{"id":102815,"date":"2026-07-02T16:48:57","date_gmt":"2026-07-02T16:48:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102815"},"modified":"2026-07-02T16:48:57","modified_gmt":"2026-07-02T16:48:57","slug":"stc505-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc505-2019\/","title":{"rendered":"STC505-2019"},"content":{"rendered":"
Magistrado ponente <\/p>\n

STC505-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02240-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Arledys Mar\u00eda Julio Jim\u00e9nez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, la Fiscal\u00eda Tercera Especializada de esa misma ciudad, el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Fiscal\u00eda Veintitr\u00e9s Seccional, ambos de El Banco (Magdalena), con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido a Wilman Alex\u00e1nder Rinc\u00f3n Ram\u00edrez por el punible de homicidio agravado.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPor conducto de apoderada judicial, la actora procura el amparo de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente menoscabadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n

2.\tComo fundamento de su queja, expone que Wilman Alex\u00e1nder Rinc\u00f3n Ram\u00edrez est\u00e1 siendo procesado porque \u201c(\u2026) sin ninguna raz\u00f3n le quit\u00f3 la vida al patrullero de la Polic\u00eda, \u00d3scar Fabi\u00e1n Bertel Julio (\u2026)\u201d, quien era su hijo, en El Banco (Magdalena), lugar donde aqu\u00e9l se encontraba de servicio como escolta del alcalde de Tamalameque (Cesar). <\/p>\n

Asegura que la Fiscal\u00eda Veintitr\u00e9s de El Banco calific\u00f3 el punible cometido como homicidio agravado, en los t\u00e9rminos del numeral 10\u00b0 del C\u00f3digo Penal1; no obstante, la Fiscal\u00eda Tercera Especializada de Santa Marta, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad -despacho designado para conocer el decurso-, \u201c(\u2026) de forma desmedida (\u2026)\u201d, favoreci\u00f3 al sindicado y quebrant\u00f3 sus garant\u00edas como v\u00edctima al acusar al victimario por homicidio simple e impugnar la competencia de dicho juzgador. <\/p>\n

La mencionada autoridad judicial remiti\u00f3 el caso al tribunal accionado para esclarecer a cu\u00e1l funcionario le correspond\u00eda adelantarlo. <\/p>\n

Esa corporaci\u00f3n, en providencia de 28 de agosto de 2018, asign\u00f3 el asunto al Juzgado Penal del Circuito de El Banco. <\/p>\n

Con el proceder descrito se quebrantan sus garant\u00edas, toda vez que la causa debe tramitarse en la \u201c(\u2026) justicia especializada (\u2026)\u201d, pues las causales de agravaci\u00f3n est\u00e1n demostradas (fls. 1 al 7, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPide, sin especificar, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas (fl. 6, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1.\tEl tribunal relat\u00f3 los antecedentes de la causa confutada y se\u00f1al\u00f3 la improcedencia del resguardo por ausencia de lesi\u00f3n a las prerrogativas invocadas. Advirti\u00f3 que en esta ocasi\u00f3n se presenta <\/p>\n

\u201c(\u2026) un cl\u00e1sico desacuerdo entre el representante de la v\u00edctima y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en lo relacionado con la adecuaci\u00f3n t\u00edpica de los hechos investigados, pugna en la que en todo caso, de conformidad con la Constituci\u00f3n y la Ley, resulta vencedora la Fiscal\u00eda por ser la titular de la acci\u00f3n penal y la encargada de realizar la adecuaci\u00f3n t\u00edpica provisional por la que se investigar\u00e1 y juzgar\u00e1 al procesado (\u2026)\u201d (fls. 75 y 76, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Penal del Circuito de El Banco relat\u00f3 los antecedentes de la actuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que se le asign\u00f3 competencia para el mismo, mediante prove\u00eddo de 28 de agosto de 2018, emitido por el colegiado accionado y advirti\u00f3 haberse surtido la acusaci\u00f3n del imputado el 26 de octubre de 2018 por homicidio agravado, seg\u00fan el numeral 4\u00b0 del canon 104 del C\u00f3digo Penal2, y la audiencia preparatoria el 27 de noviembre siguiente (fls. 83 al 84, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tLa Fiscal\u00eda Veintitr\u00e9s Seccional de El Banco (Magdalena), efectu\u00f3 un recuento procesal y sostuvo que el 26 de octubre de 2018 acus\u00f3 a Wilman Alex\u00e1nder Rinc\u00f3n Ram\u00edrez, por el punible de homicidio agravado por el motivo inserto en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal; empero, no por el consignado en el 10\u00b0, pues \u201c(\u2026) nuevamente surgir\u00eda otro problema jur\u00eddico por el factor de competencia y ser\u00eda m\u00e1s en perjuicio de la v\u00edctima ante un inminente vencimiento de t\u00e9rminos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

