{"id":102799,"date":"2026-07-02T16:46:53","date_gmt":"2026-07-02T16:46:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102799"},"modified":"2026-07-02T16:46:53","modified_gmt":"2026-07-02T16:46:53","slug":"stc452-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc452-2019\/","title":{"rendered":"STC452-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC452-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2018-00150-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de septiembre de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nancy Graciela Eraso Ruano contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo por alimentos instaurado por la Defensor\u00eda de Familia en representaci\u00f3n del menor Johan Esteban Erazo Gust\u00edn a Carlos Enrique Erazo Ruano. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n

2. Como sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que en prove\u00eddo de 2 de febrero de 2017, emitida por el Juzgado Tercero de Familia de Pasto, fue designada como \u201ccuradora leg\u00edtima\u201d de su hermano Carlos Enrique Erazo Ruano, dado \u201c(\u2026) el trastorno mental no especificado (\u2026)\u201d de su consangu\u00edneo. <\/p>\n

Manifiesta que ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, la Defensor\u00eda de Familia de esa ciudad, inici\u00f3 el juicio objeto de este amparo constitucional, presentando como t\u00edtulo ejecutivo, un \u201cacta de conciliaci\u00f3n fracasada\u201d, donde se fij\u00f3 una cuota de alimentos provisional de $300.000 a favor del menor Johan Sebasti\u00e1n Erazo Gust\u00edn y a cargo del referido se\u00f1or. <\/p>\n

Sostiene que en representaci\u00f3n de su pariente, propuso excepciones de fondo; empero, el juzgado tutelado en auto de 3 de enero de 2018, inadmiti\u00f3 la r\u00e9plica, concedi\u00e9ndole cinco (5) d\u00edas para allegar la \u201c(\u2026) sentencia de interdicci\u00f3n (\u2026)\u201d y demostrar su legitimaci\u00f3n para intervenir dentro del comentado subex\u00e1mine. <\/p>\n

Esgrime que present\u00f3 \u201cescrito de reconsideraci\u00f3n de la inadmisi\u00f3n\u201d, requiriendo se oficiara al Juzgado Tercero de Familia de Pasto, para que ese despacho aportara copia del fallo emitido en el memorado proceso de interdicci\u00f3n; sin embargo, el tutelado en prove\u00eddo de 31 de enero de 2018, dio por \u201cno contestada la demanda\u201d, argumentando que seg\u00fan el art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c(\u2026) el juez se abstendr\u00e1 de ordenar aqu\u00e9llas [pruebas] que directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n hubiera podido conseguir la parte que las solicite (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Arguye que en providencia de 7 de febrero pasado, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, por tanto, procedi\u00f3 a invocar la nulidad del compulsivo por \u201cindebida notificaci\u00f3n\u201d, rechazada de plano el 12 de abril siguiente. <\/p>\n

Indica que el convocado al liquidar el cr\u00e9dito, decidi\u00f3 aumentar el porcentaje del embargo decretado sobre la pensi\u00f3n del demandado, pues pas\u00f3 del 30% a un 50% sin justificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n

3. Requiere, en concreto \u201c(\u2026) revocar el mandamiento de pago y levantar las medidas cautelares (\u2026)\u201d dispuestas en el caso bajo estudio. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

