{"id":102831,"date":"2026-07-02T16:51:54","date_gmt":"2026-07-02T16:51:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102831"},"modified":"2026-07-02T16:51:54","modified_gmt":"2026-07-02T16:51:54","slug":"stc574-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc574-2019\/","title":{"rendered":"STC574-2019"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC574-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00046-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, a trav\u00e9s de licenciada, por Lilian Irene Ospina Parada y Camilo Gonz\u00e1lez Aguirre en frente de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, integrada por los magistrados Luis Fernando Salazar Longas, Jorge Arturo Unigarro Rosero y C\u00e9sar Augusto Guerrero D\u00edaz1, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa urbe. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Los gestores deprecan la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades querelladas dentro del juicio reivindicatorio que les formularon Fernando Tob\u00f3n Aristiz\u00e1bal y Eduardo Fajardo Molina, y en el que plantearon contrademanda de cumplimiento o resoluci\u00f3n de promesa de compraventa. <\/p>\n

2.- Arguyeron como reclamaci\u00f3n, grosso modo, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- El d\u00eda 9 de enero de 2014, en calidad de promitentes compradores, \u00abcelebraron un acuerdo de voluntades [\u2026] en el cual se pact\u00f3 la \u201ccompra del predio y derechos de uso exclusivo por tiempo indefinido del siguiente bien inmueble\u201d: Caba\u00f1a N\u00ba. 2 del Lote N\u00ba. 3 del Rancho El Ed\u00e9n en Armenia\u00bb. <\/p>\n

Por ende, recibieron \u00abla tenencia y posesi\u00f3n material del citado bien inmueble el 06 [de] febrero del 2014\u00bb y, a su turno, \u00abpagaron [\u2026] $36\u2019500.000 por concepto de capital, intereses, costas procesales y agencias en derecho, para evitar el remate de la posesi\u00f3n que en el momento de la demanda y medidas cautelares detentaba [\u2026] Carlos Eduardo Fajardo Garc\u00eda\u00bb dentro del pleito ejecutivo 2013-0500 en donde, antes de disponerse su finalizaci\u00f3n, se orden\u00f3 a su favor la entrega de la posesi\u00f3n. <\/p>\n

2.2.- El sub lite, fue admitido a tr\u00e1mite por el despacho encartado, siendo que all\u00ed contestaron la demanda y plantearon reconvenci\u00f3n. <\/p>\n

2.3.- Agotadas las etapas procedimentales, la c\u00e9lula judicial querellada emiti\u00f3 fallo de 31 de marzo de 2017 en que desestim\u00f3 el petitum de la contrademanda y, en lugar de declarar la reivindicaci\u00f3n reclamada en el libelo principal, declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato ventilado. <\/p>\n

2.4.- Contra tal decisi\u00f3n interpusieron apelaci\u00f3n, aconteciendo que la sala entutelada, a trav\u00e9s de sentencia fechada 3 de octubre de ese mismo a\u00f1o, ratific\u00f3 la de primer grado. Aseveran que esa decisi\u00f3n encierra irregularidad comoquiera que, en compendio, \u00abfue absurda y terriblemente injusta al no reconocer, en primer lugar, que el convenio celebrado entre las partes no se trataba de una promesa de compraventa, sino de una venta de los derechos de posesi\u00f3n que ten\u00eda [\u2026] Eduardo Fajardo sobre el inmueble, pues dadas las condiciones particulares del asunto y teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso, no pod\u00eda tratarse de otra cosa, y en segundo, al no ordenar el pago de los treinta y seis millones quinientos mil pesos ($36.500.000) pagados por Camilo Gonz\u00e1lez para evitar el remate de la posesi\u00f3n de esta casa a favor de los demandados, cuando sin duda, es un valor que debi\u00f3 tenerse en cuenta al ordenarse las restituciones mutuas\u00bb. <\/p>\n

