{"id":102767,"date":"2026-07-02T16:40:35","date_gmt":"2026-07-02T16:40:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102767"},"modified":"2026-07-02T16:40:35","modified_gmt":"2026-07-02T16:40:35","slug":"stc412-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc412-2019\/","title":{"rendered":"STC412-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC412-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-01075-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tObrando en nombre propio, el querellante sostiene que la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso, en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2016-611, que instaur\u00f3 contra la sociedad Audifarma S.A., dado que \u00abse neg\u00f3 NUEVAMENTE A INFORMAR A LA COMUNIDAD de la existencia de mi acci\u00f3n Constitucional, a trav\u00e9s de la EMISORA DE LA POLICIA NACIONAL EN PEREIRA RDA, TAL COMO HA (sic) SACIEDAD LO HA HECHO EN INFINIDAD DE ACCIONES POPULARES, AMPARADO ART 5 LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n

2.\tEn consecuencia, solicita: i) \u00abse ordene al tutelado de manera INMEDIATA INFORME A LA COMUNIDAD SOBRE LA EXISTENCIA DE MI RENUENTE ACCI\u00d3N POPULAR A TRAVES (sic) DE LA EMISORA DE LA POLICIA NACIONAL EN Pereira Rda (sic), tal como ha (sic) saciedad se ha hecho aplicar, ii) \u00abAPLICAR ART 5 LEY 472 DE 1998 Y ASI NO VULNERAR MAS (sic), EL DEBIDO PROCESO, iii) \u00abSe ORDENE AL Procurador Gral de la Nacion (sic) delegado en a (sic) populares, Procurador, a fin que pruebe y demuestre que acciones legales hizo a fin de evitar la vulneraci\u00f3n al debido proceso (\u2026). CONSIGNARA (sic) SI (sic) CUANDO LA TUTELADA DECRETO (sic) DESISTIMIENTO TACITO (sic) EN MI ACCI\u00d3N POPULAR, PRESENTO (sic) NULIDAD DEL AUTO ILEGAL QUE PRETENDIO TERMINAR MI ACCI\u00d3N CON FIGURA INEXISTENTE EN LEY 472 DE 1998 O SIMPLEMENTE NADA HIZO\u00bb, iv) \u00abse brinde copia f\u00edsica gratis de todo lo actuado en la tutela las q recoger\u00e9 en la secretaria (sic) del TSSCF (sic) de Pereira\u00bb, v) \u00abse pruebe a travez (sic) de que medio id\u00f3neo se informara (sic) de la existencia de mi tutela a los tercer interesados y de no hacerlo, desde ya pido nulidad de todo lo actuado\u00bb (f. 10, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copias de las actuaciones surtidas en el asunto que da origen a la queja (f. 48, cd 1). <\/p>\n

2.\tEl Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles, pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n constitucional por improcedente \u00abante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad toda vez que contra el auto del 13 de noviembre del a\u00f1o en curso no se interpuso recurso alguno y adem\u00e1s, en atenci\u00f3n a que es del resorte exclusivo del funcionario judicial de conocimiento determinar la forma en que se debe informar a la comunidad la existencia de la acci\u00f3n popular as\u00ed como la eficacia o no del mecanismo que para el efecto ponga a consideraci\u00f3n el extremo actor\u00bb (ff. 49 y 50, ib\u00eddem) <\/p>\n

3.\tLa Alcald\u00eda de Pereira se opuso a la prosperidad del resguardo respecto del municipio, por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva (ff. 53 y 54, \u00eddem.). <\/p>\n

4.\tEl Procurador Regional de Risaralda afirm\u00f3 que en el asunto en cuesti\u00f3n no se le endilga ninguna vulneraci\u00f3n, y, las pretensiones interpuestas son ajenas a sus funciones por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n (f. 56, ib\u00edd.). <\/p>\n

FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que: \u00ablos hechos narrados en la acci\u00f3n de amparo, no guardan relaci\u00f3n con lo acaecido en el proceso en el que el peticionario encuentra la lesi\u00f3n de sus derechos\u00bb (ff. 65 a 69, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La propuso el convocante indicando que \u00abNUNCA INFORMARE (sic) A LA COMUNIDAD Y SIENDO ASI (sic) LA JUEZ APLACARA (sic) DESISTIMIENTO TACITO (sic) Y POSTERIORMENTE TUTELARE (sic)\u00bb (f. 35, ib\u00eddem). <\/p>\n

1. Problema \tjur\u00eddico. <\/p>\n

Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa invocada por el promotor en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2016-00611, que inici\u00f3 contra Audifarma S.A., por presuntamente negarse a informar a la comunidad sobre la existencia de la misma en la emisora de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n

2. Nulidad \talegada por el actor. <\/p>\n

Preliminarmente debe indicarse que desde la admisi\u00f3n de la demanda constitucional la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de Pereira orden\u00f3 enterar a los intervinientes en la acci\u00f3n popular que motiva la queja, lo cual se cumpli\u00f3 en las direcciones reportadas para recibir correspondencia, por lo que no hay motivo para invalidar lo actuado como pretende el gestor. <\/p>\n

