{"id":102778,"date":"2026-07-02T16:42:49","date_gmt":"2026-07-02T16:42:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102778"},"modified":"2026-07-02T16:42:49","modified_gmt":"2026-07-02T16:42:49","slug":"stc423-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc423-2019\/","title":{"rendered":"STC423-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC423-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00285-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el nueve de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Fredy Sandoval Sarria, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y principio de legalidad, que estima vulnerados por la autoridad judiciales accionada con las decisiones adoptadas dentro del proceso ejecutivo mixto conocido con n\u00famero de radicado 2000-00083, en el cual, pese a que no es parte, se pretende rematar el predio en el donde edific\u00f3 su casa de habitaci\u00f3n, sin que se le haya hecho reconocimiento de mejoras. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se conceda la protecci\u00f3n implorada y en consecuencia, i) se reconozca el valor de sus mejoras, y ii) se revoque el auto por el cual se decret\u00f3 el embargo y secuestro sobre el bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 362-22422, para que en su lugar, se disponga levantar la medida cautelar que pesa sobre la casa 7 manzana F. [Folios 6 -7, c. 1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda \u2013Tolima, y bajo el radicado No. 2000-00083, el Banco Popular inici\u00f3 proceso ejecutivo mixto contra la Junta de Vivienda Comunitaria de \u201cLa Habana\u201d y los se\u00f1ores Iv\u00e1n Olarte Delgadillo, Francisco \u00c1lvaro L\u00f3pez Vargas, Jos\u00e9 Alejandro Villamizar Villamizar, Tulia Milena Amado Mosquera, Carlos Roberto Arteaga Escobar, Eduardo \u00c1vila Rinc\u00f3n, Carlos Julio Bernate, Alberto Bonilla Mosquera, Gloria Marina Bustos M\u00e9ndez, Norberto C\u00e1ceres Ram\u00edrez, Claudia In\u00e9s Castellanos Aranzazu, Rosalba Charry Bustos, Juan Carlos Clavijo P\u00e9rez, Fernando S\u00e1nchez Romero, Luis Eduardo Galicia Romero, Octavio Garc\u00e9s Mart\u00ednez, Ana Mar\u00eda Gaviria Mahecha, Luz Dary G\u00f3ngora Mart\u00ednez, William Hern\u00e1ndez Palacio, Claudia Ximena Hurtado, Jairo Londo\u00f1o D\u00edaz, Edilma Luna, Susana Mart\u00ednez de Rodr\u00edguez, Mar\u00eda Cecilia Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Arcadio M\u00e9ndez Colorado, Olga Mar\u00eda Monroy Maestre, Luz Gladys Mu\u00f1oz, Pabel Bethoven Olmos Ortega, Isabel Pab\u00f3n Gonz\u00e1lez, Patricia Pe\u00f1a Walteros, Jes\u00fas Mar\u00eda P\u00e9rez Bustamante, Beatriz P\u00e9rez de Acu\u00f1a, Daissy Puentes Acu\u00f1a, Silvestre Reinoso Cubillos, Olga Marina Retavisca Calder\u00f3n, Rolando Rodr\u00edguez Bruselas, Patricio Rojas Coca, Diva Romero Rodr\u00edguez, Magdalena Salda\u00f1a Bobadilla, Azael S\u00e1nchez Mancera, Yaneth S\u00e1nchez Beltr\u00e1n, Martha Luc\u00eda Serna Mu\u00f1oz, Martha Tellez Acosta, Miguel Eduardo Trujillo Ru\u00edz, Anabeiba Univio Vanegas, Ninfa Nezib C\u00e1ceres, Vilma Zuluaga Rengifo, Jair Rodr\u00edguez Brusela, Mar\u00eda Gladys Bernal Guti\u00e9rrez, William Javier Laverde Rojas, Sandra Patricia Ariza L\u00f3pez, Jos\u00e9 Antonio Triana Ar\u00e9valo, Gloria Barrios, Lucio Rico Ospina, Luz Dary Palomo Hincapi\u00e9 y Mar\u00eda Elena Bustos M\u00e9ndez. <\/p>\n

2. Mediante auto del 22 de mayo de 2000, de acuerdo con el cr\u00e9dito constructor No. 391-1400431-8 y varios pagar\u00e9s, el Juzgado de conocimiento libr\u00f3 mandamiento de pago contra los demandados, por las siguientes sumas de dinero: $51.163.831.oo, $140.991.888.oo, $138.448.170.oo, $74.651.877,oo y $166.806.971.oo. <\/p>\n

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, el 16 de noviembre de 2010, profiri\u00f3 sentencia en la que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

5. Mediante auto de 19 de junio se decretaron medidas cautelares de embargo y secuestro, actuaci\u00f3n que no fue discutido en el proceso por el impulsor del amparo. <\/p>\n

