{"id":102825,"date":"2026-07-02T16:50:50","date_gmt":"2026-07-02T16:50:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102825"},"modified":"2026-07-02T16:50:50","modified_gmt":"2026-07-02T16:50:50","slug":"stc524-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc524-2019\/","title":{"rendered":"STC524-2019"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC524-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00008-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Florilsa Rodr\u00edguez Quintero en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, integrada por los magistrados Ram\u00f3n Alberto Figueroa Acosta, Jos\u00e9 Mauricio Mar\u00edn Mora y Neyla Trinidad Ortiz Ribero. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- La gestora depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abpropiedad privada\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la colegiatura querellada dentro del juicio ordinario de cumplimiento de contrato que Edilia Margarita Linares Barrera le formul\u00f3. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 como base de reclamaci\u00f3n, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.2.- Contra tal decisi\u00f3n su contraparte interpuso apelaci\u00f3n, aconteciendo que la sala entutelada, a trav\u00e9s de auto fechado 22 de mayo de 2018, declar\u00f3 desierto dicho medio impugnativo vertical por falta de sustentaci\u00f3n derivada de la inasistencia del extremo recurrente. <\/p>\n

2.3.- La abogada de la oposici\u00f3n \u00abpresent\u00f3 incapacidad m\u00e9dica lo cual la imposibilita[ba para] asistir a la audiencia programada para el d\u00eda 22 de mayo de 2018 [\u2026], solicit\u00e1ndole al tribunal [querellado] fijar nueva fecha\u00bb, siendo que \u00abel d\u00eda 22 de mayo de 2018, fecha que se realiza la audiencia dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato, seg\u00fan diagn\u00f3stico [del] m\u00e9dico tratante, [\u2026] de la historia cl\u00ednica de la [\u2026abogada] Sonia E. Lizarazo de Morales, no se encontraba incapacitada para movilizarse totalmente, pues pod\u00eda hacerlo por un medio como muletas o silla de ruedas para asistir a la audiencia programada\u00bb; con base en aquella, interpuso reposici\u00f3n contra la mentada resoluci\u00f3n de deserci\u00f3n. <\/p>\n

2.4.- En torno a lo anterior, la colegiatura accionada, por resoluci\u00f3n de 21 de junio siguiente, \u00ab[r]esolvi\u00f3: \u201cprimero: declarar extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n formulado por la apoderada de la parte demandante contra la decisi\u00f3n proferida en audiencia el d\u00eda 22 de mayo de 2018 conforme a las razones antes expuestas. segundo: Advertir la ocurrencia de una causal de nulidad numeral 3\u00ba del art. 133 [del C\u00f3digo General del Proceso] por la apoderada de la parte demandante en raz\u00f3n a su insistencia a la audiencia celebrada el pasado 22 de mayo de 2018, la cual ordenar\u00e1 poner en conocimiento de la parte demandante a fin de cumplir con lo dispuesto en lo citado en el art. 137 del C. G. de P. Esta notificaci\u00f3n se notificar\u00e1 en estados, en raz\u00f3n a que la causal de nulidad advertida no corresponde a las contenidas en los numerales 4 y 8 del art. 133 del C. G. del P.\u00bb, por lo que \u00abal proferir el auto de fecha 21 de junio de 2018 en las consideraciones para pronunciarse sobre el numeral segundo de la parte resolutiva del mencionado auto, incurri\u00f3 en una violaci\u00f3n al debido proceso y v\u00edas de hecho por defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n de las pruebas historia cl\u00ednica e incapacidades\u00bb. <\/p>\n