3. Hechos \tprobados. <\/p>\n

Se encuentran acreditados los siguientes: <\/p>\n

3.1.\tJavier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga inici\u00f3 una acci\u00f3n popular contra Audifarma S.A., que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira admiti\u00f3 el 28 de noviembre de 2017, ordenando entre otros asuntos: \u00ab (\u2026) que el aviso a la comunidad se haga trav\u00e9s de la emisora de la Polic\u00eda Nacional, toda vez la misma ofrece garant\u00eda de suficiente publicidad. Los costos que genere dicha publicaci\u00f3n ser\u00e1n a cargo del demandante\u00bb (f. 17, cd 1). <\/p>\n

3.2.\tEl 29 de agosto de 2018 al encontrar \u00abvencidos los 30 d\u00edas sin que la parte interesada cumpla la carga procesal que le corresponde (\u2026)\u00bb el despacho censurado decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el anunciado pleito (f. 41, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.3.\tMediante acci\u00f3n de tutela resuelta por esta Sala el 7 de noviembre del pasado a\u00f1o se dej\u00f3 sin efecto la terminaci\u00f3n anticipada, y se orden\u00f3 continuar con el tr\u00e1mite legal del pleito. <\/p>\n

3.4.\tPor auto de 13 de noviembre de 2018, el funcionario encartado dio cumplimiento a la anterior decisi\u00f3n, en ese sentido ofici\u00f3 al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos para la obtenci\u00f3n del aviso a la comunidad (f. 46, cit.) <\/p>\n

4. De \tlos presupuestos generales de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los requisitos de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, ellos son: \u00ab(i)\u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026) (ii) Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026) (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026) (iv) Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026) (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u00bb. (CC Sentencias C-590\/05; SU-198\/13). <\/p>\n

Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: \u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n

5.\tSoluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n

Efectuado el pertinente an\u00e1lisis de la queja constitucional y con observancia de las piezas procesales allegadas al expediente, se establece que el fallo denegatorio del resguardo habr\u00e1 de avalarse, comoquiera que no se advierte la circunstancia transgresora del derecho fundamental que se atribuye a ese despacho, por cuanto, seg\u00fan se pudo confirmar, el juzgado s\u00ed orden\u00f3 el enteramiento a la comunidad en la emisora de la Polic\u00eda Nacional desde la admisi\u00f3n de la respectiva demanda, incluso, ante la orden que recibi\u00f3 en fallo de tutela resuelta a favor del actor, ofici\u00f3 al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos para que evaluara la posibilidad de financiar la publicaci\u00f3n del referido aviso. <\/p>\n

Seg\u00fan lo expuesto, la alegaci\u00f3n sobre la que se edifica este amparo no se configura, coligi\u00e9ndose que la queja del accionante en torno a ese punto se aviene claramente infundada; de ah\u00ed que no se aprecia un actuar de parte del juzgado censurado que imponga dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos reclamados, dado que es indudable que el juzgado citado est\u00e1 dando el impulso oficioso necesario en los t\u00e9rminos previstos por la Ley 472 de 1998, para lograr la participaci\u00f3n a la comunidad, all\u00ed contemplada. <\/p>\n

Respecto de la solicitud concerniente a que \u00abSe ORDENE al Procurador Gral de la Nacion (sic) delegado en a (sic) populares, Procurador, a fin que pruebe y demuestre que acciones legales hizo a fin de evitar la vulneraci\u00f3n al debido proceso (\u2026)., se indica, que no se acredit\u00f3 que tales cuestionamientos fueran formulados oportunamente ante la autoridad convocada, lo que torna improcedente este medio de protecci\u00f3n, pues a \u00e9l solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado:\u00ab (\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n

Finalmente, en cuanto a la petici\u00f3n del actor para que se le entreguen copias f\u00edsicas de todo lo actuado, no se acceder\u00e1 a la misma porque ello no est\u00e1 contemplado en el Decreto 2591 de 1991. No obstante, dado que suministr\u00f3 como medio de comunicaci\u00f3n un correo electr\u00f3nico, se le enviar\u00e1 copia escaneada de la sentencia. <\/p>\n

6.\tConclusi\u00f3n. <\/p>\n

Corolario de lo expuesto, se confirmar\u00e1 el fallo examinado que neg\u00f3 el resguardo, porque la circunstancia particular denunciada no ocurri\u00f3 como lo adujo el quejoso, conllevando entonces la inexistencia de la vulneraci\u00f3n aducida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Env\u00edese copia de la presente decisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico que suministr\u00f3 el convocante para recibir notificaciones. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC412-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2018-01075-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). ANTECEDENTES 1. Obrando en nombre propio, el querellante sostiene que la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso, en la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}