{"id":102834,"date":"2026-07-02T16:52:27","date_gmt":"2026-07-02T16:52:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102834"},"modified":"2026-07-02T16:52:27","modified_gmt":"2026-07-02T16:52:27","slug":"stc606-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc606-2019\/","title":{"rendered":"STC606-2019"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

STC606-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02379-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 8 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante letrado, por Gonzalo de Jes\u00fas Jaramillo Bland\u00f3n en frente de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn y el Juzgado Segundo Laboral de esa urbe. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El reclamante depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, m\u00ednimo vital, igualdad, seguridad social, y \u00abfavorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas al interior del juicio ordinario laboral que emprendi\u00f3 contra Colpensiones. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3 soportando su reclamo, grosso modo, lo siguiente:
\n2.1.- Adelant\u00f3 el litigio sub examine con el fin de que se le declarara que \u00abes beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb y se le recociera \u00abla pensi\u00f3n de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o\u00bb, junto con el pago de las mesadas adeudadas, incrementos, intereses moratorios, indexaciones y agencias en derecho. <\/p>\n

2.2.- Agotadas las etapas procedimentales correspondientes, la c\u00e9lula judicial convocada dict\u00f3 fallo desestimatorio adiado 10 de diciembre de 2010. <\/p>\n

2.3.- Apel\u00f3 dicha decisi\u00f3n, aconteciendo que el tribunal cuestionado la revalid\u00f3 por sentencia de 23 de abril de 2013. <\/p>\n

2.4.- Recurri\u00f3 en casaci\u00f3n esa providencia, aconteciendo que la Sala hom\u00f3loga Laboral no la cas\u00f3 seg\u00fan determin\u00f3 en pronunciamiento de 13 de junio de 2018. <\/p>\n

2.5.- Asevera que particularmente la \u00faltima decisi\u00f3n incurri\u00f3 en anomal\u00eda comoquiera que, en suma, al pregonar que no es posible la sumatoria de los per\u00edodos laborados en el sector p\u00fablico y privado, a efectos de contabilizar el t\u00e9rmino fijado por el legislador para acceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, soslay\u00f3 el precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-769-2014, dado que realiz\u00f3 una \u00abinterpretaci\u00f3n regresiva y contraria [al\u2026] art\u00edculo 12 del Decreto 758 de 1990 [\u2026] cuando su deber era escoger la [norma] m\u00e1s favorable al trabajador\u00bb. <\/p>\n

3.- Insta, conforme a lo relatado, se \u00abdejen sin efecto las sentencias\u00bb dictadas en el sub judice, a fin de que \u00abse dicte una nueva conforme a las sentencias de unificaci\u00f3n de la [\u2026] Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n

4.- El presente asunto se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite mediante determinaci\u00f3n de 29 de octubre de 2018 (fls. 55 y 56, cdno. 1), y fue resuelto por providencia del d\u00eda 8 de noviembre ulterior (fls. 90 a 99, idem). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

Guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n pedida afirmando, esencialmente, que \u00ab[l]a inconformidad del accionante consiste, en esencia, en el hecho que la Sala Laboral de esta Corte, no cas\u00f3 la sentencia de segundo grado dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, por la cual absolvi\u00f3 al Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones), de la totalidad de las pretensiones de la demanda ordinaria promovida por Gonzalo de Jes\u00fas Jaramillo Bland\u00f3n; al considerar que incurri\u00f3 en una \u201cv\u00eda de hecho\u201d, ya que desconoci\u00f3 los postulados jurisprudenciales decantados por la Corte Constitucional, lo cual conllev\u00f3 a la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3, entonces, que \u00ab[r]evisada la decisi\u00f3n censurada, se verifica que, contrario a las afirmaciones del tutelante, la misma no se evidencia arbitraria, sino razonable y sustentada en derecho, pues la aludida Corporaci\u00f3n, con base en lo dispuesto por el ordenamiento legal y bajo una argumentaci\u00f3n reflexiva y ce\u00f1ida a sus precedentes jurisprudenciales\u00bb, siendo que \u00ab[e]l razonamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso, pues, entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una instancia m\u00e1s; y no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al asunto, valoraciones probatorias o en el seguimiento de los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido\u00bb (destacado original, como los dem\u00e1s). <\/p>\n