2.5.- Ulteriormente, la corporaci\u00f3n encartada \u00abmediante providencia de fecha 9 de julio de 2018 [\u2026] resolvi\u00f3: \u201cprimero: declarar la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia a partir de la ocurrencia de la causal de interrupci\u00f3n del proceso, esto es desde el 7 de abril de 2018 entre ellas el auto proferido el 15 de mayo de 2018 que prorrog\u00f3 la competencia y la audiencia celebrada el 22 de mayo del a\u00f1o en curso y que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia de primera instancia\u201d\u00bb, determinaci\u00f3n en punto de la cual se \u00abopon[e\u2026] toda vez que, cuando fue realizada la audiencia para resolver el recurso de apelaci\u00f3n, interpuesto por la apoderada de la demandante contra la sentencia de primera instancia [\u2026], seg\u00fan consta en la historia cl\u00ednica de la [letrada] Sonia Esperanza Lizarazo de Morales, [\u2026] ya la enfermedad que padec\u00eda no podemos decir que era grave, pues ya se pod\u00eda movilizar a partir del 22 de mayo [de 2018], seg\u00fan prescripci\u00f3n m\u00e9dica\u00bb. <\/p>\n

2.6.- Por ende, seguidamente el tribunal fustigado dict\u00f3 sentencia revocatoria calendada 11 de octubre posterior, misma que enjuicia como quebrantadora dado que \u00abno considero justo que existiendo plena prueba [\u2026], concretamente la historia cl\u00ednica de la paciente [\u2026] Sonia Lizarazo de Morales, [\u2026] seg\u00fan prescripci\u00f3n m\u00e9dica, la incapacidad para inmovilizar era de 2 semanas, o sea 14 d\u00edas que empezaron a correr desde el d\u00eda 8 de mayo hasta el d\u00eda 21 de mayo de 2018 y [\u2026] el d\u00eda 22 de mayo [\u2026] se realiz\u00f3 la audiencia, para resolver el recurso apelaci\u00f3n que interpuso la apoderada de la demandante en el mencionado proceso contra la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, \u00abse deje sin efectos jur\u00eddicos todo lo actuado en el [sub examine] con posterioridad al auto de fecha 22 de mayo de 2018 mediante el cual el tribunal [cuestionado] declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u00bb por su contraparte contra el fallo de primera instancia y, a secuela de ello, \u00abse revoque la sentencia de segunda instancia [\u2026] dejando en firme la [\u2026] proferida en primera instancia\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

La sala censurada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que la reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos procedimental absoluto y f\u00e1ctico, enfila su inconformismo contra la corporaci\u00f3n querellada, dado que de un lado, emiti\u00f3 el auto, en \u00faltimas, de 9 de julio de 2018 mediante el cual declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia desde \u00abel 7 de abril de 2018\u00bb y fij\u00f3 \u00abfecha para llevar a cabo la audiencia de alegaciones y fallo\u00bb, y, de otro, profiri\u00f3 sentencia revocatoria calendada 11 de octubre ulterior. <\/p>\n

3.- Obran como primordiales demostraciones que ata\u00f1en con el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Resoluci\u00f3n de 14 de noviembre de 2017, mediante la cual la sala accionada admiti\u00f3 en el \u00abefecto suspensivo\u00bb el recurso de apelaci\u00f3n propuesto contra el fallo de primer grado por el extremo all\u00ed demandante. <\/p>\n

3.2.- Pronunciamiento de 22 de noviembre de esa anualidad, en que la colegiatura acusada fij\u00f3 el d\u00eda 22 de mayo de 2018 para llevar a cabo \u00abaudiencia de alegaciones y fallo\u00bb. <\/p>\n

3.3.- Auto de 15 de mayo posterior, con que el tribunal entutelado prorrog\u00f3 por 6 meses el lapso para dictar sentencia de segunda instancia \u00aba partir del 9 de mayo de [2018]\u00bb. <\/p>\n

