{"id":102776,"date":"2026-07-02T16:42:35","date_gmt":"2026-07-02T16:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102776"},"modified":"2026-07-02T16:42:35","modified_gmt":"2026-07-02T16:42:35","slug":"stc421-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc421-2019\/","title":{"rendered":"STC421-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC421-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-04058-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la tutela entablada por Nicol\u00e1s Saa Trujillo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

El precursor exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de su \u00abderecho al debido proceso\u00bb con el prop\u00f3sito que la autoridad cuestionada d\u00e9 cumplimiento a la \u00aborden emitida por la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, mediante oficio No. OF118-0008915\/JMSC110200\u00bb. <\/p>\n

Dicho pedimento se apoy\u00f3, en lo medular, en que \u00abhan transcurrido (5) meses\u00bb y el Tribunal \u00abno ha hecho cumplir la orden de dictar sentencia al juez Primero Civil Especializado de Restituci\u00f3n de Tierras de Santiago de Cali, ordenando la restituci\u00f3n de los predios o el pago de las compensaciones previstas por la ley 1448 de 2011, dentro del t\u00e9rmino de (4) meses que consagra el par\u00e1grafo (2) segundo del art\u00edculo (91)\u00bb de ese mismo cuerpo normativo, \u00abprevisto tambi\u00e9n dentro del oficio No. OF118-0008915\/JMSC110200\u00bb. <\/p>\n

Los convocados, para el momento del registro del proyecto, guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

Conviene anunciar el decaimiento del resguardo reclamado por tres razones elementales: de un lado, se extra\u00f1a la orden dada por la Presidencia de la Rep\u00fablica frente a la colegiatura criticada; y del otro, no se superan los requisitos de inmediatez y subsidiariedad que se imponen en este remedio. <\/p>\n

Para explicar lo anterior, se hace necesario reconstruir el querer del peticionario, como sigue: <\/p>\n

Nicol\u00e1s Saa interpuso para el a\u00f1o 2017 \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali (2017-00085-00), en la que se consign\u00f3 como antecedentes: <\/p>\n

1. Se sostiene en la demanda \tque el Juzgado Primero Civil del Circuito especializado en \tRestituci\u00f3n de Tierras de Cali, incurri\u00f3 en el delito \tde prevaricato por omisi\u00f3n y abuso de autoridad al no dar \tcumplimiento a lo resuelto en el auto de sustanciaci\u00f3n del 19 \tde mayo de 2017 proferido por esta Sala de decisi\u00f3n judicial, \tdentro del tr\u00e1mite de desacato que orden\u00f3 el archivo \tdel incidente.
\n2. El \tactor afirma que el Juzgado accionado omiti\u00f3 acatar el \tmandato contenido en el \u201cart\u00edculo (91) par\u00e1grafo \t2\u00ba\u201d de la Ley 1448 de 2011, que establece el lapso dentro \tdel cual los jueces y magistrados deben pronunciarse de fondo sobre \tlas solicitudes de restituci\u00f3n de tierras, orden que seg\u00fan \tel accionante emiti\u00f3 la Sala a trav\u00e9s de la sentencia \tde fecha 24 de enero de los cursantes, cuando se\u00f1al\u00f3 \tque la etapa judicial del procedimiento se inicia una vez se \tencuentra incluido el solicitante y los fundos en el Registro de \tTierras Despojadas y Abandonadas \u2013 RTDAF.
\n3. As\u00ed \tlas cosas, entiende el se\u00f1or NICOLAS SAA TRUJILLO, que al \thaber quedado incluido en el RTDAF, desde el 2 de febrero por la \tUAEGRTD Territorial Valle del Cauca, han transcurrido 5 meses y 8 \td\u00edas sin que se haya ordenado la restituci\u00f3n de los \tfundos o el pago de las compensaciones de que trata la Ley 1448 de \t2011. <\/p>\n

Dicho tr\u00e1mite fue culminado por la judicatura batallada el 29 de agosto de 2017, con la \u00abdesestimaci\u00f3n\u00bb de lo rogado, por cuanto <\/p>\n