2.5.- Contra el fallo de segunda instancia formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n que no les fue concedido por resoluci\u00f3n de 2 de noviembre de 2017; por ende, interpusieron recurso de queja desatado adversamente por auto de 31 de julio del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado. <\/p>\n

3.- Instan, conforme a lo relatado, \u00abse declare que el negocio celebrado entre [ellos con] Fernando Tob\u00f3n Aristiz\u00e1bal y Eduardo Fajardo Molina tiene plenos efectos jur\u00eddicos\u00bb; subsidiariamente, se disponga que estos les \u00abrestitu[yan] la suma de [\u2026] $36\u2019500.000 m\u00e1s los correspondientes intereses desde el momento del pago, expensa necesaria pagada [\u2026] para la defensa judicial del inmueble\u00bb. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que los reclamantes, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos material y f\u00e1ctico, enfilan su inconformismo, en \u00faltimas, contra la corporaci\u00f3n querellada dado que profiri\u00f3 sentencia revalidatoria calendada 3 de octubre de 2017. <\/p>\n

3.1.- Disco compacto contentivo de la sentencia confirmatoria de 3 de octubre de 2018, emitida por la sala acusada. <\/p>\n

Entre otras cavilaciones, al efecto sostuvo, citando jurisprudencia, que \u00abse destaca que en oportunidad debida la parte actora alleg\u00f3 un escrito de reforma a la demanda, mediante el cual introdujo modificaciones importantes al libelo original, ya que implic\u00f3 la variaci\u00f3n parcial de las personas contra quienes se dirig\u00eda la acci\u00f3n, incluyendo otras pretensiones alternativas, siendo que clasific\u00f3 como principal la solicitud de reivindicaci\u00f3n de dominio y, como subsidiarias, la de nulidad sustantiva del contrato o en su defecto la resoluci\u00f3n contractual por incumplimiento; adem\u00e1s, para este prop\u00f3sito se especificaron los hechos b\u00e1sicos de la causa para pedir y el juzgado de instancia, por medio de auto de 15 de septiembre de 2015, admiti\u00f3 la integraci\u00f3n del libelo en los t\u00e9rminos en que fue corregido y al respecto ning\u00fan reparo se formul\u00f3\u00bb. <\/p>\n

Por ende, asever\u00f3, \u00abla prosperidad de la pretensi\u00f3n de nulidad de contrato, que se invoc\u00f3 de manera subsidiaria en la demanda reformada, impon\u00eda la presencia en el proceso de todos aquellos que tomaron parte en el acto o negocio jur\u00eddico, pues resultar\u00edan afectados como sujetos de la relaci\u00f3n sustancial. Por consiguiente, se establece que al intervenir en la celebraci\u00f3n del contrato el 9 de enero de 2014, los demandantes y demandados est\u00e1n legitimados en la causa por activa y pasiva\u00bb. <\/p>\n

A esas cotas, afirm\u00f3 que \u00abcorresponde examinar si el fallo impugnado es incongruente como se adujo en la apelaci\u00f3n\u00bb, para lo cual pregon\u00f3 que \u00abde conformidad con las afirmaciones contenidas en el escrito mediante el cual se integr\u00f3 la causa petendi que sustentan las peticiones de la demanda reformada, se deduce que el objeto de la controversia tiene como epicentro que se dejen sin efecto jur\u00eddico las consecuencias que derivan de las obligaciones pactadas en el contrato, pues con base en esta discusi\u00f3n de manera principal se pretendi\u00f3 la reivindicaci\u00f3n de dominio del inmueble reclamado y de manera subsidiaria, la nulidad sustantiva del acuerdo de voluntades o la resoluci\u00f3n contractual por incumplimiento\u00bb, am\u00e9n que \u00abse observa que los [tutelistas] en la contestaci\u00f3n a la demanda argumentaron la eficacia jur\u00eddica de las obligaciones pactadas, porque derivan de un acto de autonom\u00eda negocial y en este sentido expusieron las excepciones meritorias\u00bb, tanto m\u00e1s que \u00abde manera simult\u00e1nea se formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n de existencia de convenci\u00f3n jur\u00eddica con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, que vincula a los demandados como litisconsortes necesarios, cuya reclamaci\u00f3n afrontaron los demandantes al resistir las peticiones y solicitar excepciones de fondo, lo cual significa que a los intervinientes se les garantiz\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n y defensa\u00bb. <\/p>\n

