{"id":102821,"date":"2026-07-02T16:49:42","date_gmt":"2026-07-02T16:49:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102821"},"modified":"2026-07-02T16:49:42","modified_gmt":"2026-07-02T16:49:42","slug":"stc512-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc512-2019\/","title":{"rendered":"STC512-2019"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC512-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02877-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Negocios Estrat\u00e9gicos Beta S.A.S., contra la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de Fajobe S.A.S., en el cual la actora funge como acreedora de esta. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa quejosa reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, \u201cacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u201d, seguridad jur\u00eddica y defensa, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada. <\/p>\n

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las probanzas adosadas al plenario, se desprenden como hechos base de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n

Mediante auto de 29 de junio de 2010, la Superintendencia de Sociedades autoriz\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n de Fajobe S.A.S. <\/p>\n

En providencia de 4 de octubre de 2018, se convoc\u00f3 para audiencia de incumplimiento, como consecuencia de la denuncia de no pago de las obligaciones adquiridas por la deudora en el mentado pacto, presentada por el Banco AV Villas. <\/p>\n

El 16 de octubre siguiente, acogi\u00e9ndose a lo dispuesto en el art\u00edculo 46 de la Ley 1116 de 20061, la all\u00ed encartada alleg\u00f3 proyecto de reforma de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos que cont\u00f3 con el 50.36% de los votos favorables de los afectados, de los cuales, el 48.48% correspond\u00eda a acreedores internos y el restante 7.88% a externos. <\/p>\n

La memorada diligencia se inici\u00f3 el 17 de octubre pasado, donde la entidad ahora atacada expuso varias inconformidades al citado plan, entre ellas, la aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n 32 de la Ley 1116 de 20062, atinente a los votos de \u201cacreedores externos\u201d necesarios para ratificar el nuevo compromiso, al verificarse que el porcentaje de sufragantes internos que lo avalaron era \u201ccercano\u201d a la \u201cmayor\u00eda absoluta\u201d contenida en la pauta antedicha. En raz\u00f3n de ello, se concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 8 d\u00edas a Fajobe S.A.S. para adecuar la proposici\u00f3n. <\/p>\n

En el lapso antes mencionado Negocios Estrat\u00e9gicos Beta S.A.S. cedi\u00f3 su cr\u00e9dito a Germ\u00e1n Augusto Bol\u00edvar, permitiendo alcanzar la proporci\u00f3n exigida por la Superintendencia de Sociedades respecto de los \u201cacreedores externos\u201d. <\/p>\n

Luego, el funcionario cognoscente desestim\u00f3 la veracidad de la aludida cesi\u00f3n, declar\u00f3 la desatenci\u00f3n del \u201cAcuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n de la sociedad Fajobe S.A.S.\u201d, y, decret\u00f3 la liquidaci\u00f3n judicial de esta (fls. 40-42, cdno.1). <\/p>\n

La querellante critica las actuaciones desplegadas por el juez concursal dentro del confutado asunto, en especial: i) la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 32 de la Ley 1116 de 2006 aun cuando quienes asintieron el plan de pagos no representaban la \u201cmayor\u00eda absoluta\u201d como lo condiciona esa norma, ii) la afirmaci\u00f3n sobre el no cumplimiento del \u201cacuerdo de reorganizaci\u00f3n\u201d, y ii) la liquidaci\u00f3n judicial de Fajobe S.A.S. (fls. 9-19, cdno.1). <\/p>\n

3. En concreto, la querellante pretende se invalide la determinaci\u00f3n de la superintendencia atacada de exigir las \u201cmayor\u00edas cualificadas\u201d contenidas en el postulado 32 de la Ley 1116 de 2006, para admitir la propuesta modificatoria del \u201cacuerdo de reorganizaci\u00f3n\u201d de Fajobe S.A.S.3, (fl. 9, cdno. 1). <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

La entidad encartada hizo un recuento del decurso estudiado, y se ratific\u00f3 en los fundamentos que soportaron las decisiones fustigadas por esta senda (fls. 30-34, cdno.1). <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

