{"id":102846,"date":"2026-07-02T17:22:21","date_gmt":"2026-07-02T17:22:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102846"},"modified":"2026-07-02T17:22:21","modified_gmt":"2026-07-02T17:22:21","slug":"stc16242-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16242-2019\/","title":{"rendered":"STC16242-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16242-2019
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-03814-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Decide la Sala la tutela entablada por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia y la Defensor\u00eda del Pueblo de Pereira. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

El libelista pidi\u00f3 \u00abordenar al tutelado que aplique el art. 121 del C.G.P.\u00bb, as\u00ed como \u00abse ordene a la Defensora del Pueblo en Pereira que presente todas las acciones legales a fin q (sic) me garantice art. 29 CN (sic) en las acciones populares que se tramitan en el Juzgado y se le ordene cumplir ley 734 de 2002 (sic)\u00bb. <\/p>\n

Ello, porque en la acci\u00f3n popular con radicado 2016 00462 01, en la que actu\u00f3, \u00abla juez y el TSSCF de Pereira se niegan sistem\u00e1ticamente a cumplir el imperio de la ley, e inaplican [el] art. 121 y art\u00edculo 90 [del] C\u00f3digo Gral del Proceso (sic), y cometen una v\u00eda de hecho al desconocer el precedente reciente de la H CSJ SSC en tutelas\u00bb. Aunado a que \u00abla defensora del pueblo de Pereira (sic)\u00bb se ha negado a interponer \u00abacci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por herror (sic) judicial\u00bb, con ocasi\u00f3n de la multas impuestas por parte del Tribunal acusado. <\/p>\n

La Sala cuestionada inform\u00f3 que el negocio les lleg\u00f3 \u00abel 21 de mayo del 2019 y la segunda instancia culmin\u00f3 con la deserci\u00f3n de la alzada el 10 de septiembre siguiente, es decir, en esta sede, el caso se resolvi\u00f3 dentro de los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 121 del CGP.\u00bb. Davivienda se opuso. El Juzgado remiti\u00f3 copia del expediente. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

En breve la improcedencia de la protecci\u00f3n exigida se hace notoria, como quiera que el promotor irrespet\u00f3 la residualidad que esta especial justicia requiere, por cuanto no existe vestigio de que los pedimentos formulados hayan sido comunicados previamente a las autoridades involucradas, lo que cercena cualquier posibilidad de \u00e9xito en este escenario. <\/p>\n

Ciertamente, en el ritual mencionado, apelada la sentencia, fue recibido por el Tribunal el dossier el 20 de mayo de 2019; admitido el recurso, el 18 de julio siguiente, fue fijada fecha para \u00abaudiencia de sustentaci\u00f3n y fallo\u00bb el 13 de agosto de 2019 y, finalmente, el 10 de septiembre de la anualidad en curso el Colegiado declar\u00f3 desierta la alzada en tanto el quejoso no se hizo presente a sustentar la impugnaci\u00f3n. De all\u00ed que se culmin\u00f3 la totalidad de las actuaciones en esa instancia sin que se haya reivindicado concretamente lo que aqu\u00ed se pretende. <\/p>\n

(\u2026) conforme la decantada jurisprudencia de la Sala, el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando el quejoso ha tenido a su alcance otros senderos de defensa, con los cuales hubiera podido controvertir lo aqu\u00ed pedido en la correspondiente litis y ante el mismo funcionario, toda vez que por ser un instrumento eminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su inconformidad (CSJ STC1001-2018). <\/p>\n

La misma suerte corre el ruego dirigido contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Pereira, habida cuenta que el opugnador, m\u00e1s all\u00e1 de aseverarlo, no trajo prueba de que hubiera pedido acompa\u00f1amiento judicial para la iniciaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n directa aludida. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que el actor, como en cualquier proceso, tiene la \u00abcarga procesal\u00bb de acreditar sus afirmaciones, lo que al no haber sido satisfecho en esta oportunidad, genera el decaimiento de lo perseguido. <\/p>\n

As\u00ed, por ejemplo, lo dijo la Corte Constitucional en T-131-07, cuando al respecto expuso que <\/p>\n

