{"id":102786,"date":"2026-07-02T16:44:18","date_gmt":"2026-07-02T16:44:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102786"},"modified":"2026-07-02T16:44:18","modified_gmt":"2026-07-02T16:44:18","slug":"stc431-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc431-2019\/","title":{"rendered":"STC431-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC431-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03137-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de octubre de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Se procede a decidir la tutela impetrada por Roberto Infante Gonz\u00e1lez frente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Orlando Tello Hern\u00e1ndez, Pablo Ignacio Villate Monroy y Juan Manuel D\u00famez Arias, con ocasi\u00f3n del asunto de uni\u00f3n marital de hecho impulsado por el aqu\u00ed actor contra An\u00edbal Triana Chicuasuque y herederos indeterminados de Mar\u00eda Alicia Triana Chicuasuque. <\/p>\n

1.\tEl accionante procura la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la corporaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

2.\tPara sustentar su reparo, asevera que dentro del asunto reprochado demand\u00f3 el reconocimiento de la uni\u00f3n marital de hecho formada entre \u00e9l y Mar\u00eda Alicia Triana Chicuasuque desde 1996 y hasta el 19 de noviembre de 2015, fecha del deceso de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

En sentencia de 8 de febrero de 2018, se acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por el curador ad litem de los herederos indeterminados de su compa\u00f1era y se negaron sus pretensiones. <\/p>\n

Apel\u00f3 ese pronunciamiento ante el tribunal y \u00e9ste fij\u00f3 el 27 de agosto de 2018, para audiencia de alegaciones y fallo. <\/p>\n

Llegada esa data, el colegiado censurado, haciendo uso de la facultad inserta en el inciso 3\u00b0, numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, indic\u00f3 que dictar\u00eda su decisi\u00f3n por escrito dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, dado \u201c(\u2026) que la valoraci\u00f3n probatoria as\u00ed lo exig\u00eda, [la] extensi\u00f3n [de la misma] (\u2026) y los fundamentos que se requer\u00edan (\u2026)\u201d, y anunci\u00f3 su sentido, advirtiendo que revocar\u00eda la providencia del a quo para acceder a los pedimentos del libelo.
\nAfirma que \u201c(\u2026) verificada la p\u00e1gina de la Rama Judicial (\u2026) [observ\u00f3 la] anotaci\u00f3n del 5 de septiembre [de 2018] por estado (\u2026)\u201d, referida al pronunciamiento esperado dictado por escrito, del cual obtuvo copia el d\u00eda 6 de los mismos, reproducci\u00f3n expedida por la secretar\u00eda de la Sala acusada \u201c(\u2026) en 21 folios, debidamente firmada (\u2026) por los magistrados (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Advierte que en esa providencia se dispuso (i) infirmar la de primer grado; (ii) declarar la uni\u00f3n marital de hecho desde el 2011 y hasta el 19 de noviembre de 2015; (iii) decretar disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad patrimonial de los compa\u00f1eros; (iv) tener por infundadas las excepciones de los herederos determinados y acoger la defensa de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n aducida por el curador ad litem de los indeterminados, pero s\u00f3lo en beneficio de \u00e9stos. <\/p>\n

Asegura que el 10 de septiembre de 2018, el tribunal convoc\u00f3, de nuevo, a una audiencia para el 19 de ese mes y a\u00f1o, \u201c(\u2026) a efectos de ofrecerle a las partes explicaciones respecto a la decisi\u00f3n adoptada (\u2026), sustent\u00e1ndose en el inciso pen\u00faltimo del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En esa diligencia se desconoci\u00f3 el fallo escrito rese\u00f1ado, pues se profiri\u00f3 una nueva sentencia verbal, donde si bien se acept\u00f3 la uni\u00f3n de los compa\u00f1eros, pr\u00f3spero el medio exceptivo aducido por el indicado auxiliar de la justicia \u201c(\u2026) con relaci\u00f3n a los efectos patrimoniales de la [sociedad], conforme a lo previsto en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Ante la situaci\u00f3n descrita, pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado; empero, esa reclamaci\u00f3n se rechaz\u00f3 el 2 de octubre 2018, porque, supuestamente, las copias de la decisi\u00f3n de 5 de septiembre de 2018, <\/p>\n

\u201c(\u2026) fueron obtenidas mediante la entrega irregular de la[s] misma[s] por parte de una servidora de la secretar\u00eda (\u2026) que sin verificar que el proceso no se hallaba en esa dependencia, ni que hab\u00eda sido notificada decisi\u00f3n alguna, le dio acceso a un archivo copiador a la parte demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n

La actuaci\u00f3n descrita desconoce sus prerrogativas, por cuanto el accionado releg\u00f3 sus propias actuaciones y permiti\u00f3 la existencia de dos sentencias vigentes; adem\u00e1s, la \u00faltima no pod\u00eda revocar o reformar la anterior, por expresa prohibici\u00f3n legal. <\/p>\n

3.\tPide, por tanto, dejar sin efecto la decisi\u00f3n de 19 de septiembre de 2018. <\/p>\n

1. Respuesta \t\tdel accionado <\/p>\n

Se opuso a la prosperidad del amparo por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el tutelante no cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 10 de septiembre de 2018, ni deprec\u00f3 la aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de la sentencia proferida el d\u00eda 19 de los mismos y tampoco recurri\u00f3 el auto de 2 de octubre de 2018, donde se rechaz\u00f3 la invalidez peticionada. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que el denominado fallo <\/p>\n

\u201c(\u2026) de 5 de septiembre de 2017, (\u2026) pese a contar con las r\u00fabricas de los magistrados, no obra ni ha estado incorporado al expediente, ni fue notificado por estados de 5 y 6 de septiembre de 2018 (\u2026), ya que era el proyecto de fallo sobre el que inicialmente trabaj\u00f3 la Sala de Decisi\u00f3n y que fue producto de la determinaci\u00f3n anunciada en la audiencia de 27 de agosto de hoga\u00f1o, finalmente no correspondi\u00f3 a la sentencia en este asunto, por cuanto se hall\u00f3 precedente jurisprudencial m\u00e1s robusto para decidir (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDe igual forma, la supuesta notificaci\u00f3n del documento \u2018sentencia de 5 de septiembre de 2018\u2019, como lo afirma temerariamente el tutelista, por haber estado publicada la anotaci\u00f3n en el sistema de consulta de la Rama Judicial, contrario a lo expuesto, ello por s\u00ed solo, no produce efectos vinculantes, ni produce una situaci\u00f3n de confianza leg\u00edtima para las partes, ya que las \u00fanicas notificaciones v\u00e1lidas para este tipo de actuaciones judiciales, conforme al C\u00f3digo General del Proceso, es (sic) la notificaci\u00f3n en estrados cuando se dicta en audiencia o, por anotaci\u00f3n en el estado cuando el fallo se profiere por escrito (\u2026)\u201d. <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRevisada la queja y las pruebas adosadas, se constata la viabilidad de la protecci\u00f3n rogada por lesionarse las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n

2.\tCiertamente, se observa, como lo acot\u00f3 el promotor, que el 27 de agosto de 2018, fecha fijada para alegaciones y fallo, el colegiado denunciado anunci\u00f3 que har\u00eda uso de la facultad contenida en el literal 3\u00b0, numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso1, dada \u201c(\u2026) la complejidad del asunto y lo extensa de la sentencia por la motivaci\u00f3n que requiere (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por tanto, anunci\u00f3 el sentido de su decisi\u00f3n, relativa a revocar el pronunciamiento del a quo y acoger las pretensiones del petente, all\u00e1 demandante y expres\u00f3 que emitir\u00eda el fallo \u201c(\u2026) por escrito en el t\u00e9rmino previsto, dentro de los diez d\u00edas siguientes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Advierte el querellante que fue en virtud de la revisi\u00f3n efectuada al sistema de consulta de la Rama Judicial, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web, que supo de la emisi\u00f3n de la \u201c(\u2026) sentencia de 5 de septiembre de 2018 (\u2026)\u201d, raz\u00f3n por la cual compareci\u00f3 a las instalaciones del accionado a efectos de conocer el contenido de la misma y el d\u00eda 6 de ese mes y a\u00f1o obtuvo una copia, reproducci\u00f3n allegada a estas diligencias. <\/p>\n

