{"id":102771,"date":"2026-07-02T16:41:37","date_gmt":"2026-07-02T16:41:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102771"},"modified":"2026-07-02T16:41:37","modified_gmt":"2026-07-02T16:41:37","slug":"stc416-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc416-2019\/","title":{"rendered":"STC416-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC416-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00004-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Josu\u00e9 Tamayo Mosquera contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de Conocimiento, Fiscal\u00eda 33 Seccional de esa ciudad y defensora p\u00fablica Maira Roc\u00edo Correa; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a las dem\u00e1s autoridades, partes e intervinientes en el proceso penal que se adelant\u00f3 en contra del accionante conocido con radicado No. 2010-07470. <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n que considera vulnerados por las autoridades accionadas con ocasi\u00f3n a las decisiones emitidas al interior del asunto penal adelantado en su contra por cuanto el Fiscal del caso se encontraba impedido para adelantarlo, sin que se hubiese declarado tal impedimento, adem\u00e1s, no cont\u00f3 con una adecuada representaci\u00f3n, toda vez que su abogada no recus\u00f3 al ente acusador ni ejerci\u00f3 bien su funci\u00f3n y, por ende, no tuvo una buena defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n

En consecuencia, pretende \u00abse ordene la nulidad absoluta de lo actuado\u00bb. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Mayerling Camargo Rangel interpuso denuncia en contra del actor por cuanto a partir del mes de marzo de 2009, fecha en la cual termin\u00f3 su relaci\u00f3n sentimental con el accionante, \u00e9ste despleg\u00f3 una serie de actos persecutorios e intimidatorios en contra de ella y su familia, haci\u00e9ndose pasar por miembro de una organizaci\u00f3n armada ilegal, envi\u00e1ndole cartas con amenazas y abord\u00e1ndola en diferentes partes de la ciudad de Bucaramanga, lo que origin\u00f3 que tuviera que trasladarse al municipio de Fundaci\u00f3n Magdalena y luego a Bogot\u00e1. <\/p>\n

As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que en dos oportunidades el tutelante la abord\u00f3 en sitios p\u00fablicos, intimid\u00e1ndola con arma de fuego y en uno de esos episodios en el mes de septiembre de 2011, el accionante realiz\u00f3 tocamientos en su cuerpo. <\/p>\n

2. El 14 de marzo de 2012, ante el Juzgado Veinte Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bucaramanga, se realiz\u00f3 audiencia preliminar, en cuyo desarrollo se aval\u00f3 la legalidad de la captura del actor. <\/p>\n

En la misma diligencia, la Fiscal\u00eda le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por los delitos de acto sexual violento agravado, porte de armas de fuego y constre\u00f1imiento ilegal. <\/p>\n

Acto seguido, el juez le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva. <\/p>\n

3. El 11 de mayo de ese a\u00f1o, el ente investigador present\u00f3 el respectivo escrito de acusaci\u00f3n, que sometido a reparto le correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa ciudad, despacho que el 4 de junio siguiente celebr\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n

4. El 6 de julio de 2012, se realiz\u00f3 la audiencia preparatoria, momento en que la Fiscal\u00eda y la defensa anunciaron las pruebas que ser\u00edan practicadas en el juicio oral y celebraron estipulaciones probatorias. <\/p>\n

5. La audiencia de juzgamiento se adelant\u00f3 el 21 de agosto de 2013, oportunidad en la cual el ente acusador present\u00f3 su teor\u00eda del caso, se presentaron las pruebas solicitadas por las partes y se culmin\u00f3 con la presentaci\u00f3n de los alegatos finales de los intervinientes. <\/p>\n

6. El A Quo anunci\u00f3 el sentido del fallo, advirtiendo que ser\u00eda de car\u00e1cter condenatorio para el delito de constre\u00f1imiento ilegal, en tanto absolutorio para los dem\u00e1s punibles objeto de acusaci\u00f3n, por lo que se dispuso la libertad del actor. <\/p>\n

