3n masiva y habitual de dinero, \testafa, concierto para delinquir, administraci\u00f3n \tdesleal y ocultamiento, \talteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de elemento material \tprobatorio. <\/p>\n

2. El \t6 de agosto de 2015, la accionante se allan\u00f3 a los cargos. <\/p>\n

3. El \tconocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado \t20 Penal del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n

4. El \t24 de mayo de 2016 se llev\u00f3 a cabo audiencia de \tverificaci\u00f3n de allanamiento, en la cual la accionante acept\u00f3 \tlos cargos por el delito de ocultamiento, alteraci\u00f3n o \tdestrucci\u00f3n de elemento material probatorio. <\/p>\n

5. En \tsentencia del 25 de octubre de 2016, el Juzgado conden\u00f3 a 117 \tmeses de prisi\u00f3n a la accionante por los delitos de captaci\u00f3n \tmasiva y habitual de dinero, estafa, concierto para delinquir, \tadministraci\u00f3n desleal y ocultamiento, \talteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n de elemento material \tprobatorio. A su vez, se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n \tcondicional de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n

6. Inconforme \tcon la decisi\u00f3n, la accionante interpuso recurso de \tapelaci\u00f3n contra la sentencia proferida. <\/p>\n

7. El \t 21 de julio de 2017, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 \tla providencia. <\/p>\n

8. Contra \testa decisi\u00f3n el tutelante interpuso recurso extraordinario \tde casaci\u00f3n, por lo que las diligencias fueron remitidas a la \tSala Penal de la Corte Suprema de Justica. <\/p>\n

9. El \t25 de abril de 2018 la Corte inadmiti\u00f3 la demanda de \tcasaci\u00f3n. <\/p>\n

10. En \tconsecuencia la accionante interpuso mecanismo de insistencia. <\/p>\n

11. El \t 5 de octubre de 2018 la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \temiti\u00f3 concepto desfavorable ante el mecanismo de \tinsistencia. <\/p>\n

12. La \tse\u00f1ora Diana \tMarcela Delgadillo Murcia, \tpresent\u00f3 acci\u00f3n de tutela para que se disponga la \tprotecci\u00f3n de los derechos fundamentales de sus menores \thijos, los que afirma fueron vulnerados por la autoridad judicial \taccionada pues, con la decisi\u00f3n de negar \tla sustituci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en centro \tcarcelario por la de su domicilio, los menores se ven obligados a \tverse separados de su madre, quien vela por ellos, siendo esta madre \tcabeza de familia. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 15 de enero de 2019 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. Al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n en la presente acci\u00f3n, los convocados no hab\u00edan efectuado ninguna manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de resguardo. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el asunto sub examine, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de las decisiones proferidas por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de la segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n

Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por la decisi\u00f3n de la Sala accionada de negar la sustituci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en centro carcelario por el domicilio de la accionante, proferida el 21 de julio de 2017, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

(\u2026) [L]a sustituci\u00f3n de la pena de prisi\u00f3n en centro carcelario por el domicilio bajo los lineamientos normativos de la condici\u00f3n de madre cabeza de familia toca de manera directa con la tensi\u00f3n entre el leg\u00edtimo inter\u00e9s p\u00fablico en perseguir y sancionar el delito para asegurar una convivencia pac\u00edfica, y su correlativo principio de responsabilidad personal por infringir el ordenamiento jur\u00eddico (art\u00edculos 1, 2, 6 C.N.), de una parte, y de otra los derechos de los menores u otras personas incapacitadas (art\u00edculo 44 \u00eddem), en cuanto el castigo para el sujeto activo de la ilicitud conllevar\u00eda a aquellos una inadmisible situaci\u00f3n de abandono que pondr\u00eda en riesgo su subsistencia. T\u00f3pico que ha implicado reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, los cuales han sido enf\u00e1ticos en afianzar la teleolog\u00eda del instituto en cuanto, antes que una gracia para el delincuente, es un mecanismo que procura la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o o los derechos fundamentales de la persona desvalida que est\u00e9 bajo el exclusivo cuidado de quien ha sido declarado infractor de la ley penal, en tanto, seg\u00fan lo probado en concreto, quedar\u00edan en inminente situaci\u00f3n de abandono. <\/p>\n

