{"id":102763,"date":"2026-07-02T16:39:42","date_gmt":"2026-07-02T16:39:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102763"},"modified":"2026-07-02T16:39:42","modified_gmt":"2026-07-02T16:39:42","slug":"stc408-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc408-2019\/","title":{"rendered":"STC408-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC408-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2018-00650-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades convocadas al resolver el segundo incidente de desacato formulado dentro del asunto antes referido. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que su ex esposa Martha Liliana S\u00e1nchez P\u00e9rez solicit\u00f3 a la Comisar\u00eda Octava de Familia, tramitar \u00abun SEGUNDO INCIDENTE\u00bb de \u00abla acci\u00f3n de protecci\u00f3n n\u00famero 166 de 2018\u00bb, aduciendo que \u00e9l hab\u00eda incumplido lo all\u00ed resuelto porque \u00aben la p\u00e1gina de FACEBOOK\u00bb public\u00f3 \u00abla sanci\u00f3n administrativa\u00bb y que con ello \u00able causaba una VIOLENCIA SICOL\u00d3GICA\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que en la audiencia la querellante present\u00f3 \u00abunos emails (\u2026) en 12 folios\u00bb, con los que pretend\u00eda demostrar que de lo ocurrido se hab\u00edan enterado \u00abdiferentes personas\u00bb y por tanto ve\u00eda afectado \u00absu buen nombre\u00bb, frente a lo cual se acept\u00f3 \u00abque estaban publicados en face donde ella me tiene bloqueado y yo la tengo bloqueada\u00bb (sic), empero, la Comisaria de Familia \u00abme crea como prueba de cargos una hoja de una imagen de Facebook, que supuestamente yo acept\u00e9\u00bb, y \u00absin que esta persona me pusiera de presente mis derechos a la no AUTOINCRIMINACI\u00d3N\u00bb, y \u00abNUNCA (\u2026) me practico (sic) INTERROGATORIO DE PARTE en donde se hubiera podido LEGALIZAR LA PRUEBA DE MI ACEPTACI\u00d3N DE LA PUBLICACI\u00d3N EN LA P\u00c1GINA P\u00daBLICA FACEBOOK\u00bb. <\/p>\n

Critic\u00f3 que la funcionaria en comento hubiera expresado en el fallo que \u00e9l admiti\u00f3 haber realizado la publicaci\u00f3n en la red social, y que esa apreciaci\u00f3n probatoria fue avalada por el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, quien conoci\u00f3 del asunto en virtud al grado de consulta, pues \u00absuponiendo pruebas que no existieron se atreve a decir que con los mensajes se evidencia que soy una persona acosadora de mi exesposa\u00bb, concluyendo que proced\u00eda \u00abla sanci\u00f3n de arresto de 30 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende se declare \u00abla ilegalidad\u00bb en el \u00absegundo incidente y la correspondiente orden de arresto\u00bb, por tanto, \u00abREVOCAR el auto de fecha 02 de noviembre del 2018, dictado por el JUEZ 27 DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, orden\u00e1ndole que realice una valoraci\u00f3n jur\u00eddica al GRADO DE CONSULTA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y ARRESTO con el an\u00e1lisis [de las] pruebas recaudadas\u00bb, y \u00abDECLARAR que existi\u00f3 una violaci\u00f3n al principio constitucional de la no autoincriminaci\u00f3n por parte de la Comisar\u00eda de Kennedy\u00bb (fls. 8 a 25, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADA <\/p>\n

