{"id":102782,"date":"2026-07-02T16:43:47","date_gmt":"2026-07-02T16:43:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102782"},"modified":"2026-07-02T16:43:47","modified_gmt":"2026-07-02T16:43:47","slug":"stc427-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc427-2019\/","title":{"rendered":"STC427.-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC427-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2018-00093-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jonathan Alexander Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez contra el Juzgado de Familia de Oralidad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El \tpromotor \tdel amparo reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al \tdebido proceso, presuntamente conculcado por \tla autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de la diligencia \tde inventarios y aval\u00faos practicada dentro del juicio de \tliquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que instaur\u00f3 en \tcontra de Karen Ar\u00e9valo Z\u00fa\u00f1iga. <\/p>\n

Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de la citada garant\u00eda superior, que se ordene al Juzgado de Familia de Oralidad de Riohacha, \u00abrevocar la diligencia de inventarios y aval\u00faos que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 26 de junio de 2018 y todo lo actuado hasta la fecha (\u2026) y se reprograme nueva fecha para audiencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb (fl. 14, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tComo sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en compendio, que una vez declarada la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que sostuvo con Karen Ar\u00e9valo Z\u00fa\u00f1iga, el 28 de octubre de 2016 promovi\u00f3 la respectiva demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal frente a \u00e9sta, tr\u00e1mite en el cual, despu\u00e9s de sendos aplazamientos, el 26 de junio de 2108 se adelant\u00f3 la diligencia de inventarios y aval\u00faos de los bienes que conforman el haber social; sin embargo, en dicha diligencia \u00e9l no fue escuchado y tampoco su \u00abapoderado sustituto\u00bb, motivo por el que formul\u00f3 \u00abincidente de nulidad\u00bb, el que fue desestimado en auto del 22 de agosto siguiente, decisi\u00f3n que apel\u00f3 infructuosamente, pues dicho mecanismo se declar\u00f3 desierto por no haberse cancelado las expensas necesarias para su adelantamiento. <\/p>\n

Sostiene que la sede judicial convocada incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que, en su opini\u00f3n, i) debi\u00f3 declarar la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia a voces de lo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, si en cuenta se tiene que \u00abya son dos a\u00f1os\u00bb y apenas se realiz\u00f3 la audiencia de inventario y aval\u00fao; ii) le impidi\u00f3 defender sus intereses en dicha diligencia porque no estaba representado por su apoderado principal, circunstancia que desatiende el derecho a la \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb; y, iii) no le permitieron revisar el expediente del juicio cuestionado, raz\u00f3n por la que no pudo sufragar los gastos para surtir el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 el incidente de nulidad propuesto (fls. 1 al 19, ib\u00eddem). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado de \tFamilia Oral de Riohacha remiti\u00f3 el expediente del proceso \tcuestionado (fl. \t97, \t\u00eddem). <\/p>\n

2. Por \tsu parte, Julio C\u00e9sar Cotes Ibarra, H\u00e9ctor Enrique \tGarc\u00eda Cotes, Algemiro Jos\u00e9 Fragozo Guti\u00e9rrez y \tDivvan Danneth G\u00f3mez Correa, coadyuvaron la petici\u00f3n \tde protecci\u00f3n y solicitaron \u00e9sta frente a los derechos \tal debido proceso y a la defensa del actor (fls. 105 al 119, \tib\u00eddem). <\/p>\n

3. A \tsu turno, Karen Patricia Ar\u00e9valo Z\u00fa\u00f1iga, \tdemandada dentro del pleito motivo de revisi\u00f3n \tconstitucional, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, por \tconsiderar que el estrado atacado ha adelantado el tr\u00e1mite \tcensurado con observancia en el ordenamiento jur\u00eddico (fls. \t129 al 133, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras advertir que el actor omiti\u00f3 cancelar la \u00abreproducci\u00f3n de las piezas\u00bb para surtir el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la determinaci\u00f3n que deneg\u00f3 la nulidad propuesta dentro del juicio cuestionado, \u00ablo que a saber, no traer\u00eda consecuencia alguna distinta a declararse desierto el recurso interpuesto, en \u00faltimas, traducido al accionante en perder la garant\u00eda que le permit\u00eda contradecir la decisi\u00f3n impartida\u00bb (fls. 136 a 150, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, sin manifestar las razones de su inconformidad (fls. 112 al 115, \u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Trat\u00e1ndose \tde providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la \tacci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar \tcuando el funcionario judicial adopte \tuna decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal \tpreviamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \t\u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que \tconfigure un actuar que \tse pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el \tcual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional \tpara evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los \tderechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, \tsiempre que el \tafectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, \ty no \tdisponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n