En efecto, la Corte Constitucional precis\u00f3 en la sentencia C 184 de 2003 que resulta imperativo analizar \u201ca partir de un acervo probatorio pertinente y suficiente, las condiciones espec\u00edficas del caso as\u00ed como su contexto, para adoptar la determinaci\u00f3n de si se concede o no el derecho, en el \u2018inter\u00e9s superior del menor o del hijo impedido\u2019. Para tal fin corresponde valorar \u201c(i) que la medida sea manifiestamente necesaria, en raz\u00f3n al estado de abandono y desprotecci\u00f3n a que quedar\u00edan expuestos los hijos del condenado, (ii) que \u00e9sta sea adecuada para proteger el inter\u00e9s del menor y (iii) que no comprometa otros intereses y derechos constitucionalmente relevantes\u201d. <\/p>\n

Tambi\u00e9n la Sala de Casaci\u00f3n Penal como Juez de tutela, en las sentencias T 66744 y T 68224 de 2013 expres\u00f3: \u201c\u2026 es menester que el juez competente para determinar la procedencia o no del beneficio de la prisi\u00f3n domiciliaria, luego de considerar los requisitos objetivos que consagra la norma procedimental penal, realice un an\u00e1lisis concienzudo y ponderado de todas las circunstancias f\u00e1cticas que rodean la solicitud, siempre verificando: i) el inter\u00e9s superior del menor, ii) la gravedad de la conducta que lesion\u00f3 el bien jur\u00eddico tutelado, iii) la situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en que pueda verse abocado el ni\u00f1o o adolescente y iv) la garant\u00eda de que el beneficiado no vaya a evadir la justicia\u201d. <\/p>\n

Con base en lo anterior la Sala manifest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

(…) As\u00ed las cosas debe acudirse a un test de proporcionalidad al cabo del cual el caso examinado indique como absolutamente imprescindible menguar el rigor del encierro punitivo que ha merecido la transgresora [or], por ser esa la \u00fanica forma de impedir la evidente y total desprotecci\u00f3n de personas en un estado de vulnerabilidad manifiesta que se hallan bajo su cuidado permanente y exclusivo. Los raseros para esa ponderaci\u00f3n los provee espec\u00edficamente la Ley 750 de 2002 al otorgar los elementos de juicio para dilucidar en un evento espec\u00edfico cuando, siendo adecuada la medida domiciliaria, es adem\u00e1s imprescindible por la ausencia permanente o incapacidad del c\u00f3nyuge y la carencia de ayuda sustancial de otros miembros del n\u00facleo familiar. <\/p>\n

Se aprecia entonces que la citada ley establece los requisitos para su concesi\u00f3n, estudiados por la Corte Suprema en sentencia del 16 de julio de 2003, cuales son: i) Que el delito endilgado no est\u00e9 excluido expresamente: Genocidio, homicidio, delitos contra las personas o cosas protegidas por el derecho internacional humanitario, extorsi\u00f3n, secuestro o desaparici\u00f3n forzada. ii) Que el acusado no registre antecedentes penales, salvo por delitos culposos o pol\u00edticos. iii) Que el solicitante sea pasible de la calidad normativa de padre o madre cabeza de familia. iv) Que el desempe\u00f1o personal, laboral, familiar o social del procesado permita a la autoridad judicial determinar que no colocar\u00e1 en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo. En relaci\u00f3n con \u00e9ste \u00faltimo requerimiento la Alta Corporaci\u00f3n ha insistido en que la gravedad del delito incide en el diagn\u00f3stico de personalidad del sujeto activo para ponderarse con los fines de la pena. <\/p>\n

