{"id":102800,"date":"2026-07-02T16:47:02","date_gmt":"2026-07-02T16:47:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102800"},"modified":"2026-07-02T16:47:02","modified_gmt":"2026-07-02T16:47:02","slug":"stc461-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc461-2019\/","title":{"rendered":"STC461-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC461-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2018-00334-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 28 de noviembre de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la tutela instaurada por Jorge Orlando Fl\u00f3rez Marrugo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por Garibaldi God\u00edn Fern\u00e1ndez al aqu\u00ed quejoso y otros. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El censor requiere la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otras, presuntamente quebrantadas por el querellado. <\/p>\n

2. En sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena se inici\u00f3 en su contra y de Eduardo G\u00f3mez Ariza el pleito objeto de esta salvaguarda. <\/p>\n

Esgrime que el 8 de septiembre de 2017, se notific\u00f3 del mandamiento de pago proferido en el comentado compulsivo, sin impetrar ning\u00fan medio de defensa. <\/p>\n

Acota que el otro demandado en ese litigio, fue representado por curador ad litem, quien present\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u201d, declarada pr\u00f3spera en sentencia de 11 de julio de 2018, \u00fanicamente en favor de quien la propuso. <\/p>\n

Manifiesta que al tratarse de una \u201cobligaci\u00f3n solidaria\u201d, los efectos de la referida decisi\u00f3n tambi\u00e9n lo benefician. <\/p>\n

3. Suplica, en concreto, revocar el fallo emitido en el asunto subex\u00e1mine. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

Inst\u00f3 declarar improcedente el ruego, por cuanto el actor no agot\u00f3 todos los mecanismos ordinarios pertinentes para atacar la decisi\u00f3n aqu\u00ed censurada (fls. 144 a 147). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

Desestim\u00f3 la salvaguarda invocada tras inferir la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, manifestando: <\/p>\n

\u201c(\u2026) siendo notificado el accionante dentro del juicio ejecutivo (\u2026) y como lo confiesa en los hechos del libelo de tutela, no utiliz\u00f3 los medios de defensa proporcionados por el ordenamiento jur\u00eddico (\u2026), no propuso excepciones de m\u00e9rito, ni asisti\u00f3 a la audiencia realizada el 11 de julio, oportunidad previstas para que (\u2026) apelara la decisi\u00f3n que lo excluye de su aplicaci\u00f3n (\u2026)\u201d (fls. 150 a 153). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el quejoso repitiendo los argumentos de disenso expuestos en el libelo inicial, y se\u00f1alando que no pod\u00eda recurrir el fallo de primera instancia, \u201c(\u2026) por no haber propuesto excepci\u00f3n (\u2026)\u201d alguna (fls. 157 a 163). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El gestor se duele porque en el comentado subex\u00e1mine, el tutelado en providencia de 11 de julio de 2018, declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiar\u00eda\u201d \u00fanicamente a favor de quien se propuso, sin tener en cuenta que lo debatido trata de una \u201cobligaci\u00f3n solidaria\u201d, por tanto, los efectos de ese fallo lo favorecen. <\/p>\n

2. Se negar\u00e1 el auxilio por la desatenci\u00f3n del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el interesado no utiliz\u00f3 el instrumento a su alcance para atacar el fallo ahora reprobado, pues esa decisi\u00f3n era susceptible de impugnar mediante el recurso de apelaci\u00f3n1 procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso; empero, el accionante no hizo uso de dicha herramienta. <\/p>\n

\u201c(\u2026)[L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n, esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

4. No es de recibo la excusa presentada por el gestor en el escrito impugnatorio para justificar el incumplimiento del referido presupuesto, por cuanto la no impetraci\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito por parte de aqu\u00e9l, no le imped\u00eda atacar la sentencia emitida en el litigio sublite, pues se trataba de una decisi\u00f3n que resolv\u00eda el medio exceptivo incoado por el curador ad litem del otro demandado, por tanto, el actor pod\u00eda censurar en su calidad de parte, tal determinaci\u00f3n, si consideraba que la misma afectaba sus intereses. <\/p>\n