2.\tEn el caso que se somete a examen se advierte, que el accionante se duele, concretamente, de que dentro del juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que instaur\u00f3 en contra de Karen Ar\u00e9valo Z\u00fa\u00f1iga, el Juzgado de Familia de Oralidad de Riohacha haya superado el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para dictar sentencia, y, que de otro lado, le haya impedido ejercer su derecho a la defensa en la audiencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n

3. Tienen trascendencia para la decisi\u00f3n que se est\u00e1 adoptando los siguientes elementos de juicio, a saber: <\/p>\n

3.1.\tEl 28 de octubre de 2016, Jonathan Alexander Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, aqu\u00ed accionante, demand\u00f3 a su expareja Karen Patricia Ar\u00e9valo Z\u00fa\u00f1iga, con el fin de obtener \u00abla liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb resultante del v\u00ednculo matrimonial que sostuvo con ella (cdno. 2). <\/p>\n

3.2.\t En auto del 14 de junio de 2017, la sede judicial convocada admiti\u00f3 la anterior demanda, la cual fue notificada a la demandada el 4 de julio siguiente, quien se opuso a la prosperidad de la pretensi\u00f3n aludida (\u00eddem). <\/p>\n

3.3.\tEn audiencia del 17 de octubre de la anualidad precitada, el demandante, ahora aqu\u00ed accionante, aport\u00f3 la relaci\u00f3n de activos y pasivos del haber de la sociedad conyugal; empero, en providencia del 23 de enero de 2018, se declar\u00f3 la ilegalidad de dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n

3.4.\tComo consecuencia de lo anterior, en auto del 14 de febrero de ese mismo a\u00f1o se fij\u00f3 para el 15 de marzo subsiguiente a las 3:00 p.m., la celebraci\u00f3n de la diligencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n

3.5.\tLlegado el d\u00eda y la hora en menci\u00f3n, no se llev\u00f3 a cabo la diligencia por solicitud de la parte demandada, por lo que se reprogram\u00f3 para el 5 de abril subsiguiente a las 3:00 p.m.; sin embargo, en esta data tampoco se adelant\u00f3 la diligencia memorada, porque la sede judicial accionada no contaba con \u00abmedio magn\u00e9tico\u00bb, as\u00ed que se prorrog\u00f3 para el 26 de junio de esa misma anualidad. <\/p>\n

3.6.\t Llegado el d\u00eda y la hora precitados, se llev\u00f3 a cabo la actuaci\u00f3n referida, en la cual \u00abse dej\u00f3 constancia que la parte demandante ni su apoderado se hicieron presentes\u00bb, y se aprob\u00f3 el inventario y aval\u00fao de los bienes sociales allegado por el extremo pasivo. <\/p>\n

3.7.\t La parte demandante solicit\u00f3 la nulidad de la preanotada diligencia, alegando que se le impidi\u00f3 ejercer el derecho de defensa dentro de la misma; no obstante, en prove\u00eddo del 22 de agosto pasado, el Despacho convocado la deneg\u00f3, tras advertir que \u00abal realizar un an\u00e1lisis de los audios y el formato de asistencia a las audiencias orales de que trata el art\u00edculo 107-6 del C. G. del P., no existe prueba que a la misma haya asistido el demandante Jonathan Alexander Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez o su apoderado principal (\u2026) o el sustituto (\u2026) como tampoco existe excusa de su inasistencia, como para alegar una indebida representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.8.\t Frente a la anterior decisi\u00f3n, el aqu\u00ed interesado formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el que se declar\u00f3 desierto por no haberse cancelado las expensas necesarias para su tr\u00e1mite. <\/p>\n

4.\tDe conformidad con lo que precede, no cabe duda para la Sala que la salvaguarda reclamada por el se\u00f1or Jonathan Alexander Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez est\u00e1 llamada a prosperar, tal y como pasa a verse: <\/p>\n

4.1. \tLos incisos 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso establecen, que <\/p>\n

\u00abSalvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal. <\/p>\n

Vencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses. La remisi\u00f3n del expediente se har\u00e1 directamente, sin necesidad de reparto ni participaci\u00f3n de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deber\u00e1 informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepci\u00f3n del expediente y la emisi\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n

