{"id":102841,"date":"2026-07-02T17:21:10","date_gmt":"2026-07-02T17:21:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102841"},"modified":"2026-07-02T17:21:10","modified_gmt":"2026-07-02T17:21:10","slug":"stc16236-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16236-2019\/","title":{"rendered":"STC16236-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16236-2019
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2019-00307-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de octubre de 2019 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Angielina Sarmiento Padilla contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Jarquin Rafael Padilla Castillo, Alex Cesar Sarmiento Roca, Katerine Yudid Padilla Mendoza, el Procurador Judicial II Delegado en Asuntos de Familia del mismo lugar y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Angielina Sarmiento Padilla promovi\u00f3 proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad contra Jarquin Padilla Castillo y Alex Cesar Sarmiento Roca, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Cartagena, el que en auto de 26 de abril de 2019 admiti\u00f3 la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

2.2. Indic\u00f3 la accionante que present\u00f3 la demanda en contra de Jarquin Padilla Castillo \u2013abuelo materno-, Alex Cesar Sarmiento Roca \u2013padre biol\u00f3gico- y Katerine Yudid Padilla Mendoza \u2013su madre-; que los demandados se allanaron al libelo y solicitaron que se dictara sentencia a su favor. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1al\u00f3 que con dicho allanamiento se aceptan los hechos como ciertos, por lo que no es necesaria la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN para determinar el parentesco entre las partes; que ese escrito se present\u00f3 en el mes de mayo de los corrientes; que su apoderado le ha solicitado en distintas oportunidades al estrado acusado que dicte sentencia teniendo en cuenta lo manifestado por el extremo pasivo, empero, han transcurrido cuatro meses y no ha emitido pronunciamiento alguno. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Tercero de Familia de Cartagena indic\u00f3 que era improcedente la solicitud de emitir fallo obviando todas las etapas procesales; que los asuntos relativos al estado civil de las personas no son susceptibles de conciliaci\u00f3n, transacci\u00f3n o cualquier figura que implique disposici\u00f3n del derecho, como el allanamiento, peticiones que dilatan el proceso; que el impulso de todos los procesos requiere la comparecencia de todos los sujetos procesales, entre estos, el Procurador Judicial en Asuntos en Familia, el que se notific\u00f3 el 18 de septiembre de los corrientes, rindiendo concepto el 23 siguiente; que la interposici\u00f3n de esta tutela fue a escasos 9 d\u00edas h\u00e1biles desde el \u00faltimo enteramiento, por lo que se debe ratificar que no ha existido violaci\u00f3n a la regla general de car\u00e1cter procedimental; y que dentro del t\u00e9rmino procesal le informara al extremo interesado sobre la posibilidad de proferir sentencia anticipada. <\/p>\n

2. El Procurador 10 Judicial II Delegado en Asuntos de Familia del mismo lugar se\u00f1al\u00f3 que la gestora pretende obviar la prueba de ADN, lo cual no se compadece con la esencia de la filiaci\u00f3n, atendiendo la Ley 1060 de 2006, que modific\u00f3 el art\u00edculo 217 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el C\u00f3digo General del Proceso; que si bien existen casos excepcionales en donde la negligencia y contumacia en comparecer al proceso a practicarse dicha prueba le permite al juez, apoy\u00e1ndose en otras pruebas de \u00edndole documental y testimonial, proferir sentencia imponiendo la paternidad, en el sub-examine no se configura dicha circunstancia, pues solo se evidencia la intenci\u00f3n del grupo familiar de modificar la misma y por ende el estado civil de manera concertada; y que consideraba que s\u00ed se deb\u00eda practicar el ADN para determinar la verdadera filiaci\u00f3n. <\/p>\n

3. Alex Sarmiento Roca y Katerine Yudid Padilla Mendoza sostuvieron que se allanaban a los hechos y pretensiones de la tutela, as\u00ed como lo hicieron frente a la demanda de impugnaci\u00f3n de paternidad; que solicitaron se dictara sentencia a favor de la gestora, empero, a la fecha no se ha proferido fallo; que reconoc\u00edan que eran los padres biol\u00f3gicos y legales de la promotora y Jarquin Rafael Padilla Castillo, su abuelo materno, por lo que no exist\u00eda la necesidad de practicar la prueba de ADN. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que si bien el juzgador acusado no dio soluci\u00f3n a las peticiones dentro de la oportunidad prevista en la ley, no es menos cierto que en el curso de este tr\u00e1mite resolvi\u00f3 la solicitud formulada por la accionante, por lo que cualquier pretensi\u00f3n decae por sustracci\u00f3n de materia, pues no hay orden que impartir y en caso de producirse vulneraci\u00f3n, la misma est\u00e1 superada; que el juez no se encuentra obligado a aplicar la interpretaci\u00f3n de las partes sino el verdadero sentido otorgado por el legislador a la norma; que los jueces gozan de autonom\u00eda e independencia en la toma de decisiones y que no se transgredieron las prerrogativas esenciales. <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 96, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que con prove\u00eddo de 10 de octubre de 2019, el estrado de familia acusado neg\u00f3 el allanamiento de las pretensiones de la demanda por parte de los demandados y los tuvo notificados por conducta concluyente. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que el juzgador se pronuncie frente al allanamiento de las pretensiones del libelo. <\/p>\n

Sobre el particular, se recuerda: <\/p>\n

\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n

3. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16236-2019 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2019-00307-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de octubre de 2019 por la Sala Civil – Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102841","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102841","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102841"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102841\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102841"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102841"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102841"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}