(\u2026) revisado el contenido del auto en comento, se advierte que el aparte de la providencia que se aduce ha sido desatendido (sic), en ning\u00fan momento establece una obligaci\u00f3n que imperiosamente tenga que ser acatada; por el contrario, hace referencia a que habi\u00e9ndose acreditado el acatamiento del mandato previsto por la Sala mediante el fallo de fecha 24 de enero de 2017, dentro del t\u00e9rmino concedido para ese prop\u00f3sito, resultaba dable concluir que no hab\u00eda lugar a continuar con el tr\u00e1mite del incidente de desacato y, en consecuencia deb\u00eda ordenarse el archivo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed como porque, respecto a que \u00abel Juzgado (\u2026) se encuentra en mora de dictar sentencia y, en consecuencia, de ordenar \u201cel pago de las compensaciones o restituci\u00f3n de los fundos de conformidad con la ley 1448 de 2011\u201d, pues entiende que han transcurrido m\u00e1s de 5 meses sin que ello hubiere ocurrido\u00bb, <\/p>\n

(\u2026) revisada en detalle la situaci\u00f3n planteada se aprecia que al parecer se trata de una relaci\u00f3n de hechos y pretensiones que fueron objeto de una decisi\u00f3n judicial anterior por parte de esta Sala Especializada (\u2026) mediante la sentencia de fecha 24 de enero de 2017, providencia a la cual tambi\u00e9n hace alusi\u00f3n el actor, y en la que intervino como parte activa de la Litis, circunstancia \u00e9sta que dar\u00eda lugar a entender que se est\u00e1 ante la posible existencia de temeridad y cosa juzgada constitucional. <\/p>\n

Lo que fue confirmado m\u00e1s adelante cuando expuso: <\/p>\n

Analizada la situaci\u00f3n que se presenta en el caso puesto a consideraci\u00f3n, es de advertir que existe concordancia entre las partes intervinientes en una y otra demanda constitucional, habida consideraci\u00f3n a que con anterioridad el se\u00f1or NICOLAS SAA TRUJILLO solicit\u00f3 mediante acci\u00f3n de tutela del 18 de marzo de 2016, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la propiedad y posesi\u00f3n, con fundamento en que el Juzgado Primero (\u2026) omiti\u00f3 proferir sentencia dentro de los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 1448 de 2011, pedimento que como se aprecia es b\u00e1sicamente el mismo que ahora formula el actor mediante la presente solicitud de amparo, por lo que de conformidad con esa situaci\u00f3n, tambi\u00e9n se hallar\u00eda acreditada la tercera de las exigencias anotadas, la cual tiene que ver con la identidad de objeto, pues aunque se endilgue la violaci\u00f3n de derechos diferentes, finalmente se busca la protecci\u00f3n del derecho a la restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n

Con posterioridad, Nicol\u00e1s radic\u00f3 petici\u00f3n ante la Presidencia de la Rep\u00fablica en la que solicit\u00f3 lo ya reiterado, desatada por oficio No. OF118-0008915\/JMSC110200, as\u00ed: <\/p>\n

Cordial saludo se\u00f1or Nicolas (sic): <\/p>\n

En atenci\u00f3n a su comunicaci\u00f3n de 5 de junio de 2018, remitida a la Secretar\u00eda jur\u00eddica por conducto de la Personer\u00eda Municipal de Santiago de Cali el pasado 20 de junio de 2018, a trav\u00e9s de la cual solicita al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica (i) ejercer la potestad reglamentaria establecida en el art\u00edculo 189.11 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para efectos de desarrollar el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, y (ii) ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, me permito atender su requerimiento en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

Respecto del literal (i) en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por la Ley 1755 de 2015, se remitir\u00e1 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para revisar su propuesta reglamentaria. En cuanto al literal (ii) le informamos que el Gobierno Nacional no tiene injerencia alguna en las funciones y decisiones que adopta las autoridades judiciales, en ese orden de ideas, su comunicaci\u00f3n ser\u00e1 enviada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para lo de su competencia. <\/p>\n