4.2.\t Ahora bien, en lo que refiere a la aplicaci\u00f3n del canon 121 ejusdem, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en pronunciamiento reciente dej\u00f3 sentados los lineamientos generales que sobre la materia han de tenerse en cuenta, a saber: <\/p>\n

\u00abDel contenido literal de la disposici\u00f3n en cita, se concluye, que el legislador instituy\u00f3 una causal de p\u00e9rdida de competencia, fundada en el trascurso del tiempo para decidir de fondo, es decir, que se le otorga al juzgador un plazo m\u00e1ximo para resolver la instancia so pena de que el asunto deba ser asumido por un nuevo funcionario judicial, como garant\u00eda de un acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de razonabilidad; asimismo, que el hito inicial para el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de un a\u00f1o que establece dicho canon para proferir el fallo de primera instancia, comienza a correr desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al enjuiciado. <\/p>\n

Entonces, la hermen\u00e9utica que en esta oportunidad reitera la Corte, la que inicialmente fue plasmada en la sentencia (STC8849-2018), alude a que el anotado plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva, salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del litigio, norma, por dem\u00e1s vigente y aplicable, desde que comenz\u00f3 a regir el C\u00f3digo General del Proceso, sin que tal postura fuera cambiada por el precedente que, en efecto, cit\u00f3 el Tribunal encausado en la providencia censurada (T-341\/18)\u00bb (STC14822-2018). <\/p>\n

4.3.\t As\u00ed las cosas, se deduce que la intenci\u00f3n del legislador fue la de \u00abimponer al estamento jurisdiccional la obligaci\u00f3n de dictar sentencia en un lapso perentorio, al margen de las circunstancias que rodeen el litigio e, incluso, de las vicisitudes propias de la administraci\u00f3n de justicia, desde su punto de vista institucional\u00bb (ejusdem), lo quiere decir, que solamente cuando ocurre alguna causal de interrupci\u00f3n o de suspensi\u00f3n del proceso, el t\u00e9rmino previsto en la normatividad aludida no debe contabilizarse por el tiempo en que perdure esas circunstancias accidentales. <\/p>\n

Ahora, es preciso aclarar que no cualquier situaci\u00f3n o vicisitud tiene la virtualidad de interrumpir o suspender el adelantamiento del pleito, sino aquellas que expresamente contempla la ley, pues as\u00ed se deduce claramente de la hermen\u00e9utica del mandato legal se\u00f1alado. De manera que, cuando se presenta cualquiera de esos motivos contemplados en el C\u00f3digo General del Proceso, deber\u00e1 el juez descontar el tiempo que trascurra entre la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n, seg\u00fan el caso, y la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite, con el prop\u00f3sito de establecer si se super\u00f3 el plazo para finiquitar la instancia. <\/p>\n

4.4.\t En este orden de ideas, se advierte que en el caso sub examine el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 121 de la nueva codificaci\u00f3n procesal civil actualmente se encuentra m\u00e1s que superado, si en cuenta se tiene que la demandada fue notificada del juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal en julio de 2017, adem\u00e1s el tr\u00e1mite de este proceso no se interrumpi\u00f3 y tampoco se suspendi\u00f3 por alguna causa legal, de manera que era deber del estrado judicial atacado declarar la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia a partir del d\u00eda en que se cumpli\u00f3 el plazo de un a\u00f1o para dictar sentencia, contado desde la notificaci\u00f3n de la parte demandada, circunstancia que conllev\u00f3 a la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda al debido proceso del actor. <\/p>\n

4.5.\t De otro lado, el actor alega que no se le permiti\u00f3 ejercer su derecho a la defensa en la audiencia de inventarios y aval\u00faos, situaci\u00f3n que fue denunciada a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de un incidente de nulidad, el cual deber\u00e1 ser resuelto nuevamente por el Juzgado a quien corresponda el conocimiento del asunto, luego de que el estrado convocado declare la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia. <\/p>\n

5.\tAs\u00ed las cosas, es claro el yerro en que incurri\u00f3 el Juzgado de Familia de Oralidad de Riohacha, raz\u00f3n por la cual se revocar\u00e1 el fallo de primera instancia para que dicha autoridad judicial que proceda a declarar la p\u00e9rdida de competencia a partir del d\u00eda en que se cumpli\u00f3 el plazo de un a\u00f1o para dictar sentencia, contado desde la notificaci\u00f3n de la parte demandada, remita el asunto al Juez que sigue en turno e informe de ello a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, para en su lugar, CONCEDER el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