1. La Comisaria Octava de Familia \u2013 Kennedy Lago Timiza – de Bogot\u00e1, tras informar la actuaci\u00f3n procesal en cuesti\u00f3n, manifest\u00f3 que frente al segundo incidente de incumplimiento solicitado por la all\u00ed querellante el 3 de septiembre de 2018, \u00abse impuso al se\u00f1or JHON CARLOS BELTRAN MERCHAN, sanci\u00f3n de arresto de treinta (30) d\u00edas por encontrar el da\u00f1o probado\u00bb, ya que \u00aben la audiencia del d\u00eda 25 de octubre de 2018 se prob\u00f3 que en efecto el [querellado] public\u00f3 en su red social Facebook, el contenido de la notificaci\u00f3n por aviso emitida por este despacho, la cual hac\u00eda alusi\u00f3n a la sanci\u00f3n pecuniaria de que fuera objeto por incumplimiento a las medidas de protecci\u00f3n, observando de facto, la alteraci\u00f3n en la esfera de la intimidad personal y familiar de la se\u00f1ora MARTHA LILIANA SANCHEZ (\u2026)\u00bb, advirtiendo sobre el argumento de haberla \u00abbloqueado de sus redes sociales\u00bb, la afectada adujo \u00abtener conocimiento del contenido de la tal publicaci\u00f3n por otras personas pertenecientes a su c\u00edrculo social, lo cual afirma la ocurrencia del hecho\u00bb (fls. 38 y 39, ib\u00eddem).
\n2. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, se atuvo al pronunciamiento que realice la Comisar\u00eda de Familia accionada (fl. 41, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. La Juez Veintisiete de Familia de esta capital, inform\u00f3 que \u00ablos fallos\u00bb tanto del primero como del segundo incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, \u00aben su momento fueron resueltos acorde con las probanzas obrantes en el expediente\u00bb, sin que ese despacho hubiera incursionado en v\u00edas de hecho, sino que, por el contrario, \u00ablas decisiones que se anuncian respondieron al an\u00e1lisis sustancial respectivo y con apego a las reglas adjetivas aplicables al caso\u00bb, acotando que \u00abno fueron las documentales en comento las \u00fanicas demostrativas del incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n por parte del incidentado\u00bb, pues igualmente, \u00abel se\u00f1or BELTR\u00c1N MERCH\u00c1N inobserv\u00f3 el mandato referente a cumplir con esquema de terapia psicol\u00f3gica dispuesta por la agencia comisarial\u00bb (fls. 48 y 49, \u00eddem). <\/p>\n

