{"id":102757,"date":"2026-07-02T16:38:41","date_gmt":"2026-07-02T16:38:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102757"},"modified":"2026-07-02T16:38:41","modified_gmt":"2026-07-02T16:38:41","slug":"stc402-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc402-2019\/","title":{"rendered":"STC402-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC402-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 19001-22-13-000-2018-00063-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el once de octubre de dos mil dieciocho, en la acci\u00f3n de tutela que Guillermo Antonio Caicedo Hidalgo promovi\u00f3 contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales estima vulnerados por el juzgado accionado, quien dentro del proceso divisorio que se adelant\u00f3 en su contra, mediante auto de 8 de agosto de 2017 orden\u00f3 el levantamiento de la suspensi\u00f3n que se hab\u00eda decretado, y en prove\u00eddo de 9 de noviembre siguiente, dispuso la venta en p\u00fablica subasta de los bienes objeto de la divisi\u00f3n. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto las referidas determinaciones, y en su lugar se ordene la suspensi\u00f3n de la actuaci\u00f3n, hasta tanto no se resuelva la demanda de pertenencia que se adelanta ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popay\u00e1n. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Mediante \tescritura p\u00fablica 3920 de 23 de diciembre de 2003 las se\u00f1oras \tSof\u00eda Hidalgo Ordo\u00f1ez y Gerardina Hidalgo de Caicedo \tadquirieron el apartamento 202 y el parqueadero # 14 ubicados en la \tCalle 34 # 10 \u2013 38 de Popayan. De acuerdo con el referido \tdocumento, la primera de ella era propietaria del 80% de los bienes, \ten tanto la segunda de las propietarias mencionadas del 20% \trestante. <\/p>\n

2. Ante \tel fallecimiento de la primera condue\u00f1a, el porcentaje que le \tpertenec\u00eda -80%- fue adjudicado en sucesi\u00f3n a Aida \tMar\u00eda Hidalgo, \u00faltima que en ejercicio de sus derechos \tde propiedad, el 5 de julio de 2012, present\u00f3 demanda \tdivisoria en contra del accionante y de Alfredo, Francisco Javier, \tJuan Carlos, Mar\u00eda Clara y Mario Caicedo, por ser quienes \tasum\u00edan la calidad de herederos de la segunda de las \tpropietarias, quien hab\u00eda fallecido el 1 de octubre de 2006. <\/p>\n

3. El \tconocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil \tdel Circuito de Popay\u00e1n quien admiti\u00f3 la demanda en \tauto de 16 de agosto de 2012. <\/p>\n

4. El \t13 de febrero de 2013 el aqu\u00ed accionante se notific\u00f3 \tpersonalmente, y dentro de la oportunidad pertinente formul\u00f3 \tla excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. \tArgumento que desde el 2003, \u00e9poca en que su progenitora \tadquiri\u00f3 el predio, ejercieron posesi\u00f3n sobre la \ttotalidad del mismo, sin que la seora Sof\u00eda Hidalgo se \tinteresara por el predio. Manifest\u00f3 que fallecida su madre, \tel continu\u00f3 ejerciendo actos de posesi\u00f3n. <\/p>\n

5. Al \tpaso de lo anterior, el demandado formul\u00f3 en contra de Aida \tMar\u00eda Hidalgo demanda con el fin de que se declarara que el \tmismo hab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n adquisitiva de \tdominio el porcentaje que aquella le hab\u00eda sido adjudicado en \tsucesi\u00f3n. Dicho asunto correspondi\u00f3 al Juzgado \tSegundo Civil del Circuito de Popay\u00e1n. <\/p>\n

6. En \tvista de lo anterior, mediante escrito radicado el 11 de junio de \t2013 el demandado solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso \tdivisorio. <\/p>\n

7. En \tprovidencia de 13 de diciembre de 2013 el juzgador dio apertura a la \tetapa probatoria y una vez practicadas, en auto de 7 de marzo de \t2014 corri\u00f3 traslado para que se presentaran alegatos de \tconclusi\u00f3n. <\/p>\n

8. Verificada \tla existencia del proceso de pertenencia, en auto de 23 de abril de \t2014, con fundamento en lo establecido en el art\u00edculo 170 del \tC\u00f3digo General del Proceso, se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n \tdel proceso, requiri\u00e9ndose al Juzgado Segundo Civil del \tCircuito de esa ciudad, para que una vez culminada la actuaci\u00f3n \tall\u00ed adelantada, informara sobre su resultado. <\/p>\n