4.\tLa Fiscal\u00eda Tercera Especializada de Santa Marta, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n al no evidenciar vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas de la petente. Indic\u00f3 que el tribunal asign\u00f3 el conocimiento de la causa al Juzgado Penal del Circuito de El Banco (Magdalena), aplicando correctamente el ordenamiento jur\u00eddico y la jurisprudencia de esta Corte. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia \t\timpugnada <\/p>\n

\u201c(\u2026) la acusaci\u00f3n (\u2026) estructura un acto de parte que compete, de manera exclusiva y excluyente, a la Fiscal\u00eda, desde donde deriva que la misma no puede ser objeto de cuestionamiento por el juez, las partes ni los intervinientes, con la salvedad de que los dos \u00faltimos pueden formular observaciones en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 339 procesal (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De otro lado, sostuvo que la promotora aun cuenta con herramientas de defensa en el decurso para lograr la defensa de sus derechos como v\u00edctima. <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

La censora impugn\u00f3 con argumentos similares a los expuestos en el libelo introductor (fl. 131 al 132, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRevisada la decisi\u00f3n de 28 de agosto de 2018, mediante la cual el tribunal resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n por competencia planteada por la Fiscal\u00eda Tercera Especializada de Santa Marta en el asunto reprochado, asignando el conocimiento del mismo al Juzgado Penal del Circuito de El Banco, no se observa arbitrariedad lesiva de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n

2.\tEn efecto, para adoptar esa determinaci\u00f3n, la corporaci\u00f3n atacada expuso: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Despu\u00e9s de haber realizado las readecuaciones t\u00edpicas citadas en el ac\u00e1pite anterior, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n finalmente acus\u00f3 al procesado RINC\u00d3N RAM\u00cdREZ por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 103 y numerales 4\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 104 de la Ley 599 de 2000, no obstante al interior de la Audiencia de Formulaci\u00f3n de Acusaci\u00f3n presidida por el Juzgado 2\u00b0 Penal del Circuito Especializado de Santa Marta el ente persecutor decidi\u00f3 variar nuevamente la calificaci\u00f3n del delito endilgado al procesado por el tipo penal denominado HOMICIDIO SIMPLE contenido en el canon 103 de la precitada normatividad, suprimiendo con ello las causales de agravaci\u00f3n punitiva atribuidas inicialmente. La aludida variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n se deriv\u00f3 de la falta de sustento probatorio, f\u00e1ctico y jur\u00eddico, respecto de las causales de agravaci\u00f3n contenidas en los numerales 4\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal en los que se establece: \u2018Circunstancias de Agravaci\u00f3n: La pena ser\u00e1 de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisi\u00f3n, si la conducta descrita en el art\u00edculo anterior se cometiere: (…) 4. Por precio, promesa remuneratoria, \u00e1nimo de lucro o por otro motivo abyecto o f\u00fatil. (…) 10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor p\u00fablico, periodista, juez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organizaci\u00f3n reconocida, pol\u00edtico o religioso en raz\u00f3n de ello (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cLa Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n al prescindir en su acusaci\u00f3n de la causal de agravaci\u00f3n punitiva prevista en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal, adecu\u00f3 el tipo penal endilgado, a uno cuyo conocimiento no corresponde a los Jueces Penales del Circuito Especializado, raz\u00f3n por la que se impugn\u00f3 la competencia de la Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta en atenci\u00f3n a que el conocimiento del nuevo dispositivo por el que se acusa a RINC\u00d3N RAM\u00cdREZ (Homicidio Simple) le corresponde al Juez Penal del Circuito de El Banco \u2013 Magdalena (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cPues bien, una vez analizado el diligenciamiento la Sala proceder\u00e1 a definir en cabeza de qu\u00e9 autoridad judicial recae la competencia para conocer el proceso penal que se tramita en contra del ciudadano WILMAN RINC\u00d3N RAM\u00cdREZ por el punible de HOMICIDIO SIMPLE, no sin antes precisar que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n es el ente titular del ejercicio de la acci\u00f3n penal, y como tal se encuentra facultado constitucional y legalmente para realizar la adecuaci\u00f3n t\u00edpica que a bien considere. De la misma manera, est\u00e1 obligado a recaudar el material probatorio suficiente y veraz que corrobore las circunstancias alegadas en la denuncia en aras de comprobar los elementos objetivos del dispositivo penal de HOMICIDIO SIMPLE endilgado al encartado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) En conclusi\u00f3n, como quiera que en esta etapa procesal no es dable entrar a dilucidar si se configura o no el nuevo delito que la Fiscal\u00eda imputa jur\u00eddicamente en la Formulaci\u00f3n de Acusaci\u00f3n, sino que \u00fanicamente se requiere verificar si ante las modificaciones a la acusaci\u00f3n, permanece la competencia en cabeza de a quien inicialmente se le adjudic\u00f3 el conocimiento de la causa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cHurgando en la foliatura encuentra la Sala que como producto de la variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica realizada por la Fiscal\u00eda Tercera Especializada de Santa Marta, se modific\u00f3 la competencia conforme lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 36 del Estatuto Adjetivo, en el que se\u00f1ala que corresponder\u00e1 a los Jueces Penales del Circuito adelantar la etapa de juzgamiento en los procesos que no tengan asignaci\u00f3n especial de competencia, como ocurre con el HOMICIDIO SIMPLE previsto en el art\u00edculo 103 del C\u00f3digo Penal, que precisamente corresponde al caso subj\u00fadice (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cConsidera por tanto la Sala que raz\u00f3n le asiste al Delegado Fiscal quien impugn\u00f3 la competencia otorgada a la Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, raz\u00f3n por la cual se dispondr\u00e1 que de manera inmediata la carpeta sea devuelta al origen para la continuaci\u00f3n del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n