5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon salvamento de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nCon mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito disentir de las motivaciones expuestas en la decisi\u00f3n adoptada, por los motivos que expongo a continuaci\u00f3n:
\n1.\tLos hechos que motivan la solicitud de amparo,
\npueden ser resumidos de la siguiente manera:
\n1.1. El tutelante y Eduardo G\u00f3mez Ariza se obligaron a favor de Garibaldi God\u00edn Fern\u00e1ndez, al pago de la suma de $136.000.000, representados en tres letras de cambio que suscribieron en un mismo grado, pagaderas el 9 de octubre de 2013. (folio 13)
\n1.2. De lo anterior se sigue que la acci\u00f3n cambiaria directa prescribir\u00eda el 10 de octubre de 2016.
\n1.3. La demanda se present\u00f3 el 13 de octubre de 2015, cuando a\u00fan no se hab\u00eda consumado la prescripci\u00f3n. (folio 19)
\n1.4. La orden de pago librada el 16 de octubre de 2015, se notific\u00f3 a la parte demandante por estado del 19 de octubre del a\u00f1o \u00eddem. (folio 22)
\n1.5. De acuerdo con ello, la presentaci\u00f3n del libelo inicial tendr\u00eda el efecto de interrumpir la prescripci\u00f3n, siempre que el mandamiento de pago se notificara a la parte ejecutada dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir del 20 de
\noctubre de 2015, esto es, a m\u00e1s tardar el 20 de octubre de 2016.1
\n1.7. El demandado Eduardo G\u00f3mez Ariza recibi\u00f3 notificaci\u00f3n de la orden de apremio el d\u00eda 11 de julio de 2017, por intermedio de curador ad litem (folio 22), esto es m\u00e1s de ocho meses despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el numeral anterior, raz\u00f3n por la cual la presentaci\u00f3n de la demanda no tuvo el efecto de interrumpir la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria.
\n1.8. En consecuencia, dicho fen\u00f3meno extintivo se consum\u00f3 el 10 de octubre de 2016, momento para el cual ninguno de los ejecutados se hab\u00eda notificado del mandamiento de pago.
\n1.9. El procurador oficioso de G\u00f3mez Ariza formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito de "prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa", "buena fe por parte de mis representados" y "excepci\u00f3n gen\u00e9rica". (folios 47-48)
\n1.10. La notificaci\u00f3n del accionante Jorge Orlando Fl\u00f3rez Marrugo se surti\u00f3 el 19 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que el aviso de notificaci\u00f3n le fue entregado el d\u00eda anterior\u201e (folio 58) <\/p>\n

Seg\u00fan lo estatuido por el art\u00edculo 90 del C.P.C., norma vigente a la fecha en que se present\u00f3 la demanda.
\n1.12. Mediante sentencia proferida el 11 de julio de 2018, el juez del conocimiento declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de "prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa" propuesta por el demandado Eduardo G\u00f3mez Ariza y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en su contra. (folio 123)
\n1.13. En la misma decisi\u00f3n, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n contra el demandado Jorge Orlando Fl\u00f3rez Marrugo. (folio 124)
\n1.14. En sustento de esta \u00faltima determinaci\u00f3n, el sentenciador expuso que al omitir la formulaci\u00f3n del medio exceptivo de la prescripci\u00f3n, el ejecutado renunci\u00f3 a \u00e9sta.
\n2. Formulada \tla acci\u00f3n de tutela por el deudor que sigui\u00f3 \tvinculado al proceso, el Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n \treclamada \tpor encontrar ausente el requisito de subsidiariedad \tdel mecanismo superior, dado que el accionante \tno formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, ni apel\u00f3 el \tfallo proferido \ten su contra.
\nEsta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la negativa del amparo avalando las razones proporcionadas en la decisi\u00f3n impugnada en cuanto al incumplimiento del requisito de procedibilidad mencionado.
\n2. En \toportunidades anteriores y ante la evidente vulneraci\u00f3n \tde prerrogativas constitucionales, esta Sala ha
\nconcedido el resguardo constitucional, a pesar de que no se <\/p>\n

agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial con
\nel fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb (CSJ STC, 12 Oct. 2012, Rad. 2012-1545-01; CSJ STC8850- 2016, 30 Jun. 2016, Rad. 2016-00186-01; CSJ STC13227-2018, 11 oct. 2018, rad. 2018-00245-01; CSJ STC14920-2018, 15 nov. 2018, rad. 2018-03404-00).
\nEn la presente controversia, la omisi\u00f3n en el empleo del medio de defensa ordinario para rebatir las consideraciones de la providencia que dispuso seguir adelante el recaudo, no es \u00f3bice para el estudio de la queja constitucional, ni para la concesi\u00f3n del amparo.
\n4. Sin haberse interrumpido civilmente la prescripci\u00f3n, atendiendo que el ejecutante no logr\u00f3 la notificaci\u00f3n del auto de mandamiento de pago a su contraparte dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y que el aludido acto tampoco se realiz\u00f3 antes de consumarse el mencionado modo de extinguir los derechos ajenos y las acciones judiciales, \u00fanicamente la renuncia a la prescripci\u00f3n pod\u00eda impedir su declaratoria en el proceso.
\nEn ese orden de ideas, el caso objeto de estudio era propicio para que esta Corporaci\u00f3n, en lugar de desestimar la solicitud de protecci\u00f3n por inobservar el requisito de subsidiariedad, clarificara su postura en relaci\u00f3n con el tema planteado por el libelista, como quiera que la prescripci\u00f3n es uno de los institutos jur\u00eddicos que no admiten verdades a medias por ser su funci\u00f3n, precisamente, la de garantizar la
\nR
\n adicaci\u00f3n No. 13001-22-13-000-2018-00334-01
\nestabilidad de las relaciones jur\u00eddicas de las personas. Por consiguiente, una obligaci\u00f3n est\u00e1 prescrita o no lo est\u00e1, siendo imperioso establecer si las normas civiles consagran que la prescripci\u00f3n es una excepci\u00f3n real o personal, pues en caso de que sea lo primero, sus efectos se comunicar\u00edan a los deudores solidarios aunque no la hayan alegado.
\n5. La prescripci\u00f3n extintiva, como modo de fenecimiento de las acciones o derechos ajenos por no haberse ejercido durante el tiempo que establecen las normas pertinentes (art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil), tiene un \u00fanico fundamento tanto en el derecho sustantivo civil como en el comercial, pues sus principios reguladores son los mismos en ambos ordenamientos. La legislaci\u00f3n mercantil, sin embargo, regul\u00f3 de manera especial esa figura para amoldarla a los requerimientos de los instrumentos negociables, que por la funci\u00f3n que cumplen en las relaciones comerciales de los particulares, est\u00e1n destinados a tener una existencia jur\u00eddica ef\u00edmera.
\nDentro de las disposiciones alusivas a los t\u00edtulos valores diferenci\u00f3 la extinci\u00f3n de las obligaciones por prescripci\u00f3n, en consideraci\u00f3n al tipo de v\u00ednculo sustancial que est\u00e1 a la base de la relaci\u00f3n cautelar; dependiendo de si se trata de endosantes, avalistas u otras figuras por acomodamiento. La ley comercial distingui\u00f3, de igual modo, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiar\u00eda directa de la de regreso, especificando en qu\u00e9 casos es solidaria y en cu\u00e1les no; y se\u00f1alando de manera clara el tiempo en que opera el fen\u00f3meno extintivo en cada una de esas circunstancias.
\n5.1. Con relaci\u00f3n a la solidaridad, el art\u00edculo 632 de la ley mercantil estableci\u00f3 que cuando dos o m\u00e1s personas suscriban un t\u00edtulo-valor "en un mismo grado, como giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes o avalistas, se obligar\u00e1n solidariamente". Esta disposici\u00f3n introdujo la regla general de que en las obligaciones contenidas en t\u00edtulos valores y contra\u00eddas por varias personas, se presume la solidaridad.
\nLa ley, en tal sentido, al referirse a los suscriptores "en un mismo grado" como solidariamente obligados al pago de la obligaci\u00f3n incorporada en el t\u00edtulo valor, no hizo m\u00e1s que reconocer una situaci\u00f3n jur\u00eddica que emana del texto mismo del documento. Basta, en fin, que los suscriptores adquieran la calidad de obligados par grado para que queden cobijados de inmediato por los efectos de la solidaridad.
\n5.2. Ahora bien, los efectos de la solidaridad no son los mismos para los casos de interrupci\u00f3n que para los de renuncia de la prescripci\u00f3n, pues ambas figuras cumplen una funci\u00f3n sustancialmente distinta.
\nOpera la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n antes de que ella se cumpla; mientras que la renuncia s\u00f3lo puede producirse con posterioridad a la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil.
\nA voces del art\u00edculo 2539 ib\u00eddem, la prescripci\u00f3n que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse natural o
\ncivilmente: \u00abSe interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer
\ne
\n l deudor la obligaci\u00f3n, ya expresa, ya t\u00e1citamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados por el art\u00edculo 2524\u00bb.
\n5.3. La operancia de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, est\u00e1 condicionada al cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados por el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso; sin que est\u00e9 de m\u00e1s explicar que de conformidad con el art\u00edculo 2540 del C\u00f3digo Civil, \u00abla interrupci\u00f3n que obra a favor de uno o varios coacreedores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad y no se haya \u00e9sta renunciado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1573, o que la obligaci\u00f3n sea indivisible\u00bb.
\nLuego, por un argumento a contrario, los efectos de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n se extienden a todos los obligados solidarios que se hallen en un mismo grado, es decir en calidad de codeudores, coaceptantes, coendosatarios o coavalistas. <\/p>\n

