{"id":102789,"date":"2026-07-02T16:45:16","date_gmt":"2026-07-02T16:45:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102789"},"modified":"2026-07-02T16:45:16","modified_gmt":"2026-07-02T16:45:16","slug":"stc434-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc434-2019\/","title":{"rendered":"STC434-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC434-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2018-00520-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintis\u00e9is de noviembre de dos mil dieciocho por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Armando Manuel Buz\u00f3n Arrieta contra el Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la salud, la vida e integridad personal y debido proceso, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 1 de octubre de 2018 con indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto el auto cuestionado, y en su lugar se conceda la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 13 de diciembre de 2017, el accionante interpuso demanda de interdicci\u00f3n de la se\u00f1ora Magdalena Francisca Arrieta Pareja, la cual fue admitida por el Juzgado Noveno de Familia Oral de Barranquilla, el cual dispuso el emplazamiento de las partes interesadas y se le concedi\u00f3 la curadur\u00eda provisional a la parte activa de la litis. <\/p>\n

2. Dentro del litigio, los dem\u00e1s hijos de la presunta interdicta, se opusieron a las pretensiones de la demanda dada su inconformidad con lo pretendido por el actor. <\/p>\n

2. El tr\u00e1mite \tde la primera instancia <\/p>\n

1. En fecha del 15 de diciembre de 2018, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, admiti\u00f3 la Acci\u00f3n Constitucional y orden\u00f3 el traslado a los involucrados en el proceso, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 26, c. 1] <\/p>\n

2. El Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, adujo que el resultado de la valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica practicada a la interdicta, fue de conocimiento de las partes las cuales no objetaron al respecto y en fecha de continuaci\u00f3n de audiencia de pruebas, la parte activa de la litis no asisti\u00f3, por lo cual se dispuso a prescindir de su interrogatorio y dictar sentencia, conforme a los medios probatorios que se lograron evidenciar en el juicio. (Folio 66. C.1) <\/p>\n

3. En prove\u00eddo del 26 de noviembre de 2018, el Tribunal Superior de Barranquilla, declar\u00f3 improcedente el amparo constitucional, dada la ausencia del requisito de Subsidiariedad. (Folio 71. C 1) <\/p>\n

4. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el promotor formul\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n, reiterando los argumentos de su escrito inicial. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, estableci\u00f3 las causales de improcedencia de la acci\u00f3n, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como protecci\u00f3n provisional, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

Se estructura as\u00ed una de las caracter\u00edsticas que debe estar presente para la prosperidad de la tutela, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque aqu\u00e9l no atiende el postulado que viene de comentarse. <\/p>\n

Aduce el reclamante que la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales se origin\u00f3 con sentencia del 1 de octubre de 2018, determinada por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla, quien declar\u00f3 interdicta por discapacidad mental absoluta a la madre del actor. <\/p>\n

Sin embargo, realizado un estudio de las actuaciones que ocurrieron con posterioridad a la emisi\u00f3n de tal decisi\u00f3n, se advierte que el actor, pese a que ten\u00eda a su alcance medios de defensa id\u00f3neos para ejercer su derecho de defensa, no los emple\u00f3 para controvertir la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n

En efecto, revisado el expediente objeto de debate, se observa que la petici\u00f3n de amparo a todas luces carece de procedencia, en virtud de que no se puede pretender que a trav\u00e9s de la tutela, se inicie a una discusi\u00f3n que debi\u00f3 debatirse en el tr\u00e1mite de la misma diligencia, en tanto el Juez Constitucional carece de competencia. (Folio 70. C.1) <\/p>\n

3. En tal orden, resulta evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad, por cuanto no agotaron los medios ordinarios de defensa con los que contaba para discutir su legalidad. <\/p>\n

Por consiguiente, si no se hizo uso de los mecanismos que le brinda la ley adjetiva para proteger sus intereses, la acci\u00f3n de tutela no emerge como el medio para enmendar la incuria y para proveer soluci\u00f3n a las cuestiones que le correspond\u00eda dirimir al juez natural. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

4. Con todo, de hacerse abstracci\u00f3n de la anterior falencia, ha de aclararse que el amparo tampoco resultar\u00eda procedente, toda vez que la determinaci\u00f3n que por esta v\u00eda se cuestiona no desconoce los par\u00e1metros que la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 en la sentencia cuya aplicaci\u00f3n pretende el actor. <\/p>\n

En ese orden, no es posible aceptar que la interpretaci\u00f3n del juzgador accionado contrar\u00ede lo establecido por la Corte Constitucional, pues, como viene de verse, la sentencia cuya aplicaci\u00f3n pretende el promotor. <\/p>\n

5. Visto de ese modo el asunto, ninguna irregularidad puede enrostr\u00e1rsele al juzgador accionado, por lo que se proceder\u00e1 a confirmar el fallo impugnado. <\/p>\n

II. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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