Por lo propio, ment\u00f3 a vuelta de lo anterior, \u00abse estima que la a quo no desacert\u00f3 en el marco esencial de su reflexi\u00f3n hermen\u00e9utica, para decidir la pendencia en relaci\u00f3n con las reclamaciones de la demanda reformada, la demanda de reconvenci\u00f3n y excepciones de fondo esgrimidas en la pol\u00e9mica por las partes, ya que, con arreglo al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 42 y art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, esa labor se encuentra en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en las piezas procesales en comento, lo que se concluye a partir de una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica basada en todo su conjunto y frente a la discusi\u00f3n suscitada; adem\u00e1s, el fallo apelado se pronunci\u00f3 sobre las restituciones mutuas que pod\u00edan contemplarse de oficio, ya que, al respecto existe autorizaci\u00f3n legal\u00bb, surgiendo por tanto que \u00abno existi\u00f3 trasgresi\u00f3n al principio de la congruencia, porque el acogimiento de una de las peticiones subsidiarias contenidas en la demanda reformada y sus consecuencias, que signific\u00f3 una sentencia desfavorable para la parte pasiva, de ning\u00fan modo permite calificar la decisi\u00f3n de incongruente, ya que distinto de no decidir un extremo de la litis o rebasar sus contornos, es resolverla en forma opuesta a la aspiraci\u00f3n de los demandados\u00bb. <\/p>\n

Esclarecido ello, sostuvo que \u00aben el litigio nada se discute en torno a la improcedencia de la acci\u00f3n de dominio solicitada como pretensi\u00f3n principal en la demanda reformada, pues como se explic\u00f3 inicialmente, en definitiva la disputa se concentr\u00f3 en establecer si el contrato celebrado por las partes el 9 de enero de 2014, exig\u00eda de requisitos o formalidades especiales para su eficacia jur\u00eddica. En ese contexto, [se] procede a resolver los restantes reparos de los recurrentes contra el fallo de primer grado y para este prop\u00f3sito estudiar\u00e1 si el contrato objeto de discusi\u00f3n configura una promesa de venta, que por ausencia de sus requisitos formales se debe declarar la nulidad absoluta solicitada como pretensi\u00f3n subsidiaria en la demanda reformada; asimismo, si es procedente la figura de suma de posesiones que permita reconocer la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio que por la parte demandada se adujo como excepci\u00f3n perentoria y, por \u00faltimo, si es factible impon\u00e9rsele a la parte actora el reembolso a la demandada de los gastos efectuados en un proceso ejecutivo y la cuant\u00eda que fij\u00f3 el perito como valor de la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

En pro de dicho labor\u00edo, adujo primeramente que conforme a las acreditaciones existentes se advierte \u00abque lo pactado sin duda corresponde a la disciplina que permite identificar en su fisonom\u00eda tipol\u00f3gica al contrato de promesa de venta. Ello es as\u00ed, porque al examen de los antecedentes que permitieron suscribir el contrato y las conductas coet\u00e1neas y posteriores que los contratantes desarrollaron para lograr el cumplimiento de las prestaciones pactadas, se desprende que estas muestran la intenci\u00f3n inequ\u00edvoca de celebraci\u00f3n futura del contrato de compraventa del inmueble que fue prometido, cuya escritura p\u00fablica se elevar\u00eda a un protocolo en una notar\u00eda, en una fecha indeterminada, pues el documento s\u00f3lo hizo referencia a la firma posterior del instrumento, a partir de la cual se pagar\u00edan los saldos adeudados como pago del precio\u00bb. <\/p>\n