El juzgado inst\u00f3 declarar improcedente el auxilio, por cuanto la quejosa no impetr\u00f3 \u201cning\u00fan recurso\u201d frente a las decisiones ahora cuestionadas, y resalt\u00f3 que en el asunto examinado se encuentra involucrado el derecho de alimentos de un menor de edad (fls. 74 a 76). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 la salvaguarda, al considerar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]ara determinar si se cumple con el requisito de subsidiariedad, se hace necesario realizar el an\u00e1lisis de las actuaciones de la parte demandante dentro del citado proceso, donde se tiene que no hizo uso de los mecanismos ordinarios que la ley le otorga para discutir las decisiones emitidas por el Juez del conocimiento, lo cual se pod\u00eda efectuar a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, ya que se encuentra frente a un proceso de \u00fanica instancia, sino que acudi\u00f3 de forma extempor\u00e1nea, con escritos que denomina de reconsideraci\u00f3n, a efecto de recurrir las decisiones proferidas al interior del proceso. Adem\u00e1s, si bien ten\u00eda derecho a proponer las nulidades que considerara procedentes para alegar la indebida notificaci\u00f3n al demandando, lo hizo por fuera del t\u00e9rmino que la ley le otorga\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) De lo anterior se puede, n\u00edtidamente, extraer que la parte accionante en tutela tuvo la oportunidad para discutir las irregularidades que considera se han presentado en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo de alimentos, con los recursos, las excepciones o las nulidades a que hubiere lugar y dentro del t\u00e9rmino que la ley le otorga, sin embargo desech\u00f3 esos medios de defensa que la ley le ha proporcionado, lo cual va en contrav\u00eda de lo que es el fin de la tutela contra actuaciones judiciales (\u2026)\u201d (fls. 81 a 86). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 la censora repitiendo los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor (fls. 235 a 237). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La accionante critica al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, por las siguientes decisiones: i) prove\u00eddo de 31 de enero de 2018, mediante el cual se dio por \u201cno contestada la demanda\u201d impetrada en el litigio subex\u00e1mine, ii) el rechazo de plano de la nulidad invocada por la gestora por \u201cindebida notificaci\u00f3n\u201d del mandamiento de pago, y iii) el aumento del embargo decretado dentro del comentado asunto. <\/p>\n

2. De entrada se negar\u00e1 el auxilio por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de Nancy Graciela Eraso Ruano para elevar el reclamo constitucional a nombre propio por los hechos relacionados en el libelo genitor, pues ella no es parte dentro del litigio criticado, por ende, no es titular de prerrogativa iusfundamental alguna derivada de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Sala siguiendo la doctrina constitucional ha sostenido: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [A]unque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3. Si se aceptara, en gracia de discusi\u00f3n, que la gestora est\u00e1 facultada para pedir la protecci\u00f3n invocada, el ruego tampoco prosperar\u00eda, porque, frente a la primera de las determinaciones reprochadas, no se cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto el auxilio fue incoado tard\u00edamente el 7 de septiembre pasado, esto es, luego de m\u00e1s de siete (7) meses de emitida esa providencia, superando el t\u00e9rmino estimado por esta Sala como tempestivo para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

En no pocas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d2. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, si la gestora se demor\u00f3 en presentar la petici\u00f3n constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al funcionario querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales invocadas como soporte de tal amparo. <\/p>\n

4. Ahora, respecto a los dem\u00e1s prove\u00eddos cuestionados, el auxilio tampoco prospera por la desatenci\u00f3n del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la actora no utiliz\u00f3 el instrumento a su alcance para atacar esas decisiones, pues frente a aqu\u00e9llas, se abr\u00eda el camino para impugnar mediante el recurso de reposici\u00f3n de conformidad con la regla 318 del C\u00f3digo General del Proceso3. De esta manera, desaprovech\u00f3 la posibilidad de controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio, las acotadas determinaciones. <\/p>\n

El descuido de la convocante le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza residual. <\/p>\n

En punto del mecanismo desperdiciado, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n

No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del pleito. <\/p>\n

En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5. Ahora, pudiera decirse que con la presente acci\u00f3n se pretenden resguardar los derechos de una persona en estado de interdicci\u00f3n, la cual goza de una especial protecci\u00f3n constitucional; empero, ello, no es de ese tenor, por la siguiente raz\u00f3n: <\/p>\n

La prevalencia de la Constituci\u00f3n no impone la inaplicaci\u00f3n de las disposiciones de orden legal, consagradas en el C\u00f3digo General del Proceso, las cuales deben ser observadas dentro de todos los asuntos que se rigen por esa normatividad; ahora, el cumplimiento de \u00e9stas normas adjetivas para el caso en concreto, tambi\u00e9n halla soporte en los mismos preceptos superiores que protegen el derecho de alimentos del infante involucrado. <\/p>\n

