{"id":102760,"date":"2026-07-02T16:39:17","date_gmt":"2026-07-02T16:39:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102760"},"modified":"2026-07-02T16:39:17","modified_gmt":"2026-07-02T16:39:17","slug":"stc405-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc405-2019\/","title":{"rendered":"STC405-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC405-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01695-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de octubre de 2018, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Edinson Hinestroza Hinestroza contra las Salas Penal y \u00danica de los Tribunales Superiores de Bogot\u00e1 y Quibd\u00f3, respectivamente, los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado de Quibd\u00f3, Quince Penal Municipal con Funcion de Control de Garant\u00edas, Veintid\u00f3s y Veintisiete Penales del Circuito de Medell\u00edn, as\u00ed como el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio y el Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Pedregal, tambi\u00e9n de la capital de Antioquia. Fueron vinculadas al tr\u00e1mite las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-00042. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que el 2 de marzo de 2017 fue privado de la libertad con medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Treinta Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Medell\u00edn, producto de la investigaci\u00f3n penal que adelanta la Fiscal\u00eda en su contra por los delitos de homicidio y tortura en persona protegida y desplazamiento forzado. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que solo hasta el 14 de junio de 2017, el ente persecutor radic\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n, correspondiendo el conocimiento del juicio al Juzgado Primero Penal Especializado de Quibd\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que la audiencia respectiva se instal\u00f3 el 16 de enero de 2018, sin embargo, no se llev\u00f3 a cabo debido a que su defensor plante\u00f3 el \u00abcambio de jurisdicci\u00f3n\u00bb puesto que, como se trata de un desmovilizado del grupo subversivo del ELN, pretend\u00eda acogerse a la justicia especial para la paz, postulaci\u00f3n que finalmente fue desestimada. El tr\u00e1mite de definici\u00f3n de competencia tard\u00f3 alrededor de \u00ab98 d\u00edas\u00bb en resolverse. <\/p>\n

Cont\u00f3 que la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 ante los jueces de control de garant\u00edas la \u00abpr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento\u00bb, empero, esa diligencia no se hizo por la inasistencia de las v\u00edctimas reconocidas. Seguidamente, radic\u00f3 petici\u00f3n de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos ante el Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Acusatorio de Medell\u00edn, programada para el 18 de marzo de 2018, pero tampoco se realiz\u00f3 porque el juez asignado no contaba con el expediente del proceso. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que en abril, y esta vez ante los jueces de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1, present\u00f3 el mismo requerimiento, pero en dos ocasiones la audiencia fracas\u00f3 por inconvenientes de tipo t\u00e9cnico en la conectividad entre el juzgado encargado y la c\u00e1rcel \u00abEl Pedregal\u00bb de Medell\u00edn, donde se halla recluido. <\/p>\n

Destac\u00f3 que tambi\u00e9n interpuso un h\u00e1beas corpus, denegado en ambas instancias por los juzgados 46 Penal Municipal y 22 Penal del Circuito de Medell\u00edn, sin embargo indic\u00f3 que all\u00ed se inst\u00f3 a las autoridades a efectuar las diligencias pendientes, esto es, la solicitud de pr\u00f3rroga de la medida, pedida por la Fiscal\u00eda y la de vencimiento de t\u00e9rminos por la defensa. <\/p>\n

Narr\u00f3 que la primera de ellas se efectu\u00f3 en el Juzgado Quince Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de la capital de Antioquia, que concedi\u00f3 la pr\u00f3rroga, pero la grabaci\u00f3n de la audiencia fall\u00f3 y \u00ab(\u2026) no se registr\u00f3 la apelaci\u00f3n que interpuso la defensa, por lo que se debi\u00f3 reprogramar la audiencia (\u2026)\u00bb, para que el defensor reitere los argumentos de la \u00abalzada\u00bb, lo que contin\u00faa sin realizarse. <\/p>\n