7. El fallo anunciado se profiri\u00f3 el 14 de enero de 2015, decisi\u00f3n contra la que el ente acusador interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

8. El 6 de marzo siguiente, el Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 parcialmente la sentencia para condenar al procesado tambi\u00e9n por los delitos de porte ilegal de armas y acto sexual violento a una pena de 158 meses de prisi\u00f3n y as\u00ed mismo, se le negaron los subrogados penales de la suspensi\u00f3n condicional de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n

9. En desacuerdo la defensa acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

10. El 25 de noviembre de ese a\u00f1o, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n al no acreditarse la materializaci\u00f3n de los yerros denunciados adem\u00e1s porque tampoco se advirti\u00f3 violaci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales que hicieran necesario superar los defectos del libelo. <\/p>\n

As\u00ed mismo advirti\u00f3 que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004 contra esa determinaci\u00f3n proced\u00eda la insistencia, mecanismo que no fue utilizado por el accionante. <\/p>\n

11. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus derechos porque el fiscal que actu\u00f3 en el proceso se encontraba impedido, situaci\u00f3n que no fue advertida por su abogado en la audiencia preparatoria, quien no ejerci\u00f3 bien su defensa aunado a que result\u00f3 condenado bajo una indebida valoraci\u00f3n probatoria por cuanto fue \u00abun falso positivo de la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. Por auto de 15 de enero de 2019, fue admitida la acci\u00f3n de tutela y se dispuso correr traslado a todos los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los vinculados no realizaron manifestaci\u00f3n alguna frente a la salvaguarda peticionada. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n

2. De otra parte, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la acci\u00f3n a la que se hace referencia, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n

Sobre el particular, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que \u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ STC 3 Mayo 2002, Rad. 0010-00, reiterada en STC de 8 de mayo 2012, Rad 00017-01). <\/p>\n

3. En el caso sub judice, se observa que el accionante present\u00f3 con anterioridad acci\u00f3n de tutela en contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior, Fiscal\u00eda 30 Seccional y Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa que consider\u00f3 vulnerados por las autoridades accionadas \u00abcon ocasi\u00f3n a las decisiones emitidas al interior del proceso penal adelantado en su contra por cuanto el Fiscal que actu\u00f3 en la actuaci\u00f3n se encontraba impedido para adelantarla por cuanto no obraba con imparcialidad, sin que se hubiese declarado tal impedimento, adem\u00e1s, no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica, toda vez que su representante no recus\u00f3 al ente acusador y, por ende, no represent\u00f3 sus intereses de manera correcta\u00bb y en consecuencia solicit\u00f3 \u00abse decrete la nulidad total de la actuaci\u00f3n que conllev\u00f3 a una sentencia condenatoria, pues como se vislumbra se violaron derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

Ahora bien, el tutelante promovi\u00f3 la actual demanda constitucional basada en los mismos supuestos f\u00e1cticos y solicitando se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n que considera vulnerados por los mismos accionados por cuanto el Fiscal del caso se encontraba impedido para adelantarlo toda vez que no era imparcial, sin que se hubiese declarado tal impedimento, adem\u00e1s, no cont\u00f3 con una adecuada representaci\u00f3n, pues su abogada no recus\u00f3 al ente acusador ni ejerci\u00f3 bien su funci\u00f3n y, por ende, no tuvo una buena defensa t\u00e9cnica y por tanto solicita \u00abse ordene la nulidad absoluta de lo actuado\u00bb. <\/p>\n

En ese orden, es evidente que del material de prueba obrante en el expediente, se establece que la acci\u00f3n de tutela de la que se ocupa en este momento la Corte es similar a la estudiada en la sentencia STC3870-2018 proferida el 20 de marzo de 2018 por esta Sala y en la que es objeto de an\u00e1lisis, existe identidad de partes, hechos y pretensiones, empero no se acredita un motivo expresamente justificado para que el actor acudiera nuevamente a pedir la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, pues no se prob\u00f3 ninguna situaci\u00f3n sobreviniente o nueva que tuviera el alcance de cambiar lo decidido en la queja anterior, por lo que se considera que lo resuelto con antelaci\u00f3n ya ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n