4. El Jefe de la oficina de Asuntos Jur\u00eddicos de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1, se opuso a lo pretendido aduciendo que la tutela deviene improcedente por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, y en subsidio pidi\u00f3 su exclusi\u00f3n en tanto \u00abse configura de manera evidente la FALTA DE LEGITIMDAD EN LA CAUSA POR PASIVA\u00bb (fls. 50 a 53, ib.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Concedi\u00f3 el auxilio al observar que al haberse endilgado al accionante \u00abel segundo incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n\u00bb, los reclamos que \u00e9ste realizara \u00abcon respecto al pantallazo de Facebook que fue aportado por la incidentante como prueba, y a la vulneraci\u00f3n al principio de la no autoincriminaci\u00f3n a que el mismo aludi\u00f3 al interior del (sic) dicho tr\u00e1mite, no fueron solventados, ni por la comisar\u00eda, ni por el juzgado de familia que conoci\u00f3 de la consulta\u00bb, pese a que el apoderado del querellado \u00absolicit\u00f3 examinar tales aspectos al momento de resolver el grado jurisdiccional\u00bb, aludiendo \u00abla presunta transgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de su representado por la incorporaci\u00f3n de una prueba que, a su juicio, debe ser declarada nula\u00bb, por la \u00abtrascendencia\u00bb de tal circunstancia y \u00abla extemporaneidad que advirti\u00f3\u00bb, concluy\u00f3 en que hubo \u00abuna insuficiente motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En consecuencia, dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo dictado por el juzgado ad quem el 2 de noviembre de 2018, orden\u00e1ndole que \u00abdentro de los diez (10) d\u00edas siguientes (\u2026), proceda a resolver nuevamente el grado jurisdiccional de consulta frente a la decisi\u00f3n adoptada por la COMISAR\u00cdA OCTAVA DE FAMILIA KENNEDY 1 DE BOGOT\u00c1, D.C. con respecto al segundo incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed considerado, y sin perjuicio de que pueda a (sic) arribar a la misma conclusi\u00f3n\u00bb (fls. 73 a 86, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el promotor del resguardo para atacar \u00abde manera parcial el fallo\u00bb, mostrando desacuerdo en cuanto a la orden de que sea el juzgado querellado quien deba resolver de nuevo la consulta, pues se demostr\u00f3 que \u00abviol\u00f3 mi debido proceso\u00bb al realizar \u00abla valoraci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas presentadas\u00bb, y porque, en su criterio, \u00abdonde se vulner\u00f3 mi derecho de defensa fue en la Comisar\u00eda de Familia Octava\u00bb, ya que \u00abno resolvieron sobre las solicitudes de rechazo de pruebas (\u2026), por lo que el expediente debe devolverse con el fin de que la COMISARIA OCTAVA DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, garantice mi derecho a DEFENSA y A LA NO AUTOINCRIMINACI\u00d3N\u00bb, y como \u00abel Juez 27 de Familia (\u2026) no ejerci\u00f3 correctamente sus funciones jurisdiccionales estar\u00eda impedido para conocer el tr\u00e1mite\u00bb por lo que pidi\u00f3 que el asunto \u00abse env\u00ede a los JUECES DE REPARTO DE FAMILIA\u00bb (fls. 116 a 119, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Circunscrita la Sala a los reproches realizados en sede de impugnaci\u00f3n, corresponde establecer si en virtud de la concesi\u00f3n del amparo deprecado por el ac\u00e1 accionante, el fallador a-quo afect\u00f3 sus prerrogativas fundamentales, principalmente las derivadas del debido proceso, al disponer: (i) que la invalidez de lo actuado en el incidente de desacato de la medida de protecci\u00f3n impuesta al ac\u00e1 reclamante, corresponda s\u00f3lo a lo resuelto por el Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 al desatar la consulta legalmente prevista para tales asuntos, en lugar de comprender tambi\u00e9n la resoluci\u00f3n de primer grado; y, (ii), que sea el referido despacho judicial el que nuevamente resuelva dicho grado jurisdiccional, o si por el contrario \u00e9ste debe ser apartado del conocimiento de tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n

2. \tDe la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n

Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que esta acci\u00f3n no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez extraordinario con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

3.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas que conforman el expediente, la Sala confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, comoquiera que ninguno de los espec\u00edficos reparos que fueron objeto de descripci\u00f3n en el ac\u00e1pite precedente, dan lugar a que se mantenga la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n

3.1. De la impugnaci\u00f3n aparente. <\/p>\n

Preliminarmente se hace necesario precisar que al haberse dirigido la impugnaci\u00f3n por el propio gestor del amparo frente a la sentencia estimatoria de su pretensi\u00f3n, hay lugar a considerar que la procedencia del auxilio o en este caso de la ampliaci\u00f3n al mismo, requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de los m\u00e1s elementales, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar. <\/p>\n

Por tanto, la solicitud encaminada a obtener el resguardo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, advirtiendo que si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, la invocaci\u00f3n de la salvaguarda deviene innecesaria o carente de sentido. <\/p>\n

Bajo tales premisas, siendo que, como ya se indic\u00f3, el tribunal a-quo accedi\u00f3 a lo perseguido por el demandante, cual era que se dispusiera que el juez de instancia volviera a estudiar y resolver el incidente de desacato de una medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar, la Sala encuentra que debe desestimarse la impugnaci\u00f3n propuesta, pues el motivo de inconformidad resulta aparente, en cuanto las pretensiones del reclamante fueron acogidas al proteger el derecho invocado y, en consecuencia, impartir las \u00f3rdenes que, como se ver\u00e1 seguidamente, resultan pertinentes. <\/p>\n