Aleg\u00f3 que desde su captura han transcurrido 506 d\u00edas, y aunque el 20 de junio se concret\u00f3 la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00aba la fecha no se ha prorrogado la medida de aseguramiento\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, pretende que se ordene su libertad inmediata, dada el vencimiento del t\u00e9rmino legal de la medida de aseguramiento (fls. 1 a 11, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Juez Penal del Circuito Especializado de Quibd\u00f3, relacion\u00f3 las incidencias procesales del asunto en el que se acusa al aqu\u00ed accionante, destac\u00f3 las diferentes situaciones que han afectado el normal transcurso del juicio; inform\u00f3 que la audiencia preparatoria se program\u00f3 para el \u00ab11 de octubre de 2018\u00bb. Finalmente, agreg\u00f3 que el tutelante se halla \u00ab(\u2026) privado de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento impuesta por el juez de control de garant\u00edas, es decir, que no existe ninguna privaci\u00f3n o prolongaci\u00f3n ilegal de la libertad\u00bb (fls. 146 a 148, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Juez Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Medell\u00edn, indic\u00f3 que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra la decisi\u00f3n que le neg\u00f3 al quejoso la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, confirm\u00e1ndola en su integridad, y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno existe por parte de este despacho judicial esa vulneraci\u00f3n a los derechos a que hace alusi\u00f3n el accionante dentro de la tutela instaurada, pues por parte del juez que fung\u00eda como titular para la \u00e9poca, se respetaron sin dilaci\u00f3n alguna los preceptos constitucionales y legales (\u2026)\u00bb (fl. 254, ib.).
\n3.\tLa Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, relacion\u00f3 todas las audiencias que se han llevado a cabo en el proceso en cuesti\u00f3n, resaltando que frente a la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento, \u00ablos empleados al dar tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, esto es, realizar la gesti\u00f3n para posteriormente someter a reparto, se percataron que la parte concerniente a la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n realizado por la defensa, no qued\u00f3 grabada, situaci\u00f3n que se le puso de presente a la se\u00f1ora Juez 15 Penal Municipal, quien mediante auto de 27 de julio de los corrientes, orden\u00f3 que fuera programada audiencia para escuchar nuevamente al se\u00f1or defensor\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que dicha diligencia se ha postergado en dos ocasiones m\u00e1s y contin\u00faa pendiente de realizaci\u00f3n (fls. 259 a 262, \u00eddem). <\/p>\n

4.\tEl Tribunal Superior de Quibd\u00f3, Sala \u00danica, indic\u00f3 que su \u00fanica intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite penal, fue remitir a la Corte Suprema de Justicia el asunto a fin de que \u00abprocediera a definir la competencia propuesta por el defensor del procesado\u00bb, lo cual se cumpli\u00f3 el 20 de febrero de 2018 (fl. 277, \u00eddem). <\/p>\n

5.\tEl Coordinador del Grupo tutelas del INPEC, solicit\u00f3 que se le desvinculara del asunto, ya que las pretensiones son de \u00ab(\u2026) competencia de la Rama Judicial por intermedio del juez de conocimiento\u00bb (fls. 282 y 283, cit.). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda por prematura al exponer que, \u00abdebe indicarse que no se encuentra ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante porque no se haya tramitado el recurso de apelaci\u00f3n, toda vez que el Juzgado 15 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas ha realizado citaciones al defensor del se\u00f1or Hinestroza, para que asista para sustentar el recurso interpuesto para subsanar la falla t\u00e9cnica presentada, sin embargo, no ha comparecido (\u2026) Por lo anterior, se concluye que el accionante se encuentra privado de la libertad por una medida de aseguramiento que se encuentra vigente, por la pr\u00f3rroga que fue concedida, pese a que la defensa considere que deben contabilizarse los t\u00e9rminos de una manera diferente; adem\u00e1s, contra esa decisi\u00f3n se encuentra pendiente de sustentarse el recurso de apelaci\u00f3n, por lo que cuenta entonces, con otros mecanismos ordinarios al interior del proceso penal para la defensa de sus derechos, lo que torna improcedente el amparo deprecado\u00bb (fls. 288 a 310, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el apoderado del querellante, aduciendo que la sala a quo no se preocup\u00f3 por analizar el fondo del asunto pese a que la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales se configur\u00f3; asimismo, sostuvo que la tutela en este caso procede porque \u00aben este momento a\u00fan la defensa sigue esperando la debida notificaci\u00f3n para lectura de fallo de segunda instancia de apelaci\u00f3n que se planteara ante la concesi\u00f3n de la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento en audiencia del pasado julio\u00bb (fls. 312 y 313, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tProblema jur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas reclamadas por el actor al: (i) resolver negativamente la petici\u00f3n de libertad impetrada con fundamento en el vencimiento de los t\u00e9rminos procesales; y (ii) por acceder a la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tProcedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3.\tDecisiones objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n

En el asunto sub examine, el reclamo constitucional se dirige contra las determinaciones que en ambas instancias, por un lado, negaron la libertad del quejoso por vencimiento de t\u00e9rminos (Juzgados Quince Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Medell\u00edn), y por el otro, las que accedieron a la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento (Juzgado Quince Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y Veintisiete Penal del Circuito). <\/p>\n

