{"id":102816,"date":"2026-07-02T16:49:03","date_gmt":"2026-07-02T16:49:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102816"},"modified":"2026-07-02T16:49:03","modified_gmt":"2026-07-02T16:49:03","slug":"stc506-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc506-2019\/","title":{"rendered":"STC506-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC506-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02840-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda promovida por El\u00edas Eusebio Jerez L\u00f3pez contra la Superintendencia de Sociedades y el liquidador V\u00edctor Hugo Monta\u00f1ez Santos, con ocasi\u00f3n del asunto liquidatorio seguido en relaci\u00f3n con Construcciones para el Desarrollo Econ\u00f3mico y Social y Asociados S.A.S. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tPor conducto de apoderado judicial, el actor procura el amparo de las prerrogativas al debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital, entre otras, presuntamente menoscabadas por la entidad convocada. <\/p>\n

2.\tEn sustento de su reproche, advierte que labor\u00f3 durante (3) a\u00f1os \u201c(\u2026) para el se\u00f1or John Adalberto Pati\u00f1o Escobar, quien en vida era representante legal (\u2026)\u201d de la compa\u00f1\u00eda concursada y le asign\u00f3 como funciones vigilar un inmueble, predio en el cual reside actualmente con su familia. <\/p>\n

Tal heredad fue secuestrada el 6 de abril de 2017, data donde se enter\u00f3 del litigio liquidatorio criticado y se le inform\u00f3 de la realizaci\u00f3n de un contrato \u201c(\u2026) para que sig[uiera] cuidando (\u2026) [la propiedad], cosa que hasta el momento (\u2026)\u201d no se ha materializado. <\/p>\n

Expone que aun cuando puso en conocimiento de la Superintendencia accionada su acreencia, \u00e9sta no figur\u00f3 graduada o calificada en la resoluci\u00f3n respectiva y si bien formul\u00f3 reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, la misma se neg\u00f3 por aducirse su cr\u00e9dito fuera de los veinte (20) d\u00edas legalmente establecidos (num. 5\u00b0, art. 48, Ley 1116 de 2006). <\/p>\n

El proceder descrito quebranta sus garant\u00edas, por cuanto se desconoci\u00f3 que \u00e9l \u201c(\u2026) es una persona humilde y obrero de profesi\u00f3n, con tres (3) hijos menores de edad (\u2026)\u201d; no cuenta con recursos econ\u00f3micos para atender las necesidades de su n\u00facleo familiar; y no fue enterado del juicio censurado en debida forma. <\/p>\n

A\u00f1ade que su acreencia es privilegiada y no puede relegarse por \u201c(\u2026) un exceso ritual manifest\u00f3 (\u2026)\u201d (fls. 1 al 7, cdno. 1). <\/p>\n

3.\tPide, en concreto, incluir su cr\u00e9dito en el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n pertinente (fl. 6, cdno. 1). <\/p>\n

1. Respuesta \t\tde \t\tlos accionados <\/p>\n

1.\tLa Superintendencia convocada se opuso a la prosperidad de la salvaguarda por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el censor no hizo uso de las herramientas de defensa a su alcance. Agreg\u00f3 la ausencia de lesi\u00f3n a las garant\u00edas invocadas, por cuanto se neg\u00f3 a introducir la obligaci\u00f3n rese\u00f1ada por el quejoso \u201ccomo postergada\u201d ante la falta de pruebas de la misma, toda vez que los soportes adosados por aqu\u00e9l solamente reflejaban sus afirmaciones, m\u00e1s no la existencia y cuant\u00eda de la supuesta deuda de car\u00e1cter laboral (fls. 82 al 86, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEl liquidador guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

El a quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n incoada, por cuanto el tutelante present\u00f3 extempor\u00e1neamente su acreencia y omiti\u00f3 objetar el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos (fls. 148 al 150, cdno. 1). <\/p>\n

3. La \t\timpugnaci\u00f3n <\/p>\n

El censor impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los esgrimidos en el libelo introductor. Insisti\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas por \u201c(\u2026) exceso ritual manifiesto (\u2026)\u201d (fl. 155 al 173, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl tutelante censura, particularmente, la negativa de la Superintendencia accionada a incluir en el proyecto establecido en el art\u00edculo 24 de la Ley 1116 de 2006, los presuntos valores a \u00e9l adeudados, derivados de una relaci\u00f3n laboral con el otrora representante legal de la sociedad concursada. <\/p>\n

2.\tRevisadas las pruebas adosadas, se encuentra que el actor concurri\u00f3 a la diligencia de 28 de septiembre de 2018, donde se resolvieron las objeciones planteadas al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, asignaci\u00f3n de derechos de voto y aprobaci\u00f3n del inventario de activos y demand\u00f3 se le \u201caclarara\u201d la raz\u00f3n por la cual no figuraba su acreencia \u201c(\u2026) ni siquiera como postergad[a,] (\u2026) teniendo en cuenta que se present\u00f3 una reclamaci\u00f3n el 17 de septiembre de 2017 y que se trata de un cr\u00e9dito laboral que es objeto de una protecci\u00f3n especial (\u2026)\u201d. <\/p>\n