El aquo neg\u00f3 la salvaguarda al no evidenciar irregularidad en la posici\u00f3n auscultada. En ese sentido adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) al margen de que sean compartidas, o no, por el tribunal, las argumentaciones dadas por el funcionario encartado en dicha oportunidad, al estar apoyadas en la realidad del proceso [reprochado], la normatividad aplicable al caso en concreto \u2013 art\u00edculo 32 de la Ley 1116 de 2006-, y en el alcance de los precedentes de la misma [corporaci\u00f3n], la actuaci\u00f3n controvertida no se advierte arbitraria o insensata para derivar de \u00e9sta la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados en el introductor (\u2026)\u201d (fls. 83-88 cdno.1). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La inco\u00f3 la gestora reiterando los alegatos del escrito genitor (fls. 134-138, cdno. 1). <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tExaminado el tr\u00e1mite fustigado, se advierte la vulneraci\u00f3n invocada en el libelo frente a la interpretaci\u00f3n dada por el Superintendente Delegado para Procesos de Insolvencia a lo estatuido en el canon 32 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n

2. \tComo lo adujo la petente, se dio aplicaci\u00f3n de la citada norma al subex\u00e1mine, aun cuando no se cumpli\u00f3 la condici\u00f3n all\u00ed inmersa. <\/p>\n

En efecto, el inciso 3\u00ba del Par\u00e1grafo 1\u00ba de la regla 31 de la Ley 1116 de 20064 expresamente se\u00f1ala que la aprobaci\u00f3n de \u201cla reforma al acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u201d deber\u00e1 cumplirse bajo id\u00e9nticas \u201cmayor\u00edas\u201d a las reclamadas para el pacto inicial.
\nLo anterior t\u00e1citamente remite al inciso segundo de esa misma disposici\u00f3n5, en la cual se exige la aquiescencia de la \u201cmayor\u00eda absoluta\u201d proveniente de un n\u00famero plural de acreedores de dos o m\u00e1s categor\u00edas \u201cinternos, externos, entidades p\u00fablicas, instituciones financieras, o laborales\u201d, para revalidar el proyecto de modificaci\u00f3n al acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n

Sin embargo, el canon 32 del comentado cuerpo normativo torna m\u00e1s exigente el r\u00e9gimen general cuando los sufragios favorables emanados de los intervinientes internos6 o vinculados7 correspondan a la \u201cmayor\u00eda absoluta\u201d; en ese escenario, \u201c(\u2026) la aprobaci\u00f3n requerir\u00e1, adem\u00e1s, del voto emitido en el mismo sentido por un n\u00famero plural de acreedores de cualquier clase o clases que sea igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos restantes admitidos (\u2026)\u201d8. <\/p>\n

3. \tEn el asunto auscultado, la propuesta de ajuste al plan de pagos obtuvo una aprobaci\u00f3n de los interesados del 50,36%, de los cuales, el 48,48% deven\u00eda de \u201cacreedores internos o vinculados\u201d, y el restante 1.88% de \u201cacreedores externos\u201d, atendiendo lo preceptuado en el memorado mandato 31. <\/p>\n

No obstante, el juez del concurso, haciendo una interpretaci\u00f3n \u201csistem\u00e1tica y finalista\u201d del citado articulado estim\u00f3 que ante la \u201cabrumadora cercan\u00eda\u201d de esa cifra con la \u201cmayor\u00eda absoluta\u201d, resultaba imperioso reclamar el respaldo del porcentaje adicional de los \u201cacreedores externos\u201d rese\u00f1ado en el art. 32 del R\u00e9gimen de Insolvencia. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, irreflexivamente modul\u00f3 el contenido del memorado postulado 32, pasando del 25% al 12.5% del apoyo exterior a acreditar por parte de Fajobe S.A.S. <\/p>\n

