{"id":102814,"date":"2026-07-02T16:48:51","date_gmt":"2026-07-02T16:48:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102814"},"modified":"2026-07-02T16:48:51","modified_gmt":"2026-07-02T16:48:51","slug":"stc504-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc504-2019\/","title":{"rendered":"STC504-2019"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC504-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2018-00522-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 29 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Isabel Aguilar Freite contra los Juzgados Trece Civil del Circuito y Doce Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpromotora \tdel amparo reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al \tdebido proceso, presuntamente conculcado por \tlas autoridades judiciales accionadas, con ocasi\u00f3n de la \tsentencia dictada en primera instancia y por haber declarado \tdesierto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente a \u00e9sta, \tdentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual que \tinstaur\u00f3 contra el Banco de Bogot\u00e1 S.A. <\/p>\n

Solicita, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene a los Despachos convocados \u00abrevis[ar] la sentencia proferida (\u2026) de fecha 13 de junio de 2018\u00bb y \u00ab el [auto de 13 de julio siguiente que] declar[\u00f3] desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb (fls. 2 y 3, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tComo soporte f\u00e1ctico de lo reclamado aduce en compendio, que el Banco de Bogot\u00e1 S.A. realiz\u00f3 en su contra un reporte negativo en las centrales de riesgo respecto de varios \u00abproductos financieros\u00bb que nunca solicit\u00f3 y por los que se suplant\u00f3 su identidad, lo cual le impidi\u00f3 acceder a una alternativa de financiamiento proveniente del Icetex para adelantar estudios acad\u00e9micos, motivo por el que instaur\u00f3 el proceso referido en l\u00edneas anteriores, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados. <\/p>\n

Asevera que en sentencia del 13 de junio de 2018, el Juzgado Civil Municipal accionado desestim\u00f3 la anterior pretensi\u00f3n, con fundamento en que la entidad bancaria demandada corrigi\u00f3 de manera oportuna la \u00abinformaci\u00f3n negativa\u00bb, por lo no irrog\u00f3 da\u00f1o alguno, determinaci\u00f3n que aunque fue apelada, en prove\u00eddo del 13 de julio siguiente el Juzgado Civil del Circuito acusado declar\u00f3 desierta la alzada, por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n

De este modo, sostiene que las sedes judiciales criticadas incurrieron en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que se abstuvieron de \u00abincorporar de oficio\u00bb el fallo de tutela del 7 de abril de 2016, mediante el cual el Juzgado Tercero Civil Municipal de Riohacha ampar\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales porque el Banco de Bogot\u00e1 \u00abdilat\u00f3 la expedici\u00f3n del paz y salvo de los productos financieros\u00bb, lo que demuestra, en su sentir, que dicha entidad no actu\u00f3 de manera diligente, y por consiguiente, ante el reporte negativo en las centrales de riesgo no pudo hacer uso de una opci\u00f3n acad\u00e9mica ofertada por la Gobernaci\u00f3n de la Guajira (fls. 1 al 19, ib.). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla adujo, que el tr\u00e1mite \tdado al juicio de responsabilidad civil cuestionado est\u00e1 \tacorde con el ordenamiento jur\u00eddico, raz\u00f3n por la que \tes inexistente la vulneraci\u00f3n alegada por la actora (fls. 66 \tal 70, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. A \tsu turno, el Juzgado Trece Civil del Circuito de la ciudad referida, \ttambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del amparo, dado que \u00ablas \tprovidencias proferidas al interior del proceso [en \tcomento] desde \tsu inicio hasta su fin, se encuentran amparadas en nuestro \tordenamiento procesal y a su vez, bajo las garant\u00edas \tconstitucionales al debido proceso, acceso a la justicia, que han de \ttener las partes dentro de todo proceso\u00bb (fls. \t75 y 76, \u00eddem). <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras advertir que \u00abel accionante no agot\u00f3 los mecanismos de defensa al interior del proceso que dio origen a esta acci\u00f3n, ya que no sustent\u00f3 ante el superior el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia del 13 de junio de 2018 proferida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla sustentaci\u00f3n mediante la cual pod\u00eda exponer los razonamientos pertinente para controvertir la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n

De otro lado, estim\u00f3 que \u00abuna vez revisada la audiencia del 13 de julio de 2018, se tiene que la parte demandante, ni su apoderado asistieron a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, sin que presentaran previamente justificaci\u00f3n para su inasistencia; entonces la decisi\u00f3n de declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n, interpuesto por la aqu\u00ed accionante, no es irracional o carente de motivaci\u00f3n, por lo que el Juzgado [Trece] Civil del Circuito de Barranquilla apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en lo se\u00f1alado en el inciso 4\u00b0 del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C.G.P.\u00bb (fls. 79 al 88, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante replic\u00f3 el anterior fallo, con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo, insistiendo en que el Banco de Bogot\u00e1 S.A. otorg\u00f3 productos financieros a una persona desconocida sin verificar \u00abla barra de seguridad del documento de identidad\u00bb, tampoco las huellas dactilares, lo que caus\u00f3 que suplantaran su identidad y la reportaran en las centrales de riesgo por una obligaci\u00f3n que jam\u00e1s adquiri\u00f3, con lo cual perdi\u00f3 la posibilidad de acceder a un cr\u00e9dito para financiar sus estudios acad\u00e9micos (fls. 100 al 105, \u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tTrat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n