No se observa la v\u00eda de hecho endilgada, porque como lo esboz\u00f3 el tribunal, la fiscal\u00eda es la titular de la acci\u00f3n penal y como tal se encuentra facultada para realizar la adecuaci\u00f3n t\u00edpica correspondiente. <\/p>\n

Dicha actividad, en este caso, no quebranta las garant\u00edas de la solicitante, pues, en realidad, la acusaci\u00f3n finalmente surtida el 26 de octubre de 2018, obedeci\u00f3 al delito de homicidio agravado por el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo Penal y aunque ello no permite remitir el asunto a la justicia especializada (num. 2\u00b0, art. 35, de la Ley 906 de 20043), s\u00ed evidencia el impulso del aparato jurisdiccional, en aras de esclarecer lo concerniente a la muerte del hijo de la accionante. <\/p>\n

Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de los accionados, esa circunstancia no permite predicar las anomal\u00edas alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

3.\tRefuerza el fracaso de esta acci\u00f3n la existencia de instrumentos legales encaminados a la defensa de los derechos de la actora, en su condici\u00f3n de v\u00edctima, por cuanto el asunto se halla en pleno tr\u00e1mite. <\/p>\n

As\u00ed, podr\u00e1, por ejemplo, intervenir en las distintas diligencias, incoar apelaci\u00f3n respecto de la sentencia de primer grado o, incluso, acudir al recurso de casaci\u00f3n si el fallo del ad quem es contrario a sus intereses.
\nEn una acci\u00f3n similar esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n

\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

4.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

5.\tSe confirmar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.
\nSEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb13, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb14; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026) ART\u00cdCULO \t104. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACI\u00d3N. La pena ser\u00e1 de \tcuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisi\u00f3n, si \tla conducta descrita en el art\u00edculo anterior se cometiere: \t(\u2026) \t10. \t(\u2026) [E]n \tpersona que sea o haya sido servidor p\u00fablico, periodista, \tjuez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una \torganizaci\u00f3n sindical legalmente reconocida, pol\u00edtico \to religioso en raz\u00f3n de ello \t(\u2026)\u201d.
\n2 \t\u201c(\u2026) ART\u00cdCULO \t104. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACI\u00d3N. La pena ser\u00e1 de \tcuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisi\u00f3n, si \tla conducta descrita en el art\u00edculo anterior se cometiere: \t(\u2026) \t4. \tPor \tprecio, promesa remuneratoria, \u00e1nimo de lucro o por otro \tmotivo abyecto o f\u00fatil. (\u2026)\u201d.
\n3 \t\u201cART\u00cdCULO \t35. DE LOS JUECES PENALES DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. Los jueces \tpenales de circuito especializado conocen de: \t(\u2026) 2. \tHomicidio agravado seg\u00fan los numerales 8, 9 y 10 del art\u00edculo \t104 del C\u00f3digo Penal (\u2026)\u201d.
\n4 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n5 \tCSJ, \tSTC \tde 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01
\n6 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n

8 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n9 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n10 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n11 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n12 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n13 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n14 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado ponente STC505-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02240-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2018, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102815","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}