Por consiguiente, como "las causas" que interrumpen la prescripci\u00f3n para uno de los deudores se comunican a los dem\u00e1s obligados solidarios, as\u00ed como sus efectos adversos, es necesario que la Sala se detenga a analizar si los efectos
\nben\u00e9ficos de la prescripci\u00f3n tambi\u00e9n se extienden a los demandados que no la alegaron.
\nQue la renuncia s\u00f3lo pueda configurarse despu\u00e9s de consumada la prescripci\u00f3n deviene de su naturaleza. Antes de materializarse es de orden p\u00fablico; por ello, las partes no pueden variar el t\u00e9rmino, ni menos a\u00fan presentar renuncia anticipada de ella. Empero, luego de producida, se convierte en una instituci\u00f3n de orden privado, que requiere para su declaraci\u00f3n la proposici\u00f3n por el interesado como excepci\u00f3n o como acci\u00f3n de acuerdo con las reformas que al respecto introdujo la Ley 791 de 2002. En ese mismo sentido, la posibilidad de ser renunciada -con posterioridad a su plenitud-, da cuenta del 'car\u00e1cter privado que adquiere.
\nDentro de una sana hermen\u00e9utica, debe admitirse que extinguida la acci\u00f3n del acreedor por el transcurso de los t\u00e9rminos dentro de los cuales pudo adelantar aquella para el reconocimiento del derecho, y el deudor, con pleno conocimiento de esa circunstancia y de la facultad que le asist\u00eda para alegar la prescripci\u00f3n buscando enervar el derecho de su acreedor, decide por su libre y espont\u00e1nea voluntad, reconocer la obligaci\u00f3n, para lo cual atiende al pago de los intereses causados hasta ese momento, o demanda un plazo para satisfacer la deuda, renuncia a proponer el medio exceptivo y reconoce, de esa forma, el derecho del acreedor.
\nMas la ley comprende que no es suficiente la sola manifestaci\u00f3n del acreedor para demostrar que el
\ndemandado ha renunciado expresa o t\u00e1citamente a la prescripci\u00f3n, consumada en su favor y en perjuicio del deudor. Es necesario adem\u00e1s que tal manifestaci\u00f3n de su voluntad se concrete en un hecho, que entre otros y como se explicara, puede consistir en el pago de las rentas que el capital insoluto hab\u00eda devengado hasta el momento de esa manifestaci\u00f3n, o que palmariamente se acredite que tal hecho descans\u00f3 en la petici\u00f3n de una pr\u00f3rroga o de un plazo.
\nNo siempre esa facultad est\u00e1 al alcance de quien desee renunciarla, sino exclusivamente de aquel con capacidad de enajenar -art. 2515 C.C.-, lo que de suyo, sin que se requiera de una rigurosa interpretaci\u00f3n para entenderlo, significa que es un acto personal del renunciante, imposible de transmitirse a otro u otros interesados en proponerla y que s\u00f3lo a \u00e9l perjudica.
\nEste criterio encuentra apoyo en la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 15 de la codificaci\u00f3n civil. A su tenor, \u00abpodr\u00e1n renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren el inter\u00e9s individual del renunciante, y que no est\u00e9 prohibida la renuncia".
\nEs, pues, la ley permisiva la que autoriza la renuncia v\u00e1lida de un derecho, o sea aquel que afecte directamente y de manera exclusiva el inter\u00e9s particular, y cuya renuncia, como igualmente lo consagra la ley, no sea objeto de una prohibici\u00f3n legal apoyada en consideraciones de orden p\u00fablico o de inter\u00e9s social.
\nY es apenas obvio que as\u00ed sea, pues mal podr\u00eda renunciarse un derecho que excede la esfera particular y afecta, por tanto, los intereses ajenos; o lo que es lo mismo, no es posible renunciar a un derecho del que no se dispone.
\nAhora bien, frente al hecho cierto de la renuncia a la prescripci\u00f3n por parte de uno de los deudores solidarios, \u00e9ste deber\u00e1 responder por el cumplimiento de toda la obligaci\u00f3n en su condici\u00f3n de obligado quirografario.
\n5.4. Con relaci\u00f3n a las excepciones que puede proponer el deudor demandado, desde un punto de vista sustancial, el art\u00edculo 1577 del C\u00f3digo Civil expresa que puede "oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligaci\u00f3n y, adem\u00e1s, las personales suyas", advirtiendo que no puede oponer, por v\u00eda de compensaci\u00f3n, el cr\u00e9dito de un codeudor solidario como el demandante, si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho.