2.\tEn el caso que se somete a examen se advierte, que la accionante se duele, concretamente, de la sentencia del 13 de junio de 2018 y el auto del 13 de julio siguiente, dictados por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual que instaur\u00f3 frente al Banco de Bogot\u00e1 S.A. <\/p>\n

3. Tienen trascendencia para la decisi\u00f3n que se est\u00e1 adoptando los siguientes elementos de juicio, a saber: <\/p>\n

3.1.\t Rosa Isabel Aguilar Freite, aqu\u00ed accionante, demand\u00f3 al Banco de Bogot\u00e1 S.A. con el prop\u00f3sito de que se le declarara civilmente responsable por haber omitido \u00abel protocolo de cotejar huella dactilar e identificar a trav\u00e9s del c\u00f3digo de barras la presunci\u00f3n de legalidad del documento\u00bb que se utiliz\u00f3 para suplantar su identidad, lo que gener\u00f3 que una persona desconocida adquiriera varios productos financieros con dicha entidad, y ante la falta de pago de \u00e9stos, reportaran su nombre en las centrales de riesgo. En consecuencia, pidi\u00f3 que se condenara a la citada entidad financiera al resarcimiento de los perjuicios morales y materiales ocasionados con aquella desatenci\u00f3n (fls. 22 al 31, cdno. 1). <\/p>\n

3.2.\t En prove\u00eddo del 10 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la anterior demanda, y una vez vinculada la parte demandada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, formulando las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, inexistencia de derecho y causa para demandar, inexistencia de perjuicio y objeci\u00f3n al juramento estimatorio\u00bb (fls. 66 al 70, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.3.\t Agotado el tr\u00e1mite legal pertinente, en sentencia del 13 de junio de 2018 el Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla desestim\u00f3 las aspiraciones del escrito inicial y declar\u00f3 probada la defensa de \u00abausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada\u00bb, tras considerar que si bien la demandante fue v\u00edctima de una suplantaci\u00f3n, y por tal circunstancia un tercero adquiri\u00f3 indebidamente una tarjeta de cr\u00e9dito y una cuenta de ahorros a nombre de aquella, lo cierto es que la entidad bancaria demandada no ten\u00eda el deber de cotejar la firma y las huellas de la demandante con el documento de identidad que se utiliz\u00f3 para suplantarla, de manera que no actu\u00f3 con negligencia, y por el contrario, cuando el Banco se enter\u00f3 de la suplantaci\u00f3n, procedi\u00f3 a cancelar dichos productos financieros y a eliminar el reporte negativo de las centrales de riesgo. Adem\u00e1s, el extremo activo omiti\u00f3 acreditar el nexo causal entre la conducta del demandado y el da\u00f1o ocasionado con la misma. <\/p>\n

3.4.\tFrente a la anterior determinaci\u00f3n, el apoderado judicial de la demandante, aqu\u00ed accionante, formul\u00f3 recurso vertical, limit\u00e1ndose a decir: \u00abmanifiesto mi inconformidad sobre la sentencia proferida e interpongo el recurso de apelaci\u00f3n a la misma y en su oportunidad dentro de este recurso se aportar\u00e1n los documentos que usted relaciona con relaci\u00f3n a la tutela que s\u00ed fue proferida por el Juzgado de la ciudad de Riohacha donde concedi\u00f3 los derechos fundamentales a la demandante. De igual manera aportaremos los documentos del Icetex en los cuales se le neg\u00f3 el cr\u00e9dito por el reporte negativo que el Banco de Bogot\u00e1 en su momento le hizo a la demandante con relaci\u00f3n a las inconsistencias de pagos del citado cr\u00e9dito, lo que prueba y demuestra la responsabilidad de la entidad demandada\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n

3.5.\tEn audiencia celebrada el 13 de julio de la precitada anualidad, el Juzgado Trece Civil del Circuito de la localidad memorada declar\u00f3 desierta la alzada propuesta contra el fallo de primera instancia, por falta de sustentaci\u00f3n (fls. 77 y 78, \u00eddem). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es palmario que la promotora del presente amparo pretende indebidamente a trav\u00e9s del mismo que se haga un juzgamiento paralelo para controlar a las autoridades judiciales de instancia, lo cual descalifica de entrada su reclamo constitucional, pues aunque la Corte pudiera no compartir \u00edntegramente el entendimiento utilizado por \u00e9stas, ello es insuficiente para dejar sin efecto las determinaciones cuestionadas, pues analizadas las mismas desde la perspectiva ius fundamental, se reitera, no existe un comportamiento desbordado que permita dar por establecida la vulneraci\u00f3n superior aqu\u00ed esbozada.
\nEn la materia, reiteradamente se ha pregonado que, <\/p>\n

\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, STC1385-2018). <\/p>\n

As\u00ed mismo se ha precisado, que <\/p>\n

\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC262-2018). <\/p>\n

De ah\u00ed que, entonces, <\/p>\n

\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ib). <\/p>\n

5.\tCorolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC504-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2018-00522-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 29 de noviembre de 2018, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102814","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102814"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102814\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102814"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102814"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}