{"id":102819,"date":"2026-07-02T16:49:21","date_gmt":"2026-07-02T16:49:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102819"},"modified":"2026-07-02T16:49:21","modified_gmt":"2026-07-02T16:49:21","slug":"stc510-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc510-2019\/","title":{"rendered":"STC510-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC510-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2018-00195-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia de 30 de noviembre de 2018, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Joaqu\u00edn Antonio Perneth Polo frente al Municipio de Ceret\u00e9 y a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de esa localidad, tr\u00e1mite extensivo al Juzgado Primero Civil de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n de la comisi\u00f3n efectuada dentro del juicio reivindicatorio adelantado por Luz Marina Guzm\u00e1n Plata y Tivisay Luc\u00eda Guzm\u00e1n Espitia al aqu\u00ed actor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor suplica la salvaguarda de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por los accionados. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, se adelant\u00f3 el juicio reivindicatorio impetrado por Luz Marina Guzm\u00e1n Plata y Tivisay Luc\u00eda Guzm\u00e1n Espitia contra Joaqu\u00edn Antonio Perneth Polo, zanjado el 26 de septiembre de 2018, orden\u00e1ndose la restituci\u00f3n del inmueble inmiscuido. <\/p>\n

Arguye que para la \u201centrega\u201d de ese bien, el referido estrado deleg\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de la citada localidad, quien previa \u201csub-comisi\u00f3n\u201d del alcalde de ese municipio, procedi\u00f3 a \u201cavocar el conocimiento\u201d de tal diligencia. <\/p>\n

Sostiene que las autoridades convocadas debieron devolver la memorada \u201ccomisi\u00f3n\u201d, por cuanto no tienen \u201ccompetencia\u201d para efectuar la \u201centrega\u201d del predio, pues se trata de un asunto \u201cjurisdiccional\u201d, por tanto toda la \u201cactuaci\u00f3n administrativa\u201d tramitada por ellas es nula. <\/p>\n

3. Implora, en concreto, dejar sin efecto las gestiones realizadas por las querelladas en el asunto sublite.
\n1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n

Aunque el tribunal manifest\u00f3 que las autoridades convocadas efectuaron un pronunciamiento frente a los hechos del libelo tutelar, revisadas las diligencias no se observa respuesta en tal sentido. <\/p>\n

2. La sentencia \t\timpugnada <\/p>\n

El juez constitucional a quo desestim\u00f3 el auxilio tras considerar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La Sala no encuentra acreditada (\u2026) una irregularidad (\u2026) que afecte los derechos fundamentales del actor (\u2026), [pues] el se\u00f1or Inspector de Polic\u00eda simplemente es comisionado para materializar la sentencia judicial que se encuentra ejecutoriada en debida forma (\u2026), realiz[\u00e1ndose] el tr\u00e1mite seg\u00fan el ordenamiento jur\u00eddico [aplicable al caso bajo estudio] (\u2026)\u201d (fls. 132 a 135). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

El promotor impugn\u00f3 sin manifestar su inconformidad (fl. 141). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tEl resguardo se centra en establecer si se vulneraron las prerrogativas fundamentales de Joaqu\u00edn Antonio Perneth Polo, por la comisi\u00f3n dispuesta por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ceret\u00e9, a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de esa localidad, para realizar la diligencia de entrega del bien ordenado en restituci\u00f3n dentro del juicio reivindicatorio subex\u00e1mine. <\/p>\n

2. Se advierte el fracaso del auxilio, por cuanto esta Sala ya ha aclarado que la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega de bienes, en manera alguna puede ser entendida como una funci\u00f3n jurisdiccional, por cuanto se trata de una gesti\u00f3n de car\u00e1cter meramente administrativa, por tanto, ninguna irregularidad al respecto se le puede endilgar al referido estrado y menos a la inspecci\u00f3n de polic\u00eda comisionada. <\/p>\n

