{"id":102812,"date":"2026-07-02T16:48:28","date_gmt":"2026-07-02T16:48:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102812"},"modified":"2026-07-02T16:48:28","modified_gmt":"2026-07-02T16:48:28","slug":"stc502-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc502-2019\/","title":{"rendered":"STC502-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC502-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2018-00193-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2018, por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la salvaguarda promovida por Leonardo S\u00e1nchez Giraldo, representante legal de la Cooperativa de Servicios al Trabajador -Cooservicios-, contra los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal y Civil del Circuito, ambos de Lorica, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato propuesto por Alfonso Carlos Campo Monterrosa frente a la aqu\u00ed actora, incoado dentro de la salvaguarda surtida entre dichos sujetos procesales.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEn la calidad descrita, el petente exige la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales censuradas. <\/p>\n

2.\tComo fundamento de su reparo, indica que el despacho municipal convocado accedi\u00f3 al amparo formulado por Alfonso Carlos Campo Monterrosa y, en sentencia de 22 de enero de 2018, le orden\u00f3 a la anterior representante legal de Cooservicios, Yasm\u00edn Roc\u00edo Ospino Reyes, \u201c(\u2026) realizar los tr\u00e1mites necesarios y hacer la devoluci\u00f3n efectiva de los aportes hechos durante todo el tiempo que el accionante estuvo afiliado a la cooperativa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Campo Monterrosa impuls\u00f3 el desacato materia de este resguardo y el 20 de marzo de 2018, se sancion\u00f3 a Ospino Reyes; no obstante, ante la manifestaci\u00f3n del incidentante, concerniente al cambio de gerente de la Cooperativa, se convoc\u00f3 al tr\u00e1mite al aqu\u00ed querellante. <\/p>\n

Sostiene que el 8 de junio de 2018, atendiendo a los requerimientos del a quo, inform\u00f3 que su nombramiento tuvo lugar el 4 de mayo anterior; destac\u00f3 dedicarse a la reconstrucci\u00f3n de los datos de la entidad; asegur\u00f3 desconocer \u201c(\u2026) el registro de asociados de la cooperativa (\u2026)\u201d, el estado de cuenta de Campo Monterrosa y las obligaciones de \u00e9ste, reportes no entregados a\u00fan por la anterior representante, \u201c(\u2026) seguramente por encontrarse en licencia de maternidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Asimismo, anot\u00f3 que contest\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de Campo Monterrosa aduciendo todas las gestiones por \u00e9l realizadas para resolver los problemas de la Cooperativa; igualmente, le inform\u00f3 de la imposibilidad de restituir sus aportes porque previo a ello deb\u00eda reconstruirse la base de datos de la entidad, gesti\u00f3n que tardar\u00eda entre 3 y 9 meses. <\/p>\n

A\u00f1ade que en el mismo escrito dirigido al juzgado aleg\u00f3 la improcedencia de la protecci\u00f3n otorgada por inexistencia de violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales y versar en torno a obligaciones econ\u00f3micas. <\/p>\n

A pesar de lo discurrido, indica que el 8 de junio de 2018, se admiti\u00f3 nuevamente el incidente, integr\u00e1ndolo a esa actuaci\u00f3n y requiri\u00e9ndosele para que se pronunciara, de nuevo, sobre el incumplimiento endilgado. <\/p>\n

Tras insistir en sus argumentos a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, el 14 de junio de 2018 fue sancionado con cinco (5) d\u00edas de arresto y multa de cuatro (4) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n

Present\u00f3 un \u201cincidente de nulidad\u201d respecto de esa determinaci\u00f3n; empero el Juzgado Civil del Circuito de Lorica resolvi\u00f3 confirmar los correctivos impuestos. <\/p>\n

El proceder descrito soslaya sus prerrogativas porque adem\u00e1s de omitirse su notificaci\u00f3n en cuanto al fallo incumplido, no involucrarse correctamente a la Cooperativa al decurso incidental y resultarle ajeno el mandato tutelar, se desconocieron sus argumentos, de los cuales se coleg\u00eda la inexistencia de responsabilidad subjetiva sobre la desobediencia endilgada. <\/p>\n

Advierte que, en todo caso, es imposible acatar la orden constitucional porque el 6 de septiembre de 2018, la Asamblea General de la Cooperativa, dispuso su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n; por tanto, seg\u00fan expone, lo pertinente es el pago de las acreencias con mejor derecho, antes de devolver los aportes de los afiliados. <\/p>\n

Anota, ambiguamente, que el 10 de octubre de 2018, recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico del despacho municipal denunciado, donde se le informa del auto de la misma fecha en el cual se <\/p>\n