Auscultado ese documento, se encuentra que adem\u00e1s de coincidir con el sentido de la decisi\u00f3n previamente anunciado, fue emitido dentro de los t\u00e9rminos de la norma atr\u00e1s citada y est\u00e1 suscrito por los tres magistrados integrantes de la Sala; asimismo, se relieva, la autoridad acusada acept\u00f3 que dicha fotocopia fue expedida por la secretar\u00eda de la corporaci\u00f3n, todo lo cual, para esta Corte, s\u00ed generaba una expectativa en el peticionario referente a haber logrado un fallo favorable a sus demandas. Se trataba propiamente del fallo conclusivo de la instancia.
\nEn lo atinente al principio de confianza leg\u00edtima, ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]rocura garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias2\u201d, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (\u2026)\u00bb (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn efecto, sin perjuicio de reafirmar que las normas procesales son de orden p\u00fablico y de interpretaci\u00f3n estricta, existen casos excepcionales en las que la determinaci\u00f3n de una autoridad judicial genera una expectativa leg\u00edtima en el particular respecto del mantenimiento de una situaci\u00f3n determinada o sobre la manera como una solicitud debe ser planteada ante los jueces, circunstancia \u00e9sta en la que la administraci\u00f3n de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa raz\u00f3n, se ha se\u00f1alado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d (sentencia de 18 de diciembre de 2012, exp. 00119-01) (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

No obstante, el 10 de septiembre de 2018, se cit\u00f3 a una audiencia \u201c(\u2026) a efectos de ofrecerle a las partes explicaciones respecto a la decisi\u00f3n adoptada (\u2026)\u201d, actuaci\u00f3n realizada el d\u00eda 19 de ese mes y a\u00f1o y a la cual concurri\u00f3 el accionante, siendo sorprendido al dictarse una \u201cnueva\u201d sentencia verbal. <\/p>\n

En esa diligencia, sin efectuarse ninguna apreciaci\u00f3n sobre el fallo del d\u00eda 5 anterior, se quebrant\u00f3 el debido proceso del solicitante, pues la corporaci\u00f3n querellada no s\u00f3lo desconoci\u00f3 la expectativa cierta generada sobre el \u00e9xito de las pretensiones de aqu\u00e9l, sino que emiti\u00f3 un \u201cnuevo\u201d fallo, opuesto al sentido de la decisi\u00f3n anunciado desde el 27 de agosto de 2018 y puesto por escrito el 5 de septiembre posterior. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, ante la existencia de dos sentencias v\u00e1lidas sobre la misma causa, suscritas por los integrantes de la corporaci\u00f3n querellada y notificadas a los extremos procesales; empero, contrapuestas entre s\u00ed, toda vez que, en la primera, se acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n con relaci\u00f3n a los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital \u201c(\u2026) en beneficio de los herederos indeterminados (\u2026)\u201d de la compa\u00f1era fallecida, mientras que, en la segunda, se acept\u00f3 tal defensa sin limitaciones, resulta necesario otorgar la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

3.\tAhora, aunque podr\u00eda argumentarse el fracaso de este ruego por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, surge imperioso acotar que, de un lado, los instrumentos de defensa al alcance del promotor no resultaban id\u00f3neos ni eficaces. <\/p>\n

Esto porque demandar la aclaraci\u00f3n de la nueva sentencia proferida el 19 de septiembre de 2018, no habr\u00eda variado la postura del colegiado, m\u00e1xime si como se observa en su contestaci\u00f3n al presente auxilio, este no acept\u00f3 la existencia de irregularidad alguna; igualmente, recurrir el rechazo de la invalidez peticionado tampoco permit\u00eda modificar lo sucedido, toda vez que el accionado ya hab\u00eda perdido competencia de cara al asunto y no pod\u00eda, por expresa prohibici\u00f3n legal, anular su propio fallo. <\/p>\n

De otra parte, es necesaria la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, dado que las prerrogativas del censor fueron efectivamente lesionadas, circunstancia que no puede ser convalidada por su supuesta falta de diligencia. <\/p>\n

En este caso, el error del tribunal es may\u00fasculo e inexcusable, pues desconocer una sentencia suscrita y plenamente notificada al aqu\u00ed petente, advirtiendo un inexplicable yerro secretarial y emitir una completamente distinta, contrar\u00eda los principios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n

4.\tSe concluye, entonces, el quebranto del derecho al debido proceso del solicitante ante el escenario esbozado. <\/p>\n

Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos4, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcci\u00f3n del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa. <\/p>\n

5.\tDeviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n impulsada por virtud del examen legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 19695 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone la observancia de la Convenci\u00f3n en forma irrestricta. <\/p>\n

En torno al debido proceso, la Corte Interamericana, aludiendo a lo consignado en el precepto 8\u00ba de la Convenci\u00f3n8, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026)\u00a0\u00ab[C]ualquier actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de los \u00f3rganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal\u00a0(\u2026)\u201d.
\n\u00a0
\n\u201cLa Corte observa que el elenco de garant\u00edas m\u00ednimas establecido en el numeral 2 del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n se aplica a los \u00f3rdenes mencionados en el numeral 1 del mismo art\u00edculo, o sea, la determinaci\u00f3n de derechos y obligaciones de orden "civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter". Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros \u00f3rdenes.
\n\u00a0
\n\u201cEn cualquier materia la discrecionalidad de la administraci\u00f3n tiene l\u00edmites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n se encuentre regulada\u00a0(\u2026)\u201d.
\n\u00a0
\n\u201cEs un derecho humano el obtener todas las garant\u00edas que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administraci\u00f3n excluida de cumplir con este deber. Las garant\u00edas m\u00ednimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisi\u00f3n pueda afectar los derechos de las personas.
\n\u00a0
\n\u201cLa justicia, realizada a trav\u00e9s del debido proceso legal, como verdadero valor jur\u00eddicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso (\u2026), y los Estados no pueden sustraerse de esta obligaci\u00f3n\u00a0(\u2026)\u00a0(subraya la Sala, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panam\u00e1\u00a0(Fondo), sentencia de 2 de febrero de 2001, p\u00e1rrs. 124 a126 y 128)\u00a0(\u2026)\u201d9. <\/p>\n

5.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tDe acuerdo con lo discurrido, la protecci\u00f3n impetrada ser\u00e1 dispensada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONCEDER la tutela solicitada por Roberto Infante Gonz\u00e1lez frente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Orlando Tello Hern\u00e1ndez, Pablo Ignacio Villate Monroy y Juan Manuel D\u00famez Arias, con ocasi\u00f3n del asunto de uni\u00f3n marital de hecho impulsado por el aqu\u00ed actor contra An\u00edbal Triana Chicuasuque y herederos indeterminados de Mar\u00eda Alicia Triana Chicuasuque. <\/p>\n

En consecuencia, se dispone dejar sin efecto la actuaci\u00f3n surtida en el decurso acusado desde la diligencia de 27 de agosto de 2018, inclusive, y las actuaciones que de ella se desprendan, y se le ordena a la corporaci\u00f3n querellada que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al enteramiento de esta providencia, previa recepci\u00f3n del expediente, proceda a fijar nueva fecha para definir la alzada del fallo de primera instancia, conforme a lo expresado en esta providencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n