Ment\u00f3, parejamente, que \u00ab[a]rgumentos como los presentados por la parte actora son incompatibles con este mecanismo constitucional. Si se admitiera que el juez de tutela pueda verificar la juridicidad de los tr\u00e1mites por los presuntos desaciertos en la valoraci\u00f3n probatoria o interpretaci\u00f3n de las disposiciones jur\u00eddicas y\/o jurisprudenciales, no s\u00f3lo se desconocer\u00edan los principios de independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley, que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, previstos en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, sino adem\u00e1s los del juez natural y las formas propias del juicio contenidos en el canon 29 Superior\u00bb (fls. 90 a 99, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La interpuso el abogado del gestor invocando al efecto, en compendio, a m\u00e1s de realzar lo que hab\u00eda planteado en el libelo genitor, que \u00ab[l]a Corte Constitucional ha proferido un gran n\u00famero de sentencias donde ha indicado que la Corte Suprema de Justicia, en sus diferentes salas, entre ellas la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, ha violado derechos fundamentales por no acatar el precedente y por no interpretar las normas desde la \u00f3ptica constitucional, orden\u00e1ndole que expida nuevas decisiones o de una vez, anul\u00e1ndolas y dictando las de reemplazo\u00bb (fls. 100 a 103, idem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo contra las sentencias dictadas al interior del sub examine. <\/p>\n

3.- Obran cardinalmente, como actuaciones que ata\u00f1en con el preciso asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Libelo demandatorio que origin\u00f3 el tr\u00e1mite sub lite (fls. 17 a 21, cdno. 1). <\/p>\n

3.2.- Sentencia denegatoria fechada 10 de diciembre de 2010, proferida el juzgado querellado, (fls. 22 a 27, idem). <\/p>\n

3.3.- Providencia confirmatoria calendada 23 de abril de 2013, dictada por el tribunal cuestionado (fls. 28 a 35, idem). <\/p>\n

3.4.- Fallo CSJ SL2369-2018, 13 jun. 2018, rad. 63412, que resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n de marras (fls. 67 a 75, idem). <\/p>\n

Lo apuntado en vista que la Sala -permanente- de Casaci\u00f3n Laboral, sobre el particular sostuvo, entre otras reflexiones, que \u00ab[l]a Corte limitar\u00e1 el estudio del cargo a la sumatoria de tiempos p\u00fablicos no aportados a ninguna caja previsional con semanas cotizadas al ISS, en tanto del alcance de la impugnaci\u00f3n, de la proposici\u00f3n jur\u00eddica y de su desarrollo, as\u00ed se desprende. En ese orden de ideas, no ofrecen discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos, fijados por el ad quem: i) que el demandante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; y, ii) que tiene una densidad de 1015 semanas, de las cuales 911,57 fueron cotizadas al Instituto de Seguros Sociales\u00bb. <\/p>\n

Asever\u00f3, a vuelta de lo anterior, que \u00ab[e]l reparo fundamental del recurrente se centra en se\u00f1alar que conforme a lo previsto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, para la pensi\u00f3n de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990 es viable sumar el tiempo laborado para el sector p\u00fablico, en la medida que dicha disposici\u00f3n permite la sumatoria de las semanas cotizadas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 al ISS, cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector p\u00fablico o privado, as\u00ed como el tiempo laborado como servidores p\u00fablicos\u00bb, ante lo cual denot\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n al impugnante en su censura, ya que no resulta procedente la sumatoria de tiempos servidos al sector p\u00fablico con semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, a efectos de reconocer la pensi\u00f3n de vejez contemplada en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dicha disposici\u00f3n no lo contempla y, adem\u00e1s, porque lo establecido en el par\u00e1grafo primero del citado art\u00edculo 36, hace referencia a la pensi\u00f3n de vejez de que trata el 33 de esa misma ley, y no a las pensiones a las que se accede a trav\u00e9s el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, como la prevista en el precitado art\u00edculo 12\u00bb. <\/p>\n