Lo anterior, continu\u00f3, \u00abporque ninguna de las situaciones probatorias permite considerar que al firmarse el documento, los negociantes de manera inmediata consideraron la compraventa del inmueble; por el contrario, del texto deriva que se hab\u00eda acordado un precio prometido de $440\u2019000.000, que los promitentes compradores se comprometieron a pagar de la siguiente manera: $30\u2019000.000, al momento de la firma, por medio de la entrega de dos cheques de gerencia contra el Banco Davivienda; $110\u2019000.000 que se girar\u00edan directamente del Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir, con recursos de Lilian Irene Ospina Parada, una vez se suscribiera la escritura p\u00fablica concerniente a la venta; y a continuaci\u00f3n se pagar\u00eda el saldo de $300\u2019000.000 con inter\u00e9s de 0.75% mes vencido sobre los saldos y a los seis meses se reconocer\u00eda el inter\u00e9s del 1.00% sobre los primeros $150\u2019000.000 adeudados y el 0.75% sobre el excedente que correspond\u00eda a id\u00e9ntica cantidad\u00bb. <\/p>\n

Empero, denot\u00f3, \u00abse presentaron situaciones que impidieron concretar la celebraci\u00f3n del contrato prometido de compraventa, porque el propietario del inmueble reclam\u00f3 que s\u00f3lo hab\u00eda recibido la suma de $10\u2019000.000 y los promitentes compradores realizaron otros pagos a trav\u00e9s de la cuenta de Alicia Rufo, seg\u00fan lo hab\u00eda autorizado Eduardo Fajardo Molina, y en esta pol\u00e9mica se exig\u00eda la garant\u00eda real de hipoteca a cargo de los deudores, que finalmente result\u00f3 frustrada. Y este devenir de reclamos relacionados con el incumplimiento mutuo de los contratantes, ya que los promitentes compradores tambi\u00e9n alegaron que nunca se hab\u00eda realizado el desenglobe del inmueble, foment\u00f3 el obst\u00e1culo para convenir una soluci\u00f3n feliz, porque tambi\u00e9n se les imputaba a los demandados el hecho de que estaban realizando actos abusivos en el disfrute de la casa, en raz\u00f3n a que la tenencia concedida no los autorizaba para utilizar el servicio de internet y de televisi\u00f3n satelital instalados en el hotel contiguo y que era manejado por el demandante Fernando Tob\u00f3n Aristiz\u00e1bal\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, coligi\u00f3se, \u00abno tiene acogida el argumento de que el acuerdo de voluntades involucr\u00f3 un contrato at\u00edpico o innominado, primero porque no era de car\u00e1cter comercial y, lo segundo, las particulares caracter\u00edsticas de la voluntad interna de los contratantes conducen a definir la promesa de contrato y, por consiguiente, est\u00e1n descartadas las posibilidades de referencia a un acuerdo obligatorio entre las partes que no encuentra ubicaci\u00f3n espec\u00edfica dentro de la ley civil y\/o mercantil, fruto de la libertad contractual permitida y que no ha sido individualizado de manera especial\u00bb. <\/p>\n

Al margen de lo anterior, en segundo t\u00e9rmino, proclam\u00f3 que \u00abfue acertada la decisi\u00f3n apelada en cuanto declar\u00f3 impr\u00f3spera la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, pues en el litigio nunca se demostr\u00f3 el hito a partir del cual los demandados mudaron la calidad de tenencia a la de poseedores del inmueble, es decir, cuando se produjo la interversi\u00f3n del t\u00edtulo. Igualmente, nada se ha demostrado acerca de la anexi\u00f3n v\u00e1lida de posesiones arg\u00fcida, pues por la carencia de formalidades de la promesa, concernientes al requisito de haberse fijado un plazo o condici\u00f3n que establezca la \u00e9poca en que se celebrar\u00eda el contrato prometido y de haberse determinado el mismo de suerte que solo faltaba la tradici\u00f3n con las formalidades legales a que refieren los ordinales 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil en cita, lleva a concluir la ineficacia del consentimiento que hiciera viable la creaci\u00f3n de un v\u00ednculo sustancial entre los sucesores y los antecesores\u00bb. <\/p>\n