En consecuencia, se ORDENA al Juzgado de Familia de Oralidad de Riohacha, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia: i) proceda a decretar la p\u00e9rdida autom\u00e1tica de la competencia a partir del d\u00eda en que se cumpli\u00f3 el plazo de un a\u00f1o para dictar sentencia, contado desde la notificaci\u00f3n de la parte demandada respecto del juicio de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal promovido por Jonathan Alexander Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez contra Karen Patricia Ar\u00e9valo Z\u00fa\u00f1iga; ii) remita dicho asunto al juez que le sigue en turno; e iii) informe de esta situaci\u00f3n a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y a lo considerado en esta sentencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC427-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2018-00093-01
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi comedido aunque total disenso.
\nEn el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a decretar la p\u00e9rdida de competencia por superarse el plazo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo
\nGeneral del Proceso \u00aba partir del d\u00eda en que en que se cumpli\u00f3 el plazo de un a\u00f1o para dictar sentencia, contado desde la notificaci\u00f3n de la parte demandada\u00bb.
\nLa Sala indic\u00f3 como fundamento que \u00abel hito inicial para el computo del t\u00e9rmino de un a\u00f1o que establece dicho canon para proferir el fallo de primera instancia, comienza a correr desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda al enjuiciado (..) el anotado plazo para dictar sentencia corre de forma objetiva\u00bb
\n(STC 14822-2018).
\nNo obstante lo anterior, respetuosamente consider\u00f3 que tal postura, desconoce que el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso -cuyo alcance, contenido, prop\u00f3sitos y vigencia, no se refuta por el suscrito-, as\u00ed como la casi absoluta mayor\u00eda de disposiciones normativas en el orden sustantivo y procesal, no tienen por vocaci\u00f3n agotar con exhaustividad la totalidad de las impredecibles contingencias que la casu\u00edstica suele ofrecer y, por el contrario, postula un lineamiento que busca ser racional y arm\u00f3nicamente aplicado en cada supuesto concreto, seg\u00fan sus particularidades, que es justamente en lo que radica gran parte de la esencia de la funci\u00f3n jurisdiccional, la cual parece obviarse.
\nEn efecto, cabe destacar que el canon pertinente, en relaci\u00f3n con el hito inicial del c\u00f3mputo del t\u00e9rmino respectivo, contempla la siguiente f\u00f3rmula: \u00abcontado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada\u00bb, sin que en ning\u00fan lugar se contemple que dicho referente se torne inmutable, absoluto, u \u00abobjetivo\u00bb, como se sostuvo en el fallo.
\nMuy al contrario de la tesis mayoritaria, la preceptiva comienza por se\u00f1alar eventos exceptivos, tal como acontece con la \u00abinterrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal\u00bb, dentro de los que conviene resaltar desde ya -por dar cuenta del poder dispositivo de las partes en la materia-, el acuerdo mutuo de los contendientes, seg\u00fan la previsi\u00f3n del numeral 2 del art\u00edculo 161 ibidem.
\nIncluso, tan indiscutible es el car\u00e1cter relativo de dicha pauta que el mismo estatuto establece expresamente un referente distinto para el conteo respectivo, como bien puede verse en el pen\u00faltimo inciso del art\u00edculo 90 ejusdem, que diversifica la metodolog\u00eda, seg\u00fan se supere o no el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas para los efectos all\u00ed previstos.
\nTodo ello revela que desde su concepci\u00f3n, la norma no pretendi\u00f3 agotar los m\u00faltiples supuestos que plantean las numerosas figuras procesales en interacci\u00f3n, sino que previ\u00f3 su prudente y l\u00f3gica interpretaci\u00f3n por parte del Juez, al punto que no se detuvo en detalles sobre la singularidad o pluralidad en el extremo pasivo de la relaci\u00f3n procesal, sino que se refiri\u00f3 \u00aba la parte demandada o ejecutada\u00bb, aludiendo as\u00ed a la data de estructuraci\u00f3n del contradictorio, para de all\u00ed, como regla general, se\u00f1alar el inicio del lapso dentro del cual el juez de primera o \u00fanica instancia deber\u00eda dictar la decisi\u00f3n definitiva.
\nDicha regla general, se ve exceptuada en supuestos como la reforma a la demanda, la cual supone una significativa alteraci\u00f3n del libelo inicial, que en los casos de acaecimiento posterior a la vinculaci\u00f3n de los demandados, habilita la posibilidad de un despliegue procesal similar al inicialmente concedido, en tanto que el numeral 5\u00b0 del canon 93 \u00eddem, establece: \u00abDentro del nuevo traslado el demandado podr\u00e1 ejercitar las mismas facultades que durante el inicial)).
\nIncluso, la figura en comentario, que \u00abprocede por una sola vez\u00bb y \u00abhasta antes del se\u00f1alamiento de la audiencia inicial\u00bb,
\npuede implicar la inserci\u00f3n de nuevos demandados, a
\nquienes \u00abse les notificar\u00e1 personalmente y se les correr\u00e1 traslado en
\nla forma y por el t\u00e9rmino se\u00f1alados para la demanda inicial\u00bb (n\u00fam.
\n4\u00b0, ibid), derivando en la necesaria postergaci\u00f3n de la plena integraci\u00f3n del contradictorio, que es el fen\u00f3meno del cual depende el inicio del plazo.
\nSupuestos como los destacados dan cuenta de una necesaria e impostergable interpretaci\u00f3n que atienda la verdadera finalidad de la regla y adem\u00e1s comprenda una hermen\u00e9utica sist\u00e9mica en punto del origen del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la instancia, la cual junto a las particularmente atinentes a la pluralidad de sujetos y tipos de litisconsorcio, consulte los prop\u00f3sitos de la norma y las profusas vicisitudes que exhiben en los planos sustantivo y procesal las \u00e1reas del derecho de que se ocupa el C\u00f3digo General del Proceso.
\nDicho examen integral sobre la estructura del procedimiento es el que se extra\u00f1a en la postura mayoritaria, diagn\u00f3stico que se ve agravado cuando se considera la negativa incidencia del predicado hito objetivo en muchas otras hip\u00f3tesis procesales, como las relacionadas con la reconvenci\u00f3n, la intervenci\u00f3n excluyente, el llamamiento en garant\u00eda y el llamamiento al poseedor o tenedor (arts. 371 y 63 a 67, respectivamente), por evocar solo algunas figuras de las pretermitidas en la argumentaci\u00f3n de la cual respetuosamente me aparto.
\nLas instituciones referenciadas tienen por com\u00fan denominador el efecto de extender la tramitaci\u00f3n en su fase preliminar, en orden a posibilitar, sin detrimento de la plenitud de garant\u00edas de los interesados, la definici\u00f3n conjunta de las distintas situaciones litigiosas que cada una de ellas introduce en el \u00e1mbito de decisi\u00f3n del fallador, brindando \u00f3ptima realizaci\u00f3n a fines de primer orden como la seguridad jur\u00eddica, la armon\u00eda jurisdiccional y la econom\u00eda, entre otros; todo lo cual, lamentablemente, no fue objeto de valoraci\u00f3n.
\nE<\/p>\n