En tal contexto, la exigencia de ser cabeza de familia requiere especial atenci\u00f3n, pues no es autom\u00e1ticamente asimilable a la condici\u00f3n f\u00e1ctica -necesaria pero insuficiente- de ser progenitor (a), pudi\u00e9ndose concluir que involucra los siguientes elementos: i) Que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; ii) que esa responsabilidad sea de car\u00e1cter permanente; iii) no basta la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que adem\u00e1s \u00e9sta se sustraiga al cumplimiento de sus obligaciones como progenitor; iv) que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde debido a un motivo poderoso como incapacidad f\u00edsica, sensorial, s\u00edquica o mental, v) que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los dem\u00e1s miembros de la familia. <\/p>\n

Sobre el punto, expres\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n penal. \u201cLa persona que aduzca esa calidad deber\u00e1 acreditar que est\u00e1 a cargo del cuidado de los ni\u00f1os, que su presencia en el seno familiar es necesaria porque los menores dependen de ella no solo econ\u00f3micamente sino en cuanto a su salud y cuidado, y es de su exclusiva responsabilidad el sostenimiento del hogar; por tanto, que la medida se hace necesaria para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os y no simplemente una excusa para evadir el cumplimiento de la pena en el sitio de reclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

Al realizar un estudio de las circunstancias para negar la sustituci\u00f3n de la pena privativa de la libertad, el Tribunal precis\u00f3: <\/p>\n

(…) Pues bien, encuentra esta Sala que la acreditaci\u00f3n sobre la existencia o ausencia de apoyo de la familia extensa de la encartada corresponde a la Defensa T\u00e9cnica, tanto as\u00ed que se esmer\u00f3 en demostrar las circunstancias por las cuales la abuelita materna no est\u00e1 en condiciones de hacerse cargo de los ni\u00f1os. Y ello es as\u00ed porque para solicitar el beneficio como madre cabeza de familia debe demostrarse la carencia de apoyo sustancial de otros miembros del n\u00facleo familiar, conocimiento que est\u00e1 en cabeza del solicitante, quien tiene la carga demostrativa correspondiente pues el inter\u00e9s hacia la concesi\u00f3n del subrogado penal esta en cabeza de la Defensa T\u00e9cnica y no de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, menos del Juez de Instancia que atiende a principios de objetividad e imparcialidad. <\/p>\n

Si lo anterior no fuera suficiente, que lo es, obs\u00e9rvese que seg\u00fan el informe Psicol\u00f3gico rendido por la Dra. Daniela Salazar Torres a instancia de la defensa es posible concluir que los menores adem\u00e1s de vivir con su madre \u201cviven con su familia extensa materna\u201d. Asimismo en audiencia del 447 C.P.P. el Juzgador interrog\u00f3 a la Defensa acerca de la existencia de aquella parte familiar, ante lo cual asinti\u00f3. Por ende, se encuentra acreditada la existencia de una familia extensa que puede velar por los intereses de los menores de edad; situaci\u00f3n que contrar\u00eda la manifestaci\u00f3n del recurrente en torno a que quedar\u00edan indefensos al cuidado de terceros indeterminados. <\/p>\n

De igual forma, atendiendo a lo manifestado por el abogado de la procesada se tiene que la familia biol\u00f3gica goza de una presunci\u00f3n legal. En este punto ha de remitirse la sentencia T- 510 de 2003 con ponencia del magistrado Manuel Jos\u00e9 Cepeda Espinosa, que trata ampliamente el tema del inter\u00e9s superior de los menores, en la que efectivamente se le reconoce como presunci\u00f3n legal a aquel tipo de familia; no obstante la Corte Constitucional ratifica all\u00ed que aquella sucumbe ante la existencia de \u201crazones significativas para ello reguladas en las leyes vigentes\u201d, lo que se vincula con la l\u00ednea argumentativa desarrollada en el cuerpo de esta sentencia que alude a la ponderaci\u00f3n entre el ejercicio p\u00fablico del ius puniendi en aras del bienestar colectivo, y el inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n