4.\tCabe recordar que la \u201cmayor\u00eda absoluta\u201d debe entenderse como la mitad m\u00e1s uno de los votos posibles. As\u00ed lo concibi\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia SU 221 de 2015, en ese sentido conceptu\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) la\u00a0mayor\u00eda absoluta\u00a0que hace referencia a la mitad m\u00e1s uno de los votos de los integrantes de una Corporaci\u00f3n, es decir, la mitad m\u00e1s uno de los votos de quienes pueden ejercer el voto, tal y como lo exige el art\u00edculo 153 de la Constituci\u00f3n que dispone:\u00a0\u201cla aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o derogaci\u00f3n de las leyes estatutarias exigir\u00e1 la mayor\u00eda absoluta de los miembros del Congreso (\u2026)\u201d\u00a0O tambi\u00e9n en el art\u00edculo 150 n\u00fam. 10 y el art\u00edculo 151 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) la definici\u00f3n gen\u00e9rica del porcentaje de mayor\u00eda se expone como la mitad m\u00e1s uno de los votos, en el caso de las asambleas impares, s\u00f3lo ser\u00e1 necesario aproximar la mitad del\u00a0n\u00famero con decimal, al\u00a0n\u00famero entero\u00a0siguiente para determinar cu\u00e1l es el porcentaje de mayor\u00eda. Esto, sin perjuicio de lo que disponga el Legislador en una norma concreta, respecto a la forma de contabilizar la mayor\u00eda absoluta (\u2026)\u201d.
\n\u00a0
\n\u201c(\u2026) en un nivel intermedio de exigencia, est\u00e1 la mayor\u00eda simple que se toma con la\u00a0mitad m\u00e1s uno\u00a0de los\u00a0asistentes, as\u00ed reduce el par\u00e1metro de la mayor\u00eda absoluta porque las decisiones no se toman por todos aquellos quienes tienen capacidad de tomarla, sino quienes efectivamente participan. Ejemplo de este tipo de mayor\u00eda puede encontrarse en el art\u00edculo 161 de la Constituci\u00f3n, que se\u00f1ala que a falta de acuerdo en la conciliaci\u00f3n de los textos entre las c\u00e1maras del Congreso, se definir\u00e1 por mayor\u00eda (\u2026)\u201d.
\n\u00a0
\n\u201c(\u2026) En la sentencia T-1227 de 2003, [verbi gracia], la Corte revis\u00f3 la elecci\u00f3n del rector de la Universidad Nacional y defini\u00f3 c\u00f3mo opera la mayor\u00eda absoluta y mayor\u00eda simple en \u00f3rganos colegiados. Precis\u00f3 que la\u00a0mayor\u00eda simple implica que la decisi\u00f3n es tomada por la mayor\u00eda de [los sufragios] de los\u00a0asistentes, y la\u00a0mayor\u00eda absoluta\u00a0requiere la mayor\u00eda de votos de los\u00a0integrantes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En similares t\u00e9rminos lo perfil\u00f3 esta Colegiatura, en pret\u00e9rita oportunidad: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Se est\u00e1 significando que someter a votaci\u00f3n un asunto decisorio debe contar con el voto de la mayor\u00eda de los miembros, traduce participaci\u00f3n y voto favorable de m\u00e1s de la mitad de los integrantes de la Sala seg\u00fan las disposiciones legales, sistema conocido como mayor\u00eda absoluta. No se trata de la mayor\u00eda simple o relativa, consistente en m\u00e1s de la mitad de los votos de los asistentes del cuerpo colegiado a la deliberaci\u00f3n, como impropiamente podr\u00eda creerse (\u2026)9\u201d. <\/p>\n

5. Revisadas las consideraciones vertidas en el prove\u00eddo de 31 de octubre de 2018, se evidencia la v\u00eda de hecho endilgada, como quiera que el juez atacado desconoci\u00f3 los mandatos pertinentes. <\/p>\n

Ciertamente, pese a precisar que la normativa citada con antelaci\u00f3n no se acompasaba plenamente con lo acontecido en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de Fajobe S.A.S., insospechadamente sostuvo que para prevenir cualquier desafuero de un colectivo en la influencia de la suerte del proceso estudiado, deb\u00eda seguirse la l\u00ednea all\u00ed trazada. <\/p>\n

Esa argumentaci\u00f3n desconoce el tenor del art\u00edculo 32 de la Ley 1116 de 2006, pues si bien, como lo anunci\u00f3 la autoridad censurada la consagraci\u00f3n de la comentada disposici\u00f3n en el r\u00e9gimen de insolvencia aspiraba evitar actos tendientes al abuso de las prerrogativas de un bloque de acreedores, lo cierto es, que all\u00ed se fij\u00f3 un par\u00e1metro cuantitativo para esos efectos, no pudiendo el int\u00e9rprete atribuirse facultades creadoras de derecho para soslayar la claridad del texto legal. <\/p>\n

