{"id":102820,"date":"2026-07-02T16:49:27","date_gmt":"2026-07-02T16:49:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102820"},"modified":"2026-07-02T16:49:27","modified_gmt":"2026-07-02T16:49:27","slug":"stc511-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc511-2019\/","title":{"rendered":"STC511-2019"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC511-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-04061-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante abogada, por Bertha Isabel Melo de Garz\u00f3n, Leonardo Garz\u00f3n Melo y Juan Mar\u00eda Garz\u00f3n Garz\u00f3n, en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, integrada por los magistrados Germ\u00e1n Octavio Rodr\u00edguez Vel\u00e1squez, Orlando Tello Hern\u00e1ndez y Pablo Ignacio Villate Monroy. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Los gestores deprecan la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abpropiedad\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la colegiatura querellada dentro del juicio verbal que le formularon a Olga Marina L\u00f3pez Pinz\u00f3n. <\/p>\n

2.- Arguyeron como reclamo, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- En aras de que fuesen excluidos ciertos bienes ra\u00edces de la sociedad conyugal conformada por Olga Marina L\u00f3pez Pinz\u00f3n y Leonardo Garz\u00f3n Melo, formularon la demanda que origin\u00f3 el sub examine. <\/p>\n

2.2.- Agotadas las etapas procedimentales, el Juzgado Promiscuo de Familia de Chocont\u00e1 emiti\u00f3 fallo estimatorio de 24 de octubre de 2017. <\/p>\n

2.3.- Su contraparte apel\u00f3 tal providencia, aconteciendo que la sala cuestionada emiti\u00f3 sentencia revocatoria adiada 1\u00ba de junio de 2018. <\/p>\n

2.4.- Pregonan que el mentado pronunciamiento es an\u00f3malo comoquiera que, en suma, alberga una indebida valoraci\u00f3n del haz demostrativo compilado, ya que \u00abno fue suficiente develar la intenci\u00f3n de no onerosidad en la transacci\u00f3n de los bienes en cuesti\u00f3n, que determin\u00f3 su naturaleza de ser bienes propios\u00bb. <\/p>\n

2.5.- Aseveran que contra el fallo de segundo grado formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n que no les fue concedido por resoluci\u00f3n de 4 de julio siguiente; por ende, interpusieron recurso de queja desatado adversamente por auto de 26 de septiembre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado. <\/p>\n

3.- Instan, conforme a lo relatado, \u00abse declare sin efecto la sentencia\u00bb de segundo grado. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El tribunal censurado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que los reclamantes, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfilan su inconformismo contra la sentencia revocatoria dictada por la corporaci\u00f3n querellada dentro del sub judice, por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n

3.- Obran como primordiales demostraciones que ata\u00f1en con el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Discos compactos contentivos de las diversas audiencias celebradas en el sub judice. <\/p>\n

3.2.- Sentencia infirmatoria de 1\u00ba de junio de 2018, emitida por la sala acusada. <\/p>\n

Entre otras cavilaciones all\u00ed sostuvo, citando jurisprudencia extendidamente y doctrina, que \u00ab[a] prop\u00f3sito de la querella planteada en la apelaci\u00f3n, lo m\u00e1s acertado, para abordar esta tem\u00e1tica, es comenzar memorando que si bien la \u00faltima reforma al r\u00e9gimen procesal civil entroniz\u00f3 un procedimiento aut\u00f3nomo para dirimir las controversias que se susciten acerca de la propiedad de los bienes de los c\u00f3nyuges, concretamente \u201ccuando se discuta si estos son propios del c\u00f3nyuge (…) o si pertenecen a la sociedad conyugal\u201d, cual se comprueba del numeral 16 del art\u00edculo 22 de dicho estatuto, lo obvio es entender que el debate jur\u00eddico y probatorio que se d\u00e9 en una contienda de esta jaez no se limite a la simple confrontaci\u00f3n formal acerca de la naturaleza de esos bienes, desde luego que, de haber sido ese el querer del legislador, no se habr\u00eda dado a la tarea de establecer un procedimiento especial para esclarecerlo, pues los criterios fijados en los preceptos 1781 y siguientes del C\u00f3digo Civil bastar\u00edan para cumplir un cometido semejante. La funci\u00f3n de un procedimiento de tales caracter\u00edsticas, aflora incuestionable, debe entonces comprender necesariamente una verificaci\u00f3n material de ello, una tal que permita determinar, por encima de esas cuestiones puramente formales, que en las m\u00e1s de las veces pueden solventarse sin mayores complicaciones en la fase de liquidaci\u00f3n de esas sociedades, si los dichos bienes disputados tienen, o no, la condici\u00f3n de propios, la que puede derivar de un n\u00famero importante de situaciones que jur\u00eddica y probatoriamente conducen hacia all\u00e1; y no estrictamente las enlistadas en los art\u00edculos 1782 y siguientes del ordenamiento citado, donde Bello sent\u00f3 los criterios b\u00e1sicos para determinarlo, sino todas las otras que pudieran, en un marco mucho m\u00e1s ancho, descubrirlo\u00bb. <\/p>\n