9. En \tvirtud de lo establecido en el acuerdo PSAA15-10300 de 25 de \tfebrero, el expediente fue remitido al Juzgado Sexto Civil del \tCircuito de Popay\u00e1n, autoridad que al advertir que la demanda \tde pertenencia hab\u00eda sido rechazada, en auto de 8 de agosto \tde 2017 dispuso el levantamiento de la suspensi\u00f3n. <\/p>\n

10. Contra \tla anterior decisi\u00f3n no se formul\u00f3 ning\u00fan medio \tde impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

11. Mediante \tescrito radicado el 5 de septiembre de 2017 el accionante inform\u00f3 \tal despacho que el Juzgado Segundo Civil Municipal Mixto de \tPopay\u00e1n, en providencia de 18 de agosto de dicha anualidad, \thab\u00eda admitido la demanda que present\u00f3 con el fin de \tadquirir por prescripci\u00f3n el predio objeto de la divisi\u00f3n. \t As\u00ed las cosas, solicitaba que se ordenara la suspensi\u00f3n \tde la actuaci\u00f3n que all\u00ed se adelantaba. <\/p>\n

12. Dicha \tsolicitud fue denegada en providencia de 9 de noviembre de 2017, \ttoda vez que en criterio del juzgador no se cumpl\u00edan los \tpresupuestos que la nueva codificaci\u00f3n procesal exige para \tordenar la suspensi\u00f3n. <\/p>\n

13. Al \tpaso de lo anterior, en la misma fecha se emiti\u00f3 sentencia en \tla que se declar\u00f3 la improperada de la excepci\u00f3n que \tformul\u00f3 el accionante, por lo que se orden\u00f3 la venta \ten p\u00fablica subasta del bien. <\/p>\n

14. En \tcontra de las referidas determinaciones, ning\u00fan recurso se \tformul\u00f3. <\/p>\n

15. El \tdemandado acude al amparo constitucional por estimar que las \tprovidencias emitidas el 8 de agosto y 9 de noviembre de 2017 \tvulneran sus derechos fundamentales, toda vez que previo a definir \tel proceso divisorio, necesario era que se definiera el proceso de \tpertenencia. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 2 de octubre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades encausadas y se dispuso vincular a los intervinientes, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, en fallo de 11 de octubre de 2018 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, toda vez que esta no cumpl\u00eda con los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando \tel art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la \ttutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del \tciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus \tderechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados \to amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier \tautoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos \testablecidos por la ley, lo hizo caracteriz\u00e1ndola, entre \totros, con los principios de inmediatez y subsidiaridad. <\/p>\n

2. El primero de los mencionados, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 2009-00624-00) <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros. <\/p>\n

3. Respecto al segundo presupuesto aludido, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con ese postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

4. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte gestora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso las providencias que cuestiona el accionante son aquellas a trav\u00e9s de las cuales se levant\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso divisorio; se deneg\u00f3 la solicitud que en el mismo sentido se emiti\u00f3 con posterioridad; y la que resolvi\u00f3 las excepciones formuladas por el actor y dispuso la venta en p\u00fablica subasta del bien objeto de divisi\u00f3n, la primera de ellas emitida el 8 de agosto de 2017 y las dos \u00faltimas el 9 de noviembre de la misma anualidad. <\/p>\n

5. Sumado a lo anterior, la Corporaci\u00f3n concluye que la protecci\u00f3n excepcional solicitada tambi\u00e9n es improcedente porque no atiende el presupuesto de la subsidiariedad, pues el querellante tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda constitucional. <\/p>\n

En efecto, el promotor en esta actuaci\u00f3n no manifest\u00f3 reparo alguno ante el juez del conocimiento, en lo atinente a las providencias mencionadas ni las recurri\u00f3, as\u00ed como no censur\u00f3 en la oportunidad y a trav\u00e9s de los medios ordinarios procedentes, lo relativo a los vicios procedimentales y posibles falencias de la actuaci\u00f3n dentro de las oportunidades fijadas en la ley. <\/p>\n

Las circunstancias que se dejan rese\u00f1adas tornan improcedente el otorgamiento de la protecci\u00f3n reclamada frente aquellas, porque, se itera, la acci\u00f3n de tutela no se ha instituido como una instancia paralela que permita revisar injustificadamente las decisiones que, en forma razonada y aut\u00f3noma ha adoptado el juzgador de la causa, cuando las partes han desaprovechado los medios defensivos dispuestos en el mismo litigio, y menos a\u00fan para revivir t\u00e9rminos y oportunidades que precluyeron, sin que oportunamente se reclamara la protecci\u00f3n en sede constitucional. <\/p>\n

6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que procedente se torna la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia de fecha y procedencia inicialmente anotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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