3.5.- Prove\u00eddo de 21 de junio de 2018, a trav\u00e9s del cual el magistrado sustanciador adujo: \u00abprimero: declarar extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n formulado por la apoderada de la parte demandante contra la decisi\u00f3n proferida en audiencia el d\u00eda 22 de mayo de 2018 conforme a las razones antes expuestas. segundo: Advertir la ocurrencia de una causal de nulidad numeral 3\u00ba del art. 133 por la apoderada de la parte demandante en raz\u00f3n a su insistencia a la audiencia celebrada el pasado 22 de mayo de 2018, la cual ordenar\u00e1 poner en conocimiento de la parte demandante a fin de cumplir con lo dispuesto en lo citado en el art. 137 del C. G. de P. Esta notificaci\u00f3n se notificar\u00e1 en estados, en raz\u00f3n a que la causal de nulidad advertida no corresponde a las contenidas en los numerales 4 y 8 del art. 133 del C. G. del P.\u00bb. <\/p>\n

3.6.- Determinaci\u00f3n fechada 9 de julio del a\u00f1o inmediatamente anterior, mediante la que la corporaci\u00f3n entutelada resolvi\u00f3 \u00abprimero: declarar la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia a partir de la ocurrencia de la causal de interrupci\u00f3n del proceso, esto es desde el 7 de abril de 2018 entre ellas el auto proferido el 15 de mayo de 2018 que prorrog\u00f3 la competencia y la audiencia celebrada el 22 de mayo del a\u00f1o en curso y que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia de primera instancia. segundo: fijar como fecha como fecha para llevar a cabo la audiencia de alegaciones y fallo el d\u00eda primero (1) de agosto de dos mil dieciocho (2018)\u00bb. <\/p>\n

3.7.- Sendas actas de 1\u00ba de agosto de 2018, en que, en una, se acota que fue escuchada la sustentaci\u00f3n de la alzada y, en otra, se acept\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso que de consuno reclamaron las partes por un mes. <\/p>\n

3.8.- Disco compacto contentivo de la sentencia infirmatoria de 11 de octubre de 2018, emitida por la sala acusada. <\/p>\n

Entre otras cavilaciones, al efecto sostuvo, citando jurisprudencia, que \u00abla figura propuesta al interior del proceso que no es otra que la petici\u00f3n de cumplimiento de contrato, edificada sobre la promesa de contrato suscrita por las partes el 15 de septiembre de 2010, la resoluci\u00f3n de la promesa de contrato suscrito entre las mismas partes el 2 de diciembre de 2010 como secuela de la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita, as\u00ed no se haya ofrecido tal argumento en la demanda ni en las fuentes de derecho all\u00ed asomadas como que para nada se menciona la regla 1546 del C\u00f3digo Civil\u00bb, esgrimiendo que \u00aben verdad la demanda dista y en mucho de ser un modelo de claridad y precisi\u00f3n, y la ratificaci\u00f3n delanteramente tampoco se ofrece expedita para desentra\u00f1ar el preciso petitum de la demandante, pero al hacer un ejercicio interpretativo de las pretensiones de la demanda y lo brindado para despejar la contradicci\u00f3n advertida por el juez, emerge que los anhelos en el pleito de la demandante son los ya advertidos y que por fortuna tienen la misma fuente normativa\u00bb. <\/p>\n

A esas cotas, tras referir tanto a los presupuestos requeridos \u00abpara la bienandanza de la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n o cumplimiento de contrato con fundamento en la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita\u00bb, como tambi\u00e9n que \u00abigualmente para el buen suceso de la pretensi\u00f3n le corresponde al demandante\u00bb asumir la carga de la prueba correspondiente, puso de presente que \u00abel aspecto toral de la acusaci\u00f3n contra la sentencia es la indebida valoraci\u00f3n probatoria que realizar\u00e1 la juez[a a quo] y que concluyera con su deslegitimaci\u00f3n para promover el pleito; debe entonces ocuparse la alzada de examinar la prueba arrimada el proceso y de cara a los elementos axiales de la pretensi\u00f3n ya dichos\u00bb. <\/p>\n

