{"id":102807,"date":"2026-07-02T16:47:56","date_gmt":"2026-07-02T16:47:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102807"},"modified":"2026-07-02T16:47:56","modified_gmt":"2026-07-02T16:47:56","slug":"stc497-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc497-2019\/","title":{"rendered":"STC497-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC497-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00354-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2018, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por M\u00f3nica Rippe Vanegas en su calidad de administradora del Conjunto Cerrado Urbanizaci\u00f3n Brisas de Miramonte, contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal, ambos de Fusagasug\u00e1, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato promovido dentro de un juicio similar a \u00e9ste radicado bajo el n\u00ba 2018-10, iniciado por Carmenza Quin Ujueta, Libardo Home, Pablo E. Romero, Jos\u00e9 Fernando Serna y Edilberto Rodr\u00edguez a la quejosa.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa querellante requiere la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad acusada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

El 23 de noviembre de 2017, Carmenza Quin Ujueta, Libardo Home, Pablo E. Romero, Jos\u00e9 Fernando Serna y Edilberto Rodr\u00edguez elevaron derecho de petici\u00f3n al Conjunto Cerrado Urbanizaci\u00f3n Brisas de Miramonte. Al no obtener respuesta, los solicitantes promovieron acci\u00f3n de tutela ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Fusagasug\u00e1. <\/p>\n

El all\u00e1 convocado reclam\u00f3 declarar superada la alegada transgresi\u00f3n, por haberse brindado la informaci\u00f3n anhelada el 17 de enero de 2018 (fls. 1-7, cdno.1). <\/p>\n

En fallo de 25 de enero siguiente, se accedi\u00f3 al auxilio deprecado ordenando al all\u00ed accionado \u201cdar respuesta completa y de fondo\u201d al memorado petitorio (fl. 7, cdno.1). <\/p>\n

Estimando incumplido el citado prove\u00eddo, los all\u00e1 tutelantes formularon incidente de desacato contra la hoy quejosa. En auto de 10 de octubre de 2018, se sancion\u00f3 a M\u00f3nica Rippe Vanegas con dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y dos d\u00edas de arresto, por desatender la comentada orden del juez constitucional (fl. 73-79, cdno.1). <\/p>\n

En sede de consulta, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n ahora rebatida (fls. 159-160, cdno.1). <\/p>\n

La aqu\u00ed tutelante critica que aun cuando en el memorado juicio se acredit\u00f3 haber brindado la respuesta exigida antes del fallo de instancia, se dict\u00f3 sentencia favorable a los gestores, y posteriormente, se le sancion\u00f3 por desacato (fls. 80-88, cdno.1). <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El Juzgado del Circuito guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. La titular del Juzgado Segundo Civil Municipal solicit\u00f3 denegar el auxilio por haberse acatado las ritualidades establecidas por el legislador para asuntos como el fustigado (fl. 94, cdno.1). <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El tribunal neg\u00f3 la salvaguarda al no evidenciar irregularidad en la posici\u00f3n auscultada. En ese sentido adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) se advierte que la (\u2026) [j]uez [encartada] fund\u00f3 su decisi\u00f3n en las pruebas obrantes en el plenario, puesto que estudi\u00f3 cada una de las solicitudes de los copropietarios contenidas en el derecho de petici\u00f3n que motiv\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, junto con la respuesta dada por la administradora del Conjunto Cerrado Urbanizaci\u00f3n Brisas de Miramonte considerando que no se hab\u00eda dado [informaci\u00f3n frente] al numeral 2 del [petitorio] en el que se solicitaba \u201cn\u00fameros de matr\u00edcula de los ingenieros y t\u00e9cnicos que realizaron la parte t\u00e9cnica del informe, los cuales seg\u00fan la Lonja se encuentran en la propuesta de la oferta comercial, entregada a la [a]dministraci\u00f3n y enviada por correo electr\u00f3nico al conjunto (\u2026)\u201d <\/p>\n

\u201c(\u2026) [reflexion\u00f3] la juez accionada que si bien se hab\u00eda solicitado v\u00eda correo electr\u00f3nico tal[es] [datos] por parte de la administraci\u00f3n de la Lonja, empresa contratada para realizar el informe t\u00e9cnico, \u00e9sta tan s\u00f3lo inform\u00f3 la matr\u00edcula de un t\u00e9cnico electricista, advirtiendo que si la Lonja no acced\u00eda a lo peticionado la administradora ten\u00eda los medios para obtener[lo] (\u2026), por lo que la respuesta al derecho de petici\u00f3n resultaba incompleta (\u2026)\u201d (fls. 170-171, cdno.1). <\/p>\n

Bajo las anteriores reflexiones, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) advierte el Tribunal que no puede atribuirse a la se\u00f1ora Juez Segunda Civil Municipal de Fusagasug\u00e1, capricho o arbitrariedad en sus consideraciones para dirimir el incidente de desacato promovido en contra de la actora constitucional ni mucho menos que su valoraci\u00f3n probatoria fue defectuosa o absolutamente desviada (\u2026)\u201d (fls. 163-173, cdno.1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 la gestora insistiendo en los argumentos del libelo (fls. 189-191, cdno. 1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