6. El 28 de septiembre de 2000, se llev\u00f3 a cabo la diligencia del secuestro, sin que en la misma, obrara oposici\u00f3n respecto del bien tra\u00eddo a colaci\u00f3n. <\/p>\n

7. Por auto de 4 de septiembre de 2018, se fij\u00f3 fecha y hora para surtir la diligencia de remate. <\/p>\n

8. En criterio del peticionario del amparo, la autoridad judicial accionada vulnera sus garant\u00edas superiores al decretar embargo y secuestro del inmueble ubicado en la manzana F casa 7 barrio Urbanizaci\u00f3n La Habana, el que se distingue en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 362-22422, y fijar, a continuaci\u00f3n, fecha y hora de remate del mismo, sin que se le haya hecho reconocimiento de mejoras, m\u00e1s a\u00fan cuando no adquiri\u00f3 ninguna obligaci\u00f3n crediticia con el banco ejecutante. [Folios 1 -7, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 18 de octubre de 2018 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad convocada y se dispuso enterar de la acci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo conocido con el radicado N\u00b0 2000- 00083. [Folios 37- 38, c. 1] <\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Honda, pidi\u00f3 negar la solicitud de amparo, toda vez que el reclamante ha tenido las oportunidades para actuar en el proceso. Agreg\u00f3 que se dict\u00f3 sentencia y pese a que se presentaron los aval\u00faos de los inmuebles hipotecados, las partes demandadas guardaron silencio. [Folio 50, c. 1] <\/p>\n

3. En sentencia de 9 de noviembre de 2018, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, deneg\u00f3 el amparo, por considerar que adem\u00e1s de no cumplirse con el requisito de la inmediatez, tras dirigir su s\u00faplica contra el auto de 19 de junio de 2000, por el cual se decret\u00f3 el embargo y secuestro del bien materia de controversia, tampoco acredit\u00f3 haber agotado los mecanismos de defensa que ten\u00eda a su alcance, como era, propender por el levantamiento de las mentadas cautelas. [Folios 60- 67, c. 1] <\/p>\n

4. El promotor de la queja impugn\u00f3 la decisi\u00f3n e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en su escrito introductor. [Folio 78- 81, c. 1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo. <\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n sent\u00f3: <\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez\u00a0inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad, 00624-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de terceros. <\/p>\n

En virtud del otro principio se\u00f1alado, el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse. <\/p>\n

Y lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso la decisi\u00f3n que cuestiona el quejoso, se remite en primera medida, al prove\u00eddo que tuvo lugar el 18 de junio de 2000 mediante el cual se decret\u00f3 el embargo y secuestro del predio frente al cual alega que ejerce posesi\u00f3n y en segundo lugar, contra la diligencia de secuestro acontecida el 28 de septiembre del mismo a\u00f1o; sin embargo, pese a lo planteado, el amparo constitucional, s\u00f3lo se intent\u00f3 hasta el 16 de octubre de 20181. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo por esta v\u00eda, dej\u00f3 trascurrir cerca de 18 a\u00f1os, despu\u00e9s de las actuaciones censuradas, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n

3. De otra parte, la petici\u00f3n constitucional desatiende el tambi\u00e9n comentado principio de subsidiariedad, pues ciertamente se extrae que el promotor de la acci\u00f3n cont\u00f3 con la oportunidad de ventilar los argumentos que expone por esta v\u00eda a trav\u00e9s, ya fuera por un tr\u00e1mite incidental, en el cual intentara levantar las medidas cautelares, o tambi\u00e9n, ejercer su derecho de oposici\u00f3n en la diligencia de secuestro, lo que no sucedi\u00f3. <\/p>\n

Aunado, se advierte en el plenario que el promotor de la s\u00faplica no ha solicitado al juez cognoscente el reconocimiento de las mejoras que dice tener derecho, siendo el proceso, el escenario id\u00f3neo para esgrimir la argumentaci\u00f3n en la cual edifica su desconcierto. <\/p>\n

La Sala ha destacado en otras oportunidades que si las personas que reprochan determinaciones judiciales adoptadas en perjuicio de sus intereses \u201cdejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d.2 <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed tutelante no utiliz\u00f3 las herramientas que ten\u00eda a su alcance, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley que la interesada ha desaprovechado debido a su incuria.
\n4. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tActa de reparto, obrante en folio 1 de la \tencuadernaci\u00f3n principal.
\n2\u0002 \tSentencia de 19 de enero de 2004, exp. 2003-00894-01; en el mismo \tsentido fallos de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; 17 de octubre \tde 2012, exp. 2012-02184-00; 9 de mayo de 2013, exp. 2013-00229-01, \tentre otros.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC423-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2018-00285-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el nueve de noviembre de dos mil dieciocho por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102778","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102778\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}