n los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi ir, estricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMAGISTRADO <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon el mayor respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito expresar mi disentimiento frente a las consideraciones all\u00ed consignadas con base en los siguientes argumentos:
\n1. La Sala concede el amparo luego de estimar que en el proceso motivo de la acci\u00f3n constitucional, la actuaci\u00f3n adelantada con posterioridad al vencimiento del termino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, era nula de pleno derecho.
\nSin embargo, contrario al criterio mayoritario, considero que no hab\u00eda lugar a conceder la tutela invocada, pues ning\u00fan derecho fundamental se le vulnero al accionante; en tanto, en el asunto, el juzgador nunca perdi\u00f3 competencia, pues la figura de nulidad prevista en la disposici\u00f3n anotada fue saneada, dado que a la fecha del cumplimiento del plazo se\u00f1alado, ninguna de las partes cuestion\u00f3 las actuaciones del fallador, momento para el cual ya hab\u00eda vencido el tiempo de un a\u00f1o para dictar la correspondiente decisi\u00f3n de primera instancia.
\nEn efecto, tal como lo he venido sosteniendo en todas las controversias relacionadas con la nulidad consagrada en la disposici\u00f3n antes referida y debido a que la Sala fund\u00f3 su determinaci\u00f3n en razonamientos muy similares a los expuestos en el fallo STC16780-2018, proferido por esta sede del 19 de diciembre de 2018, cuyas motivaciones 'acerca de la nulidad consagrada la disposici\u00f3n ib\u00eddem, no comparto tal como lo expres\u00e9 en el salvamento de voto que me permit\u00ed hacer en esa oportunidad, que remito a tales argumentos a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias. <\/p>\n

De los se\u00f1ores integrantes de la Sala <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC427-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2018-00093-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102782","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102782","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102782"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102782\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102782"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102782"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102782"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}