En tercer orden, manifest\u00f3 que \u00abestima improcedente reconocer los valores pagados por la parte demandada, con sustento en la alegaci\u00f3n de haberlos efectuado en la defensa judicial del bien y se ordene el reintegro del precio comercial de la posesi\u00f3n. Al respecto, cabe se\u00f1alar que en el fallo recurrido las restituciones rec\u00edprocas de los contratantes se disciplinaron y ordenaron con arreglo a lo estatuido en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, luego de anularse el acuerdo de voluntades. Tambi\u00e9n, que de conformidad con el art\u00edculo 965 [ejusdem], los gastos reclamados por la parte apelante no entran en la categor\u00eda de expensas necesarias, con el car\u00e1cter de inversi\u00f3n destinada a la conservaci\u00f3n del inmueble, porque el dinero pagado para detener el remate de los derechos derivados de la posesi\u00f3n del predio, en el proceso ejecutivo radicado en el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Armenia, fue un desembolso distinto al exigido para el cumplimiento de una carga real que pesara sobre el bien, como por ejemplo, la cancelaci\u00f3n de una hipoteca o de una servidumbre, o acto an\u00e1logo y en realidad este rubro no fortaleci\u00f3 o increment\u00f3 el patrimonio del propietario, pues el litigio carece de demostrativo que brinde seguridad acerca de que existi\u00f3 un provecho, utilidad o lucro emanado de esa operaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Por otro lado, prosigui\u00f3, \u00abse establece que el valor comercial que el perito fij\u00f3 del derecho derivado de la posesi\u00f3n, no es una acreencia irrefutable que est\u00e9 a favor de los demandados, ya que se demostr\u00f3 que a trav\u00e9s del contrato s\u00f3lo recibieron la tenencia del inmueble y desde esta perspectiva resulta imposible que se pueda calificar como expensas necesarias de inversi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3.2.- Pantallazo de las actuaciones adelantadas en segunda instancia al interior del sub judice, tomado de la p\u00e1gina electr\u00f3nica \u00abConsulta de Procesos\u00bb. <\/p>\n

3.3.- Auto CSJ AC3252-2018, proferido el d\u00eda 31 de julio del a\u00f1o pasado, mediante el cual se determin\u00f3 estar \u00abbien denegada la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n de Camilo Gonz\u00e1lez Aguirre y Lilian Irene Ospina Parada, respecto de la sentencia de 3 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso declarativo incoado por Fernando Tob\u00f3n Aristiz\u00e1bal y Eduardo Fajardo Molina, contra los recurrentes\u00bb. <\/p>\n

4.- Del caso es destacar, antes que otra cosa, que en el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n no hay desprecio del requisito general de procedencia de la inmediatez, habida cuenta que, seg\u00fan viene de verse, los peticionarios obtuvieron pronunciamiento del \u00faltimo de los mecanismos legales que enfilaron, esto es, del recurso de queja ut supra, s\u00f3lo hasta el d\u00eda 31 de julio de 2018, de donde se desprende que, bajo esa precisa \u00f3ptica, no obra desidia alguna en cuanto a la tempestividad en la formulaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n de amparo, pues desde tal data hasta la fecha en que radic\u00f3 la presente acci\u00f3n (14 de enero de 2019), no alcanzaron a trascurrir los seis (6) meses que la jurisprudencia tiene establecidos como el lapso razonable para promover en tiempo toda salvaguarda instada; ello, por cuanto, en el concreto y puntual asunto, las actuaciones enantes rese\u00f1adas detentan correlaci\u00f3n procesal con la providencia en menci\u00f3n de que aqu\u00ed se duelen los reclamantes. <\/p>\n