A la intervenci\u00f3n anterior la entidad convocada le imprimi\u00f3 el tr\u00e1mite de un recurso de reposici\u00f3n y tras surtir el traslado respectivo, resolvi\u00f3 desestimar lo exigido, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) De conformidad con el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Ley 1116 de 2006, los acreedores tienen un lapso de veinte d\u00edas, contados a partir de la fecha de desfijaci\u00f3n del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n, para presentar, en tiempo, su acreencia, pues en caso de presentarlo con posterioridad al vencimiento de este t\u00e9rmino, el respectivo cr\u00e9dito se sujetar\u00e1 a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 69.5 ib\u00eddem, seg\u00fan el cual las obligaciones que teniendo la carga de presentarse al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n judicial no fueren reclamadas dentro de los t\u00e9rminos fijados en la ley, ser\u00e1n atendidas una vez cancelados los dem\u00e1s cr\u00e9ditos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cSin embargo, para que la acreencia reclamada sea graduada en alguna de las cinco clases establecidas en el C\u00f3digo Civil o sea reconocida como postergada por haber sido presentada con posterioridad a los veinte d\u00edas que otorga la norma citada, es necesario que el acreedor interesado, por mandato expreso del mismo art\u00edculo 48.5 ibidem, pruebe la existencia y cuant\u00eda cuyo reconocimiento pretende (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cAhora bien, partiendo de este mapa normativo y de cara a resolver la impugnaci\u00f3n, es necesario tener en cuenta los siguientes hechos: <\/p>\n

\u201cb)\tLa reclamaci\u00f3n se present\u00f3 con posterioridad al t\u00e9rmino de 20 d\u00edas concedidos por la ley, pues mientras este lapso transcurri\u00f3 entre el 14 de febrero y el 13 de marzo de 2017, la solicitud de reconocimiento fue allegada el 5 de septiembre de 2017 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cc)\tDentro del proyecto calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentado por el liquidador, no se incluy\u00f3 ninguna acreencia a favor del se\u00f1or El\u00edas Eusebio Jerez L\u00f3pez, en raz\u00f3n a que el auxiliar de la justicia remiti\u00f3 dicho proyecto el 2 de junio de 2017, esto es, antes de que el recurrente presentara su acreencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cDicho lo anterior, valga indicar que la presentaci\u00f3n extempor\u00e1nea del cr\u00e9dito presentado por el se\u00f1or Jerez no conduce, como lo sugiere una de las partes al descorrer el recurso, al desconocimiento de la acreencia reclamada, pues, como ya se indic\u00f3, tal circunstancia temporal trae como consecuencia la postergaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. Sin embargo, en el caso que se le plantea al Despacho, la situaci\u00f3n no tiene que ver con la postergaci\u00f3n del cr\u00e9dito, sino con la existencia del mismo, como quiera que revisadas las pruebas documentales remitidas por el reclamante, es claro que declaraci\u00f3n juramentada y la liquidaci\u00f3n aportadas no se constituyen en evidencia la idoneidad de probar la existencia y cuant\u00eda del cr\u00e9dito como lo exige el numeral 5 del art\u00edculo 48 de la Ley 1116 de 2006, en la medida en que se trata de documentos que solamente reflejan las afirmaciones del reclamante, quien, incluso, en la declaraci\u00f3n extra-proceso no afirma que trabaj\u00f3 para la sociedad en insolvencia sino para el se\u00f1or John Adalberto Pati\u00f1o Escobar (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3.\tNo se observa desafuero en las consideraciones transcritas, pues la Superintendencia explic\u00f3, en detalle, los motivos por los cuales no pod\u00eda incluir la supuesta acreencia del petente en el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n. Tales razones, como se vio, se relacionaron con la prueba de la existencia y cuant\u00eda de la deuda, m\u00e1s no con la extemporaneidad de la presentaci\u00f3n de \u00e9sta, distinto a lo aducido por el petente en el libelo aqu\u00ed estudiado. <\/p>\n

Se resalta que el solicitante nada adujo en la audiencia rese\u00f1ada sobre los supuestos defectos de su enteramiento y, en cambio, s\u00ed busc\u00f3 la inclusi\u00f3n de su cr\u00e9dito, al menos, como \u201cpostergado\u201d, aspecto de donde se extrae la aceptaci\u00f3n de las consecuencias derivadas de su tardanza en acudir a la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n

Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento del ente accionado, esa circunstancia no permite predicar las anomal\u00edas alegadas, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4.\tRefuerza el fracaso de esta acci\u00f3n la existencia de herramientas legales encaminados a lograr el reconocimiento de lo presuntamente adeudado al censor. <\/p>\n

Ciertamente, aqu\u00e9l tiene la posibilidad de concurrir a la especialidad laboral y formular la demanda respectiva para esclarecer la existencia y monto de la obligaci\u00f3n aqu\u00ed alegada y, en caso de lograr un fallo favorable, puede reclamar en el asunto liquidatorio el reconocimiento de su derecho litigioso, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 25 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n

Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, en raz\u00f3n de su car\u00e1cter eminentemente residual. <\/p>\n

En torno a lo considerado esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [C]onforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

5.\tSiguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

6.\tSe confirmar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n2 \tCSJ. STC \tde 13 \tde marzo de 2013, \texp. 52001-22-13-000-2013-00011-01.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n7 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC506-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02840-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2018, por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102816","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102816","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102816"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102816\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102816"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102816"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102816"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}