{"id":102853,"date":"2026-07-02T17:24:13","date_gmt":"2026-07-02T17:24:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102853"},"modified":"2026-07-02T17:24:13","modified_gmt":"2026-07-02T17:24:13","slug":"stc16251-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16251-2019\/","title":{"rendered":"STC16251-2019"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16251-2019
\nRadicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2019-03850-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n Landinez Vargas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia; actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso en el que se origina la queja. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus \u00abgarant\u00edas fundamentales por proferirse decisi\u00f3n judicial estando impedidos los magistrados y con desconocimiento del precedente jurisprudencial de la misma sala\u00bb. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional se deje sin valor ni efecto la providencia emitida el 17 de julio de 2019, que fij\u00f3 la competencia para adelantar las audiencias preliminares en su contra, en el juzgado 51 Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, cuando, en su sentir, debi\u00f3 atribuirse dicha facultad a los jueces de C\u00facuta. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

2. Las diligencias fueron asignadas por reparto al juzgado 51 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, que el 3 de julio de 2019 dio inicio a la correspondiente vista p\u00fablica, donde los abogados de la defensa alegaron su incompetencia, porque los hechos que originaron la investigaci\u00f3n penal tuvieron ocurrencia en la ciudad de C\u00facuta (Norte de Santander), lugar donde se intent\u00f3 llevar a cabo el acto procesal sin \u00e9xito, circunstancia que no habilita el cambio de sede judicial. <\/p>\n

3. El funcionario consider\u00f3 ostentar competencia para conocer el proceso y remiti\u00f3 las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en aras de resolver sobre el incidente planteado. <\/p>\n

4. El expediente arrib\u00f3 a la Secretar\u00eda de la Sala accionada el 8 de julio de 2019 y fue repartido para su resoluci\u00f3n a uno de sus Magistrados. <\/p>\n

5. El 17 del mismo mes y a\u00f1o, se emiti\u00f3 providencia a trav\u00e9s de la cual mantuvo la competencia del juzgado 51 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, para conocer las diligencias preliminares solicitadas por el ente investigador. <\/p>\n

6. El inconforme solicit\u00f3 el amparo de sus prerrogativas fundamentales, con fundamento en que, de un lado, los integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n penal que dirimieron el incidente de falta de competencia propuesto por la defensa, se encontraban impedidos para emitir tal pronunciamiento, como as\u00ed lo consideraron en otros casos, por haber suscrito la sentencia de condena contra dos de los magistrados involucrados en los mismos hechos delictivos que se investigan, actuaci\u00f3n dentro de la cual realizaron diversas afirmaciones en relaci\u00f3n con su responsabilidad penal y, de otro, porque se fij\u00f3 la competencia para conocer el tr\u00e1mite a los jueces de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, con desconocimiento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y los medios de prueba obrantes en el expediente. <\/p>\n

En consecuencia, pidi\u00f3 dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n censurada y ordenar \u00ab\u2026a los Magistrados Eyder Pati\u00f1o Cabrera, Jos\u00e9 Francisco Acu\u00f1a Vizcaya, Luis Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa, Patricia Salazar Cu\u00e9llar y Luis Guillermo Salazar Otero, declararse impedidos para conocer el incidente de definici\u00f3n de competencia (\u2026) y se elabore una nueva decisi\u00f3n de cara al precedente reiterado (\u2026) respecto de la fase consumativa del peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros, cuando el medio empleado para ello es una providencia judicial.\u00bb (Negrilla y subraya del original) <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de instancia <\/p>\n

1. El 18 de noviembre de 2019 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley. Por su car\u00e1cter excepcional, se exige que su ejercicio sea oportuno y que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial para procurar la salvaguarda de sus derechos. <\/p>\n