4.- La Sala, recientemente, en CSJ STC13476-2018, 17 oct. 2018, rad. 2018-01645-01, acerca de un asunto de similar tenor, puso de presente, a espacio, lo que pasa a denotarse: <\/p>\n

Esta Sala, en un caso de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al presente, tuvo la oportunidad de brindar la protecci\u00f3n rogada por el promotor, tras considerar lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab1. Ram\u00f3n Antonio Baena C\u00e9spedes arremete concretamente contra la sentencia de 26 de agosto de 2015 de la Sala de Casaci\u00f3n querellada, por la cual se resolvi\u00f3 no casar el fallo de segundo grado proferido en el comentado subex\u00e1mine, neg\u00e1ndose de esa manera el reconocimiento de su pensi\u00f3n de vejez, desconociendo supuestamente, las normas que permiten la acumulaci\u00f3n del tiempo de servicio, sin importar la naturaleza de la sujeci\u00f3n laboral, esto es, si es de car\u00e1cter \u201c(\u2026) oficial o privado (…)\u201d. <\/p>\n

[\u2026] Se revocar\u00e1 la sentencia impugnada, al avizorarse que la providencia a trav\u00e9s de la cual se desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n del promotor, transgredi\u00f3 los derechos fundamentales deprecados, por prescindir de la doctrina constitucional y legal sobre la suma de tiempos de servicio oficial no cotizados con el Instituto de Seguro Social -ISS- (hoy Colpensiones) para pensi\u00f3n, por aportes de la Ley 71 de 1988, como a continuaci\u00f3n pasa a verse. <\/p>\n

[\u2026] La Sala de Casaci\u00f3n Laboral infiri\u00f3 probatoriamente \u201c(\u2026) (i) que el se\u00f1or Ram\u00f3n Antonio Baena C\u00e9spedes es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii) que contaba con servicios al sector p\u00fablico sin cotizaciones al ISS y cotizaciones como afiliado a esa entidad de seguridad social; (iii) que cumpli\u00f3 60 a\u00f1os de edad el 10 de agosto de 2000; y (iv) que el n\u00famero de semanas cotizadas fue de 1017 y que dej\u00f3 de cotizar al sistema el 3 de abril de 2006 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esa forma, concluy\u00f3 que para efectos prestacionales, conforme a la jurisprudencia imperante de ese m\u00e1ximo Tribunal, entre tal, la sentencia del 19 de octubre de 2011 (ref. 41672), el tiempo no cotizado por el petente al ISS no pod\u00eda sumarse al lapso de servicios que s\u00ed fue contribuido en ese ente, motivo por el cual no pod\u00eda pensionarse bajo el \u201cr\u00e9gimen de transici\u00f3n\u201d consignado en el canon 36 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n

A rengl\u00f3n seguido, desech\u00f3 la posibilidad de otorgar la aludida prestaci\u00f3n social sin aplicar el citado \u201cr\u00e9gimen de transici\u00f3n\u201d, por cuanto, a pesar de que bajo los derroteros de la regla 33 ib\u00eddem, es admisible computar los tiempos de servicio, a la fecha en la cual el interesado demand\u00f3 el reconocimiento se exig\u00edan 1050 semanas cotizadas (precepto 3\u00b0 de la Ley 797 de 2003), y \u00e9l s\u00f3lo demostr\u00f3 1017. <\/p>\n