As\u00ed, se torna improcedente la r\u00e9plica u objeci\u00f3n que contra el fallo de primer grado realizara el accionante, al no evidenciarse una situaci\u00f3n de amenaza o peligro actual que amerite adoptar \u00f3rdenes distintas a las emitidas. Lo anterior significa que en el asunto bajo examen, no existe motivo que justifique extender los efectos de la protecci\u00f3n constitucional, pues no se advierte afectaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del peticionario. Frente a ello cabe reiterar el precedente jurisprudencial seg\u00fan el cual, para soportar una tutela \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental\u00bb, sino que se requiere la demostraci\u00f3n de que \u00e9ste u otros de orden superior \u00abhan sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 5 jun. 2002 exp. No. 2002-0037-01, citada y reiterada entre otras en STC6751-2018, 24 may. 2018, rad. 00069-01), lo cual ac\u00e1 no aconteci\u00f3. <\/p>\n

3.2. De la invalidez de la actuaci\u00f3n adelantada por el juzgador ad quem. <\/p>\n

Como se anticip\u00f3 anteriormente, la determinaci\u00f3n del tribunal constitucional de primer grado de \u00abdejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n adoptada por el JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA DE BOGOT\u00c1, D.C. el 2 de noviembre de 2018 y las dem\u00e1s que de esta dependan\u00bb, no constituye defecto procedimental o de cualquier otra \u00edndole, sino que, por el contrario, obedece a una consecuencia jur\u00eddica del otorgamiento del resguardo deprecado, en tanto encontr\u00f3 que fue all\u00ed donde se origin\u00f3 la falencia de orden probatorio y de falta de motivaci\u00f3n para definir el incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n

Sin que haya lugar a mayores disquisiciones sobre el particular, basta indicar que la disposici\u00f3n que el accionante cuestiona, no es m\u00e1s que la aplicaci\u00f3n del precedente que sobre el punto ha dicho y reiterado esta Corte, consistente en que cuando la queja constitucional se dirija tambi\u00e9n contra la providencia de primera instancia, salvo que se trate de aspectos definidos independientemente, el an\u00e1lisis deber\u00e1 limitarse a la dictada por el superior jer\u00e1rquico. <\/p>\n

Lo anterior, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso que se trae para su debate, se\u00f1alando al respecto que \u00abes inane detenerse\u00bb en el examen de la decisi\u00f3n inicial, ya que \u00abal haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC12885-2018, 4 oct. 2018, rad. 00413-01, entre otras). <\/p>\n

Adicionalmente, se aprecia que al imponerse por v\u00eda de tutela la invalidez de lo resuelto por el fallador ordinario, corresponde al juez de tutela verificar hasta d\u00f3nde llegan las deficiencias que dieron lugar al amparo y conjurarlas mediante una orden de restablecimiento que, en lo posible, no conlleve el aniquilamiento de actuaciones procesales generadas dentro del marco de la legalidad, o si pese a encontrarse afectadas, no es menester retrotraerse a esas etapas previas que impliquen un innecesario desgaste de jurisdicci\u00f3n, m\u00e1xime cuando en casos como el estudiado, el ad quem, en raz\u00f3n a la naturaleza del asunto y a que en trat\u00e1ndose del grado jurisdiccional de consulta, puede revisar integralmente el litigio y definirlo conforme a derecho. <\/p>\n

3.3. De la orden para que el Juez desate nuevamente el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n

Tampoco encuentra la Sala asidero jur\u00eddico en el reparo realizado por el demandante a la orden impartida al Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, para que \u00abdentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la fecha en que reciba el expediente, proceda a resolver nuevamente el grado jurisdiccional de consulta\u00bb, pues concordante con lo antes discurrido, la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n debe darse a partir del momento en que dicho sentenciador asumi\u00f3 el conocimiento del asunto y no antes. <\/p>\n