Aludi\u00f3, a vuelta de lo anterior, que \u00ab[a]qu\u00ed, est\u00e1 visto, se da una controversia con esos alcances, no restringida a los eventos determinados en la ley que indican c\u00f3mo debe desatarse una controversia acerca de ese tipo de pendencias, sino una que escapa a la descripci\u00f3n casu\u00edstica propuesta por las normas del C\u00f3digo Civil. El c\u00f3nyuge, quien adquiri\u00f3 unos bienes ra\u00edces que con arreglo a los criterios sentados por el precepto 1781 en menci\u00f3n se presume que ingresaron al patrimonio de la sociedad conyugal, alega que, con todo, esto no fue as\u00ed, en cuanto que, en realidad, aquellos no fueron adquiridos a t\u00edtulo oneroso, desde que los recibi\u00f3 como herencia anticipada de sus padres, lo que entonces les asigna la condici\u00f3n de bienes propios\u00bb. <\/p>\n

Al efecto, puso de presente que \u00abanalizando probatoriamente el asunto, [\u2026] dicho alegato tiene un adecuado respaldo, pues de las pruebas efunde con relativa claridad que la intenci\u00f3n de los contratantes al efectuar la negociaci\u00f3n pudo estar en eso que se plantea en la demanda, vale decir, en que anticip\u00e1ndose a los eventuales tropiezos que la muerte de los propietarios pueda en el futuro generarle a su prole, la que por norma general es la llamada a recoger los bienes de la sucesi\u00f3n, decidieron distribuirlos en vida; y que acaso olvidadizos no hicieron reserva del usufructo sobre aquellos, dos a\u00f1os despu\u00e9s de la venta procedieron a hacerlo, cual lo atestigua la Escritura 570 de 30 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda de Ventaquemada, cuadro f\u00e1ctico que, en l\u00ednea de principio, dir\u00eda que, ha descubierto el fingimiento del acto, bien porque en su trasfondo lo que hay es una donaci\u00f3n, ora la distribuci\u00f3n anticipada de esos bienes que formar\u00e1n parte del haber sucesoral de los vendedores, aquellos no tendr\u00edan que ingresar al haber social, algo suficiente para que la demanda tenga despacho favorable\u00bb. <\/p>\n

Empero, continu\u00f3, \u00abaun cuando la finalidad de estos noveles procesos tiene en cierta medida el prop\u00f3sito de descubrir la ausencia de seriedad del negocio que le ha dado ingreso a un bien o bienes, espec\u00edficos de los c\u00f3nyuges al haber de la sociedad conyugal, desde luego que si la ley no limit\u00f3 su objeto no estar\u00eda bien el juzgador restringi\u00e9ndolo, el objeto primordial de estos no est\u00e1 basilarmente en esa parte de la litigiosidad; antes bien, su trazado es establecer que, con prescindencia de ello, esos bienes, que se presume conforman ese haber, no hacen parte de \u00e9l en realidad, de donde se sigue que as\u00ed probatoriamente los medios de demostraci\u00f3n que descubren el fingimiento contribuyan a despejar lo atinente a la propiedad de esos bienes, si son propios o de la dicha masa, ellos no bastan en ese quehacer, pues el r\u00e9gimen patrimonial del matrimonio tiene unas reglas que, desde antiguo lo viene planteando la jurisprudencia, no admiten relajaciones de ninguna naturaleza\u00bb. <\/p>\n

Esgrimi\u00f3, entonces, que no obstante ser \u00abfactible asegurar que el proceso es generoso en la demostraci\u00f3n de que hubo fingimiento, es decir, de que los padres que transfirieron esos bienes a sus hijos, entre ellos el actor, no quisieron hacerlo a t\u00edtulo de venta sino como entrega anticipada de la herencia futura, ora, por donaci\u00f3n, esa carga demostrativa de los demandantes colma apenas la mitad del labor\u00edo probatorio que corre en sus hombros, pues as\u00ed lo m\u00e1s probable sea que ello obedeci\u00f3 a ese trazado, es decir, al prop\u00f3sito de dejar sus asuntos definidos desde ese instante, corolario que bien termina reafirmando la reserva de usufructo que dos a\u00f1os despu\u00e9s hicieron esos \u201ccompradores\u201d a favor de sus padres, tal como se acredita de la Escritura 487 de 24 de julio de 2012 de la Notar\u00eda de Chocont\u00e1, lo mismo que el dicho de los hijos de la pareja, Jos\u00e9 Agapito, Jorge Hernando, Isabel del Carmen, Hedgar Albino y Germ\u00e1n Ram\u00f3n Garz\u00f3n Mel\u00f3, no podr\u00eda[se] dejar de lado un principio que, en \u00e1mbitos como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n [\u2026], impide tener esas manifestaciones y esos medios de prueba como base exclusiva para considerar que la venta fue simulada, obviamente que si \u00e9sta resulta inoponible a terceros, como bien se deduce del precepto 1766 del ordenamiento en cita, el problema que afrontan los demandantes en los designios plasmados en su demanda es bastante complicado\u00bb. <\/p>\n