La tesis defendida por la Superintendencia de Sociedades, adem\u00e1s de acomodadiza, obvia el sentido del sistema normativo que dice preservar. Justamente, el canon 1\u00b0 del estatuto que se viene comentando, se\u00f1ala: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [F]inalidad del r\u00e9gimen de insolvencia. El r\u00e9gimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, siempre bajo el criterio de agregaci\u00f3n de valor (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n

\u201cEl proceso de reorganizaci\u00f3n pretende a trav\u00e9s de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuraci\u00f3n operacional, administrativa, de activos o pasivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En consecuencia, imponer la aplicaci\u00f3n del precepto 32 ib\u00eddem, por concebir el respaldo a la sociedad encartada \u201cmuy, muy, muy cercano\u201d al porcentaje all\u00ed instituido, no resulta consonante con el prop\u00f3sito de la citada ley, m\u00e1xime cuando con ello se presume la mala fe de los \u201cacreedores internos\u201d al respaldar la oferta de pago. <\/p>\n

6. El intempestivo entendimiento del contenido normativo que se viene comentando sorprendi\u00f3 a Fajobe S.A.S. durante la audiencia de incumplimiento, quien acogi\u00e9ndose al art\u00edculo 32 del r\u00e9gimen de insolvencia expuso un nuevo acuerdo de reestructuraci\u00f3n con el aval de la mayor\u00eda requerida sin sobrepasar los l\u00edmites all\u00ed contenidos. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el Superintendente Delegado para Procesos de Insolvencia trasgredi\u00f3 el principio de confianza leg\u00edtima, cuyos efectos tambi\u00e9n se irradian en el \u00e1mbito jurisdiccional por ser una expresi\u00f3n de la buena fe, tal como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional: <\/p>\n

\u201c(\u2026) En esencia, la confianza leg\u00edtima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jur\u00eddico estable y previsible, en el cual pueda confiar. Para M\u00fcller, este vocablo significa, en t\u00e9rminos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en raz\u00f3n de un determinado comportamiento en relaci\u00f3n con otro, o ante la comunidad jur\u00eddica en su conjunto, y que producen determinados efectos jur\u00eddicos; y si se trata de autoridades p\u00fablicas, consiste en que la obligaci\u00f3n para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo inter\u00e9s p\u00fablico imperioso contrario. Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades p\u00fablicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posici\u00f3n jur\u00eddica es susceptible de ser modificada por la Administraci\u00f3n, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situaci\u00f3n de hecho o regulaci\u00f3n jur\u00eddica no ser\u00e1n modificadas intempestivamente. De all\u00ed que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligaci\u00f3n de proporcionarle al afectado un plazo razonable, as\u00ed como los medios, para adaptarse a la nueva situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) La Corte al estimar que la interpretaci\u00f3n judicial debe estar acompa\u00f1ada de una necesaria certidumbre y que el fallador debe abstenerse de operar cambios intempestivos en la interpretaci\u00f3n que de las normas jur\u00eddicas ven\u00eda realizando, y por ende, el ciudadano puede invocar a su favor, en estos casos, el respeto por el principio de la confianza leg\u00edtima (\u2026)\u201d.10 <\/p>\n

7. \tEl desafuero advertido fue determinante en la suerte del proceso de reorganizaci\u00f3n, porque al variarse las condiciones de aprobaci\u00f3n de la propuesta de reforma al acuerdo anterior para enervar el incumplimiento denunciado por algunos acreedores, se cercen\u00f3 la posibilidad de acudir a la anhelada restructuraci\u00f3n autorizada por el precepto 46 de la Ley 1116 de 200611, lo que devino en la liquidaci\u00f3n forzosa de Fajobe S.A.S. <\/p>\n

8. Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos donde la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n, por cuanto se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcci\u00f3n del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa. <\/p>\n

9. Dado el desacierto del fallador accionado, es procedente la protecci\u00f3n para conjurar la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n

