{"id":102860,"date":"2026-07-02T17:26:04","date_gmt":"2026-07-02T17:26:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=102860"},"modified":"2026-07-02T17:26:04","modified_gmt":"2026-07-02T17:26:04","slug":"stc16277-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/02\/stc16277-2019\/","title":{"rendered":"STC16277-2019"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC16277-2019 <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-01799-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). <\/p>\n

Se desata la impugnaci\u00f3n de Gloria Nancy Mar\u00edn Villada y Juan Carlos Grajales Mart\u00ednez frente al fallo emitido el 10 de octubre de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que instauraron contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 45 Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- Los gestores en aras de proteger su \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la justicia material\u00bb, acudieron a este mecanismo con el que buscan \u00abdejar sin efecto el fallo de segunda instancia de (\u2026) 27 de agosto de 2019 dentro de la solicitud de libertad condicional n\u00ba 11001600000020140144804, emitido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Relataron que con dicha providencia tal Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 la de 19 de octubre de 2018 del Juzgado Cuarenta y Cinco Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la libertad condicional, determinaci\u00f3n de la que se apartan porque cumplen \u00abcon las tres quintas partes de la pena, as\u00ed como los dem\u00e1s requisitos exigidos por la ley penal para acceder a este beneficio\u00bb. <\/p>\n

Valga decir que fueron condenados mediante sentencia de 27 de noviembre de 2017 a 105 meses de prisi\u00f3n y multa de 388 S.M.M.L.V. por los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir, la cual apelaron, sin \u00e9xito, pues el \u00abTribunal de Bogot\u00e1\u00bb, solo disminuy\u00f3 la multa, tas\u00e1ndola en 333.3 S.M.M.L.V. y la corrobor\u00f3 en lo dem\u00e1s. \u00daltima decisi\u00f3n que atacaron en casaci\u00f3n, rito que a\u00fan no se resuelve. <\/p>\n

2.- La Colegiatura censurada hizo un recuento de las actuaciones que conoci\u00f3 en ese \u00abproceso\u00bb e inst\u00f3 desechar la guarda \u00abante la falta de demostraci\u00f3n de la causal seleccionada que justificar\u00eda [su] excepcional procedencia\u00bb. <\/p>\n

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El a quo declin\u00f3 el auxilio por ser razonable lo establecido, ya que \u201cel fundamento de la negativa se soport\u00f3 en los dispuesto en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014, que estipula la procedencia del subrogado en cita (\u2026) previa valoraci\u00f3n de la conducta punible\u201d. <\/p>\n

Los promotores a\u00f1adieron a las razones expuestas en la demanda inicial que en la ponderaci\u00f3n efectuada no se advirti\u00f3 que \u00abel fallo [condenatorio] parte de los cuartos m\u00ednimos para la imposici\u00f3n de la pena, as\u00ed como hace menci\u00f3n a la falta de antecedentes penales, y las circunstancias de NO agravaci\u00f3n de la conducta\u00bb, argumentos que dan fuerza a su rogativa. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- En el sub lite, el empe\u00f1o de Mar\u00edn Villada y Grajales Mart\u00ednez consiste en desvirtuar el vigor del auto de 27 de agosto del a\u00f1o en curso, por medio del cual la Sala denunciada al resolver el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb neg\u00f3 la libertad condicional de Mar\u00edn Villada y Grajales Mart\u00ednez, el cual catalogan como transgresor de atributos, pues en su criterio, si re\u00fanen los requisitos que contempla el ordenamiento jur\u00eddico para tal fin. <\/p>\n

En efecto, el ad quem, frente a los reproches de los impulsores, acot\u00f3: <\/p>\n

De las normas que rigen la libertad condicional se tiene que, previamente a estudiar los requisitos para su concesi\u00f3n en sede del cumplimiento de la pena, se debe realizar una valoraci\u00f3n de la conducta punible, y luego de lo dem\u00e1s aspectos de orden objetivo y subjetivo para es efecto. <\/p>\n

En cuanto a la valoraci\u00f3n de la conducta, \u00e9sta debe hacerse desde varias dimensiones, no solamente sobre la gravedad, puesto que la ley, con la claridad dada por la jurisprudencia citada, le ha dado al juez que vigila la pena los instrumentos para establecer el cumplimiento o no de ese requisito. Estos son (\u2026): <\/p>\n