En la referida providencia, esta Sala, al desatar la petici\u00f3n que en ese entonces se formul\u00f3, estim\u00f3 que no se satisfac\u00eda con el principio de la inmediatez por cuanto \u00ab\u2026 en el presente caso las decisiones que cuestiona el accionante, son aquellas a trav\u00e9s de las cuales el Tribunal Superior de Bucaramanga revoc\u00f3 parcialmente la sentencia proferida en su contra para condenarlo no s\u00f3lo por el delito de constre\u00f1imiento ilegal sino tambi\u00e9n por los punibles de porte ilegal de armas y acto sexual violento a una pena de 158 meses de prisi\u00f3n, determinaci\u00f3n que fue inadmitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, providencias que datan del 6 de marzo y 25 de noviembre de 2015, respectivamente y el amparo constitucional s\u00f3lo fue representado hasta el 9 de febrero de 2018. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir alrededor de 2 a\u00f1os y tres meses despu\u00e9s de emitida la \u00faltima decisi\u00f3n atacada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando no se alega alg\u00fan hecho o motivo que justifique su tardanza para impetrar esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

De igual forma, se consider\u00f3 que tampoco se cumpl\u00eda con el principio de subsidiariedad, pues \u00absi, a juicio del actor, la decisi\u00f3n adoptada no se encontraba ajustada a derecho, omiti\u00f3 utilizar los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance para controvertir esa providencia, es decir, no manifest\u00f3 en su momento oportuno, a trav\u00e9s del mecanismo de insistencia, conforme lo tiene establecido el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004 para que se solventaran las irregularidades que en su sentir se presentaron, oportunidad que desaprovech\u00f3, sin que tal incuria fuere excusada v\u00e1lidamente, pues el tutelante ten\u00eda conocimiento de la existencia del proceso que se adelantaba en su contra desde el 14 de marzo de 2012, fecha en que fue capturado y concedi\u00f3 poder a un abogado para que lo representara, por tanto era su deber estar atento a las decisiones que al interior del asunto se adoptaran\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed mismo, se indic\u00f3 que \u00abaunque el tutelante aduzca que se cometieron en el curso del proceso una serie de arbitrariedades porque su defensor no fue diligente en la actuaci\u00f3n y por tanto no cont\u00f3 con la debida representaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en establecer que \u00abla contingente incuria de los apoderados judiciales [\u2026] en defender los intereses de sus representados, no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito la acci\u00f3n pues aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a \u00e9stos y no al juez acusado, dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, \u2018…porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018…los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal…\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u00bb. (\u2026) <\/p>\n

4. Con todo, se observa que la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de inadmitir la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por el accionante, no se advierte arbitraria o manifiestamente contraria a la ley, de ah\u00ed que no se autoriza, en el caso, la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n

De ah\u00ed que la petici\u00f3n del actor frente a estos aspectos comporta una utilizaci\u00f3n desbordada y desmedida del mecanismo constitucional, puesto que los temas que plantea ya hab\u00edan sido sometidos a escrutinio de la acci\u00f3n de tutela, y es necesario que a \u00e9sta se le emplee de manera razonable y ponderada, a fin de evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

Al respecto ha se\u00f1alado esta Sala, que una petici\u00f3n de amparo es temeraria en los t\u00e9rminos de la norma transcrita, \u00absi la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que en este evento se estructura una circunstancia que amerita la decisi\u00f3n desfavorable de la solicitud de protecci\u00f3n, sin que sea posible adoptar una nueva determinaci\u00f3n definitiva sobre el fondo del asunto, por haberse comprobado que su promotor incurri\u00f3 en temeridad respecto a las censuras que formul\u00f3 a la decisi\u00f3n que inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

4. Bastan los precedentes razonamientos para negar la tutela deprecada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional invocado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito, de no ser impugnada la presente sentencia, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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