{"id":102848,"date":"2026-07-02T17:23:03","date_gmt":"2026-07-02T17:23:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102848"},"modified":"2026-07-02T17:23:03","modified_gmt":"2026-07-02T17:23:03","slug":"stc16244-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16244-2019\/","title":{"rendered":"STC16244-2019"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2019-01785-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Carlos Mario \u00c1lvarez Morales frente al fallo proferido el 24 de septiembre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por aqu\u00e9l contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado No. 63001600005920180059000, el cual origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, \u00abDejar sin efecto la providencia de 22 de julio de 2019, proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia \u2013 Quind\u00edo, en lo relacionado con la confirmaci\u00f3n de la providencia apelada, s\u00f3lo respecto a rechazar el decreto de la respuesta que emitiera la Sociedad Fiduciaria Bancolombia S.A., a la solicitud elevada por la Defensa el d\u00eda 09 de enero de 2019\u00bb (folio 20, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n

2.1. En contra del accionante se adelanta el proceso penal antes referenciado, por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiaci\u00f3n, concierto para delinquir y celebraci\u00f3n il\u00edcita de contratos, ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia. <\/p>\n

2.2. El 30 de abril de 2018, 4 y 7 de mayo de la misma anualidad, se llev\u00f3 a cabo las audiencias de legalizaci\u00f3n de captura, imputaci\u00f3n de cargos y solicitud de aseguramiento, esta \u00faltima que a la fecha se cumple en establecimiento carcelario de la ciudad de Pereira. <\/p>\n

2.3. Seguido del tr\u00e1mite pertinente, el d\u00eda 15 de enero de 2019 se llev\u00f3 a cabo la audiencia preparatoria, en la que la defensa del aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 se decretara como prueba una petici\u00f3n presentada ante la Sociedad Fiduciaria Bancolombia S.A., de la que a\u00fan no se hab\u00eda dado respuesta, pero que ser\u00eda introducida por el funcionario de esa entidad que suscribiera el documento. <\/p>\n

2.4. En audiencia del 19 de febrero de 2019 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia rechaz\u00f3 el decreto de ese elemento probatorio, esgrimiendo que \u00abno hab\u00eda sido descubiert[o] porque no se hab\u00eda entregado la respuesta de la petici\u00f3n al inici\u00f3 de la audiencia preparatoria, y por lo tanto, no se hab\u00eda cumplido con el principio de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

2.5. Frente a la anterior determinaci\u00f3n se interpuso el recurso de alzada, el cual fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, mediante prove\u00eddo del 22 de julio de 2019 que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, bajo el argumento de que no se indic\u00f3 el testigo de acreditaci\u00f3n a trav\u00e9s del cual se introducir\u00e1 la prueba. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia acudi\u00f3 al tr\u00e1mite para manifestar que la decisi\u00f3n objeto de reproche est\u00e1 debidamente sustentada y de ninguna manera desconoce los lineamientos que rigen la actividad probatoria, garantiz\u00e1ndose los derechos de las partes e intervinientes dentro del proceso penal. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es el escenario natural para adelantar este debate y revivir una discusi\u00f3n que ya fue superada en la respectiva etapa de la actuaci\u00f3n (folios 65, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La Fiscal\u00eda 20 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Armenia aleg\u00f3 que el amparo es inviable por cuanto el aqu\u00ed demandante ha contado con todas las herramientas jur\u00eddicas y mecanismos judiciales para asegurar su defensa, sin que \u00e9stos hayan sido vulnerados por el ente acusador. <\/p>\n