\nConforme al art\u00edculo 2380 de la misma codificaci\u00f3n, los deudores solidarios pueden oponer al acreedor todas las defensas que les son permitidas, siendo estas excepciones reales o personales. \u00abSon reales -explica la norma- las inherentes a la obligaci\u00f3n principal\u00bb, es decir las intr\u00ednsecas a la obligaci\u00f3n con prescindencia de la calidad, atributo o estado subjetivo de las personas que la han contra\u00eddo. Como ejemplos de excepciones reales se tienen la inexistencia de la obligaci\u00f3n, la nulidad absoluta, el pago, la novaci\u00f3n, la prescripci\u00f3n y la transacci\u00f3n.
\nEstas excepciones reales son comunes a todos los demandados, cualquier deudor puede proponerlas y la sentencia que declare su prosperidad libera a todos los deudores.
\nDe atender a lo previsto en el art\u00edculo 2513 del C\u00f3digo Civil, \u00abel que quiera aprovecharse de la prescripci\u00f3n debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio\u00bb. Este es un postulado b\u00e1sico de las obligaciones civiles y es el mismo que ha estado consagrado en materia procesal civil; lo que no obsta para que la prescripci\u00f3n, por ser una excepci\u00f3n real, pueda ser formulada por cualquiera de los demandados y sus efectos cobijen, de paso, a los dem\u00e1s deudores.
\nComo la funci\u00f3n de esta excepci\u00f3n es extinguir la acci\u00f3n sustancial o el derecho material, tal como lo dispone el art\u00edculo 2512 del ordenamiento civil, cualquiera de las partes interesadas en sus consecuencias ben\u00e9ficas est\u00e1 legitimada para alegarla, extendi\u00e9ndose sus efectos liberatorios. Tanto es as\u00ed que los acreedores del prescribiente y cualquier persona que tenga inter\u00e9s en ella, pueden proponerla y hacerla valer aun cuando aqu\u00e9l en cuyo favor se haya consumado la hubiera renunciado, pues as\u00ed lo establece el art\u00edculo 2513 ib\u00eddem. En este \u00faltimo evento, la renuncia a la prescripci\u00f3n implica para el renunciante la obligaci\u00f3n personal de no obstaculizar el ejercicio de esa figura por parte del interesado que la formule, lo que impide que el derecho de cr\u00e9dito pueda subsistir.
\n5.5. La renuncia, se\u00f1ala el art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil, puede ser expresa o t\u00e1cita, y como opera despu\u00e9s de cumplida la prescripci\u00f3n, los actos personales anteriores a la configuraci\u00f3n de \u00e9sta no tienen la aptitud de erigirse en situaciones constitutivas de renuncia.
\nSe renuncia expresamente cuando se realiza un acto con significado ling\u00fc\u00edstico externo e inequ\u00edvoco de aceptaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. Se renuncia t\u00e1citamente cuando "el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del due\u00f1o o del acreedor"; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripci\u00f3n, el deudor hace abonos, paga intereses o pide plazos.
\nDe igual modo se ha considerado que quien est\u00e1 en posibilidad de alegarla y se abstiene de proponerla como excepci\u00f3n en su debida oportunidad procesal, reconoce el derecho del acreedor, tal como lo dispone el segundo inciso del art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General de Proceso.
\nEn los anteriores t\u00e9rminos, dejo expresado mi desacuerdo con lo decidido.
\nDe los se\u00f1ores integrantes de la Sala, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tEl art\u00edculo 321 del \tC\u00f3digo de General del Proceso, expresa: \u201cSon \tapelables las sentencias de primera instancia\u201d.
\n2 \tCSJ. \tSTC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de \tseptiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y \t0176-01, respectivamente.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC461-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2018-00334-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 28 de noviembre de 2018, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102800","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102800","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102800"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102800\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102800"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102800"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102800"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}