\u201c(\u2026) se\u00f1ala que considerando que el t\u00e9rmino de sesenta (60) d\u00edas concedido por el superior dentro del tr\u00e1mite de consulta se encuentra vencido, [se] resuelve (\u2026) la expedici\u00f3n y remisi\u00f3n de oficios dirigidos a la SIJIN, y oficina de cobro coactivo competente, para materializar de manera inmediata las sanciones de arresto y multa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por \u00faltimo, afirma la procedencia de esta s\u00faplica para evitar su arresto, por cuanto responde econ\u00f3micamente por su familia (fls. 1 al 6, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tExige, en concreto, revocar las decisiones reprochadas (fl. 20 cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1.\tEl estrado municipal guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

2.\tEl Juzgado del circuito anot\u00f3 haber conocido del asunto en sede de consulta, escenario donde emiti\u00f3 la providencia de 26 de junio de 2018, mediante la cual \u201cmodul\u00f3\u201d la orden de tutela para otorgarle al ahora accionante sesenta (60) d\u00edas para su cumplimiento, \u201c(\u2026) d\u00e1ndole prelaci\u00f3n al cr\u00e9dito del se\u00f1or Campo Monterrosa sobre cualquier otra acreencia que exista contra [la] Cooperativa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que adopt\u00f3 esa determinaci\u00f3n porque estim\u00f3 inviable sancionar al promotor cuando apenas hab\u00eda comenzado a ejercer como representante legal de Cooservicios desde el 4 de mayo de 2018 y, adem\u00e1s, desconoc\u00eda la situaci\u00f3n financiera de aqu\u00e9lla. <\/p>\n

Acot\u00f3 que la nulidad invocada por indebida notificaci\u00f3n la neg\u00f3, por cuanto se prob\u00f3 el enteramiento de la actuaci\u00f3n tanto a la Cooperativa como al aqu\u00ed censor (fls. 130 al 133, cdno. 1).
\n2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio por falta de arbitrariedad en la gesti\u00f3n de los funcionarios fustigados. Asimismo, expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [A] pesar de haberse aumentado el plazo para el cumplimiento de la orden de tutela, en este caso no fue cumplida y lo que pretende el actor es valerse de la acci\u00f3n de tutela para buscar una decisi\u00f3n diferente a la proferida en el incidente de desacato, desconociendo que lo resuelto hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada (\u2026)\u201d (fls. 140 al 149, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El quejoso impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los esgrimidos en el libelo introductor. Anot\u00f3 que el tribunal no resolvi\u00f3 todos sus cuestionamientos y desconoci\u00f3 su ausencia de responsabilidad subjetiva en torno al desacato endilgado (fls. 164 al 172, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEsta Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con id\u00e9ntica finalidad.
\nEn reiteradas ocasiones la Sala, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n

\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

2.\tExcepcionalmente, se abrir\u00eda paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la prosperidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

3.\tEn este caso, revisadas las pruebas allegadas, se concluye la viabilidad de la salvaguarda solicitada frente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, pues con la decisi\u00f3n de 10 de octubre de 2018, mediante la cual dispuso materializar las sanciones por \u00e9l impuestas en el pronunciamiento de 14 de junio anterior, se incurri\u00f3 en irregularidad que amerita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

Como lo esboz\u00f3 el despacho del circuito atacado al pronunciarse sobre este ruego, en sede de consulta, mediante providencia de 26 de junio de 2018, resolvi\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) modular la orden de tutela, en el sentido que el se\u00f1or (sic) Leonardo S\u00e1nchez Giraldo, deber\u00e1 cumplir[la] (\u2026) en un plazo m\u00e1ximo de sesenta (60) d\u00edas, d\u00e1ndole prelaci\u00f3n al cr\u00e9dito del se\u00f1or Campo Monterrosa sobre cualquier otra acreencia que exista contra [la] Cooperativa [Cooservicio] (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Dicha determinaci\u00f3n se apoy\u00f3 en las afirmaciones del censor, en torno a las dificultades en el cumplimiento del mandato, y el hecho de desconocer el tr\u00e1mite tutelar por ser el nuevo representante legal de la compa\u00f1\u00eda, resultando para esta Sala razonable la variaci\u00f3n rese\u00f1ada, pues en otros casos se ha avalado la facultad del juez de tutela de modificar su orden4, cuando, como ahora, se est\u00e1 dentro de los siguientes raseros: <\/p>\n

\u201c(\u2026) (1) (\u2026) aspectos accidentales, bien porque: (a) la orden original nunca garantiz\u00f3 el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre ser\u00e1 imposible de cumplir (2) (\u2026) las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisi\u00f3n y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducci\u00f3n posible de la protecci\u00f3n concedida y compensar dicha reducci\u00f3n de manera inmediata y eficaz (\u2026)\u201d5 (subraya fuera de texto). <\/p>\n