Sin embargo, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a las que definieron el asunto en segundo instancia, esto es el prove\u00eddo de 20 de junio de 2018 del Juzgado Veintid\u00f3s Penal del Circuito, en lo atinente al vencimiento de t\u00e9rminos; y el del 23 de octubre del mismo a\u00f1o, emitido por el Veintisiete Penal del Circuito, que confirm\u00f3 la concesi\u00f3n de la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento. <\/p>\n

4.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, la a quo deneg\u00f3 las pretensiones del actor al establecer que la intervenci\u00f3n del juez de tutela resultar\u00eda prematura mientras la decisi\u00f3n sobre la \u00abpr\u00f3rroga de medida de aseguramiento\u00bb se encontrara pendiente de resoluci\u00f3n. <\/p>\n

Ahora, esta Sala confirmar\u00e1 la negativa del amparo, aunque no por el criterio adoptado por la hom\u00f3loga de primer grado, dado que esa circunstancia vari\u00f3 en esta sede de conocimiento, conforme se pudo constatar en el historial del proceso, ya que el pronunciamiento que se hallaba pendiente finalmente se emiti\u00f3 el 23 de octubre de 2018, ratificando la concesi\u00f3n de la pr\u00f3rroga de la medida precautelativa. <\/p>\n

4.1.\tEn primer lugar, revisado el prove\u00eddo que deneg\u00f3 la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, no se advierte procedente el amparo, puesto que el mismo no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas.\u00a0 <\/p>\n

En efecto, para refrendar la postura de la a quo, el Juez Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Medell\u00edn estim\u00f3 que las valoraciones efectuadas por aqu\u00e9lla se encontraron ajustadas al contexto revelado por el expediente del proceso, que da cuenta que varias de las situaciones que han obstaculizado el normal tr\u00e1nsito del juicio provinieron de actuaciones de la defensa y el propio acusado como lo explic\u00f3: <\/p>\n

\u00abSe avala la decisi\u00f3n de primera instancia en el siguiente sentido: a partir del 14 de junio hasta el 16 est\u00e1 justificado por cuenta de la defensa, que no solo es el abogado, la defensa est\u00e1 conformada por la defensa formal y material y lo haga la una afecta a la otra, es una sola. <\/p>\n

Se dice por lo siguiente: desde la fecha en que se recibe la carpeta por parte del juez de conocimiento, 14 de junio hasta el 5 de septiembre que la persona no quiso ir, esa carga la tiene que asumir la defensa, porque \u00e9se tiempo la perdi\u00f3 la defensa. <\/p>\n

Si el procesado quer\u00eda verse un partido de Colombia el d\u00eda de la audiencia, est\u00e1 muy bien, estamos en pleno furor de esto, pero eso tiene consecuencias procesales. El no querer ir a una audiencia por verse un partido es un hecho que est\u00e1 confrontado, nadie se lo invent\u00f3, est\u00e1 el acta de \u00e9se d\u00eda que el juez de conocimiento verific\u00f3 comunic\u00e1ndose directamente con el penal, que no hab\u00eda querido ir por verse un partido. <\/p>\n

Se repite que entre la fecha de 14 de junio a 5 de septiembre, para este despacho ese tiempo es una carga que tiene que asumir el procesado porque hizo perder tiempo a la justicia\u00bb. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con otra de las discusiones presentadas en el tr\u00e1mite, esto es, la solicitud de \u00abcambio de jurisdicci\u00f3n\u00bb, se resalt\u00f3 que el tiempo transcurrido en ese asunto era imputable a la defensa, dado que se apreci\u00f3 como una acci\u00f3n \u00abclaramente dilatoria\u00bb, ya que la pretensi\u00f3n de acogerse a la JEP resultaba impertinente: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Ahora el 16 de enero de 2018, la defensa propone incompetencia, por tratarse de un miembro del ELN desmovilizado, que deb\u00eda aplicarse la JEP o Justicia y Paz, pero nadie m\u00e1s que el procesado con su defensor deben saber a qu\u00e9 est\u00e1 sometido. La Fiscal\u00eda demostr\u00f3 en la argumentaci\u00f3n que no estaba en ninguna de ellas, pero \u00bfera la Fiscal\u00eda quien ten\u00eda que demostrarlo? Si alego una incompetencia porque creo pertenecer a la JEP o a la Ley 975, \u00bfno es usted quien debe saberlo? (\u2026) Para uno estar en la JEP tienen que existir peticiones, estar dentro de los l\u00edmites de la JEP: \u00bfEs miembro de las FARC?, no. Es del ELN. Entonces s\u00ed fue una maniobra dilatoria para este despacho. <\/p>\n