Cordialmente, (Subrayas de ahora). <\/p>\n

En ese contexto, con la lupa puesta en lo acechado, esto es, que la c\u00e9lula judicial d\u00e9 acatamiento a la \u00aborden emitida por la Presidencia de la Rep\u00fablica de Colombia, mediante oficio No. OF118-0008915\/JMSC110200\u00bb, es protuberante que no se evidencia vulneraci\u00f3n de los \u00abintereses superlativos\u00bb de Nicol\u00e1s Saa, habida cuenta que de la lectura de aqu\u00e9l es imposible concluir que exista alguna directriz dada al Tribunal, en tanto, en efecto, \u00abel Gobierno Nacional no tiene injerencia alguna en las funciones y decisiones que adopta las autoridades judiciales\u00bb. <\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, en el evento en que se discutiera lo resuelto en el \u00abtr\u00e1mite constitucional\u00bb, en \u00faltimas, que dio origen a la queja, es indiscutible la improcedencia del patrocinio perseguido en tanto se desaprovech\u00f3 el \u00abmecanismo id\u00f3neo\u00bb para que eventualmente hubiera sido posible la revisi\u00f3n de la conclusi\u00f3n del colegiado, como lo era haberse alzado frente a la sentencia que se pretende desacreditar. <\/p>\n

Mem\u00f3rese c\u00f3mo frente al \u00abprincipio de subsidiariedad\u00bb se ha ense\u00f1ado que <\/p>\n

(\u2026) el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que [regula la tutela], estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u201cotros recursos o medios de defensa judiciales\u201d, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que la primera se utilizara como \u201cmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de tales herramientas ser\u00eda apreciada \u201cen concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u201d (CSJ STC1169-2015). <\/p>\n

Lo dicho, porque el ordenamiento jur\u00eddico brinda \u00abherramientas jurisdiccionales\u00bb concretas y especializadas con las que los ciudadanos pueden de manera eficaz obtener la defensa de sus \u00abderechos subjetivos\u00bb, de suerte que, en l\u00ednea de principio, se debe hacer uso de ellas antes de activar la \u00abjusticia constitucional\u00bb. <\/p>\n

Sobre el t\u00f3pico, la Corte en STC1001-2018 se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

(\u2026) conforme la decantada jurisprudencia de la Sala, el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando el quejoso ha tenido a su alcance otros senderos de defensa, con los cuales hubiera podido controvertir lo aqu\u00ed pedido en la correspondiente litis y ante el mismo funcionario, toda vez que por ser un instrumento eminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado (\u2026). <\/p>\n

Adem\u00e1s, lo mismo sucede con relaci\u00f3n a la \u00abinmediatez\u00bb que se intima en esta especial justicia, toda vez que el veredicto que declin\u00f3 lo anhelado por el actor fue proferido el 29 de agosto de 2017 y este mecanismo se interpuso el 29 de noviembre de 2018, esto es, luego de 14 meses, cuando el t\u00e9rmino m\u00e1ximo para ello es el de 6 meses, de suerte que ese desenlace no puede ser objeto de examen para este instante. <\/p>\n

No se olvide c\u00f3mo esta Sala ha sostenido que <\/p>\n

(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC6435-2016, STC1536-2017, STC3830-2017, STC4999-2017 y STC6712-2017, 12 may. rad. 00708-01) <\/p>\n

Tambi\u00e9n, que <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, STC6041-2016, y STC6680-2017, 12 may. rad 00103-01) <\/p>\n

Con ese panorama, no queda otra opci\u00f3n sino la de desatender el ruego interpelado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve DENEGAR el salvaguardia, por lo expuesto. <\/p>\n

Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes, y, de no impugnarse, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.
\nNOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC421-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2018-04058-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la tutela entablada por Nicol\u00e1s Saa Trujillo contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102776","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102776","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102776"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102776\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}