Tales, asever\u00f3, consisten en que \u00abse trate de un contrato bilateral v\u00e1lido. Definido est\u00e1 por el legislador que la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita s\u00f3lo tiene cabida en los contratos bilaterales, es decir, aquellos que conforme lo indica el art\u00edculo 1496 del C\u00f3digo Civil es aquel en que los contratantes se obligan rec\u00edprocamente, es decir, mutuamente se imponen cargas; de otra parte, ese contrato debe tener y contener las menciones que el C\u00f3digo Civil se\u00f1ala como necesarias en el art\u00edculo 1502 comoquiera que una falencia en torno a ellas pudiera conllevar a la nulidad del mismo, ya de manera absoluta o relativa, si nos atenemos a la preceptiva del art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil. Desde luego que esas exigencias no escapan a la promesa de contrato, el cual, como contrato bilateral que es, debe cumplir, uno, las exigencias propias de todo contrato es decir las indicadas en el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, dos, las exigencias propias se\u00f1aladas en la ley para este espec\u00edfico contrato es decir los requisitos previstos en el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887 que subrog\u00f3 el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, tres, dentro de los cuales obviamente est\u00e1n igualmente inmersos los del contrato prometido como que est\u00e9 hay que determinar lo de la mejor y mayor manera posible que no exacto, y cuarto no huelga recordar que la propia promesa genera en s\u00ed misma una obligaci\u00f3n rec\u00edproca, una obligaci\u00f3n de hacer, independientemente de las obligaciones que el contrato prometido genere para las partes y cuyo cumplimiento se haya pactado de manera anticipada\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3, entonces, que \u00abdescendiendo al caso materia de estudio, se tiene que las partes celebraron un contrato de promesa el 15 de septiembre de 2010, por medio del cual [la tutelista] prometi\u00f3 vender a Edilia Margarita Linares Barrera el segundo piso del edificio Rodr\u00edguez Quintero [\u2026que] tiene la Matr\u00edcula Inmobiliaria n\u00famero 300-308.810; en esa venta prometida se acord\u00f3 un precio de $52\u2019000.000,oo el cual se ajust\u00f3 entre las partes que se destinar\u00eda para el pago de obligaciones que en la promesa se detallaron y que caso de alg\u00fan saldo se pagar\u00eda al momento de la celebraci\u00f3n de la escritura p\u00fablica correspondiente, indic\u00e1ndose, eso s\u00ed, que se correr\u00eda el 16 de octubre de 2010 en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga a las 10:30 de la ma\u00f1ana\u00bb. <\/p>\n

Tal promesa de contrato, reliev\u00f3, \u00aby dado los t\u00e9rminos en que se redact\u00f3, en principio no hay lugar a predicar invalidez alguna y que deba ser reconocida de oficio de conformidad con el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil subrogado por el art\u00edculo segundo de la Ley 50 de 1936. Esa promesa fue objeto de otros\u00edes motivados en diferentes circunstancias que dan cuenta en la imposibilidad de suscribir la escritura p\u00fablica correspondiente y que significaba alargar el plazo para tal cumplimiento, purgando de paso el incumplimiento de quien hab\u00eda dado p\u00e1bulo al mismo y, por la otra, surgi\u00f3 una nueva promesa de contrato referida a la terraza o cenit del apartamento 201 suscrita el 2 de diciembre de 2010 [\u2026], y la cual deb\u00eda finiquitarse con el otorgamiento de la escritura p\u00fablica correspondiente por la misma \u00e9poca de la promesa inicial, esto es, el 27 de enero de 2011; ah\u00ed mismo se acord\u00f3 un precio de $10\u2019000.000,oo de pesos que se cancelar\u00eda al momento de la escritura y se estableci\u00f3 que hab\u00eda un remanente por cubrir de $4\u2019000.000,oo de la promesa de contrato del 16 de septiembre de 2010, cuando en cuando en verdad es del 15 de septiembre de 2010, s\u00f3lo que la autenticaci\u00f3n de firmas lo fue al d\u00eda siguiente\u00bb. <\/p>\n