TERCERO:\tSi este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03137-00
\nCon el mayor respeto por las decisiones adoptadas por la Sala, en esta ocasi\u00f3n manifiesto que no comparto la contenida en el fallo que dirimi\u00f3, en primera instancia, la acci\u00f3n de tutela de la referencia, porque no debi\u00f3 concederse la salvaguarda rogada, toda vez que la situaci\u00f3n descrita por la parte accionante no implic\u00f3 la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales en el proceso fustigado.
\nLo anterior en la medida en que el proyecto de 5 de septiembre de 2017, a pesar de estar suscrito no alcanz\u00f3 a ser notificado a las partes del proceso, de donde a estos ning\u00fan efecto les repercuti\u00f3.
\nTampoco gener\u00f3 vicio que configurara causal de nulidad de lo actuado, porque lo sucedido no se enmarca dentro de ninguno de las motivos de invalidaci\u00f3n previstos en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto el proceso no se encontraba culminado mediante decisi\u00f3n en firme y, por ende, la expedici\u00f3n del prove\u00eddo de 19 de septiembre siguiente no implic\u00f3 revivirlo.
\nconstitucional, al estar revestida de competencia para decidir el litigio en segunda instancia, al tiempo lo estaba para adoptar las decisiones que estimara pertinentes para subsanar el error humano detectado, en cumplimiento al numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 372 de la obra en cita, que prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de todo funcionario judicial de ejercer control de legalidad a la actuaci\u00f3n adelantada para sanear los vicios que acarreen nulidades adjetivas u otras irregularidades.
\nEn efecto, aun cuando es innegable que hubo un error humano, este fue detectado por los funcionarios que en segunda instancia conocieron del litigio cuestionado y corregido de forma inmediata.
\nPor \u00faltimo, exist\u00eda otro motivo para negar la solicitud de amparo, en raz\u00f3n a que el peticionario tuvo a su alcance medios judiciales id\u00f3neos de defensa que no ejerci\u00f3, ya que si estimaba que el proyecto de 5 de septiembre de 2017 hab\u00eda sido notificado a \u00e9l, debi\u00f3 interponer el recurso de reposici\u00f3n frente al auto de 10 de septiembre de 2017 que lo convoc\u00f3 a una nueva audiencia, como tambi\u00e9n le era posible impugnar a trav\u00e9s del mecanismo extraordinario de la casaci\u00f3n la sentencia de 19 del mismo mes y a\u00f1o, previo cumplimiento de las exigencias previstas en el ordenamiento adjetivo.
\nEs decir, que al tenor del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del decreto 2591 de 1991, la salvaguarda rogada resultaba improcedente, porque la sentencia dictada el 19 de septiembre de 2017 estaba revestida de total validez.
\nIncluso, n\u00f3tese que los t\u00e9rminos en que fue concedida la salvaguarda traduce que el Tribunal deber\u00e1 volver a dictar sentencia, posibilitando que reproduzca el prove\u00eddo de 19 de septiembre citado en fecha m\u00e1s reciente, lo cual revela innecesaria la decisi\u00f3n mayoritaria, pues bastaba con convalidar la determinaci\u00f3n del 19 de septiembre de 2017.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos dejo consignados los motivos que en esta oportunidad me llevan a separarme de la decisi\u00f3n mayoritaria.
\nFecha ut supra. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MAGISTRADO <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nSTC431-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03137-00
\nCon pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso.
\n1. Sinopsis f\u00e1ctica
\nEl accionante relat\u00f3 en el escrito inicial que, previa consulta del sistema de gesti\u00f3n judicial, compareci\u00f3 a la secretar\u00eda del tribunal el 6 de septiembre de 2018 y le fue suministrada una copia de la sentencia firmada por los magistrados integrantes de la sala, (sin poner de presente que se hubiera surtido alg\u00fan formalismo adicional o notificaci\u00f3n).
\nAgreg\u00f3 que a pesar de lo anterior, dicha corporaci\u00f3n convoc\u00f3 a audiencia en la que dict\u00f3 una nueva decisi\u00f3n en un sentido distinto al inicialmente anunciado <\/p>\n