As\u00ed, cuando regresa el expediente, el 18 de abril al juzgado, hemos visto maniobras dilatorias por parte de la defensa, porque es muy f\u00e1cil mirar qui\u00e9n est\u00e1 o no en la ley 975. <\/p>\n

Entonces, como lo decidi\u00f3 la juez, desde el 14 de junio de 2017 hasta el 18 de abril de 2018, si restamos todo eso a los 360 d\u00edas de la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento del 2 de marzo de 2017, no hay vencimiento de t\u00e9rminos por ello, todav\u00eda sigue, como lo indic\u00f3 la juez, no est\u00e1n vencidos los t\u00e9rminos a ese punto. <\/p>\n

El defensor cre\u00f3 una causal de incompetencia que tuvo que subir a la Corte y ese tr\u00e1mite no lo gener\u00f3 el citador del despacho que se equivoc\u00f3 del lugar al cual enviar el expediente, ese tr\u00e1mite lo gener\u00f3 la defensa, entonces lo que haya pasado, que alguien se equivoc\u00f3 mand\u00e1ndolo de una parte a otra, no. El tr\u00e1mite lo gener\u00f3 la defensa y no otra persona\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, sobre los t\u00e9rminos del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 317 de la Ley 906 de 2004, precis\u00f3: <\/p>\n

\u00abEntonces tampoco se da el vencimiento de t\u00e9rminos del 317 numeral 5\u00ba porque no han pasado los 240 d\u00edas, porque si restamos los tiempos a cargo de la defensa\u2026\u201cque no quiero ir a una audiencia porque quiero ver un partido Brasil-Colombia, porque no quiero un defensor p\u00fablico sino que quiero tener uno contractual\u2026\u201d claro son derechos que est\u00e1n obstaculizando el debido ejercicio del accionar de la justicia por parte de la defensa. Porque si yo s\u00e9 que quiero un defensor contractual, no es el mismo d\u00eda que estoy sentado en la audiencia, lo s\u00e9 d\u00edas antes y como m\u00ednimo para evitar gastos y otras situaciones, debe informar por lo menos a su defensor p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n

Y sobre los aplazamientos ocasionados por los inconvenientes de tipo log\u00edstico a cuyo cargo se encuentra el INPEC dijo: <\/p>\n

\u00abRespecto al INPEC, se reitera, no tiene que ver con la administraci\u00f3n de justicia, como lo informa la juez, el INPEC no tiene la administraci\u00f3n de justicia; se sale de las manos manejar ese transporte de detenidos. Y finalmente, sobre las causales de incompetencia alegadas el 16 de enero corren por cuenta tambi\u00e9n de la defensa porque fueron causales insulsas desde la misma lectura de las leyes y as\u00ed lo dijo la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n

Frente a la determinaci\u00f3n que le neg\u00f3 el h\u00e1beas corpus, destac\u00f3: <\/p>\n

\u00abAhora, como lo indic\u00f3 el abogado defensor que el juez de h\u00e1beas corpus dijo que los t\u00e9rminos estaban vencidos, pero no., \u00e9l no dijo eso. Ni que ya hab\u00eda pasado el a\u00f1o, no. Lo que dijo fue que los t\u00e9rminos contados de largo si pareciere que estaban vencidos, pero que hab\u00eda que descontar ciertos t\u00e9rminos a cargo de la defensa los cuales poco o nada hizo puesto que los recursos ordinarios no estaban resueltos\u00bb (Disco compacto, audiencia de 20 de junio de 2018 \u2013 fl. 12, ib.). <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la Juez de primera instancia consider\u00f3 que efectivamente, si bien ya lleva m\u00e1s de un a\u00f1o de imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario, as\u00ed como lo dijo en su decisi\u00f3n anterior, este a\u00f1o se ha dado o se ha superado el a\u00f1o en virtud de culpa imputable a la defensa, ya que ha solicitado aplazamientos y el mismo Jorge Edinson Hinestroza Hinestroza ha cambiado de abogados en diversas audiencias y estuvo en [tr\u00e1mite] una solicitud de cambio de jurisdicci\u00f3n a la JEP, la cual fue negada por parte de la Corte Suprema de Justicia y esos t\u00e9rminos efectivamente son imputables a la defensa, en eso es que fundamenta la defensa la solicitud en el recurso de apelaci\u00f3n que se interpuso ante el juez a quo porque considera que esos t\u00e9rminos que le descontaron a los d\u00edas desde que el se\u00f1or Jorge Edinson est\u00e1 privado de la libertad, no son en su totalidad imputables a la defensa y por haberse pasado m\u00e1s de un a\u00f1o desde el momento en que fue detenido de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, deb\u00eda quedar en libertad y no deb\u00eda hab\u00e9rsele prorrogado la medida de aseguramiento\u00bb. <\/p>\n