Si bien el a quo obr\u00f3 diligentemente al estar pendiente del t\u00e9rmino de sesenta (60) d\u00edas otorgado por el ad quem para el cumplimiento del fallo de tutela de 22 de enero de 2018, err\u00f3 al estimar que pod\u00eda \u201cmaterializar\u201d las sanciones impuestas por \u00e9l mismo dentro del incidente, sin garantizar los derechos de contradicci\u00f3n y defensa del aqu\u00ed promotor. Ciertamente, previo a la imposici\u00f3n de tales correctivos, aqu\u00e9l debi\u00f3 ser vinculado a un nuevo tr\u00e1mite incidental, donde pudiese exponer lo concerniente al acatamiento del precepto tutelar en los t\u00e9rminos modificados. <\/p>\n

Lo arg\u00fcido porque, de un lado, la primera actuaci\u00f3n incidental qued\u00f3 clausurada con la decisi\u00f3n mediante la cual se modul\u00f3 el mandato constitucional y, de otro, porque si pretend\u00eda establecerse la observancia de tal variaci\u00f3n, se insiste, ha debido convocarse al memorialista a una nueva tramitaci\u00f3n y no asumir, como lo hizo el fallador municipal, sin requerimientos o material probatorio alguno, la desobediencia del querellante. <\/p>\n

4.\tAs\u00ed las cosas, se constata el desconocimiento del procedimiento legalmente establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, concordante con el canon 129 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no le era dable emitir una decisi\u00f3n de plano sobre el acatamiento del mandato tutelar, sin antes surtir el decurso previsto en las reglas se\u00f1aladas. <\/p>\n

Esta Corte, sobre el particular, anot\u00f3 <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s evidente que el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental y por ende en la vulneraci\u00f3n del debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es di\u00e1fano al se\u00f1alar que el presunto incumplimiento de una orden proferida con base en dicho Decreto debe ser esclarecido mediante tr\u00e1mite incidental, sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual "se juzg\u00f3 este procedimiento a fin de evitar tr\u00e1mites que congestionar\u00edan innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia", porque las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00ab (CSJ, SCT 7 oct. 2013, rad. 02248-00, citada en STC14143-2014, 16 oct. Rad. 00175-01) (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Por lo tanto, se revocar\u00e1 lo decidido por el a quo y se otorgar\u00e1 el amparo, para lo cual se ordenar\u00e1 a la Corporaci\u00f3n accionada dejar sin efecto el auto por el que se abstuvo de iniciar el incidente y, en su lugar, lo tramite, independientemente de su resultado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, al juzgador municipal, para dilucidar lo concerniente a la eventual desobediencia del aqu\u00ed solicitante, le corresponde seguir el tr\u00e1mite pertinente, conforme lo reglamentan los art\u00edculos 127 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

5.\tDeviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n impulsada por virtud del examen legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 19697 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar la prerrogativa conculcada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d.
\nComplementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas.
\nAdem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tAs\u00ed las cosas, se infirmar\u00e1 la providencia examinada para otorgar la salvaguarda peticionada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para CONCEDER el amparo reclamado. <\/p>\n

En consecuencia, se le ordena al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el auto de 10 de octubre de 2018, as\u00ed como las actuaciones que de \u00e9l pendan, y proceda a impartir el tr\u00e1mite pertinente para establecer el cumplimiento del fallo de tutela de 22 de enero anterior, teniendo en consideraci\u00f3n la modulaci\u00f3n efectuada por su superior, seg\u00fan lo discurrido en esta providencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb14, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb15; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. Civil. Sentencia de \t21 \tde febrero de 2003, exp. 00382.
\n2 \tCorte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010.
\n3 \t\u00cddem.
\n4 \tCSJ STC de 19 de diciembre de 2013, exp. \t11001-02-03-000-2013-02945-00
\n5 \tCSJ. STC de 4 de agosto de 2016, exp. 11001-02-03-000-2016-00796-03, \ten cita de sentencia T-086 de 2003; reiterada, entre otros, en los \tfallos T-171 de 2009 y T-512 de 2011.
\n6 \tCSJ. \tSTC de 26 de marzo de 2015, exp. 11001-02-04-000-2015-00221-01
\n7 \tAprobado \ten Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n8 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n9 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n10 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n11 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n13 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n14 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n15 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC502-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2018-00193-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2018, por la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102812","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102812","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102812"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102812\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102812"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102812"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102812"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}