Acudi\u00f3 en tutela reclamando la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso.
\nLa Sala consider\u00f3 mayoritariamente que la actuaci\u00f3n desplegada por la Sala Civil Familia del Tribunal de Cundinamarca constituy\u00f3 una v\u00eda de hecho porque, profiri\u00f3
\n\u00abdos sentencias v\u00e1lidas sobre la misma causa, suscritas por los integrantes de la corporaci\u00f3n querellada y notificadas a los extremos procesales; empero, contrapuestas entre s\u00ed, toda vez que, en la primera, se acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n con relaci\u00f3n a los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital "(…) en beneficio de los herederos indeterminados" de la compa\u00f1era fallecida, mientras que, en la segunda, se acept\u00f3 tal defensa sin limitaciones\u00bb (f. 183).
\nPara contrarrestar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores comprometidas, la Sala opt\u00f3 por dejar sin efecto ambas determinaciones y orden\u00f3 convocar a audiencia para dictar una nueva.
\n2. La inexistencia de la v\u00eda de hecho denunciada
\nDe conformidad con el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 289 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ablas providencias judiciales se har\u00e1n saber a las partes y dem\u00e1s interesados por medio de notificaciones, con las formalidades prescritas en este c\u00f3digo\u00bb, advirtiendo su inciso 2\u00b0 que \u00absalvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producir\u00e1 efectos antes de haberse notificado\u00bb, previsi\u00f3n
\nque se orienta a garantizar el principio de publicidad del rito civil.
\nAs\u00ed las cosas, mientras no medie notificaci\u00f3n no puede afirmarse, v\u00e1lidamente, la existencia del prove\u00eddo y por lo mismo, no pueden derivarse consecuencias jur\u00eddicas de ninguna \u00edndole.
\nConforme con ello, al margen de la entrega por parte de la secretar\u00eda del tribunal de copia de la \u00absentencia escrita\u00bb, es forzoso resaltar que la misma no fue notificada mediante anotaci\u00f3n en estado (art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso) o personalmente, y por ello no surti\u00f3 efectos legales, tal como lo contempla la norma trascrita.
\nDe acuerdo con lo anterior, la falta de comunicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n la torna inexistente, en cuanto no produce ning\u00fan efecto jur\u00eddico; incluso, no podr\u00eda ser objeto de recursos, (en caso de que procedieran), ya que dichos medios de contradicci\u00f3n est\u00e1n supeditados al conocimiento que se tenga de la decisi\u00f3n, al punto que el t\u00e9rmino para su interposici\u00f3n comienza a contabilizarse a partir de la notificaci\u00f3n.
\nAdicionalmente, no puede perderse de vista que la nulidad procesal est\u00e1 prevista para excluir del orden jur\u00eddico actuaciones que conculquen garant\u00edas fundamentales inherentes al debido proceso, a condici\u00f3n de que existan errores que afecten su validez por las espec\u00edficas causales constitucionales y legales, las cuales en el presente caso y en relaci\u00f3n con la primera de las \u00abprovidencias\u00bb no se configuran, raz\u00f3n por la cual y en cabal atenci\u00f3n al principio de especificidad que rige este tipo de
\nactuaciones, resulta improcedente su declaratoria.
\nEn esta medida, no pod\u00eda hablarse de \u00abdos sentencias v\u00e1lidas\u00bb, ya que al ser inexistente la primera \u00abescrita\u00bb s\u00f3lo queda la proferida en audiencia (la que goza de plena validez al haber sido debidamente notificada en estrados), decisi\u00f3n \u00faltima que debi\u00f3 mantenerse y no, como orden\u00f3 la Sala, dejar sin efecto todo lo actuado desde el 27 de agosto de 2018 y convocar a nueva audiencia de fallo. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nNo comparto la motivaci\u00f3n expuesta en la decisi\u00f3n mayoritaria, pues el otorgamiento del amparo no proced\u00eda por las razones se\u00f1aladas, dado que la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del accionante no se produjo al proferirse el fallo en audiencia, sino en la labor de aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa realizada por el juzgador de segunda instancia, como paso a explicarlo:
\n1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el fallo proferido en audiencia el 19 de septiembre de 2018, revoc\u00f3 la providencia del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Zipaquir\u00e1 y, en su lugar, declar\u00f3 la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre Mar\u00eda Alicia Triana y el tutelante desde el a\u00f1o 2011 hasta el 19 de noviembre de 2015, fecha en que se produjo el deceso de la primera. En la misma decisi\u00f3n, declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de "prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n con relaci\u00f3n a los efectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital".
\nComo raz\u00f3n para declarar la aludida defensa, el ad quem adujo:
\n(…) se tiene que la separaci\u00f3n definitiva de los compa\u00f1eros permanentes fue el 19 de noviembre del a\u00f1o 2015 por la muerte de la compa\u00f1era como se observa a folio 8 del cuaderno 1; la demanda se present\u00f3 el 12 de mayo de 2016, esto es, 5 meses y 23 d\u00edas despu\u00e9s de acontecido el hecho que puso fin a la uni\u00f3n", pero no basta s\u00f3lo con ello para tenerse por interrumpido el t\u00e9rmino prescriptivo contenido en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990, siendo necesario igualmente para que opere esa figura menester notificar la demanda a quienes integran la parte demandada dentro del a\u00f1o siguiente contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del demandante del auto admisorio. En este caso, la notificaci\u00f3n a la parte demandante del auto admisorio tuvo ocurrencia a trav\u00e9s de estado del 24 de junio del
\na\u00f1o 2016 como se observa a folio 31 adverso; en consecuencia, la parte actora ten\u00eda hasta el 25 de junio del a\u00f1o 2017 para notificar al extremo pasivo de la demanda y as\u00ed hacer valer ese privilegio de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. Luego al verificar el proceso, tenemos que los demandados determinados… en calidad de herederos determinados de la causante Mar\u00eda Alicia Triana Chiquiasuque se notificaron por conducta concluyente el 24 de agosto del a\u00f1o 2016, como se encuentra a folio 56, no habiendo transcurrido un a\u00f1o, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3 con los herederos indeterminados, quienes fueron notificados por medio de curador ad litem el 29 de agosto del a\u00f1o 2017 como se en el folio 102, es decir, que entre uno y otro acto procesal transcurri\u00f3 un a\u00f1o, dos meses y cuatro d\u00edas, t\u00e9rmino que supera el previsto en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que ha de quedar sentado que conformado tanto los herederos determinados como los herederos indeterminados un litisconsorcio necesario, ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n de todos ellos para que se surtan dichos efectos como lo indica el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso para que opere la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, por lo cual no surti\u00f3 efecto alguno la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo con la presentaci\u00f3n de la demanda conforme lo enuncia la norma en cita…", raz\u00f3n por la cual "se impone darle acogida al medio expuesto para enervar tal derecho, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n" (r\u00e9cord 26:59 a 35:46 CD obrante a folio 140).
\nTal raciocinio, sin embargo, es abiertamente arbitrario al fundarse en el desconocimiento de la normatividad aplicable, y, por consiguiente, quebranta las garant\u00edas fundamentales del tutelante.
\n2. En efecto, el prop\u00f3sito de la Ley 54 de 1990 fue remediar la situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n econ\u00f3mica en que se hallaban las personas que hab\u00edan convivido como pareja y conformado una familia natural durante un tiempo considerable en el que consolidaban un patrimonio producto del esfuerzo mutuo. El reparto equitativo de este patrimonio al terminar la uni\u00f3n marital fue el objetivo central de la norma, pues la mera declaraci\u00f3n judicial de una situaci\u00f3n de hecho sin efectos obligacionales no tiene ninguna relevancia jur\u00eddica. Luego, nada se habr\u00eda ganado en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos y de protecci\u00f3n civil con una norma que se hubiera limitado a reconocer una realidad
\nsocial que no generaba consecuencias patrimoniales protegidas por el ordenamiento jur\u00eddico.
\nAs\u00ed qued\u00f3 consignado en la exposici\u00f3n de motivos, donde claramente se indic\u00f3 que el prop\u00f3sito de la ley era \u00abllenar el vac\u00edo legal existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protecci\u00f3n del Estado\u00bb.1
\nEl art\u00edculo 1.\u00b0 de la aludida disposici\u00f3n se\u00f1ala que para todos los efectos legales \u00abse denomina uni\u00f3n marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compa\u00f1ero y compa\u00f1era permanente al hombre y la mujer que forman parte de la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb.
\nSeg\u00fan la citada disposici\u00f3n, para que pueda conformarse una uni\u00f3n marital de hecho es preciso que se cumplan los siguientes requisitos:
\n1. La \texistencia de una comunidad de vida estable, permanente, \tcontinua y duradera entre un hombre y una mujer que \tse unen con el prop\u00f3sito de conformar una familia. Una \tinterpretaci\u00f3n \tde la Corte Constitucional modific\u00f3 este requisito bajo \tel entendido de que la uni\u00f3n puede ser entre personas del \tmismo \tsexo. (Sentencia C-075 de 2007)
\n2. Que \tla uni\u00f3n marital sea singular, es decir, que s\u00f3lo \texista \tuna uni\u00f3n marital entre los compa\u00f1eros, con exclusi\u00f3n \tde cualquier \totra uni\u00f3n de alguno de ellos con una tercera persona. <\/p>\n

Anales del Congreso N279 del 15 de agosto de 1988.
\n1
\n3. Que \tlos compa\u00f1eros no est\u00e9n casados entre s\u00ed, pues \ten tal \tcaso su v\u00ednculo se regir\u00e1 por las normas del \tmatrimonio.
\nA su vez, el art\u00edculo 2\u00b0 ejusdem (en su tenor originario), consagr\u00f3 la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, en los siguientes t\u00e9rminos:
\nSe presume sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:
\n1. Cuando \texista uni\u00f3n marital de hecho durante un lapso no inferior \ta dos a\u00f1os, entre un hombre y una mujer sin impedimento \tlegal para contraer matrimonio;
\n2. Cuando \texista una uni\u00f3n marital de hecho por un lapso no inferior \ta dos a\u00f1os e impedimento legal para contraer matrimonio por \tparte de uno o de ambos compa\u00f1eros permanentes, siempre y \tcuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan \tsido \tdisueltas y liquidadas por lo menos un a\u00f1o antes de la fecha \ten \tque se inici\u00f3 la uni\u00f3n marital \tde hecho.
\nLa Ley 54 de 1990 estableci\u00f3 la anterior presunci\u00f3n con el fin de proteger los derechos patrimoniales de los compa\u00f1eros
\npermanentes, por cuya virtud el juez debe declarar el hecho presunto siempre que encuentre demostrados los supuestos f\u00e1cticos exigidos por la norma.
\nDe conformidad con lo establecido por el art\u00edculo 66 del C\u00f3digo Civil, \u00abse dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunci\u00f3n son
\ndeterminados por la ley, la presunci\u00f3n se llama legal\u00bb.
\nPor su parte, el primer inciso del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, del mismo tenor que el art\u00edculo 166 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala: \u00ablas presunciones establecidas por la ley ser\u00e1n procedentes siempre que los hechos en que se funden est\u00e9n debidamente probados\u00bb.
\nEl primer requisito legal para que una presunci\u00f3n nazca a la vida jur\u00eddica es, necesariamente, la demostraci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos que dan origen al juicio l\u00f3gico constitutivo de la inferencia presuntiva, y para el caso de la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes esos hechos -se reitera- son los enlistados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990.
\nDe ah\u00ed que se haya considerado que la persona que alega a su favor una presunci\u00f3n juris tantum \u00abtiene la carga de probar \u00fanicamente los supuestos de la misma, o sea aquellos hechos que siendo ciertos hacen cre\u00edble el otro hecho del cual se deduce. Es claro, entonces, que la dispensa de la carga de la prueba para el favorecido con una presunci\u00f3n es apenas parcial ya que solamente opera respecto del hecho deducido\u00bb. (CC, C-123-06, 22 Feb. 2006, Rad. D-5936)
\nPor eso la jurisprudencia ha sostenido que la Ley 54 de 1990 hizo de la uni\u00f3n marital \u00abel supuesto de hecho de la presunci\u00f3n simplemente legal que permite declarar judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb. (C.C. C-239-94, 19 mayo 1994)
\nDe lo que se colige que la uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes es uno de los supuestos de hecho para que sea posible declarar judicialmente la presunci\u00f3n de la sociedad
\npatrimonial, para cuya configuraci\u00f3n han de quedar demostrados los siguientes presupuestos:
\n1. La \texistencia de la uni\u00f3n marital con todos los requisitos que \texige el precitado art\u00edculo 1\u00b0;
\n2. Que \tla uni\u00f3n marital haya tenido una duraci\u00f3n m\u00ednima \tde \tdos arios;
\n3. Que \tlos compa\u00f1eros no est\u00e9n casados entre s\u00ed;
\n1. Que \ten caso de haber impedimento para contraer matrimonio \tpor parte de uno o ambos compa\u00f1eros, la sociedad o sociedades \tconyugales anteriores hayan sido disueltas por lo menos \tun a\u00f1o antes del inicio de la uni\u00f3n marital de hecho.
\nLa falta de demostraci\u00f3n de cualquiera de esos elementos impide el surgimiento de la presunci\u00f3n y, por tanto, no hay lugar a declararla judicialmente por ausencia de sus presupuestos f\u00e1cticos; lo que significa que la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital es un presupuesto para la exigibilidad de las obligaciones inherentes a la sociedad patrimonial.
\n\u00danicamente cuando quien pretendiera beneficiarse de los efectos derivados de la sociedad patrimonial prevista en el mencionado art\u00edculo 2\u00b0, lograba demostrar las circunstancias antecedentes que hac\u00edan posible el surgimiento de tal presunci\u00f3n, el juez pod\u00eda declararla, surgiendo desde ese momento -y no antes- el derecho a exigir las respectivas consecuencias econ\u00f3micas.
\nEl texto originario del art\u00edculo 4\u00b0 ejusdem confirmaba que la \u00fanica forma de declarar la uni\u00f3n marital y, por ende, la aludida presunci\u00f3n legal, era mediante sentencia judicial: \u00abLa existencia de la uni\u00f3n marital de hecho se establecer\u00e1 por los medios ordinarios de prueba consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y ser\u00e1 de conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia\u00bb.
\nSi era la misma ley la que exig\u00eda decisi\u00f3n judicial que declarara la existencia de la uni\u00f3n marital y de la comunidad de bienes, ser\u00eda absurdo que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n comenzara
\na correr antes de dicha declaraci\u00f3n, pues el compa\u00f1ero
\ninteresado en el reparto del patrimonio com\u00fan no ten\u00eda la
\nposibilidad de hacer valer su derecho, dado que no puede haber<\/p>\n