De modo que, reliev\u00f3, \u00ablo que debe concluirse, en un evento como el de ahora, es que si la c\u00f3nyuge no particip\u00f3 de ese negocio cuya realidad ahora pretende develarse, ni tampoco conoc\u00eda de la verdadera intenci\u00f3n de los contratantes, pues no hay elementos de juicio que permitan arribar a ese colof\u00f3n, aparte de los dichos de Jos\u00e9 Agapito y Jorge Hernando Garz\u00f3n Mel\u00f3, hermano e hijo de los demandantes, lo que por tanto torna bastante dudosa la ciencia de sus dichos con el fin de desvirtuar esa presunci\u00f3n de buena fe que acompa\u00f1an al tercero, no pueden opon\u00e9rsele los efectos de ese pacto secreto entre los contratantes, para colegir, sin m\u00e1s, que esos bienes son propios del c\u00f3nyuge y no del haber de la sociedad, [\u2026] de suerte que existiendo de por medio un t\u00edtulo vigente e inscrito que est\u00e1 diciendo que la adquisici\u00f3n tuvo como venero una causa onerosa, dif\u00edcilmente podr\u00eda darse en esa exclusi\u00f3n definitiva pretendida\u00bb. <\/p>\n

Esgrimi\u00f3, de seguido, que \u00aben esa tarea de develar cu\u00e1les bienes pertenecen, o no, a la sociedad conyugal, el legislador ha sido bastante exigente, precisamente con el fin de proteger ese patrimonio social\u00bb, por lo cual \u00abel legislador se muestra bastante intransigente, al punto que exige que en estos eventos deben cumplirse ce\u00f1idamente ciertos requisitos\u00bb. Ergo, ment\u00f3, \u00absi ello es as\u00ed, no parece consecuente con el contenido y los alcances del litigio, sostener que por el hecho de contar con un n\u00famero plural de indicios que de manera uniforme y convergente hacen pensar que lo que figura como compraventa en una escritura no lo fue en realidad, se rompe o desvirt\u00faa la contundencia de esa presunci\u00f3n de bienes gananciales que tienen los inmuebles adquiridos en esas condiciones\u00bb. <\/p>\n

Desde luego que, abund\u00f3, \u00absi incluso trat\u00e1ndose de bienes que se adquieren con recursos propios es necesario cumplir con toda una ritualidad para efecto de que no pasen a hacer parte de la sociedad, con mayor raz\u00f3n deben mirarse las cosas con especial rigurosidad cuando es la afirmaci\u00f3n de quienes mintieron para obtener ciertos beneficios fiscales, la que pretende imponerse sobre lo que dice un documento que cumpli\u00f3 con el requisito de publicidad frente a terceros, algo suficiente para concluir que lo que debi\u00f3 determinar el rumbo de las s\u00faplicas de la demanda, fue esa verdad que se present\u00f3 ante las personas ajenas al negocio jur\u00eddico, especialmente atendiendo que la c\u00f3nyuge tiene una expectativa leg\u00edtima de que esos bienes que fueron adquiridos a t\u00edtulo oneroso, pasen a hacer parte de la correspondiente liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.3.- Auto CSJ AC4107-2018, proferido el d\u00eda 26 de septiembre del a\u00f1o pasado, mediante el cual se determin\u00f3 estar \u00abbien denegada la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n\u00bb formulado contra la providencia de marras. <\/p>\n

4.- Analizada la sentencia revocatoria censurada fechada 1\u00ba de junio de 2018, observa la Corte que el tribunal accionado no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda que se le enrostra, toda vez que su decisi\u00f3n est\u00e1 sustentada en una postura respetable, asentada en ejercicio de las atribuciones legales y constitucionales que le corresponden. <\/p>\n

4.1.- Es decir, que del haz de acreditaci\u00f3n reunido brot\u00f3 que los inmuebles que se pretendieron descartar de la sociedad conyugal enantes aludida, al pregonarse que tales hab\u00edan sido objeto de donaci\u00f3n a t\u00edtulo de herencia anticipada a favor del consorte Leonardo Garz\u00f3n Melo, mal pod\u00edan tenerse por excluidos del apuntado haber, seg\u00fan se persigui\u00f3, comoquiera que en punto de ellos se celebraron contratos de compraventa que, per se, se erigen como las negociaciones a las cuales ha de estarse jur\u00eddicamente, siendo que los pactos privados en torno a que dichos ajustes de voluntad no fueron tal, en manera alguna pueden ser oponibles a terceros que no tuvieron conocimiento de lo clandestinamente estipulado, y ello mucho menos pod\u00eda derivarse de los testimonios vertidos precisamente por quienes se ver\u00edan favorecidos con el acogimiento del petitum, hermen\u00e9utica plausible que no impone la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

4.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

5.- De acuerdo con lo discurrido no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\n(con impedimento) <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC511-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-04061-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante abogada, por Bertha Isabel Melo de Garz\u00f3n, Leonardo Garz\u00f3n Melo y Juan Mar\u00eda Garz\u00f3n Garz\u00f3n, en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102820","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102820","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102820"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102820\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102820"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102820"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}