[\u2026] Debe admitirse que la providencia en cita arguy\u00f3 razones serias y respetables sobre la improcedencia de adjudicar el beneficio econ\u00f3mico pretendido por Ram\u00f3n Antonio Baena C\u00e9spedes, empero, tampoco puede soslayarse que las consideraciones all\u00ed expuestas no acentuaron el estudio de las disposiciones que regulan lo atinente a la posibilidad de acumular tiempo de servicio a diferentes empleadores, p\u00fablicos y privados, tanto antes como despu\u00e9s de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y las subreglas erigidas por la Corte Constitucional para el caso espec\u00edfico, proposiciones que al analizarse, conducir\u00edan a establecer con mayor certeza, si el actor acreditaba el n\u00famero de semanas necesarias para obtener la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n

[\u2026] Previo a la expedici\u00f3n de la Carta de 1991 y la Ley 100 de 1993, no hab\u00eda un sistema integral de pensiones, existiendo a la par m\u00faltiples reg\u00edmenes, regentados por distintas entidades. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, por ejemplo, la administraci\u00f3n relativa al reconocimiento y pago de las pensiones de los servidores p\u00fablicos la efectuaba la Caja Nacional de Previsi\u00f3n -Cajanal- y las cajas de las respectivas entidades territoriales, competencia que desempe\u00f1aban paralelamente junto a otras entidades oficiales, en especial, aqu\u00e9llas encargadas de \u201c(\u2026) regular a determinados sectores de empleados, como los miembros de la Fuerza P\u00fablica (…)\u201d. <\/p>\n

Por otro lado, la concreci\u00f3n de los derechos a la jubilaci\u00f3n de los trabajadores privados le correspond\u00eda asumirla directamente a algunos empleadores, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, concordante con las Leyes 6 de 1945 y 65 de 1946, respectivamente, atribuy\u00e9ndose esa funci\u00f3n solo a las \u201c(\u2026) empresas [que contaran] con [un] capital mayor a ochocientos mil pesos (…)\u201d. Igualmente, para otros sectores industriales, permiti\u00f3 la legislaci\u00f3n laboral de ese entonces, la creaci\u00f3n de \u201c(\u2026) cajas de previsi\u00f3n privadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

No obstante, fue a partir de 1967 cuando el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (despu\u00e9s Seguro Social -ISS-, hoy Colpensiones) asumi\u00f3 gradualmente \u201c(\u2026) el reconocimiento y pago de pensiones de empleados privados (\u2026)\u201d, atributo que no previ\u00f3 \u201c(\u2026) un sistema de [integraci\u00f3n] entre reg\u00edmenes del sector p\u00fablico y privado (\u2026)\u201d. <\/p>\n

[\u2026] Luego, mediante la Ley 71 de 1988 se permiti\u00f3 integrar los aportes de aquellos servidores p\u00fablicos que tambi\u00e9n trabajaron con empleadores privados y cotizado al ISS, como es el caso del aqu\u00ed quejoso, Ram\u00f3n Antonio Baena C\u00e9spedes, sin embargo, como lo indic\u00f3 la Corte Constitucional mediante sentencia C-012 de 1994, para las personas con expectativas pensionales reguladas por \u201c(\u2026) reg\u00edmenes anteriores (\u2026)\u201d, se les exclu\u00eda de ese beneficio, a menos que \u00e9stas \u201c(\u2026) demostraran [solamente] haber cotizado al ISS y las cajas de previsi\u00f3n del sector p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En esa direcci\u00f3n, y a partir de los principios emanados del art\u00edculo 48 Superior y acopiados por la Ley 100 de 1993, dicha Corporaci\u00f3n, en prove\u00eddo T-090 de 2009 se\u00f1al\u00f3 la posibilidad de \u201c(\u2026) acumular tiempo de servicio a entidades estatales y cotizaciones al ISS para reunir el n\u00famero de semanas necesarias con el fin de obtener la pensi\u00f3n de vejez (\u2026)\u201d, deduciendo tal aseveraci\u00f3n del \u201c(\u2026) principio constitucional de favorabilidad (\u2026)\u201d, dando alcance al \u201c(\u2026) r\u00e9gimen de transici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Bajo la anterior premisa, expres\u00f3: \u201c(\u2026) [U]na de las interpretaciones se\u00f1ala que el acuerdo 49 de 1990, norma que el actor pretende le sea aplicada en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, nada dice acerca de la acumulaci\u00f3n antes explicada, raz\u00f3n por la cual, si el peticionario desea que se le haga esta sumatoria, debe acogerse a los art\u00edculos de la ley 100 de 1993 que regulan los requisitos de la pensi\u00f3n de vejez, disposici\u00f3n que s\u00ed permite expresamente la acumulaci\u00f3n que solicita (art\u00edculo 33, par\u00e1grafo 1). Tal conclusi\u00f3n es apoyada por el tenor literal del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 33, que prescribe que las acumulaciones que prev\u00e9 son s\u00f3lo para efectos del c\u00f3mputo de las semanas a que se refiere el art\u00edculo 33, lo que excluir\u00eda estas sumatorias para cualquier otra norma, en este caso, para el acuerdo 49 de 1990 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

