{"id":102801,"date":"2026-07-02T16:47:16","date_gmt":"2026-07-02T16:47:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102801"},"modified":"2026-07-02T16:47:16","modified_gmt":"2026-07-02T16:47:16","slug":"stc481-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc481-2019\/","title":{"rendered":"STC481-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC481-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2018-00258-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 30 de noviembre de 2018, dictada por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la tutela instaurada por Claudia Marcela Casta\u00f1o Mora y Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Casta\u00f1o Quintero, quienes act\u00faan en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus menores hijos, frente al Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 y la Inspecci\u00f3n \u00danica de Polic\u00eda de esa localidad, con ocasi\u00f3n del juicio divisorio iniciado por Aracelly Casta\u00f1o Quintero y otros, contra los aqu\u00ed accionantes, radicado bajo el n\u00famero 2016-0094. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. Los \tpromotores \treclaman la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido \tproceso, vivienda digna \ty \tderechos de los ni\u00f1os, presuntamente lesionados por la \tautoridad atacada. <\/p>\n

2. Como \tsustento de su queja, manifiestan que habitan el inmueble objeto de \tentrega en el decurso \trese\u00f1ado, por cuanto les fue adjudicado en calidad de \therederos de Jos\u00e9 Armel Casta\u00f1o Duque y \u00c1ngela \tMar\u00eda Quintero. <\/p>\n

En el juicio divisorio iniciado por otros de los coherederos, se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del predio inmiscuido, habiendo sido adquirido por Omayra Casta\u00f1o Quintero y Zulma Casta\u00f1o de Su\u00e1rez, qui\u00e9nes efectuaron la consignaci\u00f3n del valor respectivo. <\/p>\n

Aun cuando a la fecha no les ha sido cancelada la cuota que les corresponde, el despacho accionado orden\u00f3 la entrega de la heredad, para lo cual comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n \u00danica de Polic\u00eda de la localidad; determinaci\u00f3n que los pone en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad ya que carecen de medios econ\u00f3micos para arrendar una casa en la que puedan residir junto a sus menores hijos. <\/p>\n

3.\tPiden, ordenar al estrado convocado, la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble, hasta tanto se les haya consignado el valor de la cuota que les corresponde (fls. 8 a 10). <\/p>\n

1. Respuesta del \t\taccionado y vinculados <\/p>\n

1. El \tjuez \tfustigado manifest\u00f3 que la no cancelaci\u00f3n de los \tdineros a los tutelantes, obedece a la conducta de \u00e9stos pues \than entorpecido y dilatado la entrega del inmueble, exigencia previa \ty necesaria para proceder al pago respectivo (fl. \t16). <\/p>\n

2. La \tInspecci\u00f3n \u00danica Municipal Urbana de Polic\u00eda \tpidi\u00f3 \tdeclarar improcedente el ruego por carencia de objeto, por cuanto, \tfinalmente, la diligencia convocada no se llev\u00f3 a cabo. (fls. \t23 a 28). <\/p>\n

3. Zulma \tCasta\u00f1o de Su\u00e1rez, quien \tadquiri\u00f3 el bien rematado, asever\u00f3 que Omayra Casta\u00f1o \tQuintero, copropietaria del mismo, ha persuadido a los familiares \tque habitan el predio a obstaculizar el desalojo del mismo (fl. \t21). <\/p>\n

4. Los \tdem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

No accedi\u00f3 al resguardo por improcedente, tras concluir que conforme al ordenamiento vigente: <\/p>\n