no es exigible, y en el caso de la sociedad patrimonial su
\nexigibilidad s\u00f3lo surge cuando ha sido previamente declarada
\npor un juez.
\nSobre el particular, esta Corte ha se\u00f1alado:
\n(…) la ley 54 de 1990 regula los efectos de orden econ\u00f3mico, pero a condici\u00f3n de que la existencia de uni\u00f3n de hecho obtenga homologaci\u00f3n judicial, lo cual quiere decir que aunque por su naturaleza nace de los hechos y para su iniciaci\u00f3n no se requiere cumplir formalidad alguna, esos efectos quedan condicionados a que mediante sentencia se declare su existencia.\u00bb (CSJ SC de 20 de septiembre de 2000. Exp.: 6117)
\nY en el mismo sentido:
\nAsunto que, por cierto, a\u00f1\u00e1dese ahora, m\u00e1s bien parece de puro sentido com\u00fan: se trata tan solo de la inutilidad de entrar a valorar la consistencia y fortaleza de una defensa que se despleg\u00f3 para enfrentar un ataque a la postre inofensivo; porque
\nsi la acci\u00f3n sencillamente no se consolid\u00f3, la defensa esgrimida para contrarrestarla pierde su raz\u00f3n de ser, y mal har\u00edase entonces en pasar a definir su viabilidad. (CSJ SC del 28 de noviembre de 2000, Rad. n\u00b0 5928)
\nCon relaci\u00f3n a la necesidad de declarar la uni\u00f3n marital como presupuesto f\u00e1ctico de la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial, esta corte ha afirmado:
\nPor ende, la preexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial gestada -anterius, prius-, es presupuesto de su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n -posterius, consequentia-, es decir sin uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes no se forma entre \u00e9stos sociedad patrimonial, como tampoco es factible su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. Expresado en otros t\u00e9rminos, la existencia de la uni\u00f3n marital libre y de la sociedad patrimonial, act\u00faa como una conditio iuris para su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, pues si no existe la uni\u00f3n marital nunca podr\u00e1 formarse una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, ni \u00e9sta tampoco podr\u00e1 disolverse u liquidarse; o, lo que es igual, sin sociedad patrimonial ex ante, no puede disolverse u liquidarse, ex post. (CSJ SC del 11 de marzo de 2009. Exp. 2002-00197\u00ad01) [Se subraya]
\nDe igual modo, en sentencia de 11 de septiembre de 2013, se cas\u00f3 el fallo dictado por un tribunal que parti\u00f3 de \u00ablas
\nprevisiones consagradas en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990\u00bb, espec\u00edficamente la subsistencia de la sociedad conyugal anterior no disuelta de uno de los compa\u00f1eros, para negar la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital, cuyos presupuestos f\u00e1cticos y
\nefectos jur\u00eddicos son distintos a las de aqu\u00e9lla.
\nEn el aludido fallo se memor\u00f3 una sentencia anterior, en la que se dijo:
\n… entrelazando, pues, los citados art\u00edculos 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 1\u00b0 de la Ley 54 de 1990, se concluye que el surgimiento de una uni\u00f3n marital de hecho depende, en primer lugar, de la `voluntad responsable' de sus integrantes de establecer entre ellos, y s\u00f3lo entre ellos, una 'comunidad de vida, con miras a la conformaci\u00f3n de una familia; en segundo t\u00e9rmino, de la materializaci\u00f3n o exteriorizaci\u00f3n de esa voluntad, esto es que los compa\u00f1eros inicien su convivencia y, en virtud de ella, compartan todos los aspectos esenciales de la existencia, actitud que implica, entre otras cuestiones, residir bajo un mismo techo, brindarse afecto, socorro, ayuda y respeto mutuos, colaborarse en su desarrollo personal, social, laboral y\/ o profesional, mantener relaciones sexuales, proveer los medios para su mejor subsistencia y decidir si tienen o no descendencia, caso en el cual les corresponder\u00e1 definir el n\u00famero de hijos que procreen y los par\u00e1metros para educarlos, as\u00ed como velar por su sostenimiento; y, finalmente, de que ese proyecto de vida com\u00fan, en las condiciones que se dejan precisadas, se realice, d\u00eda a d\u00eda, de manera constante o permanente en el tiempo. (SC de 12 de diciembre de 2001)
\nEmpero -prosigui\u00f3 la Corte- el prop\u00f3sito del legislador no se limit\u00f3 a concebir la uni\u00f3n marital de hecho, sino que fue m\u00e1s all\u00e1, pues tambi\u00e9n se ocup\u00f3 de dise\u00f1ar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico al que quedaban sometidas las parejas as\u00ed constituidas y, con ese prop\u00f3sito, estableci\u00f3 una nueva figura jur\u00eddica, como fue la `sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, en relaci\u00f3n con la que previ\u00f3 que 'el patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales' a quienes la conformen (art. 3\u00b0).
\nY enseguida, de modo inequ\u00edvoco, estableci\u00f3 la autonom\u00eda de ambas acciones, en los siguientes t\u00e9rminos:
\nComo con facilidad se avizora, es ostensible la autonom\u00eda de las referidas figuras jur\u00eddicas, toda vez que cada una disciplina aspectos diversos de la familia constituida por lazos meramente naturales y responde a distintos requisitos:
\n1. La \tuni\u00f3n \tmarital de hecho concierne con la vida en com\u00fan de los \tcompa\u00f1eros permanentes y exige para su configuraci\u00f3n \tla decisi\u00f3n \tconsciente de la pareja de unirse para conformar una familia \ty de que, como consecuencia de esa determinaci\u00f3n, convivan \ten una relaci\u00f3n singular y permanente.
\n2. La \tsociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano \tecon\u00f3mico y deriva, en primer lugar, de la existencia de una \tuni\u00f3n marital de hecho y, en segundo t\u00e9rmino, de que \tcomo consecuencia \tdel trabajo, ayuda y socorro mutuos de los compa\u00f1eros \tpermanentes, se haya consolidado un \u00abpatrimonio o capital" \tcom\u00fan.
\nEn el punto, cabe destacar que "la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes a que refiere el art\u00edculo 2\u00b0 de la misma Ley 54 de 1990, si bien depende de que exista la 'uni\u00f3n marital de hecho', corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los dem\u00e1s presupuestos que se\u00f1ala la norma". (SC de 15 de noviembre de 2012)
\nPor tanto -concluy\u00f3 la Corte en esa oportunidad- la falta de prueba de los requisitos contemplados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 50 de 1990 impide el surgimiento de la presunci\u00f3n de la sociedad patrimonial, \u00absin que, por lo mismo, est\u00e9 relacionado con la uni\u00f3n marital de hecho y, mucho menos, con los presupuestos que la estructuran, de donde el cumplimiento o incumplimiento de
\nlas condiciones que contempla la citada norma no pod\u00eda ser el criterio que orientara la definici\u00f3n de la mencionada s\u00faplica (la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital)\u00bb.
\n(…) Se suma a lo anterior que si es condici\u00f3n indispensable para resolver sobre la conformaci\u00f3n de una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que preexista una uni\u00f3n marital de hecho, la falla atr\u00e1s detectada es suficiente para ocasionar el quiebre total del fallo cuestionado, pues no resulta posible evaluar el referido aspecto econ\u00f3mico sin que, previamente, se haya juzgado, con sujeci\u00f3n a los par\u00e1metros legales adecuados, si entre la demandante y el se\u00f1or .>000C en verdad existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho.\u00bb (SC del 11 de septiembre de 2013. Ref.: 2001-00011-01) [Se resalta]
\nLa jurisprudencia precedente se reiter\u00f3 en el respectivo fallo sustitutivo, en el que se lleg\u00f3 a la siguiente conclusi\u00f3n:
\nConforme la estructura de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, es presupuesto indispensable de toda "sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes" de que trata su art\u00edculo 2\u00b0, la previa configuraci\u00f3n de la "uni\u00f3n marital de hecho" contemplada en el art\u00edculo 1\u00b0 del mismo ordenamiento jur\u00eddico, que la concibe como "la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular".
\nCon otras palabras: la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho puede dar lugar al surgimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el ya citado art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990, esto es, que aqu\u00e9lla supere el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os y que los miembros de la pareja no estuvieren impedidos para contraer matrimonio o que, est\u00e1ndolo, hubieren disuelto las sociedades conyugales anteriores, "por lo menos un a\u00f1o antes" al inicio del
\nnuevo v\u00ednculo. (Aprobado en Sala del 27 de abril de 2016. Rad.: 2006-00112-01)
\nA partir del an\u00e1lisis de la jurisprudencia citada, se deduce que seg\u00fan la Ley 54 de 1990 no es posible realizar pronunciamiento alguno sobre la sociedad patrimonial hasta tanto se declare judicialmente que la respectiva uni\u00f3n marital tuvo lugar.
\nNo resulta posible, por tanto, declarar la prescripci\u00f3n de un derecho que no se pod\u00eda ejercitar, pues ese es, precisamente, el sentido y alcance del principio del derecho de las obligaciones que se\u00f1ala que la acci\u00f3n (en sentido sustancial) que no ha nacido no puede prescribir.
\n3. Debido a los problemas que surg\u00edan en la pr\u00e1ctica para que los compa\u00f1eros constituyeran la prueba de la uni\u00f3n marital de hecho, dado que la Ley 54 de 1990 exig\u00eda -como ya se explic\u00f3-que solamente se pod\u00eda declarar en sentencia judicial, el legislador introdujo una modificaci\u00f3n tendiente a aligerar y agilizar los medios para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho y sus efectos patrimoniales. As\u00ed se dijo expresamente en el t\u00edtulo de la Ley 979 de 2005: \u00abpor medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos \u00e1giles para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho p sus efectos patrimoniales entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb.
\nLa Ley 979 de 2005 estableci\u00f3 unos instrumentos r\u00e1pidos para demostrar la uni\u00f3n marital de hecho y sus efectos patrimoniales, por lo que ampli\u00f3 los medios probatorios para que los compa\u00f1eros pudieran declarar la existencia de la sociedad patrimonial. En tal sentido, su art\u00edculo 1\u00b0 dispuso:
\nLos compa\u00f1eros permanentes que se encuentre en alguno de los casos anteriores [indicados en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 54 de 1990] podr\u00e1n declarar la existencia de la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios:
\n1. Por \tmutuo consentimiento declarado mediante escritura p\u00fablica \tante notario donde d\u00e9 fe de la existencia de dicha sociedad \ty acrediten la uni\u00f3n marital de hecho y los dem\u00e1s \tpresupuestos \tque se prev\u00e9n en los literales a) y b) del presente art\u00edculo.
\n1. Por \tmanifestaci\u00f3n expresa mediante acta suscrita en un centro de \tconciliaci\u00f3n legalmente reconocido demostrando la existencia \tde \tlos requisitos previstos en los literales a) y b) de este art\u00edculo. <\/p>\n