[\u2026] Despu\u00e9s, en reciente sentencia, la Corte Constitucional recogiendo la ratio decidendi contenida en los fallos arriba citados, estableci\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n entiende que es una obligaci\u00f3n del ISS acumular el tiempo de servicio al Estado, independientemente si fue cotizado o no, para efectos de acceder al reconocimiento de una pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando el afiliado sea beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en la Ley 100 de 1993. Esta obligaci\u00f3n se fundamenta en el principio constitucional de favorabilidad y en la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el Art\u00edculo 36 de la misma normatividad. Finalmente, en criterio de la Corte, el desconocimiento de este deber supondr\u00eda una vulneraci\u00f3n de los derechos al debido proceso y a la seguridad social, m\u00e1s all\u00e1 del deber que existe de trasladar la respectiva cuota parte pensional, para efectos de mantener la sostenibilidad financiera del sistema (…)\u201d (se resalta). <\/p>\n

[\u2026] Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 16 de octubre de 2014, junt\u00f3 sus propios precedentes sobre la materia, y dispuso que ante la posibilidad de \u201c(\u2026) acumular tiempos de servicios prestados en entidades p\u00fablicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes a alguna Caja o Fondo de Previsi\u00f3n Social o cuando no fueron cotizados al Instituto de Seguros Sociales (\u2026)\u201d proced\u00eda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez \u201c(\u2026) de acuerdo con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 2012 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Desde esa perspectiva, esboz\u00f3: \u201c(\u2026) en suma, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez de los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible realizar la acumulaci\u00f3n de los tiempos en cajas o fondos de previsi\u00f3n social cotizados o que debieron ser cotizados por las entidades p\u00fablicas, con aquellos aportes realizados al seguro social. Lo anterior, porque indistintamente de haberse realizado o no los aportes, es la entidad p\u00fablica para la cual labor\u00f3 el trabajador la encargada de asumir el pago de los mismos (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y luego, coligi\u00f3: \u201c(\u2026) [T]ambi\u00e9n es posible acumular el tiempo laborado en entidades p\u00fablicas respecto de las cuales el empleador no efectu\u00f3 las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsi\u00f3n social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, m\u00e1s a\u00fan cuando era la entidad p\u00fablica la que asum\u00eda dicha carga prestacional (\u2026)\u201d (se resalta). <\/p>\n

[\u2026] De ese modo, seg\u00fan el axioma y principio especial de la seguridad social, todo tiempo de servicio debe producir efectos pensionales, consecuencialmente este se debe reflejar en los requisitos para la pensi\u00f3n, por ejemplo, en los bonos y t\u00edtulos pensionales, c\u00e1lculos actuariales, tiempos de servicio, cotizaciones etc.\u00bb (CSJ STC16427-2016). <\/p>\n