As\u00ed, el acusado deber\u00e1 valorar, nuevamente, si el respaldo al proyecto de reforma presentado por Fajobe S.A.S. le permite continuar con la reorganizaci\u00f3n como lo impone el precitado art\u00edculo 46 \u00eddem, siempre que se hallen verificados los dem\u00e1s requisitos instituidos por el estatuto de insolvencia. <\/p>\n

10.\tDeviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196912, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n

10.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n

No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n

10.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n

Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n

Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n

11.\tDe acuerdo a lo discurrido, se revocar\u00e1 la providencia examinada para conceder la salvaguarda peticionada. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para CONCEDER el amparo reclamado. <\/p>\n

SEGUNDO: En consecuencia, se le ordena al Superintendente Delegado para Procesos de Insolvencia que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, deje sin efecto el prove\u00eddo de 31 de octubre de 2018, que dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 32 de la Ley 1116 de 2006 al asunto auscultado, y los dem\u00e1s derivados de este, y proceda a definir nuevamente la convalidaci\u00f3n del proyecto de reforma del acuerdo de reestructuraci\u00f3n en el caso criticado teniendo en cuenta los aspectos analizados en esta providencia. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante telegrama, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon ausencia justificada <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tCanon \t46 de la Ley 116 de 2006. \u201c(\u2026) \tAUDIENCIA \tDE INCUMPLIMIENTO. Si alg\u00fan acreedor o el deudor denuncia el \tincumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o de los gastos \tde administraci\u00f3n, el Juez del concurso verificar\u00e1 \tdicha situaci\u00f3n y \ten caso de encontrarlo acreditado \t(\u2026) \tel \tJuez del concurso, convocar\u00e1 al deudor y a los acreedores \tcuyos cr\u00e9ditos no hayan sido pagados, a una audiencia para \tdeliberar sobre la situaci\u00f3n y decidir lo pertinente (\u2026)\u201d.
\n2 \tART\u00cdCULO \t32 \t\u201c(\u2026) \tMAYOR\u00cdA ESPECIAL EN EL CASO DE LAS ORGANIZACIONES \tEMPRESARIALES Y ACREEDORES INTERNOS. Adem\u00e1s de la mayor\u00eda \texigida por el art\u00edculo anterior para la aprobaci\u00f3n \tdel acuerdo, cuando los acreedores internos o cuando uno o varios \tacreedores, pertenecientes a una misma organizaci\u00f3n o grupo \tempresarial emitan votos en un mismo sentido que equivalgan a la \tmayor\u00eda absoluta o m\u00e1s de los votos admisibles, la \taprobaci\u00f3n requerir\u00e1, adem\u00e1s, del voto emitido \ten el mismo sentido por un n\u00famero plural de acreedores de \tcualquier clase o clases que sea igual o superior al veinticinco por \tciento (25%) de los votos restantes admitidos \t(\u2026)\u201d.
\n3 \tEn \tel libelo se indica \u201cacuerdo \tde reorganizaci\u00f3n de Negocios Estrat\u00e9gicos Beta \tS.A.S.\u201d; \tempero, de la lectura del mismo fulgura que alude al proceso de tal \tnaturaleza seguido a Fajobe S.A.S.
\n4 \t\u201c(\u2026) \tPrecepto 31 Par\u00e1grafo 1\u00ba La \treforma del acuerdo de reorganizaci\u00f3n deber\u00e1 ser \tadoptada con el mismo porcentaje de votos requeridos para su \taprobaci\u00f3n y confirmaci\u00f3n (\u2026)\u201d.
\n5 \t\u201c(\u2026) \tArt\u00edculo \t31. T\u00c9RMINO PARA CELEBRAR EL ACUERDO DE REORGANIZACI\u00d3N. \t(\u2026) \tDentro \tdel plazo para la celebraci\u00f3n del acuerdo, el promotor con \tfundamento en el plan de reorganizaci\u00f3n de la empresa y el \tflujo de caja elaborado para atender el pago de las obligaciones, \tdeber\u00e1 presentar ante el juez del concurso, seg\u00fan sea \tel caso, un acuerdo de reorganizaci\u00f3n debidamente aprobado \tcon los votos favorables de un n\u00famero plural de acreedores \tque representen, por lo menos la mayor\u00eda absoluta de los \tvotos admitidos. \tDicha \tmayor\u00eda deber\u00e1, adicionalmente, conformarse de acuerdo \tcon las siguientes reglas: \t1. \tExisten cinco (5) categor\u00edas de acreedores, compuestas \trespectivamente por: \ta) \tLos titulares de acreencias laborales; \tb) \tLas entidades p\u00fablicas; \tc) \tLas instituciones financieras, nacionales y dem\u00e1s entidades \tsujetas a la inspecci\u00f3n y vigilancia de la Superintendencia \tFinanciera de Colombia de car\u00e1cter privado, mixto o p\u00fablico; \ty las instituciones financieras extranjeras; \td) \tAcreedores internos, y \te) \tLos dem\u00e1s acreedores externos. \t2. \tDeben obtenerse votos favorables provenientes de por lo menos de \t<sic> tres (3) categor\u00edas de acreedores. \t3. \tEn caso de que solo existan tres (3) categor\u00edas de \tacreedores, la mayor\u00eda deber\u00e1 conformarse con votos \tfavorables provenientes de acreedores pertenecientes a dos (2) de \tellas. \t4. \tDe existir solo dos (2) categor\u00edas de acreedores, la mayor\u00eda \tdeber\u00e1 conformarse con votos favorables provenientes de ambas \tclases de acreedores. \t(\u2026) \tPar\u00e1grafo 1\u00ba. (\u2026) La \treforma del acuerdo de reorganizaci\u00f3n deber\u00e1 ser \tadoptada con el mismo porcentaje de votos requeridos para su \taprobaci\u00f3n y confirmaci\u00f3n. Para el efecto, ser\u00e1n \tdescontados de los votos originalmente determinados aquellas \tacreencias que hayan sido extinguidas en ejecuci\u00f3n del \tacuerdo de reorganizaci\u00f3n, permaneciendo los votos de los \tacreedores internos igual a los calculados para la primera \tdeterminaci\u00f3n, con base en la fecha de inicio del proceso \t(\u2026)\u201d.
\n6 \t\u201c(\u2026) \tArt. \t31 ej\u00fasdem Par\u00e1grafo \t1o. Para los efectos previstos en esta ley se consideran acreedores \tinternos los socios o accionistas de las sociedades, el titular de \tlas cuotas o acciones en la empresa unipersonal y los titulares de \tparticipaciones en cualquier otro tipo de persona jur\u00eddica. \tEn el caso de la persona natural comerciante, el deudor tendr\u00e1 \tdicha condici\u00f3n \t(\u2026)\u201d. <\/p>\n