Continu\u00f3 precisando que relativamente a la segunda promesa, es decir, la fechada 2 de diciembre de 2010, \u00abno cabe la menor duda que se pidi\u00f3 su resoluci\u00f3n [\u2026], empero este precontrato del que desde luego no se puede desconocer la \u00edntima conexi\u00f3n que tiene con el primero que celebraron las partes, no puede desconocerse su autonom\u00eda y ello permite su an\u00e1lisis insular en torno a su validez de cara la resoluci\u00f3n deprecada y, en ese orden de ideas, el resultado de tal estudio da un remanente desafortunado, al rompe que para la sala est\u00e1 afectado de nulidad absoluta significando con ello que la pretensi\u00f3n incoada por este flanco est\u00e1 condenada al fracaso\u00bb. <\/p>\n

Afirm\u00f3 que \u00abdescendiendo al precontrato que se analiza, el objeto del negocio fue la promesa de venta de la placa que sirve de techo al apartamento 201 del edificio Rodr\u00edguez Quintero propiedad horizontal [\u2026], seg\u00fan la cl\u00e1usula primera del contrato prometido\u00bb, de lo cual emerge: \u00abA) Que eso se trata de una construcci\u00f3n sometida al r\u00e9gimen de propiedad horizontal. B) Que se estaba prometiendo en venta la placa, techo o cenit del apartamento 201, elemento este que a no dudarlo pertenece a la estructura de la copropiedad y como tal \u201cson inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados\u201d, y aunque es l\u00edcita la explotaci\u00f3n de los bienes comunes de acuerdo con el reglamento de la propiedad horizontal, es permitida \u201csiempre y cuando esta autorizaci\u00f3n no se extienda a la realizaci\u00f3n de negocios jur\u00eddicos que den lugar a la transferencia del derecho o de dominio de los mismos\u201d; en el presente caso, nada m\u00e1s pero tampoco nada menos, lo que se estaba prometiendo en venta era una zona com\u00fan de la propiedad horizontal, negocio jur\u00eddico prohibido en el art\u00edculo 19 de la Ley 675 de 2001, lo cual constituye objeto il\u00edcito a voces del art\u00edculo 1523 del C\u00f3digo Civil y lo que desde luego es causal de nulidad absoluta si en cuenta se tiene la preceptiva contenida en el inciso primero del art\u00edculo 1741 del c\u00f3digo civil. C) Ninguna duda existe que en este procedente proceso acuden en calidad de partes la [peticionaria] y Edilia Margarita Linares Barrera, aquella como demandada y esta como demandante, y estas mismas personas fungieron en el precontrato que se glosa como promitente vendedora y promitente compradora, respectivamente, de suerte entonces que el declarar la nulidad absoluta se impone y en derecho la pretensi\u00f3n resolutoria de este precontrato se derrumba con gran estropicio\u00bb. <\/p>\n

Con todo, pregon\u00f3 que para el particular evento no hay lugar a \u00abrestituciones mutuas\u00bb por cuanto \u00abla demandante Edilia Margarita Linares ocupa el apartamento 201 y el precio que prometi\u00f3 pagar por la terraza no se ha desembolsado y siendo la placa o cenit de ese mismo apartamento del edificio Rodr\u00edguez Quintero [\u2026], ninguna restituci\u00f3n hay que ordenar; queda claro entonces que la famosa placa es un bien com\u00fan y queda tal cual, [siendo que] la se\u00f1ora demandante [no] debe devolver la placa porque no la ha recibido, ni debe pagar el precio tampoco\u00bb ya que no lo ha pagado. <\/p>\n