(\u2026) quien instaure una acci\u00f3n de tutela por estimar vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene la carga procesal de probar sus afirmaciones; tan s\u00f3lo en casos excepcionales, dadas las especiales condiciones de indefensi\u00f3n en que se encuentra el peticionario, se ha invertido jurisprudencialmente la carga de la prueba a favor de aqu\u00e9l. <\/p>\n

En \u00faltimas, en raz\u00f3n a que el gestor no prob\u00f3 que inst\u00f3 ante los entes encartados lo que se propuso en esta ocasi\u00f3n, el resguardo resulta inadmisible. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR el auxilio. <\/p>\n

Notif\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2019-03814-00 <\/p>\n

Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, procedo a exponer las razones de mi disenso. <\/p>\n

En el presente caso, mayoritariamente se consider\u00f3 improcedente el amparo por la negativa de la autoridad accionada de aplicar del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido que el convocante no ha efectuado petici\u00f3n en ese sentido ante el funcionario de conocimiento. <\/p>\n

Al margen de lo anterior, considero que el precepto mencionado no es aplicable en acciones populares por cuanto no se armoniza con la naturaleza de este medio de protecci\u00f3n colectiva y con el hecho de que la normativa que la regula contiene t\u00e9rminos espec\u00edficos. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el tema esta Sala se\u00f1al\u00f3 en precedencia: <\/p>\n

Las acciones populares hallan su fuente directamente en la Constituci\u00f3n y difieren del sistema previsto en el C.G. del Proceso. Este, \u00fanicamente, en casos de vac\u00edos, los colmar\u00e1. Adem\u00e1s, la forma como se reglamentan y prev\u00e9 el acceso es diferente, los estatutos son diversos y el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n cobija escenarios dis\u00edmiles y del mismo modo, su forma de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

Desde esta \u00f3ptica, no se muestra descabellada la decisi\u00f3n del estrado querellado de desestimar las peticiones de declaratoria de falta de competencia elevadas por ambos extremos de la litis, pues las normas jur\u00eddicas llamadas a regir el asunto no autorizan tal modo de proceder, el cual, vale decirlo, no se acompasa con la arquitectura propia de esas acciones constitucionales, definida y determinada por el legislador. (CSJ STC14340-2018, 2 nov 2018, rad.-2018-00677-01) <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos, dejo fundamentado el salvamento de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

SALVAMENTO DE VOTO
\nComparto el criterio expuesto por la Sala en la sentencia emitida en el asunto objeto de estudio, en cuanto a su improcedencia, pero no por los argumentos que se expusieron, esto es, por subsidiariedad, sino porque las disposiciones contenidas en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, no le son aplicables al tr\u00e1mite popular, por las razones que paso a exponer.
\n1. La acci\u00f3n popular, tambi\u00e9n de raigambre constitucional, consagrada en el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y cuya regulaci\u00f3n se deleg\u00f3 al
\nlegislador, tiene por objeto la \u00abprotecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza
\nque se definen en ella\u00bb, esto es, de las prerrogativas de las
\nu colectividades o garant\u00edas difusas que el Constituyente consagr\u00f3 de manera espec\u00edfica y diferenciada, as\u00ed como su mecanismo de protecci\u00f3n.
\nSu finalidad es la de \u00abevitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
\nfuere posible\u00bb; por tanto, se trata de un instrumento efectivo, c\u00e9lere, de impulso oficioso por el juez del conocimiento y preferente sobre otros asuntos.
\nLa indicada herramienta est\u00e1 regulada por una normatividad especial contenida en la Ley 472 de 1998 \u00abpor <\/p>\n

la cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en relaci\u00f3n con el ejercicio de las acciones populares…\u00bb, la cual es omnicomprensiva de todos los aspectos relevantes de su tr\u00e1mite y decisi\u00f3n.
\nReglamentaci\u00f3n que contempla el objeto, finalidad, procedencia, caducidad, legitimaci\u00f3n por activa y por pasiva y facilidades para promover la acci\u00f3n, adem\u00e1s de la jurisdicci\u00f3n y competencia para su conocimiento, requisitos de la demanda, derechos protegidos; amparo de pobreza, medidas cautelares y coercitivas, pacto de cumplimiento, etapas en que se desarrolla, recursos procedentes contra las decisiones proferidas por el juez, contenido de la sentencia, costas y desacato a las \u00f3rdenes impartidas, entre otros temas. <\/p>\n