8 \tArt\u00edculo \t32 de la Ley 1116 de 2006.
\n9 \tCSJ. \tAuto de 22 de noviembre de 2017, exp. 2007-606-01.
\n10 \tCorte Constitucional Sentencia C131 de 2004
\n11 \tCanon \t46 de la Ley 116 de 2006. \u201c(\u2026) \tAUDIENCIA \tDE INCUMPLIMIENTO. Si alg\u00fan acreedor o el deudor denuncia el \tincumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o de los gastos \tde administraci\u00f3n, el Juez del concurso verificar\u00e1 \tdicha situaci\u00f3n y en caso de encontrarlo acreditado, \trequerir\u00e1 al promotor para que, dentro de un t\u00e9rmino \tno superior a un (1) mes, actualice la calificaci\u00f3n y \tgraduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, gestione \tlas posibles alternativas de soluci\u00f3n y presente al Juez del \tconcurso el resultado de sus diligencias (\u2026)\u201d
\n12 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n13 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n14 \tCorte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario \tMilitar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. \tSerie C No. 253, p\u00e1rrafo 330
\n15 \tCorte IDH, Caso \tV\u00e9lez \tRestrepo y familiares Vs. Colombia, \tExcepci\u00f3n preliminar, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C \tNo. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso \tMasacre \tde Santo Domingo Vs. Colombia, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C \tNo. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323.
\n16 \tCorte IDH, Caso \tde \tla Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, \tExcepci\u00f3n \tPreliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de \tnoviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274.
\n17 \tCorte IDH, Caso \tFurlan \ty familiares Vs. Argentina, \tExcepciones preliminares, Fondo, \tReparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C \tNo. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC512-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2018-02877-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2018, por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102821\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}