Sobre ese punto, esta Corte puntualiz\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) As\u00ed, verbi gratia, cumple se\u00f1alar que los inspectores de polic\u00eda, en trat\u00e1ndose de lo concerniente con el \u00absecuestro\u00bb y \u00abentrega\u00bb de bienes, si bien no pueden dispensar justicia habida cuenta que carecen de jurisdicci\u00f3n para manifestarse en torno a la definici\u00f3n de tales t\u00f3picos, la que recae en cabeza de los administradores judiciales, s\u00ed pueden concurrir con su gesti\u00f3n a dar efectividad a las \u00f3rdenes judiciales que relativamente a aquellas ya han sido adoptadas; dicho de otro modo, ellos en manera alguna pueden disponer que un bien deba ser secuestrado o entregado, en tanto que tal atribuci\u00f3n no est\u00e1 dentro de la espec\u00edfica \u00f3rbita de su gesti\u00f3n p\u00fablica, m\u00e1s en cambio son aptos para hacer cumplir aquellas". <\/p>\n

"(…) De suyo, mal puede confundirse que la realizaci\u00f3n material de las diligencias de entrega y\/o secuestro por cuenta de los inspectores de polic\u00eda sea, propiamente hablando desde el punto de vista legal, el arrogamiento o la traslaci\u00f3n de la facultad de administrar justicia, cuando las mismas les son comisionadas por los operadores judiciales. No, en modo alguno; ello meramente es el ejercitamiento de una funci\u00f3n de car\u00e1cter administrativo, que propende a realizar lo que un juez de la Rep\u00fablica al efecto dispuso mediante providencia ejecutoriada, pues su gesti\u00f3n se halla desprovista de cualesquiera injerencia resolutoria desde el punto de vista judicial (…)" <\/p>\n

"(…) Ergo, entendido que los \u00abinspectores de polic\u00eda\u00bb cuando son \u00abcomisionados\u00bb para la pr\u00e1ctica de un \u00absecuestro\u00bb o una \u00abdiligencia de entrega\u00bb no emprenden un labor\u00edo distinto al de sencillamente servir de instrumentos de la justicia para materializar las \u00f3rdenes previamente impartidas por los funcionarios judiciales que as\u00ed disponen, por lo propio deviene que bajo ninguna \u00f3ptica puede predicarse que est\u00e1n desarrollando funci\u00f3n o diligenciamiento de tenor judicial, sino que simplemente, it\u00e9rase, lo que all\u00ed cumplimentan es el ejercicio de una eminente \u00abfunci\u00f3n administrativa\u00bb, por lo que no es plausible predicar que a la luz del canon 206 de la Ley 1801 de 2016 o C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda y Convivencia se hallen impedidos para asumir el diligenciamiento de las comisiones que en ese sentido se les impongan los jueces de la Rep\u00fablica (\u2026)\u201d1. <\/p>\n

Con base en lo anterior, no puede pretender el actor que la autoridad policiva desobedezca una orden judicial; por cuanto dicho comportamiento contravendr\u00eda las \u201cobligaciones procesales\u201d que le han sido designadas legalmente a esas dependencias2. <\/p>\n

3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada.
\nEl tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice:
\n\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

4. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

Con Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la decisi\u00f3n, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

Se afirm\u00f3 en la providencia que fue realizado un \u201ccontrol de convencionalidad\u201d, a partir de lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, debe atenderse que la sola alusi\u00f3n al ordenamiento for\u00e1neo no tiene per se la aptitud de proteger los derechos esenciales de las personas. <\/p>\n

La figura a la que se hace referencia, en mi criterio, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias que involucren derechos fundamentales; su utilidad estar\u00eda restringida a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y los tratados internacionales que ameriten la incorporaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n

Consideraciones que, estimo, debe tener en cuenta la Sala cuando lleve a cabo un estudio sereno, riguroso y detallado sobre el tema, pues las aseveraciones que hasta ahora se han consignado al respecto en las providencias de tutela corresponden a una opini\u00f3n personal del H. magistrado ponente; no obstante, el control que supuestamente efectu\u00f3, adem\u00e1s de no guardar correspondencia con lo que fue materia de la acci\u00f3n constitucional, no tuvo ninguna repercusi\u00f3n pr\u00e1ctica en la soluci\u00f3n de la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el empleo del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb10, lo cual acontecer\u00e1 cen los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb11; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

1CSJ, \tSTC 22050 de 14 de diciembre de 2017, exp. 2017-00310.
\n2 \tArt\u00edculos 38 y 39 del C\u00f3digo General del Proceso.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n7 \tCorte \tIDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n \tpreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de \tseptiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, \tcriterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de \t30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n8 \tCorte \tIDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n9 \tCorte \tIDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones \tpreliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de \tagosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.
\n10 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n11 \tCIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de \tenero 27 de 2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n13<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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