\u2018valorar la conducta punible teniendo en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechos por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional de los condenados\u2026\u2019. <\/p>\n

Reflexionando sobre dichos \u00abinstrumentos\u00bb cit\u00f3: <\/p>\n

Seg\u00fan se lee de la sentencia, la pena se impuso dentro de una perspectiva o marco de garant\u00eda para la sociedad, y lo denomin\u00f3 \u201ctrascendencia social de comportamientos\u201d. Pero no desde la tipificaci\u00f3n y respuesta del Estado a estos delitos, sino por el da\u00f1o social que hace en la moral social el que hayan utilizado diferentes medios legales para la consecuci\u00f3n de los fines delictivos. <\/p>\n

En otras palabras, no queda circunscrito el estudio hecho en la sentencia en su actuar sobre las v\u00edctimas directos de los delitos por los que responden, sino porque se reflejan dichas conductas en los efectos negativos de las actividades para las actividades ordinarias en esa clase de empresa legal (compra-venta de veh\u00edculos), pues \u201c\u2026en punto de la acreditaci\u00f3n de los negocios de ventas de automotores establecidos legalmente, pues la credibilidad se da\u00f1a con grave compromiso de la buena fe que ellos suponen. Incluso se advierte se\u00f1alada una pena m\u00e1xima con plurales agravaciones, realidad que corresponde con una pol\u00edtica criminal que incluye su persecuci\u00f3n a trav\u00e9s de penas altas y restricci\u00f3n de beneficios\u2026\u201d. (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan, contin\u00faa resaltando que esa modalidad delictiva, la estafa, de valerse de empresas fachada, que como tales cuentan con avales del Estado para su funcionamiento, pero que en realidad son el mecanismo que hace posible la obtenci\u00f3n del provecho il\u00edcito; mismas que no solo atentan contra esos bienes jur\u00eddicos particulares, sino que en el caso tambi\u00e9n afectaron al bien jur\u00eddico com\u00fan, como lo es la seguridad p\u00fablica por el concierto para delinquir, permiten establecer que ese mensaje enviado \u201c\u2026 a los dem\u00e1s miembros de la comunidad, que conocen del ejercicio de ese tipo de conductas desplegadas por los aqu\u00ed procesados, genera en los coasociados un desestimulo al ejercicio de la actividad l\u00edcita como medio para acceder a la propiedad\u2026 y lo que es m\u00e1s grave, [los delincuentes] se aseguran sus ganancias sin tener que devolver nada a sus v\u00edctimas\u2026\u201d. <\/p>\n

En ese sentido es que, si pretenden los enjuiciados que la administraci\u00f3n de justicia los premie con la concesi\u00f3n de la libertad condicional, aun cuando ya son merecedores de un beneficio \u2013domiciliaria-, pero que no se les exija ninguna clase de devoluci\u00f3n del alto caudal dinerario obtenido con la ejecuci\u00f3n de las diferentes conductas punibles; situaci\u00f3n que resulta contradictoria frente al supuesto compromiso u obligaci\u00f3n que dicen estar dispuestos a honrar para obtener el subrogado. <\/p>\n

Concluyendo que, <\/p>\n

\u2026 en el proceso de verificaci\u00f3n de los argumentos del sentenciador frente a las modalidades delictivas desplegadas, entre otros, por estos dos procesados, es evidente que esos diferentes factores permiten al juez de ejecuci\u00f3n de penas contar con insumos necesarios para negar la concesi\u00f3n del subrogado. <\/p>\n

Debe recabarse que ello es as\u00ed, porque se est\u00e1 evaluando o valorando la conducta en s\u00ed, por sus alcances en la sociedad, no por su gravedad en cuanto a la lesi\u00f3n a los bienes jur\u00eddicos, como lo refiere el apelante; se hace dentro del \u00e1mbito exigido por la Corte Constitucional, en este caso, por los varios aspectos que para el juez en funci\u00f3n de ejecuci\u00f3n de penas implica otorgarle la libertad condicional a estas dos personas: <\/p>\n

\u201c\u2026Conductas de graves repercusiones sociales y econ\u00f3micas, que revelan a los procesados como personas carentes de las m\u00e1s m\u00ednimos principios y valores sociales, conclusi\u00f3n que indica que los condenados a\u00fan no son aptos para reincorporarse al seno de la comunidad\u2026 hace falta que se cumpla en \u00e9l [en la resocializaci\u00f3n], el fin de prevenci\u00f3n que tiene la pena, y lograr as\u00ed una persecuci\u00f3n efectiva de abstenerse de cometer en el futuro, conductas tan graves como las que fundamentaron la imposici\u00f3n de la condena\u2026\u201d <\/p>\n