De igual modo, se modific\u00f3 el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 54 de 1990, que antes se\u00f1alaba que la uni\u00f3n marital s\u00f3lo se probaba por sentencia judicial dictada por los jueces de familia, y en su lugar, se estableci\u00f3 que tambi\u00e9n pude demostrarse por escritura p\u00fablica o por acta de conciliaci\u00f3n. (Art. 2\u00b0 Ley 979 de 2005)
\nLuego de la entrada en vigencia de la Ley 979 de 2005 se debe entender que la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial presupone la demostraci\u00f3n de su previa existencia por cualquiera de los medios previstos en el art\u00edculo segundo de esa disposici\u00f3n, pues de lo contrario, ante la ausencia de prueba de dichos requisitos legales, no puede comenzar a correr el mencionado t\u00e9rmino extintivo de la obligaci\u00f3n de estirpe econ\u00f3mica, pues sin la acreditaci\u00f3n de tales presupuestos, el compa\u00f1ero interesado en el reparto del patrimonio com\u00fan no tendr\u00e1 la posibilidad de hacer valer su derecho, pues \u00e9ste no ser\u00eda a\u00fan exigible.
\nLa prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, por tanto, comienza a contarse a partir de la sentencia que declara la existencia de la sociedad patrimonial por haber quedado demostrados los supuestos de hecho que hacen posible tal presunci\u00f3n.
\n4. Esta interpretaci\u00f3n est\u00e1 acorde con los principios generales que rigen la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria, cuya funci\u00f3n consiste en poner t\u00e9rmino a un derecho, y en el caso de las obligaciones, a libertar al mismo tiempo al deudor. (ARTURO ALESANDRI, Tratado de las obligaciones. vol. III. Edit. Jur\u00eddica de Chile: 2009. p. 171)
\nEl numeral 10 del art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que la prescripci\u00f3n es uno de los modos de extinguir las obligaciones. De igual modo, el art\u00edculo 2541 se refiere a \u00abla prescripci\u00f3n que extingue las obligaciones\u00bb. El art\u00edculo 2512 establece que la prescripci\u00f3n liberatoria es un modo \u00abde extinguir las acciones o derechos ajenos\u00bb; y en un sentido similar el 2535 menciona la prescripci\u00f3n que extingue \u00ablas acciones y derechos
\najenos\u00bb. A su turno, el art\u00edculo 2539 establece la forma como se interrumpe la prescripci\u00f3n que extingue \u00ablas acciones ajenas\u00bb.
\nEl uso indistinto que el legislador hizo de los t\u00e9rminos obligaci\u00f3n, derecho y acci\u00f3n para referirse a lo que es objeto de la prescripci\u00f3n extintiva no obedece a una impropiedad o confusi\u00f3n conceptual, ni mucho menos a un descuido de los redactores de la ley, sino al significado que tales nociones ten\u00edan en la fecha de expedici\u00f3n del C\u00f3digo, que emple\u00f3 la terminolog\u00eda propia de la tradici\u00f3n civilista romana, identificando la acci\u00f3n con el derecho material vulnerado generador de una obligaci\u00f3n.
\nSeg\u00fan la definici\u00f3n cl\u00e1sica de Celso, la acci\u00f3n no es otra cosa que el derecho a perseguir en juicio lo que a uno se le debe. Esta concepci\u00f3n segu\u00eda vigente a\u00fan a mediados del siglo XIX, al punto que Savigny consideraba la acci\u00f3n como un derecho que nace de la violaci\u00f3n del derecho material subjetivo y que tiene por contenido la obligaci\u00f3n del adversario de hacer cesar la violaci\u00f3n.
\nNo fue sino a finales del siglo XIX, con los estudios realizados por Windscheid, cuando el concepto de acci\u00f3n comenz\u00f3 a adquirir la connotaci\u00f3n procesal que la doctrina fue decantando hasta alcanzar el significado que tiene actualmente, que la entiende como el derecho p\u00fablico, subjetivo y aut\u00f3nomo que tiene toda persona para obtener la resoluci\u00f3n de una controversia jur\u00eddica mediante la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n del Estado concretada en una sentencia que se dicta dentro de un proceso judicial. En palabras de Redenti: \u00abCon la acci\u00f3n (actividad procesal) se propone al juez la acci\u00f3n (pretensi\u00f3n), y \u00e9l dir\u00e1 si existe la acci\u00f3n (derecho)\u00bb.
\nEsta distinci\u00f3n permite comprender que frente a la acci\u00f3n (en sentido estrictamente procesal) el demandado tiene el derecho de contradicci\u00f3n; frente a la pretensi\u00f3n le asiste el derecho de formular sus excepciones y defensas; y frente a la invocaci\u00f3n de un derecho sustancial puede aducir la inexistencia de ese derecho o la titularidad de uno mejor.
\nBajo esas orientaciones cobra pleno sentido el segundo inciso del art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual el tiempo que se exige para la prescripci\u00f3n de acciones o derechos se cuenta \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb, es decir que la prescripci\u00f3n debe analizarse en relaci\u00f3n con la posibilidad de ejercitar el derecho que se pretende hacer valer y que la contraparte considera extinto por el paso del tiempo. De ah\u00ed que siempre se haya afirmado que son dos los requisitos de la prescripci\u00f3n extintiva: a) el transcurso del tiempo; y b) la inactividad de la parte interesada, la cual s\u00f3lo adquiere relevancia jur\u00eddica si el titular del derecho tuvo la posibilidad de hacerlo valer.
\nAl respecto la doctrina ha explicado:
\nAntes de que haya nacido la acci\u00f3n [en sentido sustancial] conferida para tutela de un derecho no puede hablarse de extinci\u00f3n por prescripci\u00f3n: actioni nondum natae non praescribitur; en efecto, reposando la prescripci\u00f3n sobre un estado de hecho, no conforme al derecho, y no obstante no eliminado o removido por quien tiene la facultad, se debe contar el tiempo, no desde el momento en que aquel estado se ocasion\u00f3, sino desde aquel en que se pod\u00eda actuar para removerlo o eliminarlo; desde este momento se debe comenzar a contar el tiempo que la ley exige para que aquel estado se convierta en irrevocable por perder la acci\u00f3n quien pod\u00eda ejercitarla. Con esto
\nqueda sin m\u00e1s resuelta la cuesti\u00f3n de si el comienzo de la prescripci\u00f3n deba situarse en el momento en que fue causada la lesi\u00f3n del derecho ajeno o en aquel en que, sin haber lesi\u00f3n, pod\u00eda ejercitarse el derecho. Debe ser resuelta en el segundo sentido…. (Roberto De Ruggiero, Instituciones de Derecho Civil. t. I. Madrid: Reus, 1979. p. 328)
\nEn id\u00e9ntico sentido, entendiendo que la prescripci\u00f3n extingue la acci\u00f3n (en su acepci\u00f3n sustancial) o el derecho subjetivo, y que \u00e9ste no se puede ejercitar mientras la obligaci\u00f3n no se haya hecho exigible, COLIN y CAPITANT explican el punto de partida de la prescripci\u00f3n extintiva, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abSe pueden resumir estas distintas reglas en una f\u00f3rmula general: Actioni non natae non praescribitur. Para que un derecho prescriba es necesario, no solamente que haya nacido, sino que pueda ser ejercitado. Al generalizar esta idea tan equitativa y conforme con el fundamento racional de la prescripci\u00f3n, la jurisprudencia establece, del modo m\u00e1s amplio, que siempre que una de las partes haya estado en la imposibilidad de obrar a consecuencia de un obst\u00e1culo cualquiera que preceda, ya de la ley, ya de fuerza mayor, o hasta de la misma convenci\u00f3n, la prescripci\u00f3n no corre contra ella hasta el d\u00eda en que cese esta imposibilidad: Contra non valenten agere non currit praescriptio\u00bb. (Curso elemental de derecho civil. t. III. Madrid: Reus, 1924. p. 254)
\nPor expreso mandato legal, la prescripci\u00f3n extintiva de acciones (en sentido sustancial) o derechos -se reitera-, se cuenta desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible (Art. 2535), pues siendo la prescripci\u00f3n una instituci\u00f3n de naturaleza sustancial y no procesal, su funci\u00f3n y raz\u00f3n de ser ata\u00f1e a la vigencia y exigibilidad del derecho material o la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial que se reclama. Tanto es as\u00ed que la prescripci\u00f3n admite tanto su interrupci\u00f3n (Art. 2539) como su renuncia una
\nvez cumplida (Art. 2514), siendo tales situaciones imposibles de darse si no existe un t\u00e9rmino de exigibilidad del derecho a partir del cual pueda comenzar a contarse dicho lapso.