Luego, la remisi\u00f3n que efect\u00faa la anterior disposici\u00f3n no es a las normas de la codificaci\u00f3n procesal que hoy debe entenderse corresponde al C\u00f3digo General del Proceso, sino a los principios generales de dicho estatuto, precepto que debe interpretarse en conjunto con el art\u00edculo 45 ib\u00eddem, conforme al cual el tr\u00e1mite y procedimiento de las otras
\nacciones populares consagradas en la legislaci\u00f3n nacional se sujetar\u00e1 a lo previsto en la normatividad especial (Ley 472 de 1998), previsi\u00f3n extensiva a aquellas iniciadas en vigencia de dicha reglamentaci\u00f3n.
\nAunque el art\u00edculo 44 de la citada ley ordena la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -l\u00e9ase hoy CGP- y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo -reemplazado por el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, restringe \u00e9sta a \u00ablos aspectos no regulados\u00bb y siempre que \u00abno se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones\u00bb, frente a lo cual debo destacar que la normatividad especial consagr\u00f3 de manera expresa la duraci\u00f3n de cada etapa procesal a partir de plazos perentorios e improrrogables (art. 84), de ah\u00ed que la norma general contenida en la actual codificaci\u00f3n procedimental no es aplicable a las acciones populares en lo que refiere al t\u00e9rmino para resolver las instancias y las consecuencias que de su incumplimiento derivan.
\nAti\u00e9ndase adem\u00e1s que de acuerdo con el art\u00edculo 1\u00b0
\ndel C\u00f3digo General del Proceso, dicho estatuto \u00abregula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, adem\u00e1s, a todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u00bb (se
\nsubraya), de ah\u00ed que si el tema debatido por el tutelante est\u00e1, como se indic\u00f3, reglado en la Ley 472 de 1998, la aplicaci\u00f3n del aludido art\u00edculo 121 se excluye.
\n2. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino para fallar la primera instancia de las acciones populares, el art\u00edculo 34 de la citada Ley indica:
\n\u00abVencido \u00e9l t\u00e9rmino para alegar, el juez dispondr\u00e1 de veinte (20) d\u00edas para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acci\u00f3n popular podr\u00e1 contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado da\u00f1o a un derecho o inter\u00e9s colectivo en favor de la entidad p\u00fablica no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realizaci\u00f3n de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneraci\u00f3n del derecho o del inter\u00e9s colectivo, cuando fuere f\u00edsicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definir\u00e1 de manera precisa la conducta' a cumplir con el fin de proteger el derecho o el inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron m\u00e9rito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijar\u00e1 el monto del incentivo para el actor popular.\u00bb
\nDe manera que la misma norma especial estableci\u00f3 un plazo determinado para que se emita la decisi\u00f3n de m\u00e9rito que ponga fin a la primera instancia, que se limita a veinte (20) d\u00edas contados a partir del vencimiento del t\u00e9rmino para alegar.
\nDe igual forma, esa legislaci\u00f3n estableci\u00f3 en su art\u00edculo 84 ib\u00eddem, \u00abplazos perentorios e improrrogables\u00bb, e indic\u00f3 que si el funcionario judicial desatiende dicho t\u00e9rmino, al igual que cualquier otro contenido en la norma, incurrir\u00e1,
\n\u00aben causal de mala conducta sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb.
\nAs\u00ed que no es posible, bajo ning\u00fan razonamiento, prorrogar el plazo para dictar sentencia en una acci\u00f3n popular o ampliarlo, en aplicaci\u00f3n de la regla que consagra el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pues \u00e9sta regula de manera gen\u00e9rica los procesos civiles y de familia, sin que tenga la virtualidad de derogar o sustituir lo que la norma especial ya precis\u00f3.
\nM\u00e1xime, cuando se advierte que con ello no se da m\u00e1s celeridad a las citadas quejas constitucionales, sino que se establece un t\u00e9rmino muy superior al ya se\u00f1alado por el legislador; a\u00fan m\u00e1s grave, se permite eludir la prohibici\u00f3n de \u00e9ste de prorrogar el mencionado lapso de tiempo.
\nDe los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAMIREZ
\nMagistrado<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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