Y, remat\u00f3 <\/p>\n

Por ello, si bien pareciera que el juzgado de primera instancia se centrara exclusivamente en la gravedad de la conducta, ello no es as\u00ed, porque ofrece otros argumentos en los que coincide con la posici\u00f3n de esta sala en las razones dem\u00e1s para negar dicho subrogado. <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

En consecuencia, dado que no se cumple uno de los requisitos contenidos en el art\u00edculo 64 del C.P., modificado por el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n

De tales l\u00edneas brota con claridad que el funcionario atacado no incurri\u00f3 en alg\u00fan desafuero susceptible de protecci\u00f3n, pues sus tesis s\u00ed comportan una motivaci\u00f3n atendible y acorde al t\u00f3pico base de discordia. Luego, con independencia de que esta \u00abSala\u00bb los comparta o no, lo cierto es que no albergan ninguna \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n

2.- As\u00ed se dispone porque para la Corte el veredicto objeto de reproche estuvo precedido del an\u00e1lisis que requer\u00eda la controversia planteada y la normativa aplicable, (art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, modificado por el 30 de la Ley 1709 de 2014), que establece los elementos subjetivos y objetivos para la concesi\u00f3n del subrogado de la libertad condicional, a saber, \u00abla previa valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible\u00bb, \u00abque la persona haya cumplido las 3\/5 partes de la pena\u00bb, \u00abun adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario\u00bb y \u00abacreditaci\u00f3n del arraigo familiar y social\u00bb. <\/p>\n

Prueba de ello fue la calificaci\u00f3n que se realiz\u00f3 al caso, bajo el entendido de que si bien los condenados cumplen con los requisitos objetivos, el resultado de la \u00abvaloraci\u00f3n de la gravedad\u00bb de la conducta punible por la que fueron penalmente sancionados, no permite acceder a su pretensi\u00f3n. Destac\u00e1ndose que es necesario garantizar a la comunidad y v\u00edctimas el cumplimiento de los fines de la pena y una adecuada percepci\u00f3n de justicia, con lo cual se desvirt\u00faa la falta de sustentaci\u00f3n invocada en la demanda de tutela. <\/p>\n

Sin olvidar que, sobre el punto en STP14374-2019 se decant\u00f3: <\/p>\n

As\u00ed fue determinado por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-194 de 2005 y C-757 de 2014, en las que dej\u00f3 claro que el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, con sus posteriores modificaciones, conlleva valorar la conducta a la luz de la sentencia condenatoria, sin que ello implique violar el non bis in \u00eddem. <\/p>\n

Lo que permite establecer que lo aqu\u00ed indicado por la libelista y lo zanjado por la \u00abColegiatura\u00bb lo que muestra es una disparidad de pareceres, pero no un desliz colosal de \u00e9sta. N\u00f3tese c\u00f3mo la instituci\u00f3n acusada expuso con suficiencia porqu\u00e9, en su opini\u00f3n, la resoluci\u00f3n atacada no era susceptible de revocaci\u00f3n, desvirtuando los puntos puestos en tela de juicio por los agraviados. <\/p>\n

3. Por cierto, t\u00e9ngase en cuenta que al sentenciador constitucional le \u00abest\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ. 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-001), so pena de contrariar los principios de \u00abautonom\u00eda e independencia\u00bb, m\u00e1xime cuando en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n es donde m\u00e1s libertad tiene el fallador de ejercer derecho, sin que tal labor\u00edo pueda ser reexaminado y sustituido por insistencia de la parte a quien no benefici\u00f3 el silogismo que de all\u00ed emergi\u00f3. <\/p>\n

4.- Ergo, se avalar\u00e1 la directriz objetada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, por el medio m\u00e1s expedito, a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nPresidente de Sala <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC16277-2019 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2019-01799-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Se desata la impugnaci\u00f3n de Gloria Nancy Mar\u00edn Villada y Juan Carlos Grajales Mart\u00ednez frente al fallo emitido el 10 de octubre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[106],"tags":[],"class_list":["post-102860","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-106"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102860"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102860\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}