As\u00ed por ejemplo, la caducidad declarada en juicio, resguarda las prerrogativas de los menores a continuar con un padre o una madre; la facultad de reclamar un sustento de quien lo legitim\u00f3 o reconoci\u00f3, como privilegios previstos por la ley sustancial para los hijos reconocidos voluntaria o judicialmente. En situaciones como las del presente juicio, si se accede al auxilio, pasando por alto la incuria con la cual ha actuado la gestora, resultar\u00edan menoscabadas las prerrogativas del ni\u00f1o Johan Esteban Erazo Gust\u00edn. <\/p>\n

6. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, precept\u00faa: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales discrepo de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en el presente asunto.
\n1. El criterio mayoritario acogido condujo a denegar el amparo por considerar que la accionante no est\u00e1 legitimada para cuestionar, a nombre propio y por v\u00eda de tutela, las decisiones proferidas al interior de un proceso en el que ella no es parte.
\nContrario a lo expuesto, considero que s\u00ed le asiste legitimaci\u00f3n para promover el mecanismo constitucional, pues si bien trat\u00e1ndose de providencias judiciales, los derechos fundamentales susceptibles de salvaguarda son aqu\u00e9llos que pueden resultar trasgredidos con el contenido de la decisi\u00f3n judicial producida bajo una ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, por lo que la titularidad de estas prerrogativas recae normalmente en quienes integran el contradictorio en el respectivo proceso, o en quienes han acreditado su inter\u00e9s como terceros afectados, la Sala pas\u00f3 por alto que en la petici\u00f3n de tutela, la accionante manifest\u00f3 ser la hermana del interdicto demandado en el proceso ejecutivo de alimentos iniciado por el menor hijo de aqu\u00e9l y aunque no afirm\u00f3 que presentaba el reclamo en nombre de \u00e9ste, de la lectura de la solicitud emerge con claridad que busca la protecci\u00f3n de sus derechos en el juicio, pues no s\u00f3lo en ning\u00fan momento
\nreclam\u00f3 la protecci\u00f3n para s\u00ed misma, sino que todos lo hechos generadores de la violaci\u00f3n est\u00e1n relacionados co el interdicto, por lo que interpretarse que la tutela se presentaba en su nombre, procedi\u00e9ndose a la aplicaci\u00f3n de art\u00edculo 62 de la Ley 1306 de 2009 para tener a 1. reclamante como agente oficiosa.
\n2. De otra parte, la providencia de la cual me aparto desatendi\u00f3 que en virtud del art\u00edculo 8\u00b0 de la citada ley, las personas con discapacidad mental tienen las mismas garant\u00edas prevalentes que el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia reconoce a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y aquellos que se consagran a favor de las "personas con discapacidad f\u00edsica, de la tercera edad, desplazada o amenazada y dem\u00e1s poblaci\u00f3n vulnerable", raz\u00f3n por la cual son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, por lo que si bien no pueden desconocerse los derechos de su descendiente a la prestaci\u00f3n alimentaria, tampoco es posible aminorar o ignorar los derechos preferentes del demandado, atendida su especial condici\u00f3n.
\nLa caracter\u00edstica de ser el se\u00f1or Carlos Enrique Erazo una persona en manifiesta condici\u00f3n de vulnerabilidad, reclamaba que la juez accionada interpretara las normas procesales de manera que garantizara en forma \u00f3ptima la efectividad de los derechos superiores del demandado al debido proceso, , defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia.
\nPor ello, al obrar un principio de prueba sobre la calidad que aleg\u00f3 la accionante dentro del proceso, esto es,
\nDesde luego que no se pretenden desconocer las prerrogativas superiores del infante involucrado en la controversia judicial, pero es preciso el litigio resguarde las garant\u00edas procesales de ambas partes y atienda tambi\u00e9n la especial condici\u00f3n de las personas interdictas cuando \u00e9stas son demandadas, procurando un enfoque diferencial y el equilibrio en las oportunidades de defensa y contradicci\u00f3n, dentro de lo cual no s\u00e9 a qu\u00e9 vienen aseveraciones innecesarias e impertinentes frente al objeto del debate en la acci\u00f3n de tutela, como la de que \u00abla caducidad declarada en juicio, resguarda las prerrogativas de los menores a continuar con un padre o una madre\u00bb, pensamiento frente al cual he expresado mi desacuerdo en m\u00faltiples ocasiones al salvar el voto en asuntos referidos a la impugnaci\u00f3n de la paternidad con base en argumentos a los cuales me remito en aras de la brevedad del presente salvamento, particularmente a los contenidos en los radicados 2012\u00ad01205-00, 2013-01544-00, 2013-00257-02, 2014-00144\u00ad01, 2015-00737-01, 2016-01147-00, 2016-00595-01, 2017\u00ad00293-01, 2018-01593-00 y 2018-01718-00, entre otros.
\n4. De otra parte, se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un "control de convencionalidad", a partir del cual "no se otea vulneraci\u00f3n alguna" a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos ni al bloque de constitucionalidad; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas.
\nel acta de posesi\u00f3n como curadora de su hermano, debi\u00f3 asegurarse de obtener la prueba que le permitiera establecer si el demandado se encontraba o no en condiciones de ejercer su propia defensa previo a asignarle la consecuencia adversa derivada de omitir la carga d formulaci\u00f3n de excepciones, si\u00e9ndole exigible adoptar medidas como oficiar al juzgador que adelant\u00f3 el proceso d interdicci\u00f3n a fin de establecer con certeza la situaci\u00f3n alegada, como as\u00ed lo solicit\u00f3 la hermana del ejecutado. <\/p>\n