2. Esta Corporaci\u00f3n ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n posterior se\u00f1alada est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y tienen similar finalidad. <\/p>\n

En reiteradas ocasiones la Sala, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito del desacato, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno a esa actuaci\u00f3n, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta del auto mediante el cual se aplican las medidas del caso. <\/p>\n

En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Ese procedimiento], per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n

\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3.\tExcepcionalmente, se abrir\u00eda paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este mecanismo extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

El alto Tribunal Constitucional ha precisado la viabilidad de esta v\u00eda de forma particular y en actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

4. Esta Corte ha dejado sentado que para fijar correctivos en ese tipo de tr\u00e1mites, el funcionario judicial debe verificar entre otros aspectos el destinatario de lo dispuesto en la sentencia de tutela y su conducta, el contenido de la orden, y el plazo de cumplimiento otorgado. <\/p>\n

Luego de esa constataci\u00f3n primigenia, al juzgador le incumbe ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del desobedecimiento del fallo, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la supuesta desatenci\u00f3n motivo de reproche es aquella proveniente de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien estaba obligado a satisfacer la orden de protecci\u00f3n, as\u00ed como su intenci\u00f3n de insubordinarse y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n

Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato, as\u00ed como la \u2018individualizaci\u00f3n\u2019 y responsabilidad de la persona a quien concretamente se le achaca la conducta antijur\u00eddica de la desobediencia de la orden por \u00e9l dada (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

5. En este asunto refulge la improcedencia del auxilio, pues la promotora persigue a trav\u00e9s de esta herramienta controvertir lo resuelto por la autoridad en el procedimiento censurado, buscando reabrir un debate fenecido, pretensi\u00f3n sin asidero en esta sede constitucional, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario. <\/p>\n

6. Si se dejara de lado lo anterior, el ruego igual fracasar\u00eda por no emerger irregularidad del actuar del juzgador tutelado. <\/p>\n

Cabe precisar que el an\u00e1lisis de la presente salvaguarda se circunscribir\u00e1 a la postura adoptada en sede de consulta, porque en \u00faltimas ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n

En la decisi\u00f3n de 18 de octubre de 2018, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 abord\u00f3 el estudio del asunto esbozando los presupuestos exigidos por el legislador para imponer sanciones por desatender la orden del juez de tutela, aludiendo a los ya comentados elementos objetivo y subjetivo (fl. 159, cdno.1). <\/p>\n

Bajo tales reflexiones, estimando reunidos los memorados requisitos, concluy\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En punto del incumplimiento, conviene recordar que los demandantes afirman que el ente [accionado] no ha cumplido la orden de tutela. Tal expresi\u00f3n sin duda alguna, es una negaci\u00f3n indefinida que no requiere de prueba, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 167 del C.G. del P. Por tanto, le correspond\u00eda a la [pasiva] acreditar el cumplimiento cabal de todas las \u00f3rdenes que se dieron en la sentencia, lo que en el caso no ocurri\u00f3 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [M\u00f3nica Rippe Vanegas fungiendo como representante legal de la copropiedad atacada], no indic\u00f3 el n\u00famero de matr\u00edcula de los ingenieros y t\u00e9cnicos que realizaron la parte t\u00e9cnica de[l] informe. Este requerimiento se hizo en el punto 2 del derecho de petici\u00f3n. As\u00ed las cosas es evidente que el incumplimiento esta acreditado (\u2026)\u201d (fl. 53, cdno.1). <\/p>\n

Respecto de la segunda condici\u00f3n, esto es, la subjetividad en la conducta determin\u00f3 la autoridad convocada: <\/p>\n

\u201c(\u2026) es evidente la rebeld\u00eda de quien deb\u00eda cumplir la orden, pues a pesar de los m\u00faltiples requerimientos no ha sido posible que se cumpla la sentencia. Por lo dem\u00e1s, la demandada no acredit\u00f3 que por motivos ajenos a su voluntad no pudo cumplir la orden (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Conducta que se viene presentando hace varios meses y que no ha cesado ante el clamor de los demandantes ni los requerimientos realizados por la judicatura (\u2026)\u201d (fl. 160, cdno.1). <\/p>\n

7. La tesis adoptada es l\u00f3gica, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el fallador efectu\u00f3 una disertaci\u00f3n adecuada de los elementos probatorios pertinentes que la condujeron a la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, al mostrarse plausible la tesis adoptada en la providencia examinada, no resulta admisible la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

8.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

9.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de \t21 \tde febrero de 2003, exp. 00382.
\n2 \tCorte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010.
\n3 \t\u00cddem.
\n4 \tCSJ \tSTC 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00.
\n5 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n7 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC497-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2018-00354-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2018, por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102807"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102807\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}