Ciertamente, la decisi\u00f3n que en tal sentido adopt\u00f3 el a-quo debe prohijarse, en la medida en que es infundado aseverar, como lo hizo el impugnante, que por haber conocido inicialmente el caso y resolverlo de manera desfavorable a las aspiraciones que \u00e9ste ten\u00eda, la juez deba ser apartada del mismo, pues m\u00e1s all\u00e1 de la reglamentaci\u00f3n que en materia de reparto se ha definido para que el mismo funcionario conozca de todos los recursos o consultas de un caso en particular, no fue invocada y menos probada causal legal para que se atribuyera el caso a otro despacho. <\/p>\n

Ahora, situaci\u00f3n distinta es que por parte de alguno de los interesados en el juicio y con observancia en lo previsto en la ley, se hubiera planteado la recusaci\u00f3n de la Juez Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1, o de que \u00e9sta, motu proprio, decida exponer razones que puedan conllevar la configuraci\u00f3n de una de las causales previstas en el ordenamiento legal para tal evento (art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso). Esto, no obstante, debe precisarse que en asuntos como el que se ventila por los acusados, el r\u00e9gimen de recusaciones es restrictivo. <\/p>\n

Efectivamente, el inciso final del art\u00edculo 18 de la Ley 294 de 1996, consistente en que para adelantar las medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar son aplicables \u00ablas normas procesales contenidas en el Decreto n\u00famero\u00a02591\u00a0de 1991, en cuanto su naturaleza lo permita\u00bb, el art\u00edculo 12 del Decreto 652 de 2001 precisa que \u00abel tr\u00e1mite de las sanciones por incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n se realizar\u00e1, en lo no escrito con sujeci\u00f3n a las normas procesales contenidas en el Decreto 2591 de 1991, en sus art\u00edculos 52 y siguientes del cap\u00edtulo V de sanciones\u00bb, de donde se infiere que debe seguirse un incidente conforme lo prescribe el ordenamiento adjetivo, en el sentido de que su providencia final ser\u00e1 objeto s\u00f3lo del grado jurisdiccional de consulta ante el superior funcional de quien la profiri\u00f3, y que deben observarse las reglas especiales de la normativa a la que expresamente lo remite la disposici\u00f3n especial. <\/p>\n

Frente a lo antes expuesto, esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) en cuanto a los incidentes de desacato, deber\u00e1 tenerse en consideraci\u00f3n lo reglado, entre otros, en los c\u00e1nones 39 y 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Lo anterior quiere decir, de un lado, que se cuenta con tres (3) d\u00edas para definir las consultas en los decursos por incumplimiento y, de otro, que resulta inviable recusar al juez natural de dichos asuntos. <\/p>\n

No obstante, si se configura una causal de impedimento de las contenidas en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, es el mismo funcionario cognoscente el que debe manifestarla o, en su defecto, su Superior, a quien corresponde \u201c(\u2026) adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso\u201d [parte final del citado art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991] (\u2026)\u00bb (CSJ17090-2016, 25 nov. 2016, rad. 00613-01, citada en STC12188-2018, 19 sep. 2018, rad. 00411-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n

En ese orden, como en procesos de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar no tiene cabida la figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n, sin perjuicio de la posibilidad del impedimento que debe emanar aut\u00f3noma e independientemente del funcionario cognoscente, previa observancia de la normativa aplicable, tampoco ese reproche tiene la vocaci\u00f3n de prosperidad que implique variar la orden impartida en tal sentido por el tribunal de primera instancia. <\/p>\n

4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n

Conforme a lo anteriormente explicado, se confirmar\u00e1 el amparo implorado, toda vez los cuestionamientos realizados por el reclamante en la impugnaci\u00f3n devienen improcedentes en la medida en que no comportan desafuero susceptible de correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones dadas en este grado de conocimiento. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

(Hoja de firmas correspondiente al fallo de tutela n\u00ba 11001-22-10-000-2018-00650-01)<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC408-2019 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2018-00650-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). ANTECEDENTES 1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102763","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102763","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102763"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102763\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102763"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102763"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102763"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}