Por otro lado, es cierto que el inciso final del art\u00edculo 44 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala que los derechos de los ni\u00f1os (entre los cuales se encuentra el de \u201ctener una familia y no ser separados de ella\u201d) \u201cprevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d. Sin embargo, lo anterior (que en la teor\u00eda constitucional obedece a un mayor \u2018peso abstracto\u2019 reconocido por la norma suprema) no elimina ni hace inocuo el juicio de ponderaci\u00f3n, pues a pesar de que la supremac\u00eda o prevalencia del principio debe ser respetada por el int\u00e9rprete de la norma ello no excluye que al justipreciar la necesidad de la medida examinada (prisi\u00f3n domiciliaria para el progenitor infractor de la ley penal), \u00e9sta no se encuentre imprescindible porque los derechos de los menores quedar\u00edan a buen resguardo bajo la tutela de otras personas o instituciones que impidieran su situaci\u00f3n de abandono. <\/p>\n

Sentado lo anterior y analizando otro punto del recurso en el cual se cuestiona que el A quo equipar\u00f3 la familia biol\u00f3gica con la extensa, es oportuno se\u00f1alar que la Corte Constitucional ha expuesto que \u201cresulta contrario a los fines estatales brindar un trato discriminatorio a las familias en raz\u00f3n a su forma de composici\u00f3n cuando, precisamente, por medio de su conformaci\u00f3n, se busque cumplir el deber de protecci\u00f3n y asistencia a los menores de edad\u201d. <\/p>\n

Concluy\u00f3 la Sala que: <\/p>\n

(\u2026) Por \u00faltimo conviene precisar que en el caso sub iudice la privaci\u00f3n de la libertad de la procesada no tiene la entidad suficiente para consolidar la vulneraci\u00f3n al derecho a la familia, adem\u00e1s se destaca que su libertad fue confinada de forma legal dentro de un tr\u00e1mite penal en el cual se garantiz\u00f3 el debido proceso y que finaliz\u00f3 en debida forma a trav\u00e9s de una providencia judicial emitida por juez competente. <\/p>\n

Valga aqu\u00ed tambi\u00e9n se\u00f1alar con profundo respeto human\u00edstico que no es la judicatura la causante de la situaci\u00f3n de desasosiego que atraviesa la procesada o las dificultades que se enfrenten a nivel del hogar. No se pierda de vista que la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, con todo y los dramas humanos que le son inherentes en \u00e9ste y todos los casos, no ocurre por veleidad de un funcionario o por un ejercicio autoritario y desp\u00f3tico del ius puniendi. Aquella no es m\u00e1s que la respuesta jur\u00eddica, legal y leg\u00edtima impuesta como conclusi\u00f3n de un debido proceso a la persona que por su propia voluntad, de manera libre y consciente se determin\u00f3 para cometer un delito, es decir para violentar injustamente las normas que armonizan la convivencia y procuran mantener nexos de armon\u00eda entre los asociados a trav\u00e9s del respeto por bienes jur\u00eddicos, como caros valores de una comunidad en un momento hist\u00f3rico determinado. <\/p>\n

Motivos por los cuales esta Corporaci\u00f3n confirmar\u00e1 en este punto la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

Se desprende de lo expuesto, que la decisi\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente, y en la misma se hizo una razonada interpretaci\u00f3n que con independencia de que se comparta o no por la tutelante, no se muestra irrazonable y por ende no quebranta las garant\u00edas reclamadas.\u00a0 <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n de la gestora del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, la accionante no puede pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera lo desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la Sala accionada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n

5. Bastan los precedentes razonamientos para negar la tutela deprecada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC399-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2018-03518-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida Diana Marcela Delgadillo Murcia en representaci\u00f3n de sus menores hijos XXXX contra la Sala Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102756","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102756","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102756"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102756\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102756"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102756"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102756"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}