{"id":102804,"date":"2026-07-02T16:47:37","date_gmt":"2026-07-02T16:47:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102804"},"modified":"2026-07-02T16:47:37","modified_gmt":"2026-07-02T16:47:37","slug":"stc485-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc485-2019\/","title":{"rendered":"STC485-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2018-00294-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2018, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en la salvaguarda promovida por Alejandro Ram\u00edrez Cruz, en calidad de representante legal de la Junta de Vivienda Comunitaria Portal del Llano, al Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y disoluci\u00f3n de sociedad patrimonial radicado bajo el n\u00ba 2010-131, seguido por Gladys D\u00edaz Su\u00e1rez a Astolfo Contreras P\u00e9rez. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, defensa y acceso a la justicia, presuntamente conculcadas por el despacho convocado. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan la presente acci\u00f3n los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Ante el Juzgado Segundo de Familia cursa el litigio n\u00ba 2010-131, para la declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho y disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial, emprendido por Gladys D\u00edaz Su\u00e1rez a Astolfo Contreras P\u00e9rez. <\/p>\n

Dentro de ese tr\u00e1mite se decret\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda sobre la cuota parte del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 232-23686, perteneciente al all\u00ed demandado, la cual se consum\u00f3 con la anotaci\u00f3n n\u00ba 7 de 14 de abril de 2010 (fl. 23, cdno.1). <\/p>\n

Luego, mediante escritura p\u00fablica n\u00ba 1931 de 24 de junio de 2010, ante la Notar\u00eda \u00danica de Acac\u00edas se celebr\u00f3 contrato de compraventa respecto del memorado predio entre la Junta de Vivienda Comunitaria Portal del Llano como compradora y, Contreras P\u00e9rez en calidad de vendedor, inscrita en el registro el 16 de julio siguiente. <\/p>\n

Una vez la tutelante se percat\u00f3 de la existencia de ese gravamen el 5 de julio de 2018, elev\u00f3 ante el despacho atacado incidente para que se declarara el levantamiento de la cautela porque en su criterio oper\u00f3 la \u201csubrogaci\u00f3n\u201d del predio en disputa, por el dinero recibido por Contreras P\u00e9rez en virtud de la citada compraventa. El 12 de julio siguiente, se rechaz\u00f3 de plano ese mecanismo sin que se impugnara esa determinaci\u00f3n (fl. 75, cdno.1). <\/p>\n

La gestora critica el prove\u00eddo nugatorio de la \u201csubrogaci\u00f3n\u201d, aludiendo a una supuesta afectaci\u00f3n de los intereses de las familias adscritas a la Junta de Vivienda Comunitaria Portal del Llano, porque aun cuando se pag\u00f3 la integridad del precio de la venta, su derecho de dominio est\u00e1 en entredicho por la inclusi\u00f3n de esa propiedad en la masa patrimonial a liquidar. <\/p>\n

3. En concreto, la accionante reclama se revoque el auto denegatorio del tr\u00e1mite incidental y, en su lugar, se conmine al juez fustigado a resolver de fondo el asunto. As\u00ed mismo, aspira se fuerce el levantamiento de la inscripci\u00f3n de la demanda (fl. 15, cdno. 1). <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

La autoridad judicial criticada solicit\u00f3 denegar el auxilio porque i) el proceso \u201cse encuentra terminado\u201d conforme el fallo de 30 de octubre de 2018, aprobatorio de la partici\u00f3n, y ii) contra la providencia auscultada no se ejercieron los mecanismos ordinarios (fls. 75-76, cdno.1). <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por incumplir con el requisito de subsidiariedad, al no controvertirse en el proceso la decisi\u00f3n materia de inconformidad (fls. 102-106, cdno.1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 la accionante reiterando los alegatos del libelo genitor (fls. 129-140, cdno. 1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La querellante reclama dejar sin efectos la providencia de 12 de julio pasado, que rechaz\u00f3 de plano el incidente de \u201csubrogaci\u00f3n\u201d del inmueble con folio de matr\u00edcula 232-23686 por el precio de la venta pagado al copropietario Astolfo Contreras P\u00e9rez, y se conmine a la cancelaci\u00f3n de la cautela decretada dentro del memorado litigio de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial. <\/p>\n

