{"id":102775,"date":"2026-07-02T16:42:29","date_gmt":"2026-07-02T16:42:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102775"},"modified":"2026-07-02T16:42:29","modified_gmt":"2026-07-02T16:42:29","slug":"stc420-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc420-2019\/","title":{"rendered":"STC420-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC420-2019 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia; tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de Augusto Becerra Largo, el Banco Davivienda, las Alcald\u00edas de Bogot\u00e1 y la Virginia, el Ministerio Publico y la Defensor\u00eda del Pueblo de Bogot\u00e1 y Risaralda. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al no haber resuelto los recursos interpuestos contra el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares 2018-00042, 2018-00043, 2018-00044, 2018-00045, 2018-00046, 2018-00054, 2018-00055, 2018-00057, 2018-00058, 2018-00059 y 2018-00060. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene a la autoridad tutelada que resuelva de manera inmediata los recursos. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 11 de octubre del a\u00f1o pasado, Uner Augusto Becerra Largo, formul\u00f3 acciones populares contra el Banco Davivienda por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos bajo los n\u00fameros 2018-00042, 2018-00043, 2018-00044, 2018-00045, 2018-00046, 2018-00054, 2018-00055, 2018-00057, 2018-00058, 2018-00059 y 2018-00060. <\/p>\n

2. El asunto le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia. <\/p>\n

3. El juez admiti\u00f3 las acciones, orden\u00f3 su notificaci\u00f3n y reconoci\u00f3 como coadyuvante al se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga. <\/p>\n

4. A trav\u00e9s de prove\u00eddo del 5 de octubre de 2018, el Juzgado decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en las acciones populares mencionadas. <\/p>\n

5. Inconforme con la decisi\u00f3n el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n

6. El impulsor de la queja acude a este mecanismo constitucional, porque estima vulneradas sus prerrogativas fundamentales con la demora en resolver sobre la concesi\u00f3n o no, de los recursos formulados contra el auto del 5 de octubre de 2018. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 7 de noviembre de 2018 el Tribunal admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. El Juzgado accionado realiz\u00f3 un recuento de los hechos y aleg\u00f3 que el accionante ya hab\u00eda formulado otras acciones de tutela frente a las acciones populares que cuestiona. <\/p>\n

Por su parte, el Procurador Regional manifest\u00f3 que es ajeno a la cuesti\u00f3n planteada por el actor, pues su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos. <\/p>\n

3. Mediante fallo de 21 de noviembre de 2018, el Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la pretensi\u00f3n principal se ha visto satisfecha con el auto de 29 de octubre del a\u00f1o que avanza a trav\u00e9s del cual el juez decidi\u00f3 no reponer su decisi\u00f3n y neg\u00f3 la apelaci\u00f3n por ser inadmisible. <\/p>\n

4. Inconforme el accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

2. Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito de tutela, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 como mecanismo dirigido a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas garant\u00edas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n

Luego, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos en la queja, bien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional1. <\/p>\n

3. En el caso sub examine se observa que la queja expuesta en el escrito tutelar radicaba en que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia no hab\u00eda procedido a pronunciarse sobre la concesi\u00f3n, o no, de los recursos que formul\u00f3 contra el auto del 5 de octubre de 2018, dentro de las acciones populares N\u00b0 2018-00042, 2018-00043, 2018-00044, 2018-00045, 2018-00046, 2018-00054, 2018-00055, 2018-00057, 2018-00058, 2018-00059 y 2018-00060 que promovi\u00f3 Uner Augusto Becerra contra el Banco Davivienda, y desconocer as\u00ed, los t\u00e9rminos previstos por la ley especial que rige para el caso; en ese sentido, centr\u00f3 su pretensi\u00f3n a que cesara la dilaci\u00f3n y se ordenara al juzgado accionado a cumplir los t\u00e9rminos perentorios. <\/p>\n

Sin embargo, de acuerdo con la respuesta ofrecida por la autoridad querellada en el transcurso del tr\u00e1mite de la solicitud de amparo acredit\u00f3 que mediante providencia de fecha 29 de octubre de 2018, resolvi\u00f3 sobre los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuestos que se duele el quejo, circunstancia que torna improcedente la solicitud de amparo que se analiza. <\/p>\n

As\u00ed, que sin mayores consideraciones, el requerimiento que exterioriz\u00f3 el gestor de la s\u00faplica, fue atendido por la oficina judicial encausada. <\/p>\n

Lo anterior significa que el hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja, se encuentra superado, y en esa medida, carecer\u00eda de objeto una orden de protecci\u00f3n en el sentido reclamado en la demanda de tutela, pues antes de resolverse el asunto en esta sede constitucional, el juez de la causa emiti\u00f3 el pronunciamiento de fondo que pretend\u00eda el censor. <\/p>\n

4. En cuanto a la acci\u00f3n popular 2018-00046, la Sala advierte que los reparos que ahora expone el promotor del amparo frente a esta determinada acci\u00f3n popular, no fueron controvertidos mediante los mecanismos que la ley prev\u00e9 pues contra el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito no interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n

Debe recordarse que de acuerdo con los principios que gobiernan la solicitud de amparo constitucional, se trata de una acci\u00f3n de car\u00e1cter residual o subsidiario, de ah\u00ed que s\u00f3lo proceda ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna de la garant\u00eda constitucional objeto de violaci\u00f3n o amenaza. <\/p>\n

En ese sentido, no se le puede considerar como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos, como tampoco a manera de instrumento que permita restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos que los interesados dejan fenecer sin hacer uso de ellos. <\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tSobre el hecho superado, v\u00e9ase sentencia de la Corte de 13 de \tabril de 2010, exp. 00135-01, reiterada en sentencias de 24 de \toctubre de 2011, exp. 00305-01 y 1\u00ba de agosto de 2012, exp. No. \t00497-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC420-2019 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102775","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102775"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102775\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}