3. La convalidaci\u00f3n de la nulidad y la falta d subsidiariedad e inmediatez de la tutela aducidas para ratificar la negativa de la protecci\u00f3n, deb\u00edan ser superada en atenci\u00f3n a que se encuentran involucrados los derecho de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, por 1o que aunque es Cierto que, por regla general, la indicada herramienta est\u00e1 sometida a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, ante la protuberante violaci\u00f3n que tuvo lugar en el juicio respecto de los derechos del demandado y la afectaci\u00f3n de garant\u00edas de superior valor como el debido proceso, la defensa y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la concesi\u00f3n del resguardo se tornaba obligatoria.
\nLa figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos.
\nConsideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que se consignaron al respecto corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

En el presente caso si, en gracia de discusi\u00f3n, se admitiera la aplicabilidad del aludido control, lo que se evidencia es que \u00e9ste no se realiz\u00f3, pues de haberse llevado a cabo, se habr\u00eda encontrado desconocida la garant\u00eda que consagra el art\u00edculo 8\u00b0 (numeral 1\u00b0) del instrumento internacional al que se aludi\u00f3, dado que no se salvaguard\u00f3 la prerrogativa del tutelante a ser o\u00eddo por un \u00abjuez o tribunal competente\u00bb para la \u00abdeterminaci\u00f3n de sus derechos\u00bb de orden civil.
\nAdem\u00e1s, con la decisi\u00f3n adoptada en esta sede no se I garantiz\u00f3 la disponibilidad de un \u00abrecurso efectivo\u00bb para protegerlo de actos violatorios de sus derecho fundamentales reconocidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a\u00fan si el menoscabo se produjere en ejercicio de una funci\u00f3n p\u00fablica como la judicial, como tampoco se resguard\u00f3 su prerrogativa de que la \u00abautoridad competente prevista por el sistema legal del Estado\u00bb decida \u00absobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso\u00bb (art. 25 numerales 1 y 2 de la Convenci\u00f3n), pues en este caso, a pesar de 1. protuberante violaci\u00f3n de garant\u00edas supralegales, la Sal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n. <\/p>\n

En los t\u00e9rminos que preceden, dejo consignados los motivos de mi disenso con lo decidido. <\/p>\n

De los se\u00f1ores integrantes de la Sala, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1CSJ \tSTC 13 dic. 2011, Rad. \t13001 \t22 13 000 2011 00284 02.
\n2 \tCSJ. STC 2 de agosto de \t2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, \t16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.
\n3 \t\u201c(\u2026) Art. \t318. Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n \tprocede contra los autos que dicte el juez (\u2026)\u201d.
\n4 \tCSJ STC, de \t28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \tel 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \t2012-02127-00.
\n5 \tCSJ. \tSTC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de \tseptiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y \t0176-01, respectivamente.
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC452-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2018-00150-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de septiembre de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102799","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102799","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102799"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102799\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102799"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102799"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102799"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}