2. En el presente caso, el reclamante argumenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte desconoci\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, porque dirimi\u00f3 un incidente de falta de competencia por \u00e9l propuesto, cuando, la mayor\u00eda de sus integrantes se encontraban impedidos para hacerlo, por haber emitido sentencia condenatoria contra otras personas, tambi\u00e9n procesadas con ocasi\u00f3n de los hechos que motivaron su vinculaci\u00f3n a la investigaci\u00f3n penal, pronunciamiento en el cual plasmaron su criterio frente a su responsabilidad y la de otros. <\/p>\n

Sin embargo, verificada la actuaci\u00f3n, observa esta Sala que el actor no hizo uso de las herramientas consagradas en el proceso penal para exponer los fundamentos que por esta v\u00eda pone de presente, cuando pudo formularlos a trav\u00e9s de la recusaci\u00f3n a los funcionarios en los que, en su sentir, reca\u00edan causales de impedimento, tal como lo establece el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), en concordancia con el art\u00edculo 56 del mismo ordenamiento. <\/p>\n

En efecto, si para el tutelante los integrantes de la Sala que resolvi\u00f3 sobre la competencia de los Jueces de Control de Garant\u00edas para conocer las diligencias preliminares de la actuaci\u00f3n que se adelanta en su contra, a excepci\u00f3n de uno de ellos, deb\u00edan ser apartados del conocimiento del asunto, as\u00ed debi\u00f3 expresarlo antes de la emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n que ahora cuestiona, tal como lo permite la referida norma al se\u00f1alar que \u00ab[s]i el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo\u00bb. <\/p>\n

Ha de recordarse, que una de las caracter\u00edsticas esenciales de la acci\u00f3n de tutela es la prevalencia que debe d\u00e1rsele al principio de la subsidiariedad, ya que la protecci\u00f3n que a trav\u00e9s de aquella se pide s\u00f3lo es viable ante la ausencia de un instrumento eficaz que salvaguarde oportunamente el derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele un componente alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los procedimientos legales que tambi\u00e9n pueden amparar el bien jur\u00eddico invocado. <\/p>\n

2.1. Con todo, la Corte no advierte que con el hecho de definir la competencia para presidir las audiencias preliminares, la Sala accionada haya vulnerado derecho alguno al actor, porque el establecimiento de la competencia de un funcionario para conocer determinado asunto, no equivale a determinar si una persona es o no responsable penalmente por los hechos investigados, de ah\u00ed que los precedentes jurisprudenciales cuyo desconocimiento se aleg\u00f3, no resultan aplicables al caso bajo estudio, pues en ellos, valga la precisi\u00f3n, algunos integrantes de la Sala decidieron apartarse del conocimiento del proceso, porque la providencia que se iba a emitir era la sentencia de m\u00e9rito, cuando ya hab\u00edan expuesto su criterio acerca de la culpabilidad o no de la persona a quien se iba a juzgar, en el proceso de otro de los acusados. <\/p>\n

3. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el contenido material del auto que se cuestiona, es necesario recordar, inicialmente, que la jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la resoluci\u00f3n de sus conflictos jur\u00eddicos a la jurisdicci\u00f3n del Estado. <\/p>\n

4. En sentir del actor constitucional, la competencia para conocer y dirigir las audiencias preliminares en su contra, radica en los jueces Penales Municipales con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de la ciudad de C\u00facuta y no de Bogot\u00e1, como lo defini\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte mediante auto de 17 de julio de 2019, pues los hechos por los cuales se orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n al respectivo juicio tuvieron lugar en esa urbe y por esa raz\u00f3n los dem\u00e1s involucrados en aquella situaci\u00f3n f\u00e1ctica han sido procesados y juzgados all\u00ed. <\/p>\n

De otro lado, considera que el que las diligencias no hayan podido adelantarse por distintas causas en la ciudad de C\u00facuta, no justifica el cambio de sede de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