Esclarecido lo anterior, y referente a la promesa de compraventa celebrada el d\u00eda 15 de septiembre de 2010, ment\u00f3 que la all\u00ed demandante, como promitente compradora, compareci\u00f3 a la notar\u00eda al efecto designada, y que si bien en el \u00abacta de comparecencia\u00bb el notario no dej\u00f3 expresa constancia de que Edilia Margarita Linares Barrera hubiera llevado el saldo del precio, por ello, per se, por contrario a lo colegido en primera instancia, no permite \u00abconcluir de manera categ\u00f3rica que no se allan\u00f3 a cumplir, pues tal conclusi\u00f3n s\u00f3lo es posible sacarla luego del an\u00e1lisis del rol obligacional acordado entre las partes, ya que la norma no exige que al notario se le presente el dinero sino documentos, entendidos estos como los soportes o requisitos para extender el acto notarial\u00bb, siendo que, por dem\u00e1s, obra testimonio de Mariangela Gonz\u00e1lez Linares, mismo que no fue infirmado, en que se da cuenta que aquella s\u00ed llevaba el capital correspondiente, tanto m\u00e1s cuando quiera que \u00abno hay evidencia por peque\u00f1a que sea de conductas o actos de la promitente compradora y aqu\u00ed demandante para sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones en la forma pactada, y ello ya es un indicio a su favor de querer cumplir su parte en el negocio, en el que el precio pactado por $52\u2019000.000,oo hab\u00eda cancelado ya la suma de $48\u2019000.000,oo en pago de obligaciones detalladas en la misma promesa de contrato\u00bb. <\/p>\n

Por contrario, en el decurso del sub lite se denot\u00f3 la postura asumida por la quejosa de su desinter\u00e9s en la negociaci\u00f3n, contrario sensu a lo acontecido con la promitente compradora Edilia Margarita Linares Barrera quien \u00abestaba dispuesta a la celebraci\u00f3n del negocio prometido cuando en un momento dado accede a la negociaci\u00f3n del tercer piso para superar el escollo que imped\u00eda por lo menos en parte la celebraci\u00f3n del negocio prometido\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que era dable acoger las pretensiones en punto de la promesa de compraventa de 15 de septiembre de 2010 y dispuso que la tutelista procediera a suscribir la escritura p\u00fablica prometida. <\/p>\n

3.9.- Pantallazo de las actuaciones adelantadas en segunda instancia al interior del sub judice, tomado de la p\u00e1gina electr\u00f3nica \u00abConsulta de Procesos\u00bb. <\/p>\n

4.1.- Ello, dado que contra el mentado pronunciamiento la reclamante declin\u00f3 formular los recursos de reposici\u00f3n y\/o s\u00faplica que eran procedentes conforme a los c\u00e1nones 318 y 331 del C\u00f3digo General del Proceso para rebatir lo que all\u00ed fue decidido, permitiendo entonces que as\u00ed alcanzase a cobrar firmeza, denotando de ese modo pigricia que, de suyo, comporta la inviabilidad anotada ut supra con base en el principio de residualidad a que atiende la presente acci\u00f3n constitucional, que es excepcional\u00edsima en su naturaleza. <\/p>\n

4.2.- Por dem\u00e1s, a fortiori, tampoco aquella recrimin\u00f3 ninguna de las subsecuentes determinaciones adoptadas y adelantadas en el sub judice, tanto m\u00e1s cundo quiera que estuvo de acuerdo en la suspensi\u00f3n que, de com\u00fan acuerdo, peticionaron las partes, lo que realza la incuria denotada y desplegada, dado que se avino con el preciso rito adelantado en la actuaci\u00f3n litigiosa cuestionada. <\/p>\n

5.- Esclarecido lo anterior, y analizada la sentencia revocatoria censurada fechada 11 de octubre de 2018 que defini\u00f3 el sub examine, observa la Corte que el tribunal accionado no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda que se le enrostra, toda vez que su decisi\u00f3n est\u00e1 sustentada en una postura respetable, asentada en ejercicio de las atribuciones legales y constitucionales que le corresponden. <\/p>\n