5.- Depurado lo anterior, analizada la sentencia ratificatoria censurada fechada 3 de octubre de 2017, observa la Corte que el tribunal accionado no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda que se le enrostra, toda vez que su decisi\u00f3n est\u00e1 sustentada en una postura respetable, asentada en ejercicio de las atribuciones legales y constitucionales que le corresponden. <\/p>\n

5.1.- Es decir, que no hab\u00eda lugar a infirmar el fallo dictado en primer grado mediante el cual se declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa celebrado entre las partes, en primer lugar, comoquiera que de las demostraciones compiladas surgi\u00f3 que el acuerdo de voluntades otrora celebrado s\u00ed se trat\u00f3 verdaderamente de uno de la apuntada naturaleza, tanto m\u00e1s que las actuaciones sincr\u00f3nicas y subsiguientes a la firma del mismo desplegadas por los pactantes, am\u00e9n del propio texto del acuerdo de voluntades, denotan que ese fue el preciso parecer por el cual optaron, y que si no se perfeccion\u00f3 tal fue justamente por las vicisitudes surgidas en torno al debido cumplimiento de las prestaciones all\u00ed estipuladas, por lo que en manera alguna se pod\u00eda predicar que aquel era innominado. <\/p>\n

Adem\u00e1s, concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar a acoger la excepci\u00f3n de fondo denominada prescripci\u00f3n adquisitiva que plantearon los enjuiciantes, habida cuenta que \u00abnunca se demostr\u00f3 el hito a partir del cual los [tutelistas] mudaron la calidad de tenencia a la de poseedores del inmueble, es decir, cuando se produjo la interversi\u00f3n del t\u00edtulo\u00bb, am\u00e9n que no lo detentaron a t\u00edtulo diverso del de tenedores ya que \u00aben el contrato el propietario no pact\u00f3 la entrega material del predio, porque la tradici\u00f3n qued\u00f3 diferida al momento en que se llevar\u00eda a protocolo notarial la compraventa prometida\u00bb, no acreditaron la posesi\u00f3n esgrimida y tampoco la supuesta \u00absuma de posesiones\u00bb que al efecto arguyeron. <\/p>\n

Del mismo modo, determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar al reconocimiento de los valores reclamados por los querellantes, habida cuenta que las restituciones mutuas se regulan bajo los par\u00e1metros del canon 1746 del C\u00f3digo Civil, am\u00e9n que asimismo por \u00abel art\u00edculo 965 [ibidem], [siendo que] los gastos reclamados por la parte apelante no entran en la categor\u00eda de expensas necesarias, con el car\u00e1cter de inversi\u00f3n destinada a la conservaci\u00f3n del inmueble, porque el dinero pagado para detener el remate de los derechos derivados de la posesi\u00f3n del predio [\u2026] fue un desembolso distinto al exigido para el cumplimiento de una carga real que pesara sobre el bien\u00bb, aparte que el valor fijado en la experticia se circunscribi\u00f3 a los derechos derivados de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb y los promotores \u00abs\u00f3lo recibieron la tenencia del inmueble y desde esta perspectiva resulta imposible que se pueda calificar como expensas necesarias de inversi\u00f3n\u00bb, hermen\u00e9utica plausible que no impone la inaplazable intervenci\u00f3n del juez de amparo. <\/p>\n

5.2.- Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n(con impedimento) <\/p>\n

1 \tQuien \testaba en uso de permiso.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC574-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-00046-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, a trav\u00e9s de licenciada, por Lilian Irene Ospina Parada y Camilo Gonz\u00e1lez Aguirre en frente de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}