En tal sentido, refrend\u00f3 las consideraciones de la a quo frente al procedibilidad de extender la cautela: <\/p>\n

\u00abAl contrario efectivamente de lo solicitado por el se\u00f1or defensor, este juez tiene para se\u00f1alar que efectivamente se observ\u00f3 que, si bien es cierto han pasado m\u00e1s de un a\u00f1o desde la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento, estos delitos de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 317 incluso, pues en la actualidad la pol\u00edtica criminal ha intentado aplazar a\u00fan m\u00e1s estos t\u00e9rminos, y hay que hacer aclaraci\u00f3n la Ley 1908 de 2018, no se podr\u00eda aplicar a esta persona por favorabilidad, sino la anterior a la misma, 1786 de 2016. De conformidad con esta normatividad, los delitos de competencia de la justicia penal especializada, se puede prorrogar por un a\u00f1o m\u00e1s en este caso eso se hizo por la Fiscal\u00eda, y en el momento de la prorroga ya se hab\u00eda intentado solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento decisi\u00f3n que fue adoptada por un juez penal de control de garant\u00edas y confirmada por un juez penal de circuito. <\/p>\n

Por lo tanto, centr\u00e1ndose en la solicitud de la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento es totalmente viable porque estamos ante el cumplimiento de los requisitos, ante delitos atentatorios contra diferentes bienes jur\u00eddicos que son competencias de los jueces penales del circuito especializado, por ende es viable la solicitud de la pr\u00f3rroga de la medida de aseguramiento frente a estas personas. <\/p>\n

De igual manera, no han pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os, es decir est\u00e1n dentro del t\u00e9rmino que efectivamente la normativa ha indicado que puede estar privado de la libertad bajo una medida de aseguramiento una persona investigada por este tipo de delitos, aunado a lo anterior, ni siquiera haciendo un c\u00f3mputo de t\u00e9rminos, al momento de esta solicitud, no hab\u00eda pasado m\u00e1s de un a\u00f1o imputables al Estado, es decir, este a\u00f1o pas\u00f3 pero del a\u00f1o 5 meses aproximadamente son por culpa de maniobras dilatorias no solo de la defensa sino del mismo procesado\u00bb (Registro de audio, audiencia de segunda instancia, apelaci\u00f3n de auto de pr\u00f3rroga de medida de aseguramiento). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, y al margen de la interpretaci\u00f3n que los funcionarios accionados efect\u00faen de la normativa en cuesti\u00f3n relativa a los t\u00e9rminos procesales que alega la defensa vencidos, es de resaltar que en la causa judicial reprochada, si es que eventualmente se han superado los plazos legales, ha sido por eventos que encajan dentro de los supuestos contemplados en el par\u00e1grafo 3\u00b0 inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues seg\u00fan lo informado en esta actuaci\u00f3n, situaciones como la petici\u00f3n de \u00abcambio de jurisdicci\u00f3n\u00bb, la inasistencia voluntaria a una de las audiencias o los cambios de apoderado sobre la marcha, no son atribuibles a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

Entonces, se itera, m\u00e1s all\u00e1 de que esta Sala comparta o no la tesis sostenida por los jueces que actuaron en sede de control de garant\u00edas respecto al c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos procesales, no fue ese el \u00fanico argumento que sustent\u00f3 la negativa de la pretensi\u00f3n liberatoria, pues \u00e9stos fueron enf\u00e1ticos al considerar los eventos ya rese\u00f1ados, en todo caso extra\u00f1os al discurrir procesal y como ya se indic\u00f3, ajenos al proceder del juzgado de conocimiento, los que han tenido una determinante injerencia en la extensi\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n

Adem\u00e1s, repetidamente la Corte ha explicado que la sola divergencia conceptual no habilita el resguardo constitucional, porque esta acci\u00f3n no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443) <\/p>\n

5.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo discurrido, se impone confirmar el fallo mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, pero por las puntuales razones dadas en esta instancia, las que apuntan a la razonabilidad de las decisiones cuestionadas, las cuales, una vez analizadas, se observa que no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
\nComun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela rad. n\u00b0 11001-02-04-000-2018-01695-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC405-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-01695-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de octubre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102760","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102760","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102760"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102760\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102760"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102760"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102760"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}