\u201c(\u2026) en el proceso de segregaci\u00f3n es menester primero entregar la cosa a los rematantes y posteriormente repartir el dinero producto de la divisi\u00f3n entre los comuneros seg\u00fan su derecho, de donde deviene que el judicial no ha interpretado de forma errada la norma (\u2026)\u201d (fls. 72 a 75). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La promovi\u00f3 Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Casta\u00f1o Quintero, insistiendo en la necesidad de salvaguardar sus derechos y los de los menores que residen en el predio inmiscuido (fl. 80). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRevisada la queja constitucional, se advierte que los accionantes censuran que al interior del juicio divisorio referido, el juez querellado ordenara la entrega del inmueble objeto de litigio -el cual, en la actualidad habitan-, sin haberseles pagado la cuota que por derecho les corresponde como comuneros. <\/p>\n

2. El art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso, establece sin ambages la forma en la cual debe proceder el juzgador luego de concretarse la venta de la cosa com\u00fan, en punto a la distribuci\u00f3n de su producto entre los condue\u00f1os:
\n\u201c(\u2026) Art\u00edculo 411. Tr\u00e1mite de la venta.\u00a0 \u201c(\u2026) Registrado el remate y entregada la cosa al rematante, el juez, por fuera de audiencia, dictar\u00e1 sentencia de distribuci\u00f3n de su producto entre los condue\u00f1os, en proporci\u00f3n a los derechos de cada uno en la comunidad, o en la que aquellos siendo capaces se\u00f1alen, y ordenar\u00e1 entregarles lo que les corresponda, teniendo en cuenta lo resuelto sobre mejoras (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Del contenido normativo de la citada disposici\u00f3n resulta claro que para repartir el dinero producto de tal venta entre los comuneros, es necesario que previamente se haya realizado la entrega de la cosa al adquirente en subasta; raz\u00f3n por la cual se advierte, el juzgado aqu\u00ed accionado ha obrado conforme a derecho corresponde, pues sin haberse materializado esa diligencia, no puede efectuar la distribuci\u00f3n exigida por los tutelantes. <\/p>\n

3. En todo caso, aun cuando no se halla arbitrariedad en la entrega ordenada, se pone de presente a los promotores que en la diligencia fijada para tal fin, pueden exponer las especiales circunstancias ac\u00e1 aducidas en procura de evitar cualquier amenaza de sus garant\u00edas y de las de su familia. <\/p>\n

En torno a lo discurrido, esta Sala, en relaci\u00f3n con una tem\u00e1tica similar, acot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) medidas [como la entrega de los inmuebles] responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u201d 1. <\/p>\n

\u201cCon todo, se destaca que la querellante debe arg\u00fcir ante el fallador natural las circunstancias relacionadas con los menores y el adulto mayor residentes en los predios objeto de restituci\u00f3n con el fin de evitar irregularidades en la ejecuci\u00f3n de la entrega de los terrenos. En cuanto a ello, esta Corte ha indicado que \u201c(\u2026) le corresponde al juez del asunto disponer las medidas pertinentes en aras de garantizar los derechos de los menores [o personas en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n] cuando se realice [la] diligencia (\u2026)\u201d2(\u2026)\u201d3. <\/p>\n

4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nLa regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n

5. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb11, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb12; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de 29 de noviembre de 2006; citada el 6 de \tfebrero de 2013, exp. 2012-01950-01 y el 11 de julio de 2013, exp. \t7600022030002013-00180-01, \tentre otras.
\n2 \tCSJ. STC. Sentencia de 8 \tde agosto de 2014, exp. 11001-22-10-000-2014-00295-01.
\n3 \tCSJ. STC. Sentencia de 10 \tde julio de 2015, exp. 25000-22-13-000-2015-00309-01.
\n4 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, \tCosta Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la \tLey 16 de 1972.
\n5 \tSuscrita \ten Viena el 23 de mayo de 1969.
\n6 \tAprobada \tpor Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n7 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n8 \tCorte IDH, Caso V\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a \t290, criterio reiterado Caso Masacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n9 \tCorte IDH, Caso de \tla Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, \tExcepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia \tde 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a \t274.
\n10 \tCorte IDH, Caso Furlan \ty familiares c. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a \t308.
\n11 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n12 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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