5.1.- Es decir, que del haz de acreditaci\u00f3n reunido brot\u00f3 que, en cuanto ata\u00f1e con la \u00abpromesa de compraventa\u00bb de 2 de diciembre de 2010, la misma estaba anegada en \u00abnulidad absoluta\u00bb que oficiosamente devino declarada conforme as\u00ed lo impone la ley, comoquiera que su objeto recay\u00f3 en la venta de la placa que sirve de techo al apartamento 201 del Edificio Rodr\u00edguez Quintero, emergiendo as\u00ed un \u00abobjeto il\u00edcito\u00bb dado que se trata de una \u00abzona com\u00fan\u00bb de la apuntada propiedad horizontal, misma que no puede ser vendida; por dem\u00e1s, sostuvo que no hab\u00eda lugar a \u00abrestituciones mutuas\u00bb ya que en punto de tal ileg\u00edtimo acuerdo de voluntades ni se suministr\u00f3 el precio pactado, como que tampoco fue entregado el bien prometido. <\/p>\n

A su turno, y en lo que toca con la otra promesa de venta adiada 15 de septiembre de 2010, asever\u00f3 que la promitente compradora -y all\u00ed demandante- s\u00ed se allan\u00f3 a cumplir con sus cargas prestacionales en la fecha pactada para la celebraci\u00f3n de la venta prometida, seg\u00fan as\u00ed lo denotan cabalmente las pruebas compiladas, peculiarmente las testimoniales y la documental consistente en el acta de comparecencia que elev\u00f3 a pedido suyo el notario respectivo, aconteciendo que, por contrario, la reclamante -promitente vendedora- no hizo lo propio, dando ello lugar a que fuera acogido el petitum en torno de la \u00faltima de las contrataciones mentadas, que la fue primera en el tiempo de ambas, hermen\u00e9utica plausible que no impone la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo, m\u00e1s a\u00fan cuando la sentencia materia de pronunciamiento no se ve desprovista de las presunciones de acierto y legalidad de las cuales se reviste, mismas que la apuntalan en el \u00e1mbito jur\u00eddico-procesal como ley para las partes litigiosas dada su connotaci\u00f3n de haber definido de fondo el pleito ventilado. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n, en CSJ SC-9141-2014, 14 jul. 2014, rad. 2006-00076-01, expuso relativamente al deber de los juzgadores de declarar de oficio las nulidades absolutas evidenciadas, que: <\/p>\n

[S]i por disposici\u00f3n legal tiene el deber de declarar la nulidad absoluta, con las restricciones anotadas, al proceder de ese modo no hace m\u00e1s que producir un fallo congruente, pues ha de recordarse que los art\u00edculos 305 y 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy d\u00eda 281 y 282 del C\u00f3digo General del Proceso] le ordenan, el primero, que su decisi\u00f3n guarde consonancia con \u201clas excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d, y el segundo, que cuando \u201challe probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia\u201d. Y la nulidad absoluta del contrato es justamente una excepci\u00f3n que enerva el cumplimiento del mismo, o por mejor decir, la prosperidad de las pretensiones, nulidad que de hallar probada el juez, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil debe declarar de oficio, pues de no hacerlo, ah\u00ed s\u00ed podr\u00eda producir un fallo disonante. <\/p>\n

Es \u00e9sa la doctrina de la Corte: \u201cla actividad que cumple el funcionario investido de la potestad de administrar justicia, est\u00e1 regulada por cuatro vectores cuya conjugaci\u00f3n delinean o delimitan la misma: 1) las pretensiones de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando as\u00ed lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por supuesto, cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, incursiona en predios que destellan un exceso de poder o un defecto del mismo; algunas veces, en la medida en que decide sobre cuestiones no pedidas o m\u00e1s all\u00e1 de lo solicitado o cuando deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas; tal vicio, se estructura, igualmente, cuando el sentenciador desde\u00f1a pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las partes, pero que, por disposici\u00f3n legal, deb\u00edan ser objeto de decisi\u00f3n oficiosa.\u201d (Sent. Cas. Civ. 16 de diciembre de 2010, Exp. 1997 11835 01). <\/p>\n

5.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), m\u00e1xime cuando \u00abno est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente [\u2026] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras, en la CSJ STC, 7 abr. 2011, rad. 2011-00604-00). <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC524-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00008-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Florilsa Rodr\u00edguez Quintero en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102825","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102825\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}