{"id":102808,"date":"2026-07-02T16:48:05","date_gmt":"2026-07-02T16:48:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102808"},"modified":"2026-07-02T16:48:05","modified_gmt":"2026-07-02T16:48:05","slug":"stc498-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc498-2019\/","title":{"rendered":"STC498-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC498-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2018-00186-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2018, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la tutela instaurada por Amarilis Vel\u00e1squez \u00c1lvarez, contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Momil y Civil del Circuito de Lorica, y el Municipio de Momil, con ocasi\u00f3n de la salvaguarda similar a esta radicada bajo el n\u00famero 2018-093, promovida por M\u00f3nica Berenice Anaya Pardo a la citada entidad territorial. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la \u201cprotecci\u00f3n a la maternidad\u201d, estabilidad reforzada y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito genitor y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos que soportan la presente tramitaci\u00f3n los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Mediante Decreto 001 de 2017, Amarilis Georgina Vel\u00e1squez \u00c1lvarez, ac\u00e1 quejosa, fue designada gerente de la E.S.E. Camu de Momil desde el 2 de enero de esa anualidad, en reemplazo de M\u00f3nica Berenice Anaya Pardo. <\/p>\n

Esta \u00faltima, formul\u00f3 acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho atacando el memorado acto, asignada al Juzgado Segundo Administrativo de Monter\u00eda. En ese decurso, en auto de 13 de marzo de 2017, se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional del nombramiento confutado. <\/p>\n

En sentencia de tutela de 14 de junio de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad, por solicitud de Anaya Pardo, orden\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de Momil acatar la citada medida cautelar. Fallo revocado el 10 de agosto de 2018, por el Juez Civil del Circuito de Lorica, sin aludir a la reincorporaci\u00f3n de Vel\u00e1squez \u00c1lvarez. <\/p>\n

La accionante critica que los jueces constitucionales no hayan instado a la administraci\u00f3n municipal de Momil a reintegrarla como gerente de la E.S.E. Camu de tal localidad, pese a: i) ser revocado el amparo concedido a M\u00f3nica Berenice Anaya Pardo, y ii) estar la ahora tutelante en estado de gravidez (fls. 2-14, cdno.1). <\/p>\n

3. En concreto, solicita exhortar al juzgador municipal a forzar la designaci\u00f3n de la aqu\u00ed quejosa, en el rese\u00f1ado empleo, en virtud de la providencia emanada del ad quem (fl. 10, cdno.1). <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

1. El Despacho del \tCircuito guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2. El titular del \tJuzgado Promiscuo Municipal convocado interpel\u00f3 denegar el \tauxilio porque en el decurso cuestionado se otorgaron \u201ctodas \ty cada una de las garant\u00edas sustanciales y procesales \taplicables\u201d \t(fls. 116-118, cdno.1). <\/p>\n

3. La Alcald\u00eda \tMunicipal atacada pidi\u00f3 desestimar el ruego por cuanto la \tdesvinculaci\u00f3n de Amarilis Vel\u00e1squez \u00c1lvarez no \tresult\u00f3 arbitraria, por el contrario, tuvo como fuente una \torden judicial (fl. 98-101, cdno. 2).
\n1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El Tribunal despach\u00f3 desfavorablemente la salvaguarda al evidenciar que el reintegro de la hoy censora no fue objeto de pronunciamiento en la salvaguarda auscultada, y el embarazo de la funcionaria se conoci\u00f3 en raz\u00f3n a la prueba cl\u00ednica que para el efecto aqu\u00e9lla se practic\u00f3 el 27 de junio de 2018, es decir, con posterioridad a su retiro del cargo de gerente de la E.S.E. Camu de Momil \u2013 21 de junio anterior – (fls. 107-119, cdno.2). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 la aqu\u00ed promotora sin exponer sus desavenencias (fls. 142-143, cdno.1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \tDelanteramente, corresponde memorar que desde la g\u00e9nesis de este auxilio certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de las demandas de amparo formuladas contra actuaciones de la misma especie, por contarse con herramientas adecuadas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n

Las equivocaciones o desafueros de los jueces de tutela al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo litigio de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para el efecto, el ordenamiento dise\u00f1\u00f3 la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de desestimarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para tal fin. Ahora, si se trata de lograr el cumplimiento de la sentencia estimatoria de la pretensi\u00f3n cuando la parte accionada reh\u00fasa a ello, el desacato es el medio id\u00f3neo. <\/p>\n

2. De lo expuesto, se colige el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada pues, en \u00faltimas, la solicitante censura el fallo de segundo grado emitido en el resguardo primigenio, pues al revocar la sentencia del a quo donde se hab\u00eda dispuesto cumplir la medida provisional decretada por la justicia administrativa en punto de reintegrar a M\u00f3nica Berenice Anaya Pardo como gerente de la E.S.E. Camu de Momil, no se manifest\u00f3 frente a la factible reincorporaci\u00f3n de la hoy querellante en ese mismo cargo. <\/p>\n

Sobre ese t\u00f3pico refiri\u00f3 esta Corte: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

3. En ese orden, emerge claramente la nugatoria del auxilio, porque, se itera, es inviable si se interpone respecto de pronunciamientos emitidos en asuntos de id\u00e9nticos perfiles, por cuanto, con esa finalidad el legislador, tambi\u00e9n estatuy\u00f3 otros instrumentos, cual l\u00edneas atr\u00e1s se mencion\u00f3, tales como la insistencia y la eventual revisi\u00f3n, en donde se podr\u00edan proponer las inconformidades aqu\u00ed ventiladas. <\/p>\n

4. Refuerza la denegaci\u00f3n de este auxilio que la ahora tutelante no solicit\u00f3 la adici\u00f3n2 de la sentencia de tutela proferida por el ad quem constitucional, para que este se pronunciara frente al anhelado reintegro. <\/p>\n

El citado instrumento resultaba procedente a la luz del postulado 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, que alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil, hoy C\u00f3digo General del Proceso, para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que rigen dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

5. S\u00famese que para la \u00e9poca en la cual se decret\u00f3 la cautela fustigada no se hab\u00eda verificado el estado de gravidez de la funcionaria saliente, es decir, Amarilis Vel\u00e1squez \u00c1lvarez, pues este s\u00f3lo se constat\u00f3 con la prueba de embarazo practicada el 27 de junio de 2018, cuando aquella medida ya se hab\u00eda materializado \u2013 21 de junio anterior. <\/p>\n

6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nComplementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

6.1.\t Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

7.\tDe acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de 25 de junio de 2012, exp. \t5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. \t11001-02-03-000-2013-01773-00;
\n2 \tArt. \t287 del C.G.P.: \u201c(\u2026) \tCuando \tla sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la \tlitis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley \tdeba ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por \tmedio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de \toficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad \t(\u2026)\u201d.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330.
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, \tFondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278-308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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