\nNo puede confundirse, por tanto, el significado del t\u00e9rmino acci\u00f3n en sentido procesal, con el concepto de acci\u00f3n en sentido sustancial al que refieren las normas civiles sobre prescripci\u00f3n. Es indudable que toda persona tiene el derecho de acci\u00f3n procesal porque puede acudir ante la jurisdicci\u00f3n para la obtenci\u00f3n de una declaraci\u00f3n judicial respecto de su controversia. En cambio, no toda persona tiene acci\u00f3n sustancial, pues \u00e9sta, seg\u00fan el significado que le atribuy\u00f3 la tradici\u00f3n romana, va unida a la posibilidad de ejercitar el derecho material y subjetivo que reclama, y \u00e9ste s\u00f3lo puede hacerse valer cuando la obligaci\u00f3n se ha hecho exigible, como se explic\u00f3 l\u00edneas arriba.
\nDe manera que si bien es cierto que toda persona tiene acci\u00f3n procesal para demandar judicialmente el restablecimiento del derecho que considera vulnerado, no es esta facultad la que ha de considerarse en la valoraci\u00f3n de la inactividad o silencio del demandante para efectos de comenzar a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de su derecho.
\nPor ello, aunque el demandante tenga acci\u00f3n procesal y la posibilidad de formular y acumular pretensiones en su demanda, tal facultad es absolutamente distinta de la potestad de acci\u00f3n sustancial que se origina con la exigibilidad del derecho material y subjetivo del que es titular. En otras palabras: el hecho de que el compa\u00f1ero o compa\u00f1era demandante tenga la posibilidad de acumular a su demanda principal de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital la consecuencial de existencia, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial,
\nno significa que cuenta con la acci\u00f3n sustancial para reclamar la disoluci\u00f3n de dicha sociedad, pues hasta que no se demuestren en el proceso los requisitos materiales que permiten la declaraci\u00f3n de la presunci\u00f3n mencionada, el derecho econ\u00f3mico que reclama no ser\u00e1 exigible.
\nLa acci\u00f3n procesal -se reitera- no implica acci\u00f3n sustancial; entre ambas especies de acci\u00f3n no existe una relaci\u00f3n de causalidad o necesidad material o l\u00f3gica, dado que ambas obedecen a instituciones de distinta naturaleza, funci\u00f3n y finalidad. De ah\u00ed que s\u00f3lo la acci\u00f3n en sentido sustancial es la que se toma en cuenta como punto de partida para comenzar a contar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva.
\nPor supuesto que si al separarse f\u00edsica y definitivamente los compa\u00f1eros permanentes no est\u00e1 reconocida la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho en la forma exigida por la ley, ninguno de ellos puede reclamar derecho patrimonial alguno derivado de esa relaci\u00f3n familiar, porque no tienen a\u00fan la prueba de la calidad que invocan como fundamento de su pretensi\u00f3n.
\nComo la acci\u00f3n patrimonial s\u00f3lo puede ser ejercitada eficazmente por quien ostenta la titularidad de ese derecho, ello conlleva a admitir que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de dicha acci\u00f3n no puede comenzar a contarse en todos los casos a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros; del matrimonio con terceros; o de la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros, como pudiera inferirse de una lectura acr\u00edtica y desprevenida del art\u00edculo 8\u00b0 de la mencionada ley, sino s\u00f3lo en los eventos en que la sociedad patrimonial haya sido reconocida con anterioridad en la forma descrita por la ley, previo cumplimiento de los requisitos legales para que surja la presunci\u00f3n. En caso contrario, dicho t\u00e9rmino s\u00f3lo correr\u00e1 desde cuando la sociedad
\npatrimonial haya sido formalmente reconocida.
\nDe manera que a\u00fan en el caso de que la obligaci\u00f3n exista como hecho desde antes de su declaraci\u00f3n judicial, mientras no sea exigible o no se pueda demandar su cumplimiento, no empieza a correr el t\u00e9rmino prescriptivo.
\nY con m\u00e1s raz\u00f3n -ha afirmado esta Sala- trat\u00e1ndose ya de la facultad de demandar con eficacia el reconocimiento de un determinado derecho, el plazo de _prescripci\u00f3n no puede empezar a computarse antes de que ese derecho haya nacido. No ser\u00eda razonable sostener cosa distinta, por dos motivos: es la primera la de que el texto final del art\u00edculo 2535 citado permite sin dificultad sacar esa conclusi\u00f3n, y la segunda, que es contrario a la moral y a la equidad que un derecho pueda extinguirse antes de que su titular pudiera normalmente hacer uso de \u00e9l, pues como dec\u00edan los romanos actioni non natae non prescribitur". (CSJ SC de 7 de noviembre de 1977. GJ n\u00b0 2396, p. 347)
\nLlegar a una interpretaci\u00f3n distinta supondr\u00eda una inadmisible situaci\u00f3n de inferioridad jur\u00eddica y desprotecci\u00f3n a los miembros de la familia conformada por v\u00ednculos naturales. Por ejemplo, ante una separaci\u00f3n f\u00edsica, es l\u00f3gico suponer que el compa\u00f1ero que da lugar a la terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n, ya sea por abandono del hogar, maltrato f\u00edsico o psicol\u00f3gico a la pareja o a los hijos, incumplimiento grave de sus deberes como compa\u00f1ero o como padre, consumo habitual de estupefacientes o de bebidas alcoh\u00f3licas, conductas de perversi\u00f3n en el n\u00facleo familiar o relaciones sexuales con terceras personas, no estar\u00e1 presto a suministrarle al otro compa\u00f1ero la prueba de la existencia del v\u00ednculo marital o de la comunidad de bienes; por el contrario, se manifestar\u00e1 reticente a obrar de ese modo, pues ning\u00fan inter\u00e9s tiene en facilitarle la reclamaci\u00f3n de los efectos econ\u00f3micos de la uni\u00f3n.
\nA esta dificultad probatoria que se presenta en la mayor\u00eda de los casos de extinci\u00f3n de la relaci\u00f3n marital, la cual tambi\u00e9n enfrenta la pareja del compa\u00f1ero que fallece cuando previamente no se ha declarado la existencia de la uni\u00f3n o de la sociedad patrimonial, debe a\u00f1adirse que con la interpretaci\u00f3n defendida por la Sala, al compa\u00f1ero que busca la repartici\u00f3n del fruto producto del esfuerzo conjunto, se le impone la prescripci\u00f3n de un derecho que no ha tenido la oportunidad de ejercitar.
\n5. Las anteriores razones eran suficientes para concluir que en el caso que se analiz\u00f3, el demandante no ten\u00eda la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, porque la obligaci\u00f3n de la cual emanaba su derecho no era exigible, toda vez que para cuando ocurri\u00f3 el deceso de su compa\u00f1era permanente, la sociedad patrimonial no hab\u00eda sido judicialmente declarada, ni estaban demostrados los requisitos que consagra la ley para la procedencia de la respectiva presunci\u00f3n legal.
\nEntonces, la sentencia proferida por el ad quem en audiencia transgred\u00eda gravemente el ordenamiento jur\u00eddico, pues no aplic\u00f3 los art\u00edculos 2512 y 2535 del C\u00f3digo Civil, e interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 54 de 1990.
\nLa autoridad accionada contabiliz\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial desde la fecha de la muerte de la se\u00f1ora Triana Chiquasuque, sin tener en cuenta que una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica exig\u00eda hacer la distinci\u00f3n de las situaciones en las cuales la sociedad patrimonial ha sido previamente declarada, de aquellas en las que no lo ha sido por ausencia de
\ndemostraci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos que dan origen a esa presunci\u00f3n.
\n6. De otra parte, se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un "control de convencionalidad", a partir de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y del bloque de constitucionalidad; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.
\nLa figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos.
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que se consignaron al respecto corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo.
\nEn los t\u00e9rminos que preceden, salvo mi voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMAGISTRADO <\/p>\n