2. El ruego fracasa por cuanto ninguna irregularidad se desprende de aqu\u00e9l prove\u00eddo, pues en contradicci\u00f3n a lo aseverado por el quejoso, la determinaci\u00f3n confutada se ajusta a los postulados normativos del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

En efecto, la regla 127 del citado compendio legal1 restringe la tramitaci\u00f3n de incidentes a los expresamente autorizados por la ley, en consonancia, el art\u00edculo 130 \u00eddem2 impone la improcedencia autom\u00e1tica. <\/p>\n

Bajo tales lineamientos debe se\u00f1alarse que el C\u00f3digo General del Proceso s\u00f3lo habilit\u00f3 a los terceros para reclamar la cancelaci\u00f3n del embargo y secuestro, como lo dispone la regla 597 de ese compendio normativo, guardando silencio frente a las restantes cautelas, tornando inadecuada la comentada solicitud frente a la inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n

Tales premisas se muestran acorde con lo decidido por la falladora al desde\u00f1ar el incidente de \u201csubrogaci\u00f3n\u201d clamado por la hoy gestora. <\/p>\n

Fulgura entonces la razonabilidad de las determinaciones cuestionadas, tornando impeditiva la injerencia de esta excepcional jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

3. Aunque el actor no comparta los anteriores planteamientos, ello no convierte la conclusi\u00f3n atacada en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitir el paso de esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue debidamente examinado bajo los mandatos jur\u00eddicos respectivos. <\/p>\n

4. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n

Atinente a ello, esta Sala ha afirmado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, (\u2026) [y] aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d 3. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha indicado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5. Refuerza la denegaci\u00f3n de este amparo la desatenci\u00f3n del requisito de subsidariedad porque aun cuando Alejandro Ram\u00edrez Cruz, en su calidad de representante legal de la Junta de Vivienda Comunitaria Portal del Llano, critica el rechazo al incidente de \u201csubrogaci\u00f3n\u201d no hizo uso de los mecanismos procesales contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico para impugnarlo. <\/p>\n

N\u00f3tese, no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n5, permitiendo que el prove\u00eddo atacado por esta senda cobrara ejecutoria. <\/p>\n

6. \tS\u00famese la desidia de la tutelante en el cuidado de sus propios intereses, pues la inscripci\u00f3n de la demanda de la que hoy se duele se materializ\u00f3 el 14 de abril de 2010, es decir, con antelaci\u00f3n a la fecha de celebraci\u00f3n de la compraventa del memorado bien – 24 de junio de 2010, por tanto, asumi\u00f3 los riesgos derivados de tal descuido, no pudiendo por esta v\u00eda evadir las consecuencias adversas de su actuar. <\/p>\n

7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

7.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

8. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t127. INCIDENTES Y OTRAS CUESTIONES ACCESORIAS. Solo se tramitar\u00e1n \tcomo incidente los asuntos que la ley expresamente se\u00f1ale \t(\u2026)\u201d.
\n2 \t\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t130. RECHAZO DE INCIDENTES. El juez rechazar\u00e1 de plano los \tincidentes que no est\u00e9n expresamente autorizados por este \tc\u00f3digo y los que se promueven fuera de t\u00e9rmino o en \tcontravenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 128 (\u2026)\u201d.
\n3 \tCSJ. STC 18 \tde marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, \texp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.
\n4 \tCSJ. STC 1\u00b0 \tde septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre \tde 2011, exp. 02663-00.
\n5 \tRegla \t318 del C\u00f3digo \tGeneral del Proceso
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n18<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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