Inform\u00f3 que el proceso ya se encuentra en etapa de juicio y que la defensa, adem\u00e1s de solicitar varios aplazamientos de la audiencia preparatoria, no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de descubrir oportunamente los elementos materiales probatorios. As\u00ed mismo, adujo que los funcionarios judiciales de primera y segunda instancia no vulneraron garant\u00edas fundamentales del promotor de la acci\u00f3n, ni incurrieron en defecto f\u00e1ctico en sus decisiones (folios 78 a 80, cuaderno 1).
\nLA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, en la medida en que \u00ab\u2026la actuaci\u00f3n penal con radicado 63001600005920180059000 se encuentra en tr\u00e1mite, concretamente, en la etapa de juicio y es all\u00ed donde debe el accionante presentar las solicitudes encaminadas a remediar cualquier situaci\u00f3n que estime desconocedora de sus garant\u00edas superiores. Por tanto, no es oportuno ni procedente pedirle al juez constitucional que se entrometa en el asunto… <\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00ab\u2026al existir un escenario natural de discusi\u00f3n sobre el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se torna improcedente, en los t\u00e9rminos previstos por el art\u00edculo 6-1 del Decreto 2591 de 1991(Corte Constitucional, Sentencia T \u2013 418 de 2003). <\/p>\n

Finalmente resalt\u00f3 que \u00ab\u2026el promotor del amparo dispone de otro mecanismo de defensa judicial al interior del proceso mismo, el cual permite, de manera excepcional, que el descubrimiento probatorio se efect\u00fae por fuera de los momentos procesales previstos para tal efecto, siempre y cuando no sea consecuencia de un acto u omisi\u00f3n atribuible a quien lo solicite\u00bb (folios 84 a 90, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La inco\u00f3 el actor insistiendo en los planteamientos tra\u00eddos en el libelo introductor, enfatiz\u00f3 que no se configura una prueba sobreviniente y en consecuencia no se puede configurar que dispone de otro medio de defensa judicial al interior del proceso. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la accion de tutela es el medio id\u00f3neo para remediar la situaci\u00f3n que vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, producto de un defecto f\u00e1ctico y procedimental por exceso ritual manifiesto (folios 98 a 101, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, por las razones que se pasa a exponer, en la medida en que los reproches del censor se enfilaron, principalmente a que se acceda al decreto de la prueba documental solicitada por la defensa dentro del proceso penal objeto de esta queja. <\/p>\n

2.1.\tBajo ese contexto, la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que la causa fustigada se halla en curso, pues el proceso penal de la referencia se encuentra en la etapa de juicio y se est\u00e1 a la espera de su tramitaci\u00f3n de cara a la adopci\u00f3n de la sentencia que en derecho corresponda, la que de resultarle adversa a sus pretensiones ser\u00e1 susceptible de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Luego, muy a pesar de las alegaciones del accionante, su reclamo se muestra presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plantea, ya que el proceso penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n

2.2. Al respecto, en otra oportunidad esta Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada ocasi\u00f3n [Vid sentencia del 9 de octubre de 2003, exp. 02766.] y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios… para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n

Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01).
\n2.3.\tEn el mismo sentido ha precisado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

\u2026Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u00abtodos\u00bb los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido pues ni siquiera se ha proferido sentencia\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n

Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u00abLa acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se le pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u00bb (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 2011-01889-01; reiterada, entre otras, en STC, 27 sep. 2013, rad. 2013-01609-01; STC, 12 mar. 2015, rad. 2015-00084-01; y STC5429-2016, 28 abr., 2016-00332-01). <\/p>\n

2.4.\tDe igual manera, resulta necesario agregar que advertida la improcedencia del amparo por la presencia de otros mecanismos judiciales mediante los cuales discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a las actuaciones que el accionante tilda como v\u00eda de hecho, sin dejar de lado que contrario a lo manifestado por \u00e9l, \u00abno hay evidencia sobre la presencia del da\u00f1o, esto es, grave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (subraya y negrilla original – STC, 18 oct. 2013, rad. 2013-01488-01; reiterada en STC, 27 en. 2014, rad. 2013-01978-01). <\/p>\n

3. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2019-01785-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Carlos Mario \u00c1lvarez Morales frente al fallo proferido el 24 de septiembre de 2019 por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102848","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102848\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}