1 \tLit. 3\u00b0, Num. 5\u00b0, Art. 373 del C.G.P.: \u201cSi \tno fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deber\u00e1 \tdejar constancia expresa de las razones concretas e informar a la \tSala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este \tevento, el juez deber\u00e1 anunciar el sentido de su fallo, con \tuna breve exposici\u00f3n de sus fundamentos, y emitir la decisi\u00f3n \tescrita dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, sin que en \tning\u00fan caso, pueda desconocer el plazo de duraci\u00f3n del \tproceso previsto en el art\u00edculo 121 \t(…)\u201d.
\n2 \tCorte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001.
\n3 \tCSJ. Civil. Sentencia de \t21 de febrero de 2014, exp. 76001220300020130056101.
\n4 \tCSJ. STC de19 jun. 2013, rad. 2013-00182-01.
\n5 \tAprobado \ten Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n6 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n7 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n8 \t\u201cToda \tpersona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas \ty dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, \tindependiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, \ten la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal \tformulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus \tderechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de \tcualquier otro car\u00e1cter \t(\u2026)\u201d.
\n9 \tCSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. \t08001-22-13-000-2015-00665-01
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC431-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03137-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de octubre de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019) Se procede a decidir la tutela impetrada por Roberto Infante Gonz\u00e1lez frente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102786","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102786","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102786"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102786\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102786"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102786"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102786"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}