[\u2026] En efecto, n\u00f3tese que hacia el interior del juicio laboral debatido no se discute que el accionante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y que cuenta con 1020,57 semanas acreditadas, correspondientes a 439,86 semanas efectivamente cotizadas al ISS y, 580,71 semanas en el sector p\u00fablico no cotizadas a la citada entidad, las cuales, a la luz del demarcado precedente constitucional, indudablemente le ser\u00edan suficientes al actor para obtener la pensi\u00f3n de vejez reclamada, esto es, la regulada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, es claro para la Sala que las deducciones efectuadas en relaci\u00f3n a la pretensi\u00f3n del accionante dentro de la memorada actuaci\u00f3n, no son razonables y, por ende, las mismas lucen defectuosas, lo que justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela en aras de restablecer los derechos fundamentales conculcados. <\/p>\n

4.2.- Ese parecer parejamente fue expuesto, entre otras providencias, en CSJ STC2453-2015, STC1987-2017, STC20253-2017, STC21498-2017, STC11499-2018, y, STC12678-2018. <\/p>\n

4.3.- Conforme a lo rese\u00f1ado, advierte la Sala que la providencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario impetrado por el accionante desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales relativos al tema de acumulaci\u00f3n del tiempo de servicio no cotizado al Instituto de Seguro Social hoy Colpensiones, con los aportes efectuados a dicho instituto, para efectos del reconocimiento de la \u00abpensi\u00f3n de vejez\u00bb bajo los presupuestos del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, todo lo cual amerita otorgar en el sub lite la salvaguardia de las prerrogativas del censor, particularmente por tratarse de un sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado en raz\u00f3n a pertenecer a la tercera edad (c\u00e1nones 13 y 46 de la Constituci\u00f3n). <\/p>\n

De cara a lo ut supra esclarecido, por ende, \u00abse concluye que la decisi\u00f3n objeto de reproche no se adecu\u00f3 a la situaci\u00f3n puesta de presente aunado a que se pas\u00f3 por alto la sentencia SU 769 de 2014, por lo que en el presente caso se amerita la intervenci\u00f3n del juzgador constitucional al evidenciarse una clara vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales del actor\u00bb (CSJ STC20253-2017, 30 nov. 2017, rad. 2017-01482-01). <\/p>\n

4.4.- As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo y, consecuencialmente, se le restar\u00e1 valor y efecto a las sentencias datadas, una, 13 de junio de 2018, dictada por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral y, otra, 23 de abril de 2013, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn; y, en su lugar, se ordenar\u00e1 al colegiado ad quem, que dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, dicte una nueva sentencia con base en las consideraciones aqu\u00ed expuestas, con sustento en la jurisprudencia vigente relativa a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con la \u00abacumulaci\u00f3n de aportes\u00bb, seg\u00fan lo anotado, particularmente, la sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional. <\/p>\n

5.- De conformidad con lo discurrido, se infirmar\u00e1 el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede y, en su lugar, dispone: <\/p>\n

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y el m\u00ednimo vital de Gonzalo de Jes\u00fas Jaramillo Bland\u00f3n, conforme a las consideraciones exteriorizadas. <\/p>\n

SEGUNDO: Dejar sin efecto los fallos de 13 de junio de 2018, emitido por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral y, otro, datado 23 de abril de 2013, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, proferidos dentro del proceso ordinario laboral sub judice. <\/p>\n

En consecuencia, se le ordenar\u00e1 al tribunal encartado donde se surti\u00f3 en segundo grado la controversia aqu\u00ed planteada, que dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, dicte una nueva sentencia con base en las consideraciones aqu\u00ed expuestas, con sustento en la jurisprudencia ordinaria y constitucional vigente relativa a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con la acumulaci\u00f3n de aportes, seg\u00fan lo anotado. <\/p>\n

Por Secretar\u00eda, env\u00edesele copia de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO STC606-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2018-02379-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de enero de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero de dos mil diecinueve (2019). Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 8 de noviembre de 2018, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102834\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}