4.1. Atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por la precitada Corporaci\u00f3n, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la decisi\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, se tiene que el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal, analiz\u00f3 los argumentos que sirvieron de fundamento al incidente de falta de competencia planteado por la defensa del tutelante y concluy\u00f3 que en la ciudad de Bogot\u00e1 se perfeccion\u00f3 el delito de mayor gravedad, circunstancia que habilita el conocimiento del proceso en esta sede territorial, dados los factores de conexidad que rigen a la acci\u00f3n punitiva, aunado a que es en esta capital, seg\u00fan lo inform\u00f3 el ente persecutor, donde se encuentra el material probatorio recopilado durante la investigaci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 con claridad y detalle el fallador cuestionado: <\/p>\n

\u00abDe la informaci\u00f3n que obra en el expediente y de la que al interior de la diligencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n aportaron las partes e intervinientes en el asunto, constata la Corte que los hechos dan raz\u00f3n de una pluralidad de delitos cuya ejecuci\u00f3n no se dio de manera exclusiva en la ciudad de C\u00facuta, como lo alegan los defensores, sino que abarcan tambi\u00e9n la localidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n

Por ello, en aplicaci\u00f3n de la norma que regula la competencia por conexidad (art. 52 de la Ley 906 de 2004) ha de verificarse el lugar donde tuvo ocurrencia el delito m\u00e1s grave. En el asunto, el injusto de mayor gravedad es el de peculado por apropiaci\u00f3n, cuya pena de prisi\u00f3n va de 96 a 270 meses. Tales extremos punitivos resultan superiores a los que el C\u00f3digo Penal prev\u00e9 para las conductas de prevaricato por acci\u00f3n (48 a 144 meses) y concierto para delinquir (48 a 108 meses).
\nAhora bien, respecto del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que \u00absu consumaci\u00f3n se verifica precisamente cuando se concreta el acto apropiatorio, esto es, el acto de transferencia de los bienes del Estado, a los de quien se apodera de ellos\u00bb (CSJ AP, 12 Dic 2012, Rad. 35641 reiterada en CSJ AP843 \u2013 2019). <\/p>\n

Y para el caso, advirtieron tanto la Fiscal\u00eda como la representaci\u00f3n de v\u00edctimas, que Ecopetrol gir\u00f3 las sumas ordenadas en las decisiones de amparo en Bogot\u00e1, ciudad en la que tambi\u00e9n se hicieron los correspondientes retiros de dinero1. <\/p>\n

Cabe adicionar, que otro motivo para que la representante fiscal radicara la solicitud de audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en Bogot\u00e1, consisti\u00f3 en que en esta ciudad est\u00e1n los elementos materiales probatorios que soportan la investigaci\u00f3n del ente acusador, situaci\u00f3n que se enmarca en las excepciones a la referida regla general de competencia descritas pac\u00edficamente por la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y que habilita, de igual manera, la competencia de los jueces de control de garant\u00edas de esta ciudad. <\/p>\n

Es claro entonces, que tanto la regla general de competencia por conexidad, como una de las excepciones a aqu\u00e9l factor se satisfacen en este caso, lo que, de forma consonante con los antecedentes jurisprudenciales atr\u00e1s citados, impone mantener la competencia para adelantar las audiencias preliminares solicitadas por la Fiscal\u00eda, en el Juzgado Cincuenta y Uno Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1.\u00bb <\/p>\n

4.2. Resulta evidente entonces que la decisi\u00f3n que se reprocha por esta v\u00eda se motiv\u00f3 adecuadamente y en la misma se hizo una razonada interpretaci\u00f3n de las normas y posturas jurisprudenciales que con independencia de que se compartan o no por el tutelante, no se muestran irrazonables y por ende no quebrantan las garant\u00edas reclamadas.
\nDe all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del solicitante de amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que la sede judicial accionada se soport\u00f3 para definir la competencia para presidir las audiencias preliminares, en los jueces de Control de Garant\u00edas de esta ciudad, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas y las pruebas recaudadas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran. <\/p>\n

5. De las anteriores consideraciones surge evidente que la protecci\u00f3n reclamada en esta excepcional v\u00eda debe denegarse. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tRecord 6h05\u201929\u201d a 6h15\u201950\u201d \u00eddem.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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